Entre la victoria militar, la humanización y la salida política

Paramilitares colombianos en una demostración: crímenes, asesinatos e impunidad con el apoyo del gobierno colombiano de Alvaro Uribe.
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Su declaración desmiente la palabra del presidente Álvaro Uribe –ratificada por el general Freddy Padilla de León como testigo–, quien aseguró en la tarde del 31 de diciembre que no había bombardeos sobre el área donde eventualmente se llevara a cabo la liberación de las personas que de manera unilateral las farc decidieron por último dejar en libertad.

Estas declaraciones evidencian un contraste que durante los últimos meses crece día a día: la distancia entre las naturalezas de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Con Uribe decidido a que el conflicto nacional se resuelva por la vía militar, y con el presidente Chávez que en la mediación autorizada o no autorizada se juega a fondo en el aporte y la búsqueda de una negociación política.

El gobierno colombiano, a pesar de manipular con apariencias de afán por la solución política desde agosto 15 –cuando autorizó a la senadora Piedad Córdoba como vocera del Intercambio Humanitario–, no consigue ocultar su posición y sus intereses por la guerra.

De este modo, el 18 de octubre el Ministro de Defensa fustigó de manera abierta el liderazgo del presidente Chávez frente al Intercambio Humanitario. Unos días después, el Canciller Araújo hizo énfasis en que la política militar de Colombia no cambiaba. Afirmación reconfirmada por el propio presidente Uribe el 15 de noviembre, cuando aseguró que los planes de las fuerzas militares estaban intactos en su acción contra las farc. Todo ello es normal, pero ante la inminencia de liberación de dos mujeres rehenes, al menos por un corto tiempo debían disminuir las diatribas, sin perjudicar el dispositivo militar del llamado Plan Colombia.

Pero llegó el 25 de noviembre. Este día salió a flote, con carencia absoluta de diplomacia, la verdadera concepción que reina en el gobierno Uribe. Una postura que le impedía a éste aceptar que las gestiones de Chávez–Córdoba prosiguieran. En esa ocasión y tras una reunión entre un delegado del grupo armado colombiano y el Presidente venezolano, Uribe sesgó: “Hemos tenido que soportar que los criminales se pavoneen ante la prensa internacional desde la ciudad de Caracas”. Un trinque acompañado con acciones como ponerle límite a la gestión en marcha (31 de diciembre), para luego romperla de manera abrupta y total (21 de noviembre), detener los correos humanos que trasportaban las pruebas de supervivencia para el presidente Chávez, hostigar de manera constante y con potente fuerza militar, impidiendo que Clara Rojas y Consuelo González llegaran al sitio de su liberación, a lo cual hay que agregar la acción de inteligencia que condujo al desenlace del niño Emmanuel. Todo ello hace parte de la política reinante en Colombia que no está dispuesta a ceder en el tema del conflicto interno.

Ante el desarrollo de los hechos y la complacencia de los medios de comunicación oficiosos, resulta necesario preguntar: ¿Es posible llevar adelante una gestión en pro del Intercambio Humanitario en Colombia sin hablar con las partes y los familiares de las víctimas, y sin tomar en consideración la posición oficial? Claro que no. Y esas fueron las vallas que afrontó y garantizó el gobierno venezolano: gestionó con unos y con otros, nunca cayó en el error de calificar a uno de los interlocutores, según lo hace el gobierno nacional y su funcionario de ‘paz’ a las farc. Pero, además, motivó y logró el compromiso de muchos más países por la causa colombiana.

Al final, resultó un triunfo para la postura venezolana frente al conflicto en Colombia y una derrota para la posición colombiana: se rompió la indiferencia y el silencio que reinaban en América Latina sobre el conflicto nacional, haciendo evidente la necesidad de superarlo, pues afecta a toda la región. En efecto, de Colombia salen desplazados, refugiados, exiliados, en primer lugar para Venezuela –230 por día pasan la frontera–, y para el resto de América Latina, los Estados Unidos, Canadá, México, Australia y los países europeos. Este conflicto calienta las fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Centro América y el Caribe, pero, además, abre espacio para la acción abierta y encubierta de los Estados Unidos, Israel e Inglaterra sobre la región.

Estos temas, una vez puestos en su verdadero tamaño y consecuencias, deben ser resueltos si se aspira a la integración de un proyecto económico, político y social diferente del que por tantos años ha reinado en la región, tal como intenta la Revolución Bolivariana en la actualidad.

Pero la gestión del Ejecutivo venezolano logró mucho más: contar con un silencio y no una condena por parte del gobierno de los Estados Unidos –actor de intervención con efectivos militares, contratistas, mercenarios y otros organismos de acción secreta–, actitud que hace evidentes en el último año de la administración de George Bush Jr. las contradicciones y el desgaste de su política frente a Colombia.

No es para menos que el gobierno Uribe se muestre incómodo con la gestión de Chávez. Ahora tiene ante sí, por primera vez en estos largos cinco años de su mandato, el cuestionamiento con amplia difusión y trascendencia internacional de su política militar, y de su visión misma sobre el continente. Ahora ve con preocupación que tanto en la subregión como en no pocos países europeos comienza a cuestionarse que Colombia prosiga su largo desangre. Para algunos países es un tema de interés económico.

De tal interés, en vista de que no pueden llevar adelante sus negocios por causa de una guerra cuyo costo en dinero y función social del Estado no sería mucho para superarla. Para detenerla en una transición económica, política, de rescate de la soberanía y de gobierno y de poder de la mayoría, que por primera vez incluya a los pobres del campo y los desempleados de todo el territorio nacional. Son países aquellos que ven paradas obras como la Autopista Panamericana, la construcción de nuevos puertos, la interconexión eléctrica, y otros temas de infraestructura y de comercio. Pero, para otros, también el beneficio es geopolítico. Porque sin tranquilidad en las fronteras de Colombia no se puede iniciar o consolidar un avance de los planes de integración.

Unos y otros países juegan sus cartas. Ahora, Colombia, en su privilegiada relación con los Estados Unidos, no puede decidir por el destino de la región de manera aislada. Ante un conflicto que en sus efectos directos trasciende la frontera con Venezuela –e internacionalizada como está la guerra interior, la asesoría y la conducción de las operaciones y la inteligencia de las Fuerzas Armadas–, no ignora el presidente Chávez la tozudez de ‘solución militar’ de su par colombiano, terquedad y egoísmo que ponen en el horizonte el inevitable aumento de la tropa de intervención de Estados Unidos. Su homólogo venezolano conoce asimismo la capacidad de recuperación de Uribe, así como su decisión de impedir, y evitar a toda costa y método la caracterización del carácter político con raíces sociales, e igualmente la resultante internacionalización de la solución política del conflicto criollo.

Entonces, en procura de que “no todo en la guerra vale” y que se deben preservar unos mínimos éticos, el 10 de enero Chávez cogió el toro por los cuernos:

 reconoció el carácter político, histórico, social, económico, del conflicto de sus vecinos, y
 llamó a la comunidad internacional a que considere a las farc y al eln como actores políticos del Derecho Internacional Humanitario de la guerra que azota a Colombia, quitándoles el carácter de agentes terroristas.

Para alcanzar notoriedad, tuvo que provenir de un país vecino esta propuesta que por primera vez, desde 1991, cuando los constituyentes desconocieron la existencia y persistencia de la guerra en Colombia, sitúa de nuevo la crisis nacional en el lugar y el punto de análisis adecuados.

Se abre, de esta manera y tal vez para muchos años, una intensa agenda internacional y nacional que deberá conducir a la paz en Colombia, como ya lo habíamos dicho en desde abajo. En documento especial del 20 de agosto (Colombia remolino de luto. Primer llamaviento y cita con 9 agendas), decíamos:

 La paz sufre la disyuntiva “de una escalada de la intervención extranjera o de un reconocimiento implícito o explícito de la condición beligerante de la guerrilla” (ver p. 21, último párrafo, y 22 primer párrafo).
 Dado que “la comunidad y el continente, en un error histórico, guardan un silencio cómplice. Sin decir esta boca es mía ante el desangre y la formalidad democrática con instinto malo que priman en Colombia”.
 Dado que “no de otro modo, el estreno de la paz en Colombia sólo vendrá tras un multilateral y simultáneo apague de fuegos, a cumplir por: a.- los soldados y efectivos de los Estados Unidos. Ya en asesoría o en cualquier función y en control y mando de la artillería aérea. Un hatajo que sube ya a los 4.400, más 5.100 mercenarios o contratistas, piratas modernos, que huellan y profanan nuestro suelo… b.- (…). c.- (…) d.- (…)”.
 “Es saludable para la paz que” –ahora mejor, sobre la base de la iniciativa del presidente Chávez– y junto con “el presidente del Ecuador”, “de quien admiramos su postura frente a la base estadounidense de Manta, a la venenosa fumigación con paraquat y glifosato en la frontera común con Colombia y a las violaciones mortales de su territorio”, (se) “convoque una reunión del Grupo Limítrofe terrestre” con características similares a las que tuvo Contadora I en Centroamérica.
 “Desanudar el Canje obliga a un mecanismo mediador con presencia de los senadores estadounidenses”, “del embajador William Brownfield de los Estados Unidos, ex vocero del Departamento de Estado para la presentación del llamado ‘Plan Colombia’ […] y de la embajadora de Colombia en Washington Carolina Barco Isaksson”.
 “Y obliga a que los Estados Unidos dispongan una concesión relativa a su soberbia de extradición (con motivación política: Sonia y Simón Trinidad) y a la forma, número y motivación contraguerrillera de su presencia militar en Colombia”.
 “La sociedad de los Estados Unidos y los demócratas deben promover un no al ‘Plan Colombia’ para [poder] hallar una solución entre colombianos”.
 “…Desde mi (nuestro) limitado poder de convocatoria, me (nos) atrevo(emos) a solicitar que el partido demócrata de los Estados Unidos, de igual forma a como actúa por el retiro de las tropas ocupantes en Iraq y por la busca de una solución frente al Estado palestino; promueva absolver a Colombia de ese fardo: prescindir del ‘Plan Colombia’…
 “Eso sería un gesto bienvenido como nueva posición del gobierno de los Estados Unidos ante un continente que alza voz de independencia, y sería una muestra de ‘responsabilidad compartida’ frente al narcotráfico, como gran país consumidor que es, beneficiario directo de su comercio ilegal y vicio como disimulo del desempleo y de la liquidez de su economía”.

Ante el desarrollo de estos últimos sucesos, la sociedad colombiana en pleno, empezando por sus diferentes liderazgos, está ante la obligación de afrontar un amplio debate sobre el carácter del conflicto que padecemos y los mecanismos para solucionarlo. No es justificable más silencio.