El gobierno mexicano encubre a un corresponsable de crímenes políticos del salinismo

Izquierda: Manuel Muñoz Rocha, perseguido por la justicia mexicana por graves crímenes financieros y políticos, pieza clave para resolver muchos misterios como el asesinato José Francisco Ruiz Massieu. Derecha: Daniel Aguilar Treviño, presunto responsable material del asesinato de Ruiz Massieu

Fotos Elizabeth Ruiz y Carlos Cruz / Cuarto Oscuro / La Revista

El miércoles 19 de octubre de 1994 varios agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) del Departamento de Justicia de EU identificaron, sin poderlo detener, pues carecían de una orden de arresto, al diputado Manuel Muñoz Rocha en la ciudad de San Antonio, Texas, en momentos en los que se le había declarado «el fugitivo más buscado de México».

Toda esta información está documentada en dos expedientes judiciales radicados en la Corte Federal de San Antonio, Texas, bajo los números SA94-CR516M y SA94CR377, en la sala de audiencias del magistrado John W. Primomo, citando informaciones y datos sobre los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Al cumplirse 10 años de ese episodio judicial y diplomático, lo único cierto y evidente es la falta absoluta de una investigación jurisdiccional sobre esos hechos, que deberían haber merecido la atención de las procuradurías de Justicia en ambos países, así como de sus servicios diplomáticos. Lejos de investigar lo declarado bajo juramento por los agentes federales estadounidenses ante el juez, se ha mantenido una cortina de mutismo sobre esos expedientes.

Pareciera que un extraño código del silencio se hubiera construido sobre la frontera entre los dos países para que desaparezcan en la inmensa geografía de Texas las huellas y las evidencias de la criminalidad política del neoliberalismo.

Cuando se analiza el alcance internacional de la agenda de negocios y la influencia política que emana desde Texas, uno puede apreciar que ese estado es una potencia que trasciende los límites de su propio país, para situarse en el plano de un actor estratégico de la política internacional. Por ejemplo, el influyente Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington DC es una de tantas instituciones de investigación sobre política mundial, en donde los intereses de Texas están representados.

Los círculos académicos estadounidenses han formado en las últimas décadas a importantes especialistas en temas mexicanos, conocidos como los «mexicanólogos estadounidenses», pero sin que desde sus investigaciones y publicaciones hayan hecho nada para detectar a los grupos que prosperan en ambos lados de la frontera con una agenda de operaciones binacionales al margen de la ley.

Es el 28 de septiembre de 1994 que supuestamente Daniel Aguilar Treviño, pistolero de Tamaulipas, asesinó a José Francisco Ruiz Massieu, alto funcionario del PRI y ex- gobernador de Guerrero.

Foto/Texto Carlos Monsiváis

Tampoco la diplomacia de ambos países parece estar preocupada porque en sus propias narices ocurran hechos de alta criminalidad binacional. Todo lo contrario, la normalidad de una buena vecindad pareciera incluir el dejar en el olvido cualquier tema que pudiera exponer la identidad de los grupos que están detrás de los episodios delictivos que mayor impacto han tenido en contra de la legalidad en México.

Por eso tiene especial importancia la declaración que el gobierno federal hizo el día de ayer, en el sentido de que las leyes, las instituciones y el régimen de derecho de nuestro país están siendo rebasados por el crimen organizado. Antes, ese era un tema que solamente lo tocaban algunos analistas preocupados por las señales de una alarmante descomposición social, política e institucional.

Pero ahora quien lo dice es el gobierno federal, como si estuviera preparando a la sociedad para distribuir los costos de una reconstrucción del estado de legalidad que sólo podrá emprenderse y lograrse cuando el gobierno obtenga el respaldo ciudadano.

La misma alerta está siendo dada en EU por procuradores y fiscales que reconocen que el principal problema de su país es el poder de las organizaciones criminales que se mueven cada vez con mayor impunidad.

Llama la atención que el candidato demócrata, John Kerry, comenzó su carrera en el servicio público como fiscal en Boston, donde encabezó una campaña contra la mafia del noreste de EU, lo que le valió ser postulado como candidato al Senado. Llegando a Washington, desde el Senado en 1986, Kerry participó en dos batallas legales libradas por el Congreso de EU, al encontrar los hilos del escándalo judicial Irán-contras, que terminó con sentencias de prisión para siete altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan, aunque todos fueron indultados por el presidente George Bush padre, en 1989; y luego pasar a exponer la asombrosa red de criminalidad política y financiera a nivel transnacional del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), cuyos flujos financieros llegaron a Tabasco, Chiapas y Campeche.

En un control aduanero en la frontera es como la policia estadounidense de San Antonio identificó a Manuel Muñoz Rocha dado como muerto en México.

Hay que ser realistas y admitir que, en las actuales circunstancias, en EU no existe una opción política que ofrezca grandes soluciones. En lo inmediato, la elección en EU, el próximo 2 de noviembre, determinará el nuevo clima político a nivel mundial. En México debemos prepararnos para una etapa de intensa actividad diplomática tanto bilateral como multilateral que recupere el tiempo perdido.