España entra en recesión debido a la crisis

El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, llega a Madrid para dictar sus condiciones a José Luís Rodríguez Zapatero.
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Alcanzada de lleno por la explosión de la burbuja inmobiliaria, España entró en recesión a fines de 2008. Durante el primer trimestre de 2010, el PIB progresó trabajosamente en un 0,1% y se trata de la primera alza de ese indicador, por lo demás fuertemente y justamente cuestionado [1], luego de 7 trimestres consecutivos de caída o de estancamiento. Desde el comienzo de la crisis económica, España, considerada como la cuarta economía de la eurozona, ha visto su índice oficial de desempleo multiplicarse por dos afectando a cerca del 20% de la población activa y elevando las cifras del paro, de 1,76 millones de desempleados en el primer trimestre de 2007, a 4,6 millones en el primer trimestre de 2010.

Impacientes, el FMI y los mercados imponen la receta de la austeridad

Sometida a la presión de los mercados financieros, España decide adelantarse a los acontecimientos durante la primavera de 2010 y anuncia su voluntad de economizar 50 000 millones de euros en 3 años para reducir el déficit público, de 11,2% del PIB en 2009, al 3% en 2013, conforme a los deseos de la Comisión Europea.

El gobierno de Zapatero instaura entonces un plan tendiente restringir las finanzas públicas a través medidas como la congelación del empleo en el sector público, el aumento de la edad mínima requerida para la jubilación de 65 a 67 años y un alza del IVA del 16 al 18% aplicable a partir de julio de 2010… Al mismo tiempo aprovecha esa ofensiva para implantar reformas en el mercado laboral, como la adopción de una reducción de las indemnizaciones por desempleo, medidas que benefician a los capitalistas y alegran a los mercados financieros. El mencionado plan cae como una bomba para el conjunto de una población, ya ampliamente afectada por la crisis.

El 12 de mayo, el gobierno anuncia la primera etapa del plan de ajuste. Pero el FMI se impacienta de nuevo y, el 24 de mayo, exhorta a Madrid a realizar reformas estructurales «de urgencia»… Bajo presión, el parlamento español aprueba, 3 días después y por mayoría de un solo voto (169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones), un duro plan de austeridad tendiente a economizar más 15 000 millones de euros en 2 años.

Este decreto-ley incluye una reducción de sueldos para los funcionarios (la primera desde el regreso post-franquista a la democracia) de un 5% como promedio a partir de junio y una congelación de los salarios para 2011, una congelación de las jubilaciones en 2011, la supresión del subsidio por nacimiento de 2 500 euros a partir de 2011 y la reducción de la ayuda al desarrollo en 600 millones de euros para 2010-2011.

Para terminar, la inversión pública se reducirá en 6 000 millones de euros de aquí a 2011 y el gobierno pedirá a las regiones y autoridades municipales que hagan ahorros adicionales por 1 200 millones de euros. Aunque los miembros del gobierno reducirán sus propios salarios en un 15% y que, al menos por esta vez, dicha reducción se hará de forma progresiva según la importancia de los salarios, lo cierto es que la reducción de gastos tendrá lugar a costa de los funcionarios y de las jubilaciones en vez de afectar a la élite capitalista, que finalmente se beneficiará con la crisis que ella misma ha provocado, en particular el sector bancario que vuelve a obtener exorbitantes ganancias (en 2009, los beneficios del Banco Santander se elevaron a cerca de 9 000 millones de euros, 4 200 millones en el caso del BBVA, etc.).

Además, como Luxemburgo ya no es considerado como un paraíso fiscal, el gobierno español autoriza a las empresas españolas a invertir en los fondos de inversiones de ese país a partir de julio para que paguen un irrisorio impuesto de un 0,01% [2].

El gobierno de Zapatero abdica así ante los mercados y no ve ante la crisis capitalista más salidas que la del dogma neoliberal. «Estas medidas son dolorosas pero indispensables», declara la ministra de Economía Elena Salgado, ante un parlamento en plena ebullición y excepcionalmente concurrido.
La Comisión Europea reacciona rápidamente expresando su satisfacción ante las medidas de austeridad que califica de «necesarias» y como «la dirección correcta» [3]. Al mismo tiempo, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, apoya el plan español al declarar que: «Lo que ha hecho España en las últimas semanas prueba que en España hay voluntad política» [4], voluntad política que la OCDE no parece desaprobar, sino todo lo contrario…

Agencias de evaluación, perros guardianes del neoliberalismo

Un mes después de que Standard & Poor’s redujera la nota de España, el 28 abril, de «AA+» a «AA», la agencia Fitch sigue la misma tendencia y reduce la calificación de la deuda española. En efecto, la deuda pública [española] –evaluada en 2009 en 53% del PIB– es inferior a la de numerosos países de la eurozona, pero la del sector privado -178% del PIB, según Standard & Poor’s– da pie a la inquietud. Además, al juzgar que las medidas de austeridad que el parlamento español acaba de aprobar por tan estrecho margen son insuficientes, Fitch estima que se necesita más flexibilidad en el terreno laboral y afirma que «La rigidez del mercado del trabajo y la reestructuración de las cajas de ahorro locales y regionales dificultarán el ritmo del ajuste» [5].

Al mismo tiempo, el FMI espera que se concrete la reforma. Su director general, Dominique Strauss-Kahn, declara en una entrevista publicada el 31 de mayo en el diario español ABC: «Las medidas que el gobierno ha tomado son fuertes y deben permitir el regreso a la confianza en el futuro. Lo importante es saber cómo se aplicaran esas medidas, sobre todo las relativas al mercado laboral»…
Estas advertencias no caen en saco roto y Zapatero suspende su viaje a Brasil mientras presiona a los interlocutores sociales para que acepten un inminente acuerdo sobre la reforma del mercado laboral, que incluye entre otras cosas la reducción de las indemnizaciones de despido, mientras que abre a los jefes de empresas la posibilidad de realizar despidos de bajo costo…

Después de adoptar la reforma, Zapatero tendrá que someterla a la aprobación del director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien reclama para el mercado laboral español un cambio «radical, ambicioso y profundo» [6]. Es evidente que la reforma reviste gran interés para el Banco Mundial, que clasifica a los países en función del clima que ofrecen a los negocios para ayudar a los empresarios a escoger el lugar donde pueden obtener las mayores ganancias a expensas de los trabajadores [7].

¿Y Francia?

Por otro lado, Fitch ve con buenos ojos la evolución de la reforma de las jubilaciones en Francia, medida que aumentaría la edad de la jubilación de 60 a 62 o 63 años, así como el objetivo de reducir en un 10% los gastos de funcionamiento del Estado para el periodo 2011-2013.
Maria Malas-Mroueh, directora asociada de Fitch Ratings, declara entonces que a su agencia «le parece [que existe] un notable cambio en la actitud del gobierno ante la importancia y la urgencia de mejoría en las finanzas públicas» [8].

Francia conserva por lo tanto su mejor nota de «triple A». Por supuesto, si las movilizaciones sociales impiden la aprobación de la reforma de las jubilaciones ello daría lugar a una caída de la nota de Francia y, por consiguiente, a un aumento del factor «riesgo país», lo que a su vez influye sobre los intereses a reembolsar… Anunciadas en el momento más duro de la crisis, las reformas del capitalismo están muy lejos aún y, una vez más, serán precisamente las víctimas de la crisis quienes paguen los platos rotos.

José Luís Rodríguez Zapatero, Herman van Rompuy y José Manuel Durao Barroso.

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¿No hay alternativas?

Pero existen otras alternativas. Y si no han sido adoptadas, no es por falta de dinero sino por falta de voluntad política. En primer lugar, la implementación de una auditoría-diagnóstico independiente durante la cual se establecería una moratoria que suspendería el pago de la deuda. Ese proceso permitiría repudiar el reembolso de deudas ilegales y liberaría importantes fondos que actualmente se dedican al [pago del] servicio de la deuda. Además, impuestos sobre el patrimonio de los altos ingresos liberarían importantes sumas que pudieran destinarse a satisfacer las necesidades elementales de los más desposeídos.
Varios economistas interrogados en España por el diario Público han enumerado algunas de las alternativas posibles [9]:

 En vez de congelar las pensiones de los jubilados en 2011, el Estado puede ahorrar los 1 500 millones de euros previstos en su plan si retira las tropas españolas de Afganistán, Líbano y Somalia (ahorraría así 750 millones de euros) y eliminando la inversión en investigación y desarrollo de la industria militar prevista para 2010 (lo que representaría un ahorro de 950 millones de euros). Si se agrega a lo anterior los 1 400 millones de euros previstos para los gastos militares de 2010, [España] ahorraría 3 100 millones de euros.
Hay que recordar que el presupuesto militar de 2010 sobrepasa los 18 000 millones de euros [10], lo cual representa un gasto de 50 millones diarios, o sea 5 veces más que el presupuesto destinado a la educación y la ciencia.

 Si se suprimen los salarios de los profesores que imparten cursos de religión en la enseñanza pública (650 millones al año), medida que estaría enteramente conforme con lo previsto en un Estado laico, se pueden mantener los 600 millones de ayuda al desarrollo.

 Otra idea propuesta en aras de ahorrar 785 millones de euros en 2 años consiste en adaptar los recipientes de medicamentos a la duración promedio de los tratamientos y estimular el uso de medicamentos monodosis.

 Por otro lado, una posibilidad que no figura entre las alternativas que han presentado los economistas citados en Público sería salir del FMI y recuperar los 9 630 millones de euros recientemente entregados al Fondo Fiduciario de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del FMI.

Y finalmente, los alrededor de 600 000 euros (cifra proporcionada por el sindicato de policías de Cataluña) que se gastaron en el dispositivo de seguridad de la reunión del muy secreto club de Bilderberg en Sitges, en un hotel convertido en bunker a principios de junio de 2010, habrían podido utilizarse en interés de los contribuyentes.

Los banqueros, empresarios, personalidades de la OTAN o de la Comisión Europea que participan en ese encuentro son quienes orquestan una economía capitalista ruinosa pero que busca proseguir, a cualquier precio, su labor opresora. En aquel hotel de lujo, ante un público de multimillonarios y de personajes que toman las decisiones pero que están al servicio de los primeros, el señor Zapatero hizo uso de la palabra para defender su política económica, que supuestamente debe reconciliar a los españoles con un crecimiento cuyas repercusiones –según quieren hacernos creer– favorecen a las clases pobres.
La historia está llena de ejemplos que contradicen esa teoría [11].