Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales

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Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.

Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.

Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.

El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.

—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.

Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.

—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: “Quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas”.

Infraestructura

El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que “hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento”.

Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.

En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.

El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados”.

En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada”, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).

El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.

El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.

Más despojo y represión

Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.

Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.

En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.

El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.

Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.

Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.

Apertura total en la energía

En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.

En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.

Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalan que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.

Aguirre Rojas dice que “tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social”.

Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: “Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex”.

Aguirre Rojas observa que “estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel, permitiendo con eso la constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play”.

Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. “Cuando se hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional”.

Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: “Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar”.

Ciencia y tecnología en manos privadas

En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.

Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.

Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.

Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. “Lo que se busca es que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando”.

Palacio observa que “si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos”.

Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, “pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.

Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

(Continuarà…)