El selecto grupo de los pensionados millonarios

Y es que desde que dejó el cargo como gobernador del Banco de México, ha empezado a recibir su pensión de retiro que, de acuerdo con la ley, será equivalente al sueldo que percibió durante el último año como gobernador del banco central, que ascendió a 190 mil pesos mensuales, con todo y prestaciones.

De esta manera, Ortiz Martínez se suma a la lista de “pensionados privilegiados”, como los expresidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, o los exdirectores de la banca de desarrollo, como Ángel Gurría, o exfuncionarios del Banco de México, como Francisco Gil Díaz, o exmagistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes integran este selecto grupo.

Lo anterior se desprende de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de los cuales se puede concluir que la inequidad de las jubilaciones en México es dramáticamente grave, pues mientras que el 81.4 por ciento de los jubilados recibe en promedio 1 mil 966.4 pesos mensuales, hay un 0.3 por ciento que obtiene 81 mil 388.2 pesos mensuales en promedio.

Es conveniente mencionar que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta en sus informes de finanzas públicas que, al 30 de septiembre de 2009, tiene en operación siete fideicomisos para “pensiones” que involucran recursos por poco más de 124 mil millones de pesos; entre los que destacan: el fideicomiso del sistema del Banco de Desarrollo Rural, con 20 mil millones de pesos; el fondo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex), con 9 mil 985 millones de pesos; el de los jubilados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con 9 mil 223 millones de pesos; el de Nacional Financiera (Nafin), con 7 mil 723 millones, y el del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con 7 mil 148 millones de pesos.

Entre los jubilados privilegiados se encuentran los expresidentes y los exmagistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como exfuncionarios del Banco de México y de la banca de desarrollo.

Cabe destacar que los 91 mil pesos son sólo un promedio, porque hay magistrados que pueden estar recibiendo pensiones cercanas a 130 mil pesos y hay otros trabajadores del sector paraestatal, como del Bancomext o del Banco de México, que reciben pensiones cercanas a los 80 mil pesos.

Lo anterior contrasta con el resto de los mexicanos, ya que actualmente sólo el 19 por ciento de los mayores de 65 años recibe una pensión, y únicamente el 33 por ciento de la población ocupada tiene servicios de salud y seguridad social.

Hay que recordar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la ley fija como topes los equivalentes a 25 y 10 salarios mínimos, respectivamente, por lo que no existe ningún fundamento jurídico real para las pensiones que se pagan en el sector energético y en la banca de desarrollo.

“Mientras que un trabajador del IMSS recibe, en promedio, una pensión mensual de 2 mil 137.5 pesos, los exfuncionarios del sector energético –que incluye a la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como la Comisión Federal de Electricidad– reciben, en promedio, 39 mil pesos.

Al tiempo, la pensión de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE se calcula sobre el promedio del salario base, es decir, sin ningún tipo de prestación.

Esto es diametralmente opuesto a lo que sucede con los exfuncionarios del sector energético o del IMSS, para los que la base de cálculo es el sueldo íntegro del último año trabajado, incluyendo las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.

En los casos de Banco de México, Banobras, Bancomext y Nafin, la pensión se calcula sobre el promedio del salario mensual neto devengado (es decir, incluyendo prestaciones) en el último año de actividad del trabajador; en tanto que en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se calcula sobre el promedio de los últimos dos años, a los que se añaden, en todos los casos, las prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo. Además, estos exfuncionarios mantienen el derecho de recibir íntegra la pensión del IMSS.

Esta situación ha provocado que en Nafin las pensiones representaran el 85.9 por ciento de la nómina, mientras que en Banobras equivale al 79.8 por ciento; en el Banco de México, al 70.4 por ciento; en Pemex, al 49.2 por ciento; en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al 48.2 por ciento, y en Comisión Federal de Electricidad, al 43 por ciento.

Como ejemplo adicional de las prestaciones del sector energético, también podemos citar lo informado por los propios trabajadores de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro, que en medio de su pugna sindical denunciaron que por lo menos 31 exfuncionarios recibían por concepto de jubilación pagos mensuales de hasta 149 mil pesos.

En el caso de los magistrados y los trabajadores del Banco de México y Bancomext, los empleados tienen también la posibilidad de hacer un ahorro adicional que se va a un fideicomiso, lo cual les permite retirarse con una gran cantidad de recursos.

La ASF también ha señalado que aquellos que son contratados en el sector militar, es decir, en el Ejército y en la Marina, no se les descuenta nada de su salario para su jubilación: “todo lo aporta el Estado”.

Los militares también se jubilan con base en su último salario; además cuentan con lo que se conoce como “pensiones dinámicas”, es decir, aquellas que van aumentando año con año de acuerdo con el incremento salarial que recibe el personal activo.

Esto difiere de lo que viven los trabajadores afiliados al IMSS, para quienes su pensión se revalúa de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior.

Sobre las cifras exactas de cuánto reciben los magistrados cada mes, el Consejo de la Judicatura Federal sólo informa sobre los montos que les otorga el ISSSTE; sin embargo, otras fuentes señalan que las pensiones ascienden a 180 mil pesos, más coche, chofer, teléfono celular y dinero extra para otros gastos.

Estudios auspiciados por la misma ASF revelan que el manejo de los 11 fideicomisos que mantienen las jubilaciones millonarias de los jueces y magistrados es un área de opacidad financiera, cuyos recursos involucrados ascienden a más de 3 mil millones de pesos.