El negocio del miedo

Muchas grandes compañías, entre ellas Microsoft, Starbucks y Colgate Palmolive, han aprovechado las ventajas de este sistema.

Más allá de las cuantiosas ganancias, el Complejo Industrial Penal en Estados Unidos, explican los autores, ha funcionado como un inmenso sistema de represión, control y explotación.

En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower acuñó el término Military Industrial Complex para designar la alianza estratégica entre los sectores militares y los industriales productores de armas, que tenía como fin aumentar sus ganancias a través de promover e inducir la venta y el consumo de sus mercancías, o sea la guerra.

Durante la Guerra Fría, este contubernio llevó a enormes ganancias privadas, subsidiadas económica y políticamente por el Estado, el cual incrementaba cada vez más el empleo de la fuerza militar, el apoyo externo a guerras contrainsurgentes y la construcción a gran escala de armas nucleares. El Complejo Industrial Penal (PIC, por sus siglas en inglés) designa el inmenso sistema de represión, control y explotación que es hoy el sistema carcelario de Estados Unidos.

A partir de la "guerra contra las drogas" durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las proporciones raciales de los encarcelados en las prisiones estadounidenses presentan asombrosas diferencias respecto de la sociedad en general. En los últimos 30 años la tasa de encarcelamiento se ha disparado a cifras que alcanzan hoy hasta 2 millones de personas y 5 millones en libertad condicionada [1]. Estados Unidos tiene 5% de la población mundial y 25% de los presos a escala global. Desde 1990, la población carcelaria se ha duplicado, alcanzando los 2 millones en 2000. [2] 63% de los encarcelados pertenece a las minorías negra y latina, mientras que dichas minorías sólo constituyen 25% de la población nacional. [3] Si bien esta disparidad guarda una relación evidente con la distribución de la riqueza según las razas y con el índice de criminalidad, no se explica totalmente. Por tales motivos es considerada por muchos estudiosos como una insidiosa continuación de las políticas discriminatorias. La prisión representa el sistema más rentable para desaparecer lo que la sociedad considera inaceptable. ¿Por qué?

Una explicación la tiene Pilar Maschi, ex presa, madre soltera de una hija de cinco años y activista de tiempo completo en el movimiento abolicionista Critical Resistance, que lucha para la eliminación de todas las cárceles y para la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias: "Desde los setenta, frente a la insurgencia de los movimientos de la gente de color, de los grupos radicales, de los movimientos feministas y del rechazo general a la guerra de Vietnam, el Estado empezó una represión feroz. Al mismo tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura productiva. Los empresarios, con apoyo del gobierno, han abandonado a millones de personas cuyo trabajo ya no es necesario. Estas personas se vuelven inútiles y luego son etiquetadas como peligrosas para la sociedad. En el PIC, estas personas son más valuadas como desempleados o criminales, simplemente se ha encontrado la manera de sacar un provecho económico de los excluidos. En 1970 los presos en Estados Unidos eran 200 mil, hoy el número sobrepasa los 2 millones."

Ik Aikur, originaria de Nigeria, también activista de Critical Resistance en New Haven, Connecticut, enfatiza el alto grado de exclusión en las comunidades de color que no tienen otra opción que el servicio militar, trabajos mal pagados y precarios, o emprender alguna actividad ilegal que lleva tarde o temprano al contacto con las cárceles y con un circuito de mayor exclusión. Un solo cargo por delitos de droga o violencia lleva a no poder ser empleados legalmente. Las mujeres, además, sufren doblemente por el PIC, como presas y como compañeras y familiares de los hombres encarcelados que por falta de oportunidades al regresar a sus comunidades reproducen los patrones de la violencia y del abuso de drogas. El fenómeno de la encarcelación en masa tiene efectos aterradores entre los grupos sociales ya marginados, con altas tasas de drogadicción y desempleo, sobre todo los afroamericanos, los latinos y los indígenas son atrapados en el PIC. Critical Resistance calcula que uno de cada tres jóvenes afroamericano está en la cárcel o ha estado encarcelado. En las comunidades más pobres estas cifras aumentan.

El negocio de los cuerpos encerrados

En los noventa empieza el boom de la privatización de los servicios de seguridad. En este sistema se integran también los centros de detención para migrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), que tiene centros especiales para migrantes y también utiliza cárceles convencionales. En el año fiscal 2000, el presupuesto del SIN era de 4.270 millones de dólares, con un incremento de 8% respecto al año anterior. [4]

Tras el 11 de septiembre, con el consecuente encarcelamiento por tiempo indefinido de miles de ciudadanos de origen árabe, la inversión en este sector está en continuo aumento [5]. Desde los noventa, el incremento del financiamiento para encarcelar a indocumentados también ha beneficiado a las empresas privadas que se encargan de la gestión, de la seguridad y de la deportación de extranjeros. El primer experimento de cárceles privadas se dio en los ochenta, durante la administración de Reagan, con la construcción de algunas cárceles de mínima seguridad en Houston y en Laredo, Texas. Con los saberes "técnicos" de ex directores de cárceles y el dinero de empresas, en particular de Kentucky Fried Chicken, se fundó la Corrections Corporation of America (CCA), actualmente la más grande empresa privada en el sector, con contratos en Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. La Wackenhut Corrections, otra importante empresa especializada en cárceles privadas, fue fundada por el ex agente del FBI, George Wackenhut.

No es difícil percibir lo que ha pasado en los últimos 20 años: en la última fase de la Guerra Fría, de la industria bélica, de la tecnología y de los saberes al servicio de la seguridad, se fueron convirtiendo en los nuevos negocios.

El PIC tiene diferentes facetas. Una de ellas, la más rentable para las grandes empresas que gestionan el PIC y para aquellas que buscan reducir sus costos de producción, es la elevada disponibilidad de mano de obra barata en las cárceles. Un ejemplo asombroso es el de la LTI Inc., empresa que de acuerdo con la Wackenhut Corrections, mudó sus propias instalaciones dentro de las estructuras carcelarias para aprovechar la mano de obra que ésta ofrecía. Los dueños de la empresa se quedan con las ganancias producidas por trabajadores que cobran el salario mínimo y no se organizan en sindicatos.

No es un caso aislado. En California, el sistema florece gracias a los bajos costos de la mano de obra (22 centavos de dólar por hora [6] y es aprovechado por diversas empresas: Microsoft, Colgate Palmolive, Starbucks, entre otras [7]. Los trabajadores no tienen oportunidad de substraerse de este trabajo sin perder privilegios, como la libertad bajo palabra o los beneficios por buena conducta. Estos modernos esclavos, obligados al trabajo y privados de todo derecho, producen para las empresas utilidades importantes: en 1980 las ganancias obtenidas por el trabajo de los reclusos fueron de 392 millones de dólares; en 1994 habían alcanzado los mil 310 millones gracias al gran aumento en el número de presos trabajando. La Wackenhut Corporation, la CCA y la Correctional Services Corporation son las principales competidoras.

Estas empresas exportaron el modelo a otros países anglófonos; y planean ampliar sus mercados en los próximos años hacia otros países industrializados. Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la demanda de mano de obra barata y de inversiones generan una fuerte presión corporativa sobre todo el sistema policial y judicial por un aumento en el número de presos. El negocio del PIC muchas veces se presenta en comunidades rurales empobrecidas como la única oportunidad para atraer ingresos y trabajos.

Ruth y Craig Wilmore son organizadores del California Prison Moratorium Project, un movimiento activo para impedir la construcción de nuevas cárceles y para la clausura de las ya existentes. Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California cuyo título es más que elocuente: Golden Gulag. California, la quinta economía del mundo, tiene los datos más aterradores: en las últimas dos décadas construyó 23 cárceles con una capacidad de entre 4 mil y 6 mil reclusos. Un ejemplo claro es Corcoran, condado de Kings. Este pequeño centro agrícola tiene dos cárceles para un total de 11 mil internos. La población ha quedado estable en 9 mil personas desde 1980, cuando fue construido el primer establecimiento. En aquel entonces, mil habitantes del lugar estaban bajo la línea de la pobreza. Diez años después, luego de una inversión estatal de mil millones de dólares en las cárceles, los pobres suman 2 mil. [8]

Represión, exclusión y consenso

Frente a un panorama de este tipo, no deja de sorprender el grado de aceptación general del PIC. Muy pocas son las organizaciones que protestan en contra de un sistema que tiene los mas altos porcentajes de gente encarcelada o vinculada con el PIC. Paul Wright, prisionero en el estado de Washington y editor de la revista Prison Legal News, abre el camino a la reflexión alrededor de este fenómeno de aceptación generalizada. Wright, en una de sus intervenciones [9], ilustra el modelo cultural que sostiene la idea del PIC como un sistema de justicia que busca la punición y la defensa de la parte "sana" de una sociedad en clara descomposición.

Basta observar la producción cultural oficial para poder entender cómo la construcción del imaginario colectivo es parte esencial del PIC. Desde las grandes producciones de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo tipo de productos, las referencias al mundo de las cárceles apuntan a crear la idea de un mundo duro y difícil, pero justo e indispensable.

El resultado de este proceso es representado por una alta moralización del sistema carcelario. Así, resulta que meter gente en las cárceles no sólo es justo, sino indispensable para que la sociedad se mantenga sana y pueda salvar sus propios valores.

En los últimos años, la extensión y el incremento de la cantidad y de la diversidad de las formas de detención en Estados Unidos no ha tenido igual en el mundo. Desde la supercárcel de Pelican Bay, en California; hasta Guantánamo, en Cuba; Abu Ghraib, en Irak; y Woomera Camp, en Australia, asistimos a la globalización de un modelo y de una práctica: encerrar a la población incómoda o simplemente sobrante en los proyectos neoliberales.

Preguntar si frente a este panorama es posible vislumbrar una globalización de las alternativas al encarcelamiento de la sociedad y un concepto de seguridad y de justicia no punitivo y excluyente.