La ley de EEUU protege al empleado público que se atreve a formular denuncias «whistleblower» de abusos y de corrupción en la administración pública, además de establecer el imperativo legal de investigar los casos denunciados. Esta saludable práctica en favor de la salud ética del Estado no sólo fue abandonada por el gobierno Bush, sino que además la persigue.
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¿Será capaz la justicia estadounidense de corregir todas las anomalías que se generan en su gigantesco país y en donde cada día el crímen organizado y las mafías toman más poder?
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El consejero especial Scott Bloch, instalado por el Presidente Bush en 2004 como jefe de la Oficina del Consejero Especial (OSC, en inglés), está supervisando la virtual eliminación de los derechos federales de la figura del "whistleblower", es decir, la inmunidad del empleado de la administración pública de EEUU que es capaz de formular denuncias de fraudes, corrupción y abusos de poder, figura tradicionalmente protegida por la legislación estadounidense.
Se supone que la Oficina del Consejero Especial es la agencia que protege a los empleados federales que se atrevan a denunciar esas tropelías, pero ahora está enterrando centenares de casos y despidiendo a los denunciantes, sin adelantar casi ninguna investigación. En el primer año de funciones del nuevo consejero especial, Scott Bloch, los resultados favorables a las denuncias fueron rechazados globalmente en un 24%.
Según el Informe Anual para 2004 de la OSC (qué no se dio a conocer hasta el final del primer cuatrimestre del año fiscal 2006) se envió a investigar menos de 1,5% de los reclamos del "whistleblower", mientras más de 1.000 denuncias permanecieron engavetadas, incluso sin que fueran abiertas. Se eligieron sólo ocho demandas para ser procesadas, todas de poca relevancia, como una que incluyó el robo de un escritorio y otra referida a una violación de asistencia.
Bloch, quien ha recibido numerosas quejas desde que asumiera el cargo, defendió sus primeros trece meses en la oficina alegando atrasos y una declinación en el número de casos denunciados. El director ejecutivo de la organización Public Employees for Environmental Responsibility (Empleados Públicos para la Responsabilidad Medioambiental, PEER), que protege a los servidores públicos que cuidan el medio ambiente, Jeff Ruch dijo:
«... Los atrasos y retrasos son una pena, pero ellos no son tan malos como para simplemente cerrar los casos».
Según datos proporcionados por Bloch en febrero de 2005, más de 470 reclamos por justicia fueron desestimados y ninguna vez se actuó afirmativamente con algún denunciante o whistleblower. De hecho, para acelerar los despidos, Bloch instituyó una regla que prohíbe a su personal avisarle a un whistleblower si su descubrimiento se juzga incompleto o ambiguo para facilitar que la OSC desestime la materia. Como resultado, cientos de whistleblowers nunca tendrán la oportunidad de defender sus acusaciones. Ruch advirtió que estos números se limitan a sólo a casos anteriores, que no incluyen a los nuevos.
El 3 de marzo de 2005, los miembros del personal de la OSC se agruparon en una organización por la protección del whistleblower y junto con organizaciones de derechos civiles introdujeron una queja contra Bloch. Sus propios empleados lo acusaron de violar las mismas reglas que se supone que él debería estar dándoles fuerza. La queja involucra casos de órdenes de amordazar, amiguismo, discriminación injusta y venganza para forzar la salida de una quinta parte del personal legal e investigador de la sede principal de OSC.
La queja fue engavetada por el Consejero Presidencial para la Integridad y la Eficacia, que no tomó ninguna acción sobre el caso durante siete meses. Como el PEER fue uno de los grupos que co-patrocinó la queja contra Bloch, su director ejecutivo Ruch quisiera saber “¿Quién vigila a los ’perros guardianes’?”
Éste fue el tercer procedimiento contra la conducta funcionaria de Bloch en menos de dos años en el cargo. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental y un subcomité del Senado americano abrieron investigaciones sobre los despidos en masa de casos del whistleblower, contratos por amistad (sin licitación) y una cacería de Bloch contra empleados gay para removerlos, mientras se niega a investigar casos que involucran discriminación en base a la orientación sexual.
En una maniobra entre bastidores, el Departamento del Trabajo también se ha empeñado en cancelar las protecciones del whistleblower. Si esto sucede, el Departamento desestimará las demandas de obreros federales que informen de violaciones a la ley de Limpieza del Aire y a la ley Bebiendo Agua Segura. El consejero general del PEER Richard Condit dijo: “Los obreros federales de las agencias con funciones como las que tiene la Agencia de Protección Medioambiental son como los ojos y oídos públicos . . .; el Departamento del Trabajo se está moviendo para cerrar una de las pocas avenidas legales que se dejó abierta al whistleblower”.
El Departamento del Trabajo está intentando invocar la antigua doctrina de inmunidad soberana que establece que el gobierno no puede demandarse sin su consentimiento. El Consejo de Revisión Administrativa del Departamento del Trabajo invitó a la Agencia para la Protección del Mediombiente (EPA, en inglés) a crear una defensa de inmunidad soberana contra un caso reciente en que una mujer estaba intentando darle fuerza a una temprana victoria administrativa. Joanne Royce, consejera general de Proyecto de Responsabilidad Gubernamental resume las mayores preocupaciones: “Nosotros no queremos a servidores públicos que se pregunten si ellos perderán sus trabajos por haber actuado contra las violaciones de las normas de contaminación cometidas por intereses políticamente bien conectados”.
Con la declinación de la vigilancia del Congreso de EEUU y la calidad desigual del periodismo investigador, válvulas como la Oficina del Consejero Especial de EEUU se convierte en un cauce aún más importante para la transparencia gubernamental. Desgraciadamente, bajo el Consejero Especial designado por Bush, este supuesto asilo para el whistleblower se ha convertido en una señal luminosa de falsa esperanza para miles.
Cada año, cientos de funcionarios entregan su testimonio sobre problemas que van desde amenazas a la seguridad pública al descubrimiento de pérdidas de fondos de impuesto, pero sus informes se pierden o chocan contra un muro de piedra en la Oficina del Consejero Especial (OSC). Por consiguiente, no se investigan estas denuncias de primera mano de malversación y casi uniformemente nunca alcanzan la atención del público.
La importancia de este estado de cosas es que el funcionamiento real de las agencias federales está envolviéndose en la mortaja del secreto y la desinformación. Los estadounidenses están menos informados sobre su gobierno y son menos capaces de estar en relación con las personas que realmente trabajan para ellos: los servidores públicos.
En un reciente episodio, los empleados al interior de la OSC han presentado una queja sobre el whistleblower contra el Consejero Especial, la persona que se supone que es el defensor principal del whistleblower. Después de tardar varios meses, la Casa Blanca de Bush asignó esta queja para su revisión al Inspector General para la Oficina de Dirección del Personal. Esta investigación, supuestamente independiente, simplemente ha empezado en serio casi un año después desde que la queja fue introducida.
Asimismo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) emitió en mayo de 2006 un informe demoledor contra el Consejero Especial designado por Bush por ignorar las normas de competitividad entregando a dedo, sin licitación, importantes contratos a consultores. La GAO también recomendó crear un canal independiente para que los empleados de la Oficina del Consejero Especial puedan hacer sonar sus alarmas respecto a los extensos abusos del Consejero Especial.
En el reciente desarrollo del pleito del PEER contra el Consejero Especial para obtener la desclasificación de documentación concerniente a contratos por amiguismo, aparecieron documentos señalando que al parecer estos consultores no hicieron un trabajo identificable, o sea, cobraron pero no hicieron nada. Irónicamente, el PEER tuvo que invocar la Ley de Libertad de Información, una norma cuyas garantías también debería vigilar el Consejero Especial.
Y en un nuevo informe anual al Congreso, la OSC (criticada por su actuación decadente), por primera vez tiene detenida la desclasificación sobre el número real de casos del whistleblower en que se obtuvo un resultado favorable. Por consiguiente, es imposible decirle a nadie si realmente está recibiendo ayuda de la agencia.
La página web de PEER (http://www.peer.org) contiene todo los desarrollos sobre esta historia de la Oficina del Consejero Especial y también permite que los lectores rastreen el génesis del conflicto.
Fuente:
Public Employees for Environmental Responsibility website
Titles: «Whistleblowers Get Help from Bush Administration», December 5, 2005.
«Long-Delayed Investigation of Special Counsel Finally Begins», October 18, 2005.
«Back Door Rollback of Federal Whistleblower Protections», September 22, 2005.
Faculty Evaluator: Barbara Bloom.
Student Researchers: Caitlyn Peele and Sara-Joy Christienson.
Traducción de Ernesto Carmona
(*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa a cargo del profesor de sociología Peter Phillips, de la Universidad Sonoma State de California, que desde hace 30 años emite un estudio anual sobre las 25 grandes noticias “top” ocultadas por la gran prensa de EEUU. Estas “25 historias top” sobre grandes temas sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía actualizada de la sociedad estadounidense y la política exterior de EEUU, cuyo conocimiento permite comprender mejor los designios del imperio. Los textos completos pueden verse (en inglés) en http://www.projectcensored.org/
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