El dedo que indulta

Ricardo Lagos

En realidad, él ha reforzado la tesis de la amnistía, de la mano con su patrocinio al nuevo ministro de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, cuyo desempeño lo inclina hacia la impunidad. La Suprema ya amnistió al ex coronel de ejército Joaquín Rivera González, a quien la Corte de Apelaciones de Temuco había condenado a 10 años por la desaparición de los jóvenes Luis Cotal y Ricardo Rioseco, de Angol, y aplicó la amnistía a la cúpula de la Dina en el juicio por la desaparición de la periodista Diana Aron.

Según el informe 2005 de Fasic (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), 64 ex uniformados estaban encargados reos en más de un proceso. Uno de los reos es Augusto Pinochet, cuyo desafuero por la Operación Colombo ha ido quedando en la nebulosa, opacado por las querellas por fraude y corrupción. La periodista Patricia Verdugo y el ex preso político y académico Pedro Alejandro Matta entregaron a la Corte Suprema 2.300 firmas de chilenos, recolectadas en el país y el exterior, exigiendo al máximo tribunal asumir que el ex dictador está en condiciones de enfrentar un juicio. En la misiva, cuyas firmas encabezan Isabel Allende, Luis Sepúlveda y Ariel Dorfman, se sostiene que Pinochet ha desafiado a los jueces a que se atrevan a enjuiciarlo.

Ex-uniformados reos rematados

Hasta ahora, han cumplido o están cumpliendo sentencia por violaciones a los derechos humanos veinte ex miembros del ejército, 23 ex carabineros y tres civiles. Entre los militares están tres ex generales, Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Hald y Hernán Ramírez Rurange (cumplen penas remitidas de apenas 800 días) y los implicados en el homicidio de Tucapel Jiménez: el general Arturo Ramsés Sgolia, los coroneles Víctor Pinto Pérez y Francisco Ferrer Lima, el mayor Carlos Herrera Jiménez, y un suboficial, Miguel Letelier Verdugo. Todos ellos pertenecían a la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Otro era el reo indultado por Lagos, Manuel Contreras Donaire. La Corte Suprema había confirmado sentencias recién en marzo del año pasado.

Por el homicidio del carpintero Juan Alegría cumplen condena el ex mayor Alvaro Corbalán, condenado a perpetua junto a Carlos Herrera; Armando Cabrera (suboficial) y Osvaldo Pincetti (civil). El Mercurio sostiene que serán los próximos indultados.

Por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, degollados en 1985, cumplen prisión perpetua los ex miembros de Carabineros, coronel Guillermo González Betancourt, cabo Alejandro Sáez y los suboficiales Claudio Salazar y Juan Fuentes, así como el civil Miguel Estay (el Fanta). El capitán Patricio Zamora Rodríguez cumple pena de 15 años por esos delitos. Ellos son también candidatos mercuriales al indulto. Ya cumplieron su pena de 5 años el coronel Julio Michea y el mayor Manuel Muñoz.

Finalmente, por el secuestro calificado de Miguel Angel Sandoval cumplen pena, desde enero de 2005, el ex director de la Dina, Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, Fernando Laureani, Marcelo Morén Brito y Gerardo Godoy.

La dictadura militar es responsable de 2.905 víctimas, según los registros oficiales elaborados entre 1992 y 1994 por la Comisión Nacional de Reparación. De ellos, 1.720 fueron ejecutados y 1.185 están desaparecidos. Hasta ahora, sólo en un caso de detenido desaparecido (Miguel Angel Sandoval Rodríguez) los responsables están en la cárcel: la justicia tardó 29 años. Ha habido sentencia sólo en 18 de los 1.720 casos de ejecutados.

Crímenes atrocees y penas mínimas

La mayoría de los asesinatos de la dictadura permanecen impunes. La excepción son los casos que alcanzaron connotación, como el asesinato de Orlando Letelier, por el que Contreras y el ex coronel Pedro Espinoza cumplieron breves condenas. Otros casos fueron las muertes del transportista democratacristiano Mario Fernández (los condenados fueron Carlos Herrera Jiménez y el suboficial Armando Cabrera), y del joven Carlos Godoy Echegoyen (fue condenado el ex capitán de Carabineros Héctor Díaz Andersen a 3 años y 1 día, ya cumplidos). También el caso de Rodrigo Rojas Denegri, quemado vivo: significó al capitán de ejército Pedro Fernández Dittus una pena de 600 días, ya cumplida.

Entre las condenas de primera instancia más importantes de 2005 está la del ex general de ejército Hugo Salas Wenzel, a presidio perpetuo por la Operación Albania. Continúan en trámite los procesos por los asesinatos del general Carlos Prats González y su esposa así como del periodista José Carrasco; por la Caravana de la Muerte, calle Conferencia, la Operación Cóndor y Colombo, etc. Según cifras de Fasic, a fines de 2004 había 184 procesados miembros del ejército y 111 de Carabineros.

Por los 131 muertos por represión en las protestas (cifras de Comisión Rettig), sólo hay dos ex uniformados condenados.

Moneda de cambio

Las potentes señales de La Moneda se emiten en diversas frecuencias. El ministro de Justicia, Luis Bates, ejerce como docente de la Universidad del Desarrollo (controlada por la UDI) a las órdenes del decano, Pablo Rodríguez Grez, defensor de Pinochet y de los principales represores. En Internet, hasta el día de la asunción de Rubén Ballesteros en la Corte Suprema, se vio a un sonriente ministro Bates junto a Pablo Rodríguez. En el portal de la universidad de la UDI la foto desapareció el día que el Senado ratificó la designación de Ballesteros.

¿Cuál fue la moneda de cambio por el indulto y por el nombramiento en la Suprema de un juez que representa un retroceso en la recuperación del Poder Judicial para la democracia?