El anterior H. Consejo Universitario, presidido por el Ing. Víctor Hugo Olalla, Msc Franklin Cabascango y el Ing. Carlos Arroyo, en sesión de 7 de octubre de 2008, resuelve:
Aplicar la gratuidad de la educación superior en cumplimiento a lo estipulado en el Art. 356 de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 2008;
No cobrar matrículas, derechos, tasas y aranceles.
Con esta resolución la Universidad Central del Ecuador deja de ser la universidad pública menos costosa para convertirse en la primera universidad gratuita del país, mostrando consecuencia con las leyes del Estado y la transformación social.
Luego de este importante triunfo para la Universidad Ecuatoriana, los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores de la Universidad Central, le apostaron a un supuesto cambio, a una “NUEVA UNIVERSIDAD”. Han pasado más de 100 días de esta administración y las expectativas de la comunidad universitaria desaparecen.
Samaniego va en busca de mayores mercados, de ingentes ganancias, con una visión de calidad que tiene que ver más con un provecho económico que con un criterio social. Entonces, desde esa perspectiva no importa una educación de culto a la eficiencia, meramente tecnocrática, sin conciencia de los objetivos a los que sirve y que no permite la búsqueda de una calidad para la transformación social; sino que, al contrario, mientras se cumpla con la mercantilización del proceso educativo superior y con una Universidad Central acallada frente a la lucha contra las causas estructurales de la pobreza, mejor. Tras los términos de calidad, excelencia, eficiencia, se esconde un profundo problema de clase, que conlleva a la elitización de la universidad y a la legitimación de la dominación social.
En este periodo no solo se ha negado el derecho a la gratuidad de la educación superior, sino que se ha violado el Decreto Presidencial No 1437 que regula los rubros referentes a la escolaridad y responsabilidad académica, que son considerados para ser compensados a las 26 Universidades y Escuelas Politécnicas públicas por concepto de la gratuidad de la educación de tercer nivel.
Es así que en la Universidad Central se ha procedido al cobro ilegal de: Derecho de grado de tercer nivel, derecho de título de tercer nivel, derecho de uso de laboratorios, carné universitario, rubros que fueron compensados por el Estado y no debían ser cobrados a los estudiantes.
A la vez, se continúa con la violación al Art. 357 de la Constitución Política, que hace referencia a las fuentes complementarias de ingreso para las universidades y escuelas politécnicas públicas, las “… que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel”, abriendo el paso al cobro en la matrícula de rubros ya derogados por la anterior administración, como son: Feria de Ciencia y Tecnología, documentos editados, rubros de Administración Central, Centro de Física, Centro de Química, materiales para laboratorio, caja solidaria, seguro de accidentes, rubros especiales para los extranjeros.
La Nueva Universidad del Doctor Samaniego también requiere cobros para poder pagar a los 20 cargos creados por su gestión, en compensación de favores políticos. Para lo cual es necesario eliminar el arrastre, propiciando la existencia solo de la segunda y tercera matrícula.
Para explicar este tema calculemos: (Cuadro 1)
Como si esto fuera poco, el 18 de junio del presente año se resuelve revalorizar los puestos del Secretario General y el Procurador, así como el incremento salarial a los señores Decanos y Vicedecanos en los gastos de representación y residencia.
Al Rector de la Gloriosa Universidad Central no le importa si los docentes por contrato se mueren de hambre, o los estudiantes se quedan fuera por no tener dinero para pagar la matrícula; mientras él y los suyos tengan seguro su mensual.
Se asegura de dar trabajo en la FACSO a su periodista de cabecera del diario El Comercio, que respaldó su campaña en los medios durante las elecciones, o crea 20 nuevos cargos para repartirse el pastel económico.
Para mantener a todos sus aliados contentos se requiere financiar estos incrementos mediante los aranceles; en otras palabras, de nuestros bolsillos. (Cuadro 2)
A todo esto es indispensable diferenciar que el total de egresos ejecutados en el año 2008 es de 63.338.031,29 dólares; en el año 2009 que aún no termina se incrementan el nivel de egresos a 72.938.918,79 dólares. ¿Será por los incrementos salariales al Secretario General y Procurador, o los nuevos cargos, creados por esta administración?; pero hay más, el total de egresos para el 2010 asciende a 72.080.740.00 dólares. ¿Será porque la comisión económica de la universidad, fijó una remuneración mensual al 2010 para el Director del Servicio Médico Universitario de 2.300 dólares o porque el dinero cobrado del carné estudiantil no les alcanza para entregarnos este documento?
Sea cual fuera la respuesta, lo importante es unirnos para hacer respetar nuestro derecho a la gratuidad y demás derechos que han sido y serán vulnerados por el científico Rector, que hoy quiere experimentar su teoría de calidad educativa con nuestros bolsillos.
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Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
