Sin las Cortes, el Congreso y los Tribunales, el Partido Social Cristiano (PSC) se recluye en la provincia del Guayas y busca convertirla en su propio Estado. La denominada "Marcha Blanca" fue convocada con el pretexto de la inseguridad, pero tuvo el propósito de reflotar el proyecto autonómico de la oligarquía guayasense. Ahora piensan reproducir ésta táctica en el las provincias de El Oro, Manabía e incluso en provincias de la Sierra ecuatoriana.
¡Más negocio!
Por: Dr. Ricardo Ramírez Aguirre.
En los últimos días, las masas “irredentas” del “otro” Guayaquil, somos testigos de un nuevo capítulo de la teleserie municipal socialcristiana, la misma que se caracteriza por los golpes de efecto, el “marketing” y el manejo de la opinión ciudadana; y esto nos lleva a debatir sobre lo insustancial de cada capítulo.
Así ha sido en los últimos 12 años de febrescorderato-nebotcismo. Ahora se trata de la seguridad de los habitantes de Guayaquil, uno de los derechos de los que más carecemos, pese a que fue presentado en la campaña electoral para la reelección de Nebot, como uno de los mayores logros de su primera administración. El debate sobre el tema tiene como actores al Alcalde de Guayaquil y al Gobernador de la provincia del Guayas; y, la gran prensa, nos convierte a los de la “chusma” en testigos mudos del ir y venir de las declaraciones de uno y otro, acerca de la legalidad o ilegalidad, la conveniencia o la inconveniencia de poner en las calles de la ciudad a 400 guardias privados, equipados y armados por el Alcalde y los empresarios de Guayaquil.
Fotos en primera plana, comentarios, ataques verbales, amenazas, advertencias, editoriales y reportajes escritos, radiales y televisivos, configuran un escenario al cual es difícil no mirar, no escuchar o no aceptar los criterios dominantes en él.
Hay que hacer mucho esfuerzo o tener suficiente formación ideológica, política, social y hasta filosófica, para apartarnos de la corriente instaurada o del rebaño encajonado en que nos han convertido; para poder decir que la falta de seguridad, entiéndase el apogeo del delito común, no se ha resuelto, ni se resolverá jamás, con más policías, más vehículos motorizados, más y mejor armamento, más cuarteles, penas más duras o cárceles más confortables.
¡No señores y señoritos! Ustedes no entienden, no quieren, o no les conviene entender; y, sobre todo no quieren que las mayorías trabajadoras se den cuenta que el incremento del delito común tiene directa relación con la crisis económica, política, social y moral que corroen a la sociedad ecuatoriana, crisis que se expresa a través de indicadores como la carestía de la vida, el desempleo, los salarios miserables, la corrupción, la exclusión y marginación a grandes grupos humanos de la educación, la salud, la cultura, la recreación y la participación en la solución de sus problemas y conflictos sociales.
No quieren que sepamos del puesto 100 en IDH (INDICE DE DESARROLLO HUMANO) entre 150 países; del tercer puesto del Ecuador entre los países más corruptos del mundo y del primer puesto en corrupción de Latinoamérica, así como de los informes negativos de Amnistía Internacional en cuanto al irrespeto a los Derechos Humanos, que también son factores favorables para la explosión del delito común en Guayaquil.
Por supuesto que quienes son causantes o están íntimamente vinculados a las causas de esta explosión, prefieren ocultarlo e impiden el análisis serio que nos lleve a encontrar las soluciones reales a la tan mencionada y manoseada inseguridad.
Porque aquellos responsables de la crisis tampoco permiten que se haga notoria la gran contradicción que existe entre el supuesto éxito del plan municipal “Más seguridad” y la proliferación de compañías privadas dedicadas al “negocio” de la seguridad; inclusive empresas desconocidas o de última data, hoy están patrullando las calles de Guayaquil. Es que la delincuencia común, entronizada en la ciudad, favorece a los inversionistas mercaderes del temor colectivo.
Ellos, los de apellidos de “casta”, han encontrado un nuevo filón para explotar, basándose en una simple ecuación: más inseguridad = más negocio.
Es que las soluciones reales son la reactivación del aparato productivo popular, mayor presupuesto para salud y educación, salarios justos, incremento de la obra pública básica, restitución de derechos sindicales y populares, soberanía nacional, eliminación de la corrupción y sanción para los asesinos y atracadores de los dineros del pueblo. Todo lo que solamente se puede lograr con gobiernos seccionales y nacional de nuevo tipo, que den prioridad al gasto social por sobre el pago de la deuda externa; que prefieran un comercio exterior que defienda a nuestros productores, negándose a la suscripción de un TLC o un ALCA, o cualquier otro instrumento de neocolonización yanqui; que prefieran la obra pública para transporte, servicios básicos de salud, higiene, sanidad, educación y bienestar social y la creación de fuentes estables de trabajo, antes que la obra de oropel que no resuelve las necesidades más sentidas por los pueblos.
No, eso no se discute ni se menciona, porque es “política” propia de gente atrasada, de “dinosaurios”, de enemigos de la modernización, que siguen hablando de justicia social y solidaridad, cosas que ya no sirven, porque ahora hay que hablar de globalización, de tecnología de punta, de vender imagen, de “mas ciudad”.
Ahora hay que ser “pragmático” y tapar la pobreza con adoquines, hay que alejarse de la miseria haciendo pasos elevados y otros artificios de cemento y aluminio, construyendo una tramoya para el disfrute del turismo y para atracción de los “inversionistas”. Juzgue usted amigo lector y defina su posición: o con el alcalde o con el ministro de gobierno. Yo por mi parte estoy en contra de los dos.
El 99% de guayaquileños no participó de la marcha y contra marcha oligárquica
Por : Carlos Alvarado. Guayaquil - Ecuador
Las pugnas interoligárquicas que se desarrollan en torno al control de las funciones del Estado han pretendido, mediante la manipulación de la opinión pública y un sector de masas, desplazarse a las distintas provincias del país.
Así, en Guayaquil, este 26 de enero, se desarrollaron la Marcha Blanca convocada por Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano (PSC), las Cámaras de la Producción y la Junta Cívica que agrupa a connotados personeros de la oligarquía guayaquileña, y la denominada “Contramarcha”, convocada por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el gobierno.
Tanto la marcha como la contramarcha, que en el mejor de los casos reunieron a 30.000 personas, fueron precedidas de una intensa y atosigante campaña publicitaria, así como de un derroche de enormes recursos, y de la presión a los empleados de las empresas privadas de un lado, y del sector público del otro.
La Marcha “blanca”, de la rancia oligarquía que dirigen el PSC y Nebot, fue difundida como una acción cívica, apolítica y con el pretexto de combate a la inseguridad ciudadana, encubriendo los objetivos políticos de la derecha ultramontana que no se resigna a su derrota, llegando a utilizar para ello, la “defensa del guayaquileñismo”, levantando también los viejos anhelos reaccionarios y antipopulares de aquellos que promueven el regionalismo y el separatismo, de ahí que no es fortuito que en esa marcha aparecieran enormes letreros llamando al autonomismo y al establecimiento de la “República Independiente de Guayaquil”.
Esa marcha fue reforzada con gente traída desde diversos cantones y provincias cercanas, participaron los dirigentes nacionales y provinciales del PSC, las Cámaras de la Producción, hacendados y ganaderos desfilaron a caballo. La denominada Junta Cívica, empleados de los medios de información, un pequeño sector de empleados y funcionarios obligados por las autoridades seccionales, y los empresarios. Pero algo inaudito y cínico es que, bajo letreros que decían estar contra la delincuencia, participaron también elementos del PSC como Franklin Verduga Vélez, quien fuera, entre otras cosas, acusado de atraco y extorsión en la GARITA 3 de la Comisión de Tránsito del Guayas, y quien a su vez es hermano de César Verduga Vélez, prófugo de la justicia, acusado de la ilegal y arbitraria utilización de “gastos reservados” en el gobierno de Fabián Alarcón.
En Guayaquil habemos más de 2 millones de habitantes, el 1% de los ellos estuvieron en esa marcha.. NO ESTUVIERON AHÍ EL 99% DE LOS HABITANTES, que entre otros, los constituyen los trabajadores y sus organizaciones sindicales, los campesinos, los moradores de las parroquias y barrios pobres de Guayaquil, los estudiantes de los colegios y universidades fiscales, los comerciantes minoristas reprimidos por el Alcalde, los maestros, los profesionales democráticos y progresistas en general, la juventud, los hombres y mujeres que hacemos el auténtico Guayaquil, que padecen por la falta de trabajo y vivienda, los que no cuentan con suficiente agua potable, ni alcantarillado, los que sufren por las carencias en educación y salubridad, los que son explotados y reprimidos por los grandes empresarios y señoritos que manejan los organismos seccionales.
Somos el 99% que decidimos no participar de la marcha y la contramarcha, los que vamos en búsqueda de una vía independiente de la derecha socialcristiana y de la derecha que se encuentra entronizada en un gobierno pro norteamericano, antipopular y entreguista, como es el de Lucio y sus conmilitones del PRE, para avanzar en el proceso organizativo de la lucha social y política, que nos permita alcanzar el cambio y la transformación revolucionaria de la sociedad.
La contramarcha, que fue cubierta con la publicidad oficial y respaldada con los recursos del Estado, y en la que participaron también funcionarios de las instituciones públicas como la AGD y otras, no logró tampoco interesar a las masas populares. En ésta, apenas pudieron participar el 0.4% de la población, y en las mismas condiciones de obligatoriedad que la otra.
El pueblo llano y sencillo, olvidado y marginado por todos los gobiernos de turno, tanto central como seccionales, se levantan y combaten en oposición al sistema, al neoliberalismo, al gobierno y, en general, contra la oligarquía y el imperialismo. De ahí que el 1 de febrero se desarrolla la marcha de los comerciantes minoristas, respaldada por las organizaciones del Frente Popular, contra la facturación, y las reformas lesivas a los intereses de los trabajadores y las masas empobrecidas, contra el Tratado de Libre Comercio que pretenden imponernos nuestros seculares enemigos.
Manuel Tenorio vicepresidente de CUCOMITAE y presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas del Guayas.
“Las salvajadas cometidas por Nebot y los socialcristianos en contra de los comerciantes minoristas en Guayaquil, demuestran que los principales delincuentes son ellos; lo que es más, son autores intelectuales y materiales de los desalojos criminales y de la cacería permanente que han hecho y siguen haciendo en contra de los pobres; son los responsables de actos vandálicos ocurridos hace pocos días, al tiempo que juegan al papel de alcahuetes de los principales asaltantes y atracadores que hay en la ciudad y en el país.
Tampoco el gobierno puede aparecer como salvador, no tiene calidad moral para representarnos, y peor Bolívar González, quien no hace otra cosa que traficar con los derechos de pequeños comerciantes, a quienes al momento los manipula a través de ciertos “dirigentes”; ello no nos puede sorprender, porque es justamente el gobierno el que nos quiere imponer la nefasta facturación, con la cual pretenden dejar en paz a los 1.500 empresarios que no pagan impuestos, entre los cuales están los amigotes de Abdalá Bucarám.
La UNACOMI, como parte de la CUCOMITAE, al tiempo que denuncia como negociado de ambas partes el dizque interés por la seguridad, también rechaza la marcha que convocaron los principales asaltantes y criminales de Guayaquil, y al mismo tiempo llama a la verdadera lucha de los comerciantes minoristas y de los pueblos en general. Nuestras reales aspiraciones son acabar con los desalojos y asegurar un puesto de trabajo, tener una ley que nos proteja, así como terminar con los chantajes que nos hacen autoridades de gobierno, quienes antes que perseguir a los especuladores, nos pasan las facturas de show a nosotros.”
María Palma Vicepresidente de la UGTE y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas.
“Los trabajadores de Guayaquil no hemos respaldado ninguna marcha de los grupos oligárquicos; por el contrario, los denunciamos como los causantes del auge delincuencial y como mercaderes de este mal que crece cada día. Rechazamos el chantaje y la manipulación, tanto de socialcristianos como del gobierno y el PRE, ya que en los hechos todos ellos estrangulan a los trabajadores, sobre explotándolos de manera miserable. Esa gente es la que se opone a los derechos de los trabajadores, y niega hasta el más elemental: el de trabajar, el de tener un sueldo completo y digno, firmar contratos colectivos, etc.
Son ellos los que aprobaron la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa Unificación y Homologación Salarial; son los que despidieron a los 540 trabajadores del Consejo Provincial del Guayas, son ellos los que han jurado botar más de 5.000 servidores públicos; son ellos los dueños de las industrias de la esclavitud llamadas tercerizadoras; son ellos los que quieren aumentar el sueldo en dos dólares; en definitiva, son ellos los que día a día nos devoran, llegando al colmo de querer impedir a toda costa a nuestros hijos hasta aprender a leer y escribir.
Denunciamos que los empresarios, de uno y otro bando, una vez más utilizaron el chantaje, cuando amenazaron con despedir a quienes no participaban en las marchas que organizaban Nebot, Gobierno y PRE. Igualmente, desde ya, rechazamos las mañoserías de esta gente cuando descuentan a los trabajadores para los aportes al IESS y no entregan ese dinero a la institución; claro que lo mismo hará esta misma gente en el momento de pagar las utilidades y el catorceavo sueldo.
Desde ya rechazamos el negociado que quieren hacer con la contratación de guardias privados y las compras de materiales bélicos; al mismo tiempo condeno los anuncios que hace Nebot sobre autonomía, por constituir un nuevo ataque a la unidad de los pueblos y significar patente de corzo para el atraco, las privatizaciones y la represión contra la lucha de los trabajadores y los pueblos en general; los trabajadores dirigidos pro la FDTG sí estaremos en las calles para parar la prepotencia de los empresarios, quienes por ser de la gente del gobierno, Nebot y Bucaram, creen que pueden hacer lo que les da la regalada gana”
Comunidades Eclesiales de Base, Indymedia
La denominada Marcha Blanca no es cívica sino política, porque se juegan fuerzas políticas. Es inconstitucional porque lo que pretende es seguir saqueando a los jubilados con un presupuesto para la seguridad, porque dizque abunda la delincuencia, ésta que ha sido propiciada por la política municipal, que deja sin trabajo a “los que afean la ciudad”. Se les quitó sus puestos telefónicos a los invidentes, y en su lugar aparecieron modernas cabinas; a unos 1.200 vendedores de la Pedro Pablo Gómez se les confinó a lugares donde no afeen la ciudad, ahora están dispersos y muchos sin trabajo; personas vulnerables que pueden convertirse en mulas o arranchadores, es decir, se crean las condiciones para la presencia de taras y vicios sociales.
Se habla también que los mercados existentes van a ser vendidos para convertirse en comisariatos municipales. “La gente del pueblo está a la deriva”, son las palabras de una de las vendedoras que ve amenazado el futuro de su familia; y como ella, muchos ven esta marcha con gran indignación. Hay que tener en cuenta que gracias a estas marchas blancas se originaron los grupos paramilitares en América Latina. También que esto es un gran negociado, porque las empresas pagan 1.200 dólares por el servicio de seguridad en sus instalaciones, mientras el guardia solo percibe entre 200 y 250 dólares, ¿a dónde va la diferencia? ¿A quién favorece? ¿Quién o quienes están detrás de la Seguridad privada?
¿Qué es lo que busca Nebot? ¿Crear una ciudad de turismo, de élite? ¿Seguir allanando el camino para los capitalistas frente al TLC? ¿una limpieza social? ¿crear una cortina frente a lo realmente grave que está pasando en el país?
Mientras tanto sigue arrinconando a los pobres a situaciones de sobrevivencia infrahumana, como ocurre en el Guasmo, la Florida, Bastión, Mapasingue, etc. Por esto rechazamos la denominada “marcha blanca”. Basta de utilizar al pueblo para beneficiar a la oligarquía.
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