El caso Elena Varela desnuda la democracia chilena

La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, por ya casi tres años.

En plena zona del conflicto mapuche/Estado chileno/forestales, la elección de los jueces – en este caso, elección de sentencia- tendrá como resultado la defensa irrestricta de la libertad de expresión con la libertad de la imputada, o su condena, mediada por la variante que adopte el tribunal considerando los 15 años de prisión solicitados por el ministerio público y sellando un proceso similar a los realizados en dictadura.

El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) se convertirá así en un espejo de las carencias de la antidemocracia en Chile, donde los luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a menudo son detenidos sin respetarse las normas del debido proceso, utilizándose la prisión preventiva y/o la tortura como un mecanismo de control del avance de la movilización social y leyes heredadas de la dictadura.

El caso de Elena Varela ejemplifica asimismo las dos caras del gobierno de la Presidenta Bachelet, que por una parte premia a la artista con el FONDART 2007, el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental “Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra”, y por otra, la encarcela y requisa sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de la tierra ancestral.

En Villarrica, defendida por un reputado equipo jurídico que encabeza el ex juez Juan Guzmán, flanqueada por observadores internacionales y una red de comunicadores, organizaciones feministas, indígenas, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará cargos de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004).

La fiscalía pide quince años de prisión para la detenida por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los 90. Moreno no ha sido hallado y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. Para otros dos chilenos imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.

Elena ¿cómo se siente al acercarse finalmente el juicio oral?

“Tengo toda la fuerza y la convicción de que finalmente toda la verdad saldrá a la luz pública nacional e internacional, y se verá que nada tengo que ver con los asaltos. Éste es un juicio político en el que a través de una investigación muy burda se me quiere inculpar. Hay una paranoia del Estado que busca aplacar con montajes los movimientos sociales. Estoy recogiendo lo que sembró la dictadura. Esto es un escarmiento, una manera de matar el monstruo de la guerrilla, del mirismo, de la lucha. Buscan neutralizar a gente de izquierda que está vinculada al movimiento mapuche y lucha contra el sistema, como yo. Pero mi lucha es principalmente artística y cultural. Ser documentalista significa contarle al mundo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un Estado supuestamente democrático, eso es lo que yo hago. Pero el fiscal y la policía dirán que nos hacíamos pasar por cineastas y éramos una célula guerrillera. Ellos insisten en construir y levantar de mí esa imagen sabiendo que mi quehacer profesional para ellos ya es peligroso. Pero me siento fortalecida por la solidaridad recibida y confío en el equipo jurídico con que cuento, que es de gran nivel. Siento que lo que estoy viviendo es como poner la cara por todos, es un acto de resistencia muy grande.”

¿Cómo se plantea frente a las elecciones presidenciales?

Lamentablemente casi no he podido pensar en las elecciones. Para mí esta lucha electoral no es una lucha de un pueblo consciente. Es una puesta en escena del abanico político beneficiado después de la dictadura. Creo que las elecciones cobran sentido cuando nosotros podemos valorar la historia y desde allí proyectar nuestro camino. Allende murió luchando por esto y así también muchas personas, en busca de algo digno para sus vidas. Por eso que creo que cada día que pasa Pinochet resucita en manos del poder. Y la memoria pasa al olvido e incluso parece un pecado capitalista pensar en soñar, pensar otro mundo o siquiera recordar.

Luego tengo fe que en este juicio llegue a desenmascararse una vez más el fascismo, aunque sea a costa de nuestras vidas. Creo que es necesario que mueran los fantasmas del pasado, aquéllos que fueron capaces no sólo de desfigurar nuestro rostro sino también de succionar nuestro espíritu.”

Su historia

Elena es chilena y tiene una hija de 17 años. En los años 80 en el Pedagógico, conoció la represión junto a los que cayeron combatiendo a la dictadura, como Jecar Neghme y los hermanos Vergara. Es licenciada en música por la Universidad de Chile, intérprete de clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, y Magíster en Artes mención Musicología. Formada inicialmente en los seminarios que daba ARCIS, en 2005 ya había ganado el fondo audiovisual de CORFO (2005) con “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 trabajó en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas. Como directora de Cultura en Pucón, creó la Casa de la Cultura de esa comuna promoviendo intercambios con directores de cultura de todo Chile. Siguió un pos título en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largometraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural (con niños mapuche) de Panguipulli, que dirigió durante tres años.

Ahora habla desde el sur, pero ha pasado la Navidad con su familia en Santiago, y dejó a su hija América con los abuelos, preservándola de la ansiedad de los días previos al juicio.

¿Qué han significado estos dos años y ocho meses de represión?

“Ha sido difícil, mi sentimiento es de una opresión grande… Han sido capaces de mantenerme en una situación de destrucción total de mi vida, mi hija, mi familia. Quisieron cortarme las alas y reducirme por mi condición de mujer. Consideran mis acusadores que como mujer no fui independiente para pensar y si estaba con un hombre tenía que pensar exactamente igual que él. Eso es algo muy tortuoso y denigrante, así lo han interpretado organizaciones feministas que me acompañarán también en el juicio. En esta experiencia dura, lo positivo es que prevalece el amor, la solidaridad, y toda la gente que me apoya. Hace unos días tuve una reunión con diplomáticos de diversas naciones europeas que recorrieron la región para internarse en terreno de lo que sucede en territorio mapuche. Este encuentro lo organizó Fernando Lira, presidente de la organización Liberar y fue excelente que ellos pudieran conocer los detalles del montaje judicial que se ha organizado en mi contra. Me dieron todo su apoyo.”

¿Qué pasó con “Newen Mapuche”?

“Hemos logrado concretar la producción. Pudimos reconstruir la historia y sus relatos e incluso rodearlos de mi historia como documentalista. Ahora comenzamos el montaje, pero antes, esperamos el juicio; quiero tener justicia, dignidad y libertad para seguir adelante por el derecho a crear y pensar distinto. Por la libertad de expresión y de tener la esperanza de una humanidad más justa. Luego podremos terminar esta película.”

Los jueces

El tribunal oral será presidido por el juez Jorge González Salazar, e integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. Las dos juezas de Villarrica se inhabilitaron por haber juzgado ya el robo a la sucursal del Banco de Estado (2004) ocurrido en la vecina localidad de Loncoche. El juez González se ha ganado una reputación antimapuche por su desempeño en juicios cuestionados por organismos de derechos humanos e indígenas. El presidió el tribunal que en 2003 juzgó por segunda vez –a pedido de la Corte Suprema– a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao, pero la absolvió de algunas de las acusaciones.

Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años en prisión efectiva y enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda una de las áreas que contribuyó para que el Partido Comunista lograra por primera vez en democracia contar con representación parlamentaria.

Los testigos

Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana en el caldeado ambiente preelectoral de un país visitado por decenas de corresponsales extranjeros. Villarrica es una ciudad cuyo entorno privilegiado, unido a la feria artesanal mapuche, atrae a miles de visitantes cada verano.

El renombrado documentalista argentino Fernando Birri asistirá al juicio junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente.

Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El fiscal perseguidor tendrá entre sus testigos principales a los detectives de la Policía de Investigaciones PDI Carlos Sanhueza, Sergio Solar y Joaquín Solar que trabajaron con asesoría de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI. Pieza clave es doña Andrea Muñoz Gaete (39 años) testigo protegida del Ministerio Público desde 2005 y viuda de Alfredo Hermosilla, un miembro de ese grupo muerto en el asalto en que participaba en Machalí. Ella nunca fue formalizada. La mujer posibilitó el operativo de seguimiento, control y detención de los acusados. La policía obtuvo su colaboración después de la muerte de su marido que era auxiliar en el Hospital de Temuco. El jefe del grupo, Moreno Venegas (“Leonardo Civitarese” para Elena) solía alojar en casa de los Hermosilla-Muñoz. Andrea Muñoz -también de oficio paramédica- proveía de medicamentos a Moreno.

Ella declarará que su marido le dio a conocer los otros integrantes. Su confesión sobre el nacimiento, accionar y objetivos del MIR/EGP y su relación con la policía, permiten encuadrarla como colaboradora eficaz y/o infiltrada de la ANI en el citado grupo, entre 2005 y 2008. Según la mujer, Cristián San Martín Morales, quien se fugó el 2006 de la Cárcel de Temuco, después de dos años de detención por el robo con violencia en Loncoche, había participado en 2002 en Sao Paulo en el secuestro del publicista brasileño Olivetto, junto al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Mauricio Hernández Norambuena y otros chilenos todavía presos en Brasil. La fiscalía deduce mágicamente sólo de esa declaración, que el grupo era una alianza Frente Patriótico Manuel Rodríguez/MIR, organizada para financiar la defensa jurídica del ex frentista Hernández Norambuena,

Elena no sabía inicialmente quién la estaba inculpando. “El fiscal me habló en mayo de un testigo, pero yo sólo accedí a su nombre y su foto de carnet meses después.” La viuda de Hermosilla y la realizadora se conocieron en 2004, cuando “Leonardo” (Juan Moreno) llevó a Elena a casa de ésta para un examen médico.

Dinero y la ANI

Cuantiosos recursos fiscales invirtió la PDI en los 4 años de investigación, para convencer a los jueces que en 2004-2008, Elena Varela integró junto a su pareja y otros, la organización Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre planificando el robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005).

Elena se convirtió de cineasta en protagonista de este montaje por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. La ANI es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública y de la “Oficina” (1991), que dirigía entonces el hoy parlamentario Marcelo Schilling.

Al inicio de la transición democrática chilena, la Oficina reclutó como colaboradores a algunos prisioneros políticos y ex militantes de grupos de la izquierda revolucionaria, para desmantelar e infiltrar a esas organizaciones. En esa época se creó la primera Cárcel de Alta Seguridad y se aprobó la Ley de Delación Compensada. El uso de la tortura y de la presión a familiares de perseguidos – métodos heredados de la CNI- fueron parte del accionar de la Oficina y la defensa de los imputados sostendrá que eso continúa hoy.

En 2004 y 2008, la realizadora puede demostrar que trabajó sin parar con su productora Ojo Films, en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli) antes y después del golpe militar.

Todas las pruebas que presentará el fiscal han sido desbaratadas por la defensa, que desmiente el carácter atribuido a las llamadas telefónicas y contactos de la documentalista. Todos los materiales requisados en el allanamiento tenían relación con la producción de los documentales citados. La fiscalía no logró un nuevo aplazamiento del juicio y el equipo jurídico de defensa se encuentra debidamente preparado. Han confirmado asistencia al juicio observadores del parlamento europeo y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde compareció Elena en septiembre de 2009 para denunciar su caso.

La elección que hagan los jueces antes del 17 de enero no será sólo un tema nacional.

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