El sentido de lo humano debe primar en la nueva Ley de Seguridad Nacional

El Proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado ya se encuentra en la Comisión Legislativa y de Fiscalización para su primer debate.

El Ejecutivo argumenta la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico en materia de Seguridad Nacional, porque la Ley que se halla en vigencia es obsoleta, data de 1979, y ya no responde a los actuales momentos históricos y sociales que vive el país. Según Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa, “la anterior Ley tiene el espíritu tradicional de la guerra fría, del enfrentamiento militar e ideológico entre capitalismo y comunismo, y define, en esencia, las amenazas externas e internas. Los peligros internos están ligados a la posibilidad del aparecimiento de grupos insurgentes, generalmente de izquierda, aunque no estaba así expresado, y otro el aspecto primordial es que coloca los temas de seguridad y de defensa en manos únicamente de las Fuerzas Armadas”.

Con estos antecedentes, la nueva Ley pretende modernizar todo el aparato de seguridad nacional, incorporando principios que cambien la mentalidad tradicional de control, vigilancia y represión, y sean coherentes con los postulados de la Constitución en vigencia, que define, en el Art. 393, el concepto de seguridad humana: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos... La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

Con esta visión, elementos como la participación social, la veeduría ciudadana, el bienestar general, los derechos humanos y también la inclusión de factores externos como los cambios climáticos (que podrían ocasionar sequías e inundaciones y poner en riesgo la seguridad alimentaria) son algunos pilares que sostienen este proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Para el presidente de la República, Rafael Correa, “la nueva normativa de seguridad se propone modernizar todo el sistema anterior. Por ejemplo, pone en manos de civiles a la Defensa Civil, organismo que estaba orientado para casos de guerra, pero no para casos de desastres naturales. Asimismo, contempla la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia para armonizar todos los servicios a su cargo”.

Sin duda, un aspecto fundamental de la nueva Ley es la formación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que estará encargada de elaborar las políticas de seguridad interna y externa del país. Aquello implica, además, controles sobre las actividades de inteligencia de todos los organismos.

Este es el punto de la polémica, pues según Jorge Escala, asambleísta del Movimiento Popular Democrático, MPD, la Seguridad Pública y del Estado puede centrarse exclusivamente en esta secretaría en el tratamiento de las labores de inteligencia, y se corre el riesgo de dejar a un lado la participación ciudadana, el control interinstitucional y ciudadano, la rendición de cuentas e incluso el tratamiento de los derechos humanos.

“Un argumento en contra del diseño y el papel de los órganos de inteligencia han sido los abusos democráticos, incluyendo violaciones a los derechos humanos, a los derechos de la privacidad del ciudadano, la no cooperación con otras ramas del Estado como la legislatura y la Función Judicial, las detenciones ilegales, los malos tratos (incluso tortura) a los detenidos, las técnicas ilegales de interrogatorio, la participación con el traslado de detenidos a otros países, desconociendo la competencia y jurisdicción nacional y facilitar a los gobiernos y sectores políticos la politización y mal uso de la inteligencia. Por tanto, el Sistema Nacional de Inteligencia tiene que tomar en cuenta aspectos como la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los casos que correspondan, como un ejes transversales que guíen su actuación”, sostiene Jorge Escala.

Sin embargo, también hay que poner en consideración que la actual organización de la inteligencia (la que se halla en vigencia como apéndice de la Ley de Seguridad Nacional creada en 1979, ha adolecido de fallas operacionales, como por ejemplo el fracaso para predecir el ataque extranjero a Angostura o la falta de conocimientos y capacidades para prevenirlo. También ha tenido dificultades y deficiencias organizacionales, pues mientras se ha mantenido la “colaboración” y dependencia impune hacia la CIA (rindiendo cuentas de ’todo’ a la Embajada norteamericana), por otro lado no había una coherencia y verdadera cooperación con los entes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuyas cúpulas se resisitían a la reorganización y la reforma.

Por eso, es necesario incorporar en la ley el señalamiento de actores, fuentes de conflicto, riesgos a la seguridad, estados de excepción y medios del uso de la fuerza.

“El trabajo de inteligencia ha sido entorpecido, también, por una crisis de desconfianza en su eficacia y en su compromiso con la supervisión ciudadana. El problema se ve exacerbado allí donde los ciudadanos no somos suficientemente informados sobre las actividades de los servicios de inteligencia y los métodos para controlarlos, mucho más si conocemos las experiencias terribles en los casos de Chile, Perú, Colombia, EEUU, etc. La responsabilidad y aceptabilidad pública es una garantía para el cumplimiento de los objetivos de las labores de inteligencia”, manifeista Escala.

En este marco, la Asamblea Nacional juega un papel particularmente importante al respecto. Los asambleístas deben asegurase de que esta nueva Ley defina clara y abiertamente los papeles y responsabilidades de los servicios de inteligencia, y que estos trabajen dentro del marco judicial del Estado.

“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como representante de la ciudadanía, debe ser informado e informar a la ciudadanía, sobre las actividades de los servicios de inteligencia y ser capaz de hacerlo sin miedo a sanciones y represalias”, sentencia Escala.