El maridaje PGR-narcos

Más allá de la parodia monterrosiana, la PGR se vio obligada a exhibir la misma película de hace exactamente seis años, acicateada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (la DEA, que en la última letra ostenta su misión principal: “Administration”; no guerra, no ataque ni eliminación, sólo administración del tráfico de drogas), que le exigió arrestar y extraditar al coordinador técnico de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Miguel Colorado González, porque tenía años de estar al servicio de los hermanos Beltrán Leyva.

La DEA delató también al exmilitar Fernando Rivera Hernández, quien era director adjunto de Inteligencia de la SIEDO.

Ambos vendían información privilegiada a los narcos desde hacía cuatro años, según la imputación oficial. Pero lo real es que hacía 11 años la maña contaba con los servicios de Colorado González, casado con Diana Alicia Luque Luna, hermana del general Carlos Fernando Luque. Este último fue jefe de Inteligencia Militar en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y nombrado director del Cendro (Centro de Planeación para el Control de Drogas) de la PGR cuando era procurador el general Rafael Macedo de la Concha. Hoy es jefe de Estado Mayor de la Séptima Región Militar en Oaxaca.

Como Operación Limpieza la calificó la PGR, nombre que, por cierto, suelen usar las agencias estadunidenses. Si se lleva la presión al extremo, pronto podríamos ver una autopurificación oficial similar a la de Colombia, donde tres generales, nueve coroneles y otros mandos militares han sido sometidos a proceso por graves violaciones a la ley.

Aquí no se toca ni con el pétalo de una sospecha a los extitulares de la SIEDO: José Luis Santiago Vasconcelos (fallecido el pasado 4 de noviembre) y Noé Ramírez Mandujano. Se supone que fueron incapaces de detectar el flujo cotidiano de información que servidores públicos bajo su mando vertían hacia la delincuencia organizada, pues de otra forma tendrían que ser al menos interrogados e investigados, como ya ocurrió con mandos intermedios a finales de octubre (el hilo se rompe por lo más delgado, así se trate de procuración de justicia).

Las detenciones y arraigos de policías y militares corruptos no se han venido dando en cascada, como cualquiera supondría por elemental lógica, pues no puede ser que haya infiltrados intermedios sin “salpicar” hacia los lados, hacia abajo y sobre todo hacia arriba. Hay que fingir cambios y reestructuraciones aparatosas para que todo siga igual.

Pero volvamos a la película, coincidentemente de octubre, pero en 2002:

“Las investigaciones continúan en contra de otros servidores y exservidores públicos que han traicionado la confianza de la sociedad. No permitiremos que esto siga ocurriendo. La investigación seguirá su curso y no nos detendremos hasta extirpar este cáncer que corroe y debilita a las instituciones. En este nuevo gobierno no hay cabida para los corruptos y los deshonestos.”

Esto podría haberlo pronunciado el actual procurador Eduardo Medina Mora. Pero quien así tronaba era el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR. A su lado estaban el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega, y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.

No era para menos. Se había descubierto la infiltración del narco en las estructuras de las tres dependencias. En ese momento había 22 “traidores a las instituciones” procesados y tres arraigados. Servían al cártel de Sinaloa, de Joaquín, el Chapo, Guzmán; de Ismael, el Mayo, Zambada; de Ignacio, el Nacho, Coronel; de los hermanos Arturo, Alfredo y Carlos Beltrán Leyva.

Los infiltrados en Sedena, PGR y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportaban a una estructura bajo el mando del exagente de la Dirección Federal de Seguridad, Francisco Tornez Castro. Desde el cártel de Sinaloa, que luego se dividió, los operadores eran Arturo Hernández González, el Chaki, y Javier Torres Félix, el JT, lugartenientes de el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada.

Hoy, casi todos los “infiltrados” salieron de prisión. Y, según la antigüedad de las filtraciones en la SIEDO, el servicio al narcotráfico desde el maridaje en las instituciones que en teoría deberían perseguirlo, ha sido ininterrumpido, puntual, eficiente, bien pagado.

Fieles a las narcomantas

Es curioso, pero la PGR parece estar siguiendo al pie de la letra el libreto que les sugirieron más de docena y media de narcomantas colocadas en diversos puntos de la república.

El primer mando en desgracia fue Édgar Enrique Bayardo del Villar (a quien los narcos nombraban Gallardo), subdirector operativo de la Policía Federal Preventiva, acusado oficialmente de tener vínculos y pasar información sensible a los Beltrán Leyva. El diario Reforma publicó datos de su declaración patrimonial que incluye un Mercedes Benz, un BMW y una camioneta blindada; dos casas pagadas de contado y otros bienes por unos 45 millones de pesos, con un salario que no llega a los 30 mil pesos mensuales. Se le imputa haber puesto en bandeja la operación del aeropuerto capitalino para el trasiego de todo tipo de drogas.

Todo mundo sabe que, en los estados, se venden las plazas de delegados de las policías federales. Y también las de los principales aeropuertos. El de la ciudad de México se ofertaba en 5 millones de dólares en 2005, según reporte entregado a Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Seguridad Pública Federal (muerto después al estrellarse el helicóptero en que viajaba; toda la información sobre el percance fue reservada por 12 años).

Y es que el abogado José Antonio Ortega Sánchez le hizo llegar al titular de la SSP un oficio confidencial, según el cual un cuñado suyo andaba vendiendo la plaza del aeropuerto. Martín Huerta ordenó una investigación y resultó que, además del Benito Juárez, se “vendían plazas” de los de Cancún, Yucatán, Ciudad del Carmen, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Toluca, cada una en 3.5 millones de dólares. Quien ofrecía los puestos era “el general Guillermo Yandarel, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP)”. Pero el militar era solamente un operador, pues “los ofertantes eran los hijos de la señora Marta”, se le reportó a Martín Huerta, relata el periodista Alejandro Gutiérrez en su libro Narcotráfico: el gran desafío de Calderón.

Hoy se investiga también al jefe de Bayardo del Villar, Víctor Gerardo Garay Cadena, alto comisionado de la PFP, por posibles nexos con la delincuencia organizada. Sería el más alto mando al que se involucrara en esta protección corrupta.

Las narcomantas de octubre le pedían al presidente Felipe Calderón poner atención en funcionarios: “Estamos seguros que protegen al narco” y daban nombres.

Jorge Cruz Méndez, director de área en la PFP, estaba en la residencia de Lindavista donde fue sorprendido y arrestado con Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey. De hecho había policías federales (AFI y PFP); hijo, sobrino, sicarios, un policía ministerial del Estado de México, dos exagentes federales; en total, 16 individuos, entre ellos una mujer.

Garay Cadena fue denunciado en una carta al presidente Felipe Calderón por haber sido omiso cuando fueron levantados y luego ejecutados varios de sus agentes en Monterrey, mientras él, a sabiendas de la gravedad del caso, prefirió no salir de su hotel.

Solamente el Ejército puede garantizar aprehensiones, sin enfrentamientos ni derrama de sangre, en contra de mandos federales sospechosos de servir a los intereses del narco.

El grado de podredumbre en PGR y SSP estuvo a punto de estallar en violencia entre policías federales. En muy extraño episodio, un comando de varias decenas de agentes de la PFP trataron de entrar a la residencia vecina, al número 430 de la avenida Wilfrido Massieu, en Lindavista, mientras la SIEDO resguardaba ese domicilio en el que horas antes había sido capturado el Rey Zambada con 15 de sus cómplices, familiares y policías que lo encubrían. Es decir, que federales preventivos trataban de sorprender a los afis y “reventar” el sitio para borrar huellas de alguna corruptela. Era la tarde del miércoles 22 de octubre y el hombre al mando de los pfps, armado y con chaleco antibalas, quien iba en un auto deportivo negro sin placas, alegaba que actuaba “por instrucciones superiores”. Al no poder engañar a los afis, se retiró con su comando armado en cinco pick up repletas de federales.

Y esas son las policías que Genaro García Luna quiere unificar bajo un solo mando, el suyo. Policía federal única, corrupción y represión únicas, resumió la senadora Rosario Ibarra.

Atenazado desde Washington, con los ojos del imperio puestos en su actuación, habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Calderón en esta Operación Limpieza.