El golpe de estado de 2012

En 1991, el triunfo del ejército de Estados Unidos durante la operación Tormenta del Desierto (invasión de Irak o primera Guerra del Golfo) no representó solamente una fácil victoria sobre Saddam Hussein sino que marca también el principio de una época. El Pentágono no encuentra ya adversario a su medida. Lo que queda del Ejército Rojo parece haber aceptado el liderato estadounidense para el establecimiento de un nuevo orden mundial.
La nueva situación ofrece perspectivas ilimitadas y ciertos oficiales ven la posibilidad de inmiscuirse en cuestiones políticas.

Charles Dunlap

Es en ese contexto que Parameters, la revista de los cuadros de la Escuela de Guerra USA, decide, con la evidente aprobación del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Colin Powell, abrir un debate sobre el papel del ejército en la sociedad. La revista, hasta entonces destinada únicamente a artículos de estudio, publica en el invierno de 1992 una ficción de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles J. Dunlap Jr. que describe el régimen estadounidense de 2012, dirigido por el general «Brutus» después de un golpe de estado militar.

El autor no es un escritor de ciencia ficción y su texto no habla de autos voladores, viajes interplanetarios o control de las personas, como George Orwell en 1984. El documento se presenta como una carta de un oficial superior, graduado del War Collage, y encarcelado por el régimen dictatorial de «Brutus». Refiriéndose a «los origines del [verdadero-falso] golpe de estado militar estadounidense de 2012», el oficial afirma que la tendencia fascista de Estados Unidos estaba latente ya a principios de los años 1990, y que existían indicios claros: «era increíble.

Mirando mis viejos [recortes de prensa y mis notas del War College], me di cuenta que teníamos haberlo visto venir». Bajo la fachada de su personaje del futuro, Charles J. Dunlap Jr. denuncia la tendencia militarista estadounidense de finales del mandato de George H. W. Bush, tendencia que, según él, podría conducir a la aparición de una dictadura. Antecede a esto una introducción que tiene como objetivo evitar herir la susceptibilidad del Pentágono: «está claro (espero) que la situación de golde de estado que describo no es más un recurso literario cuyo objetivo es exacerbar mi inquietud en cuanto a ciertos procesos actuales que afectan a las fuerzas armadas y que no se trata evidentemente de una predicción».

Esta ficción, que tuvo gran eco en el momento de su publicación, se ha convertido de nuevo, en los últimos meses, en tema de conversación entre los oficiales. Las razones no faltan para ello.

2012: el general «Brutus» toma el poder

Como en la mayoría de los golpes de estado, todo se desencadena con la muerte prematura del presidente en funciones de Estados Unidos, en 2012. Aprovechando la confusión, el general Thomas E. T. Brutus «persuade» al vicepresidente para que se abstenga de prestar juramento, lo que impide que este último pueda reemplazar legalmente al presidente. En medio de este «embrollo constitucional», «Brutus» logra convencer a todo el mundo de su legitimidad para convertirse en «Comandante en Jefe de las Fuerzas Unificadas» con el fin de llenar el «vacío de poder».

Después de esto, el general implanta la ley marcial, «dilata» las elecciones, logra obtener el «retiro» del vicepresidente y se instala en la Casa Blanca. El Congreso otorga su aval al proceso y los opositores, entre los que se encuentra el redactor del texto, son arrestados. Encarcelado, el «verdadero-falso» autor de la carta plasma por escrito su análisis de los hechos con el fin «establecer la verdad por escrito antes que ellos rescriban la Historia». «La gente debe entender que las fuerzas armadas existen para apoyar y defender el gobierno, no para ser el gobierno».

En su carta dirigida a un compañero de armas, el autor sitúa los origines del mal en 1992 (fecha de publicación de la ficción). Escribe que en aquella época la situación del país impedía que la opinión pública se interesara por la militarización progresiva del régimen de Washington. En efecto, «la economía estaba muy mal, la criminalidad aumentaba, las escuelas se deterioraban, el consumo de droga estaba en alza (...) y los escándalos políticos eran algo casi cotidiano». Sin embargo, había buenas noticias: «el fin de la Guerra Fría así como la reciente victoria de Estados Unidos contra Irak».

Aunque denuncia un contexto especialmente decadente, el autor no olvida que la amenaza de un golpe de estado militar no nació al final del siglo XX. Recuerda así que, en su carta de adiós del 19 de septiembre de 1796, George Washington afirmaba ya que «centros militares excesivamente desarrollados (...) constituyen, sea cual sea la forma de gobierno, un indicio nefasto y (...) deben ser considerados particularmente hostiles a la libertad republicana».

Pero, la amenaza era mínima mientras el poder político gozara de la confianza de los gobernados. Este podía, en efecto, presentarse legítimamente como contra-poder ante el ejército. La pérdida de esa confianza, a partir de los años 1970, junto a la creciente opinión de que el país no seguía «la ruta correcta» debilitó el sistema de relación poder/contrapoder (checks and balances) facilitando el fortalecimiento de los militares.

El ejército al rescate de la «seguridad nacional»

En ese contexto de «crisis de la democracia», crisis que se caracteriza por un nivel creciente de abstención durante las elecciones, el ejército fue encarnando poco a poco una alternativa creíble a un gobierno cuyo capital de confianza se desmoronaba de día en día. A partir de los años 1980, se le fueron confiando al ejército cierto número de tareas que tradicionalmente pertenecían al poder civil, a tal punto que el poder militar fue integrado al proceso político de toma de decisiones.

Hasta aquí, las instituciones estadounidenses garantizaban aún la separación entre el poder militar y el poder civil. La Posse Comitatus Act, en virtud de la cual las tropas federales debían ser mantenidas al margen de las operaciones destinadas a mantener el orden en los Estados sureños, al final de la guerra de Secesión, era uno de los textos esenciales de dicha separación. Ese texto establecía incluso sanciones penales en caso de uso impropio de tropas federales en los asuntos internos de mantenimiento del orden, doctrina confirmada por el fallo de la Corte Suprema, en 1972, en el caso Laird vs Tatum.

La más alta institución del país reafirmaba en ese fallo que se observa en los estadounidenses «una resistencia tradicional y fuerte a toda intrusión de los militares en las asuntos civiles».

Ya en los años 1980, el Congreso aceptó sin embargo que se recurriera a la noción de «defensa nacional» para acentuar la participación de los militares en un campo de la exclusiva competencia del poder civil: la aplicación de la ley. El objetivo era implicar al ejército de Estados Unidos en la lucha antidroga en la medida en que el Congreso definió el uso de estupefacientes como «una grave amenaza para todos los norteamericanos».

Como consecuencia de ello, los parlamentarios elaboraron la Military Cooperation with Civilian Law Enforcement Agencies Act, que establece la participación del ejército en operaciones de policía. La marina de guerra estadounidense realizó operaciones de vigilancia de las aguas territoriales en el Caribe mientras que miembros de la Guardia Nacional buscaban escondites de marihuana a lo largo de las fronteras [1].

El inicio de los años 1990 es el momento del verdadero advenimiento de esta doctrina, que se hizo popular en ciertos medios conservadores. El editorialista James Fallows fue uno de los primeros en expresarla. En un artículo para el Atlantic Monthly de agosto 1991 escribe: «Empiezo a creer que la única forma de que un gobierno nacional pueda hacer algo válido es inventar una amenaza para la seguridad [nacional] y transferir el poder a los militares» [2].

Ese razonamiento, similar al de muchos neoconservadores, se basa en la idea de que la mayoría de las agencias gubernamentales no tiene una visión lo suficientemente amplia del interés general, ya que cada una de ellas se ve limitada por sus propias atribuciones y conflictos con grupos de intereses. Al contrario de esto, «los militares, de manera sorprendente, son la única institución gubernamental a la cual se le ha otorgado la legitimidad para actuar en función de su concepción propia del interés general».
Es por ello que, en nombre de la defensa nacional, los militares pueden efectuar -como institución- tareas (como la formación de ingenieros o la construcción de autopistas) que el interés nacional a largo plazo o el sentido común no permiten realizar.

La implicación del ejército en la vida cotidiana del país es creciente. En 1992, la lucha contra el tráfico de droga es oficialmente declarada «misión prioritaria de seguridad nacional» en la que los militares asumen tareas suplementarias. Ese mismo año, se recurre al ejército para restablecer el orden en Los Angeles ante motines especialmente violentos, papel que había jugado ya en los años 1960. [3].

Fue así que, según el disidente que imagina Charles J. Dunlap Jr, la opinión pública estadounidense se acostumbró poco a poco a ver patrullas militares en las ciudades. Bien implantado en numerosos campos, el ejército pudo garantizar así un apoyo «cercano» al golpe de estado, tanto más cuanto que esta implantación se apoyó en una sensación de inseguridad creciente entre las personas de la tercera edad, cada vez más numerosas y dispuestas a sacrificar ciertas libertades fundamentales con tal de garantizar su propia protección.

Los militares reemplazan al Estado protector

Pero, Brutus no llegó al poder únicamente con el apoyo de los retirados. Contó también con la simpatía de las clases más humildes por el ejército, ya que el ejército les garantizaba la atención médica. El fenómeno tiene su origen en 1992, cuando el secretario de Estado para los veteranos, Edward J. Denwinski, propone recurrir a los hospitales de veteranos para prestar atención a los pobres de los barrios humildes. La protesta que suscitó provocó el abandono del proyecto [4].

Pero, no por ello desapareció la idea. Regresó en forma de llamados a la utilización del equipamiento médico del ejército para aliviar la situación de los hospitales abarrotados de las grandes ciudades. Poco después, Andy Tobias, de la revista Time, propone utilizar los hospitales del ejército como centros de desintoxicación para los drogadictos. Se recurre también al ejército para que se ocupe de las grandes catástrofes ecológicas.

Ese mismo año, la Guardia Nacional del distrito de Columbia (o sea, de la capital federal) llega a un acuerdo con las instituciones escolares locales para que soldados impartan las materias científicas, inglés y matemáticas en las escuelas [5]. Así, según el opositor del general «Brutus», «una generación entera de jóvenes creció viendo como algo normal que los miembros del ejército patrullaran las calles y enseñaran en las aulas».

Con el desmantelamiento del Estado social, los militares tuvieron que asumir a la vez misiones de orden público y misiones propias del Estado protector convirtiéndose así plenamente en actores de la política gubernamental. Un fenómeno que se reforzó mediante la ampliación constante de la noción de «seguridad nacional».

Bajo la administración de George W. Bush, el ejército se vio así llamado a garantizar el transporte aéreo hacia las regiones afectadas por la quiebra de numerosas compañías aéreas, después a transportar mercancías en navíos de la US Navy para ayudar a los exportadores estadounidenses. Más tarde, fue la degradación misma de las infraestructuras del país en general lo que se convirtió en «amenaza para la seguridad nacional» y el ejército fue llamado a rehabilitar alojamientos públicos, a reconstruir puentes y carreteras, y a construir nuevos edificios federales [6].

Esta omnipresencia de los militares en sectores tradicionalmente correspondientes a las instituciones civiles hizo de los oficiales verdaderos actores de la vide ciudadana y, por tanto, de la acción política.

Concentración del poder y derrota militar: claves del golpe de estado

En su descripción de la toma del poder, Charles J. Dunlap Jr. tiene en cuenta también la concentración progresiva del ejército estadounidense, que presenta como una de las razones que explican el éxito de Brutus. Esta se hizo realidad, en primer lugar, gracias a la adopción de la Goldwater-Nichols Defense Reorganization Act de 1986, que reforzaba los poderes del jefe del Estado Mayor Conjunto y de su equipo. Una medida que, según su personaje, servirá de fuente de inspiración a los autores del Military Plenipotentiary Act de 2005.

Estos, en efecto, argumentarán que «la unidad de comando [es] decisiva para una gestión exitosa de todas las actividades, consideradas desde ahora como "operaciones militares"». En el régimen anterior al golpe de estado de Brutus, el jefe del Estado Mayor Conjunto se convierte en el Militar Plenipotenciario, puesto que le otorga todavía más poderes.

Siempre en busca de la eficacia, los diferentes componentes del ejército se unifican después en el seno de las Fuerzas Armadas Unificadas. Eso será, evidentemente, lo que permitirá que el general Brutus alcance el poder. Una vez más, explica el oficial encarcelado, los dirigentes políticos olvidaron las lecciones del pasado.

En efecto, una medida parecida había propuesta ya a principio de los años 1990, por razones económicas, recuerda. Pero la idea fue rechazada entonces para evitar la concentración de todos los poderes militares en manos de una sola persona.

Lo que falta es un desenlace dramático, capaz de justificar la toma final del poder por el ejército. Son sucesos cruciales los que precipitarán la caída de la democracia. A principios de 2010, Irán desencadena una ofensiva militar en varios Estados del Golfo. Dedicado durante demasiado tiempo a tareas exclusivamente civiles, el ejército de Estados Unidos carece ya de las cualidades combativas necesarias para rechazar el asalto. Las perdidas humanas son numerosas. La muerte del presidente de Estados Unidos, a principios de 2012, sella, a la vez, la muerte de la democracia de los padres fundadores.

¿Profecía o aviso?

La publicación de ese texto en Parameters expresa el deseo de cierto sector de la jerarquía militar de alertar sobre el desvío de la institución de la que forma parte. Como sin dudas estaba previsto, el asunto da mucho que hablar. El texto es propuesto para el premio de «Ensayos estratégicos» que organiza la National Defense University y calurosamente saludado por el general Colin L. Powell, quien otorga poco después una medalla a su autor.

El texto premiado incluye de paso una loa a Powell, el gran general que debíamos haber escuchado para salvar la democracia, lo que hace pensar que el texto se redactó a pedido del propio jefe del Estado Mayor Conjunto.

Es evidente que ni Powell ni Dunlap son antimilitaristas. Al contrario, ambos defienden su rigurosa concepción del ejército. Ellos ponen en tela de juicio y ponen en tela de juicio la mezcolanza de guerras, en momentos en que hasta se habla de una posible candidatura de Powell a la presidencia de Estados Unidos. Y encuentran inmediato apoyo entre los oficiales cansados de las operaciones humanitarias.

Denuncian también una corriente que gana fuerza entre los oficiales, inspirada en la tesis de Samuel Huntington, El Estado y el soldado. Este afirmaba que los militares, al salir todos de las mismas academias, constituyen una casta aparte, homogénea y consciente del interés general, mientras que los civiles -divididos en partidos políticos- defienden intereses particulares y contradictorios. Sobre esa base, Huntington aconsejaba una revisión de las relaciones entre civiles y militares.

Los civiles que hubiesen dado pruebas de sus capacidades en la gestión económica, o sea los patrones de las multinacionales, se encargarían del poder civil. Pero, en lo tocante a la defensa y el uso de la fuerza para abrir nuevos mercados, tendrían que acatar las decisiones de una guardia pretoriana. Consejero de las juntas militares de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina, Huntington ha probado la factibilidad de su modelo. En 2004, goza de considerable influencia entre los oficiales neoconservadores.

La realidad a la par de la ficción

Si la ficción de Dunlap ha vuelto ha ponerse de moda [7] es porque varias decisiones que él anticipaba en 1992 han sido efectivamente tomadas. El proceso que describió parece estar en marcha y todo indica que su avance es más rápido de lo que él había previsto. Si continuara haciéndolo, desembocaría en un golpe de estado mucho antes de 2012.

La intervención del ejército en actividades policíacas y la concentración de poderes en manos de un solo oficial son una realidad. Sólo falta el electrochoque, que no debe ser una victoria sino una derrota. La catástrofe del 11 de septiembre aceleró el proceso, pero no fue suficiente. Falta una verdadera derrota ante un ejército, una «sorpresa divina».

En marzo de 2002, con vistas a afrontar un ataque terrorista de gran envergadura, se informó al Congreso la creación de un gobierno militar fantasma capaz de llenar el vacío del poder civil. De 75 a 100 oficiales, recluidos en un bunker, se mantienen al tanto de todos los asuntos que trata el poder civil para poder reemplazarlo instantáneamente si fuera necesario. Ese gobierno fantasma se encuentra probablemente en la base del Northcom, en Colorado Springs.

En abril de 2002, el Comando del Norte (Northcom), el Comando Aéreo de Defensa (NORAD), el Comando Espacial (Spacecom) y el Comando Nuclear (Stratcom) fusionaron para aumentar su capacidad de reacción mediante la supresión de todo procedimiento de concertación. El general Ralp E. Eberhart se convirtió en el súper oficial de la ficción.

En octubre de 2002, Estados Unidos y Canadá firmaron un nuevo acuerdo de defensa mutua. Sin embargo, teniendo en cuenta diversos textos en vigor, el acuerdo no tiene el mismo sentido para los dos firmantes. Según el ex-ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Llod Axworthy, el documento pone de hecho la defensa de Canadá bajo el mando del general Ralph E. Eberhart, interpretación que niega el gobierno de Jean Chrétien.

En enero de 2003, el general Ralph E. Eberhart se encarga de la seguridad de la reunión popular más importante de Estados Unidos, el Super Bowl. La apertura del partido incluyo un espectáculo militar que recuerda la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936. Durante los intermedios del mismo juego se intercalan ceremonias de entrega de medallas a los héroes de Afganistán.

En septiembre de 2003, el general Ralph E. Eberhart organiza el primer Simposio de Defensa de la Patria, con la participación de 600 personalidades del complejo militar e industrial. El general establece una diferencia entre la «seguridad de la patria», que corresponde a los civiles, y la «defensa de la patria», tarea superior a la anterior y que depende exclusivamente del propio general.

En octubre de 2003, el general Ralph E. Eberhart realiza una cumbre informal de la OTAN en la base de Colorado Springs.

En noviembre de 2003, el general Ralph E. Eberhart comienza una gran campaña de cartografía satelital de Estados Unidos, de clasificación de los ciudadanos según su opinión política y de evaluación del riesgo que puede representar cada uno de ellos para la defensa de la patria [8].

En marzo de 2004, el general Ralph E. Eberhart implanta un programa de «disuasión, prevención y erradicación del terrorismo». Se invita a los buenos ciudadanos a equiparse gratuitamente del programa informático JPEN (Project America) que permite a cada uno llenar directamente un formulario de denuncia de toda actividad sospechosa [9].

¿Confirmará el futuro las profecías de Charles J. Dunlap Jr.?