Las complicidades entre grupos políticos que se han sucedido en el poder en el estado mexicano de Chihuahua han contribuido al mantenimiento en la penumbra y en la impunidad del que es quizá el mayor asesinato serial de mujeres en la historia. La Red Voltaire ha mantenido vivo el interés por el tema como lo demuestra en esta transcripción fragmentos del libro de la periodista Diana Washington, especialista en el tema.
El encabezado de este texto corresponde al título del libro de la célebre periodista Diana Washington Váldez. La investigación es un apasionado relato sobre las mujeres asesinadas ciudad Ciudad Juárez desde hace años en , burgo situado cerca de la frontera mexicana-estadounidense.
Diana Washington Váldez periodista del diario El Paso Times, de Texas, ha investigado y escrito sobre el feminicidio durante seis años.
En 364 páginas, narra porqué las autoridades mexicanas no han arrestado a los responsables de todos estos asesinatos y sostiene la hipótesis de que algunos de los crímenes fueron perpetrados por jóvenes pertenecientes a prominentes familias de Juárez que tienen nexos con el cártel de la droga de esa ciudad y compran protección policiaca.
Con la autorización de Editorial Océano, el dairio mexicano La Jornada publicó un adelanto de la obra, que ofrecemos a los lectores de la Red Voltaire.
La saña con que mataban a las mujeres fue lo que al principio me llamó la atención, escribe Diana Washington. Ese día invernal de febrero de 1999, permanecí despierta hasta la madrugada, leyendo una serie de relatos que describían muerte por muerte.
Así comenzó todo. Pese a las afirmaciones de las autoridades, estos crímenes no tenían nada de normal y ya eran demasiados. Desde 1993, jovencitas, incluso niñas de sólo 12 años, eran violadas, estranguladas y mutiladas sádicamente. Durante los pasados 10 años, más de 400 mujeres han sido asesinadas y una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de desaparecidas.
Una de las víctimas, Gladys Janeth Fierro, de 12 años, fue secuestrada en mayo de 1993, y al poco tiempo, la encontraron muerta. Sufrió abuso sexual y fue estrangulada. En septiembre de 1995, el cadáver de otra estudiante, Silvia Reyes Morales, de 17, fue localizado en un terreno al sur del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Su seno derecho había sido cortado y el izquierdo mordisqueado por dentadura humana. Eso le hicieron a otras víctimas ese mismo año en uno de los predios en disputa, propiedad de familias influyentes.
Sagrario González, de 17 años, quien trabajó como obrera en una maquiladora, desapareció en abril de 1998 al salir de su trabajo. Después de varios días, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado al oriente de la fábrica donde trabajaba. Las autoridades establecieron que la joven fue ultrajada, estrangulada y apuñalada. En 1996, otras ocho mujeres fueron localizadas en una región desértica de Juárez conocida como Lomas de Poleo, cerca de El Paso, Texas.
El hallazgo de estos cadáveres en las tierras conocidas como Lote Bravo y Lomas de Poleo se incluyó en los expedientes analizados por los perfiladores de criminales de la FBI durante su visita a Juárez, en marzo de 1999.
Ella es el nuevo rostro por buscar: María Elena Chávez Caldera, de 15 años. Trabajaba en el segundo turno de la maquiladora ADC Internacional. Julio 4 de 2000. Ver fotografias de Julián Cardona. La Verdad: Evidencia de un fracaso.
Los expertos de Estados Unidos fueron enviados a la frontera luego de que el presidente mexicano, en ese entonces Ernesto Zedillo, y el presidente estadunidense Bill Clinton abordaran el caso de los crímenes contra mujeres en Juárez, durante su encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, en febrero de 1999.
Sin embargo, cinco años después, los asesinatos de las mujeres en Juárez de nuevo fueron tema de diálogo entre los mandatarios de ambos países, George W. Bush y Vicente Fox.
Según declaraciones de funcionarios mexicanos, se grabó un gran triángulo en las espaldas de algunas de las víctimas, mediante un cuchillo o algún otro instrumento cortante. En Asia, un triángulo es un símbolo vinculado con los políticos de ultraderecha. También ha sido utilizado por algunas sociedades y logias secretas, incluso hasta por los nazis.
Me resultaron muy inquietantes los relatos que leí esa noche de 1999. Aunque no todos los crímenes estaban relacionados entre sí, en los hechos todos ellos mostraban una extrema violencia. En apariencia, las víctimas eran escogidas y sus secuestros estaban muy bien organizados. Las mujeres desaparecían en la zona centro, a plena luz del día, sin que nadie oyera u observara algún detalle en particular.
Al principio, creí que esos crímenes eran obra de un par de depravados asesinos bajo protección policiaca, gracias a sus vínculos con el bajo mundo. Había indicios de ello. Después, tuve conocimiento de que existía algo mucho más turbio y complejo detrás de esta cosecha de muerte.
Al parecer los criminales eran hombres poderosos que gozaban de influencia en las más elevadas esferas del gobierno mexicano. Pero los investigadores mexicanos, quienes sabían que estos hombres escogían a sus víctimas entre las jovencitas miembros de familias muy pobres, nada hicieron para frenarlos.
Una antropóloga de Brasil describió a esta agrupación y a sus cómplices como una «cofradía» que se valía de estas muertes para demarcar su territorio y sellar un pacto de silencio, mientras que una socióloga de Juárez calificó estos asesinatos como feminicidios y les atribuyó tinte sexual.
Homicidas en serie, pandillas salvajes y vendedores de droga también se consideraron responsables, pero lograron eludir su responsabilidad en los asesinatos de las mujeres en Juárez.
Los crímenes que convirtieron a esta ciudad fronteriza en la capital mundial de los asesinatos de mujeres no comenzaron de la noche a la mañana. Tuvieron sus inicios en la guerra sucia de México, cuando apenas se iniciaba una red de capos del narcotráfico, empresarios, militares, policías y funcionarios corruptos.
Y estas muertes estaban surgiendo en otros lugares de México y Centroamérica. El terror y la desenfrenada violencia vinculada al cártel de los Carrillo Fuentes fueron de gran utilidad para encubrir a los poderosos juniors, a quienes un funcionario federal atribuyó la comisión de estos asesinatos para proteger sus intereses financieros.
Por muchos años, los sospechosos permanecerían ocultos. Pero al final, el velo fue descubierto y esto provocó una serie de amenazas. En el año 2004, tres policías mexicanos me enviaron un mensaje de advertencia para que detuviera y abandonara mi investigación. Otra fuente mexicana me reveló que «los juniors están preocupados; no quieren que sus nombres sean divulgados».
A finales de 2003, luego de que el diario La Jornada, de la ciudad de México, publicara breves extractos del manuscrito de este libro, unos colaboradores y yo empezamos a recibir extraños telefonemas con ruidos de fondo, que semejaban un serrucho eléctrico y la voz de un niño suplicando «Mami, no».
Un agente federal de Estados Unidos también recibió llamadas similares, las cuales fueron rastreadas hasta México. Una fuente federal nos alertó de la intención de un funcionario del gobierno para emprender la «Operación Desaparición», un plan dirigido contra un periodista de la ciudad de México. Este plan fue diseñado luego de que un influyente ciudadano se quejara de que algunos de nosotros nos estábamos acercando demasiado.
Las autoridades mexicanas no cuentan con ninguna prueba en contra de los sospechosos ya encarcelados y que enfrentan acusaciones de participar en una cadena de crímenes en serie, lo que incluye al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. Los feminicidios se han extendido hasta la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, a unos 380 kilómetros al sur de Juárez...
...Cynthia Kiecker, una ciudadana de Minnesota, Estados Unidos, y su esposo, un ciudadano mexicano, fueron acusados del asesinato de una joven en la ciudad capital, en el año 2003. El Departamento de Estado de Estados Unidos cree que Cynthia y su marido fueron torturados para obligarlos a firmar confesiones falsas.
Desde el principio, las amenazas y las intimidaciones han formado parte de la odisea en Juárez. La FBI se ha visto frustrada en sus esfuerzos por colaborar. Expertos van y vienen sin que las cosas cambien.
Organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado en vano contra el gobierno mexicano. Sin embargo, retroceder sólo beneficiaría a los asesinos. A menos que se haga algo para impedirlas, estas muertes continuarán. Sin una importante intervención internacional, una segunda década de muertes promete ser peor aún que la primera. Este libro fue escrito porque hay vidas en juego.
En julio de 2004, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez. A una de ellas la encontraron sin vida. La tercera joven, Fabiola Chacón Arreola, de 18 años, vivía en Anapra. Sus familiares dicen que la joven se dedicaba a cuidar a su hermano discapacitado, además de tener la seguridad de que ella no se fue por su propia voluntad. Su madrina relató que Fabiola era estudiante en una escuela de computación, ubicada en la zona centro. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero.
Sin duda alguna, lo que está sucediendo en la ciudad fronteriza es alarmante. A causa de la indiferencia oficial, los asesinatos de mujeres se han extendido hacia otros estados de la República. Si hay o no vínculos posteriores entre los crímenes y las diferentes ciudades, ello debe ser investigado.
El destino de muchas mujeres desaparecidas se desconoce, e incluso las personas que han sido identificadas como sospechosas no han sido presentadas ante los tribunales judiciales. Los funcionarios de corporaciones investigadoras en ambos lados de la frontera saben quiénes son los asesinos, pero nada se ha hecho.
Algunos de los autores materiales ya murieron, pero como parte de las pugnas dentro del crimen organizado. La administración de Fox tiene la oportunidad de recuperar la fe de sus ciudadanos actuando correctamente. Los crímenes y desapariciones continúan de manera incesante y todo seguirá igual hasta que los verdaderos asesinos sean detenidos, y cuando los gobiernos de México y Estados Unidos decidan y reconozcan el fracaso de las políticas bilaterales, que tuvieron como trágico resultado las muertes de centenares de mujeres.
Se requiere una solución bilateral que valorice más el salvar vidas que incrementar el número de decomisos de drogas o permitir el paso libre del comercio.
El clímax de los «crímenes intolerables» llegó cuando varias madres de las víctimas de Juárez y de Chihuahua clamaron justicia durante una sesión con el presidente Fox, en la ciudad de México, en noviembre de 2003.
La reunión con la autoridad máxima de su país fue el punto culminante de todo el trabajo y ayuda de organismos que se habían lanzado para ayudar a estas mujeres. Las madres expresaron que habían dado a Fox una lista con nombres de sospechosos y esperaban que, en consecuencia, él actuara. Al término de la reunión Fox dijo: «La justicia a veces es escasa en nuestro país».
El tiene la oportunidad de cambiar esta circunstancia. De no ser así, lo que sigue es interponer una denuncia ante un tribunal internacional.
En el 2004, la fiscal federal María López Urbina entregó un informe al estado de Chihuahua en donde señala a más de 80 funcionarios y agentes estatales por el supuesto mal papel que ejercieron durante las investigaciones.
El presidente Vicente Fox mencionó el informe de López Urbina durante su cuarto Informe de Gobierno. Como algunos hemos argüido, estos investigadores, aunque no fueran los culpables, sí son los responsables de que los crímenes siguieran por el mal desempeño de su trabajo.
Tal vez ni siquiera pisarán la cárcel y probablemente sean exonerados, pero el hecho de que la autoridad federal tomara en cuenta la pobre calidad de las investigaciones estatales, representa un paso muy importante.
Entre los señalados en el informe de López Urbina estuvieron Suly Ponce, Hernán Rivera, Manuel Esparza y Antonio Navarrete.
En realidad, faltan los altos mandos que fueron sus jefes. La comisionada federal Guadalupe Morfín Otero también presentó un informe en relación con estos crímenes en 2004. Durante un foro en Ciudad Juárez pidió la liberación de «quienes no deben permanecer en prisión», y comentó que «es inevitable preguntar hasta dónde llega en las altas esferas la complicidad y cuál es el papel que desempeñan los organismos y poderes que deben hacer contrapeso al Ejecutivo del estado».
Victoria Caraveo, quien se desempeñó como titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, emitió un informe que dio a conocer la primera cifra oficial de los asesinatos de mujeres en Juárez. Le faltaron algunos casos, pero el número dentro de su informe fue más elevado que el manejado por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bajo la presidencia de José Luis Soberanes, la CNDH aportó datos importantes en el 2004, y puso un enfoque anteriormente ignorado en las mujeres extraviadas. Esto impulsó a emprender una búsqueda y algunas de ellas fueron localizadas por las autoridades federales. En julio de 2004, los chihuahuenses tuvieron la oportunidad de elegir un nuevo gobernador, y los juarenses un nuevo alcalde. Debemos estar atentos a estos acontecimientos. Lo negativo del asunto es que personas cuya culpabilidad está en duda, los culpables prefabricados, no han sido exonerados.
Existen sospechas de que varias muertes, y la forma en que se ha extendido a otras regiones representa una serie de respuestas a las estrategias bilaterales antidrogas y del libre comercio. Incluso, los jefes de los cárteles en México están luchando contra la posibilidad de que sean extraditados a los tribunales del extranjero, en particular Estados Unidos.
El gobierno mexicano habría tratado como secreto de Estado algunos aspectos de la lucha antidrogas, impulsada en gran parte por Estados Unidos, para tratar de apagar o contener a los cárteles. Como respuesta, se desató una poderosa alianza de intereses económicos, que incluye políticos y elementos corruptos del Ejército y de las fuerzas policiales, y que ha declarado una guerra en contra de los esfuerzos del gobierno.
La alianza ha respondido a operativos como Chihuahua Pilot Project y a cambios que proceden del Tratado de Libre Comercio, que amenazaban el statu quo. La contraguerra ha incluido los asesinatos sistemáticos de mujeres -una auténtica campaña de terror que podía garantizar el doblegamiento de gobernantes y el temor en sus comunidades.
Hemos visto que entre sus elementos se encuentran policías y soldados que fueron adiestrados por agencias federales estadunidenses, convertidos en escuadrones de la muerte para una extensa red del crimen organizado. Como ejemplos, tenemos a los Zetas, que operan en Tamaulipas y Nuevo León. Estos sicarios tuvieron como manual de operaciones las guerras sucias de países como Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y México.
Algunos narcotraficantes de Tijuana y Juárez se han trasladado a esos países para instalarse en ellos y evadir la justicia. Las víctimas de Ciudad Juárez -la mayoría jóvenes y de origen humilde- representan el futuro de la industria maquiladora y, en general, del pueblo mexicano.
El gobierno se ha adelantado a callar las inquietudes de la sociedad civil con las detenciones injustas de personas que nada tenían que ver, y todo para seguir ocultando el verdadero fondo de esta guerra. Pero el silencio se ha roto, y no tiene caso seguir ocultando la verdad.
En cada batalla hay crímenes de guerra, y este caso no es la excepción. Las autoridades de Estados Unidos y México deben actuar con urgencia para poner fin a la ola de crímenes y reparar el daño humano colectivo. No habrá solución sin justicia.
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