Documentos de la Secretaría de Gobernación confirman la participación del Ejército Mexicano en labores de espionaje contra 20 radiodifusoras clasificadas como “clandestinas”; de éstas, seis radios comunitarias indígenas –ubicadas en el sur del país– continúan en proceso penal. Radio Jën Poj denuncia violaciones a sus derechos por parte de fuerzas castrenses y policiales
(Por: Alba Martínez)
“No lo entiendo”, dice Sócrates Vázquez García al intentar recordar los hechos. La estación de radio de su comunidad, Tlahuitoltepec –Ayuujk, en lengua mixe–, Oaxaca, fue cerrada violentamente por efectivos castrenses, empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y elementos de la policía preventiva estatal. Los efectivos tumbaron la puerta e incautaron el escaso equipo de transmisión con el que contaba la emisora; además, amedrentaron, con armas de grueso calibre, al único operador que se encontraba en ese momento. “Te vamos a chingar”, le decían. No hubo notificaciones previas, tampoco explicaciones. “Después supimos que el Ejército nos denunció como si la nuestra fuera una frecuencia clandestina”. En opinión del representante legal de la radiodifusora indígena, todo sucedió por el auge de movimientos sociales y subversivos en algunas zonas del sur del país. Por los hechos, el síndico de la localidad –en la que las decisiones y acuerdos únicamente parten de la Asamblea General y se rigen por usos y costumbres– acudió ante las autoridades estatales a denunciar las agresiones y solicitar la devolución del equipo. No se le escuchó y, por el contrario, ahora él es perseguido penalmente por apoyar las transmisiones. Al parecer, Radio Jën Poj, “la energía del viento”, es la única frecuencia “denunciada” por el Ejército Mexicano ante la SCT que aún transmite porque logró obtener un permiso formal del gobierno federal. Y es que ya antes lo habían solicitado, “pero nos pedían 1 millón de pesos comprobables en alguna cuenta bancaria para garantizar que la transmisión sería tomada con seriedad, y una carta de recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para demostrar que no andábamos haciendo cosas malas”.
Durante el sexenio foxista, la Sección Segunda del Estado Mayor del Ejército Mexicano encargó al entonces subjefe operativo, general Javier del Real Magallanes, realizar actividades de espionaje en Chiapas y Oaxaca contra las radios pertenecientes a comunidades indígenas. Las radiodifusoras no comercializan su espacio, por lo que no se les puede considerar “piratas”. Se trata de radios comunitarias que difunden la cultura de sus pueblos. Y aunque la Sedena niega haber participado en la identificación y denuncia de las radios “clandestinas”, documentos oficiales en poder de Contralínea, proporcionados por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, revelan las acciones de espionaje, acoso y represión contra las estaciones y sus colaboradores, en las que participaron integrantes del Estado Mayor del Ejército. Entre 2002 y 2006, seis frecuencias –Radio Zapata, Radio Tzontchoj, Radio Nopalera, Radio Nguixo, Radio Totontepec, y Radio Jën Poj– fueron vigiladas, monitoreadas y denunciadas por Del Real Magallanes, y posteriormente, agredidas y desmanteladas por personal de la SCT, la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno. El funcionario castrense –actual comandante de la Cuarta Región Militar en Monterrey, Nuevo León–, encabezó la Sección Segunda desde 1990 hasta, al menos, diciembre de 1994. En 2001, ya como subjefe de Operaciones del Estado Mayor, fue responsable de las detenciones de los hermanos Cerezo Contreras. Marko Antonio Cortés Mendoza, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, desconoce si el Ejército tiene atribuciones para sancionar, “pero la milicia sí tiene atribuciones para denunciar como cualquier ciudadano, aunque no como institución de gobierno”. El senador por el Partido Acción Nacional (PAN) considera que “las medidas gubernamentales deben ser más rígidas respecto a las transmisiones de radiodifusoras ilegales: deben desmantelarse. Las autoridades son quienes deben mantener a los ciudadanos apegados a la ley”.
En la respuesta a la solicitud de información 0000700010908, realizada por Contralínea, la Sedena consignó que, “después de realizar una búsqueda en los archivos, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Dirección General de Transmisiones no localizaron ningún documento con la información solicitada”, acerca de las radios comunitarias investigadas y desmanteladas de 1980 a la fecha. No obstante, en mayo de 2002, Javier del Real Magallanes, subjefe operativo adscrito a la Sección Segunda del Estado Mayor, denunció –a través del oficio 36712, dirigido a Jorge Rodríguez Castañeda, director del Sistema de Radio y Televisión de la SCT– la operación de 20 radiodifusoras “clandestinas” en el país. En el documento, citado por la Segob en su respuesta a Contralínea, el funcionario ponía particular interés en siete radiodifusoras “que continuaban funcionando”. De las otras 13 no se informa ni su estatus ni si dejaron de transmitir por las acciones emprendidas por la Sedena. En mayo de 2003 Roberto Hugo Arias García, responsable Jurídico de la Dirección General de Radio y Televisión de la Segob, denunció los hechos para su ejecución penal ante Felipe de Muñoz Vázquez, responsable de la Dirección General de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales “A” de la PGR. En las seis denuncias, que se obtuvieron a través de la Ley Federal de Transparencia, se subrayan las acciones realizadas por el Estado Mayor: “observación” y “conocimiento” de las radiodifusoras ubicadas en los estados del sur de la República. Además se evidencian las instrucciones de la fuerza castrense para coordinar a las autoridades y dependencias federales: SCT, PGR y Segob.
En el estudio Análisis de la seguridad pública y la seguridad nacional, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, se analiza el Primer informe de gobierno de Felipe Calderón y su recién presentado Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2007-2012. El documento confirma la participación de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional en asuntos civiles. Como el caso de las radios indígenas agredidas, “la visión de Seguridad Nacional ha sido enarbolada por algunos sectores gubernamentales para reprimir movimientos políticos y sociales de oposición”. En 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó cuatro tesis aisladas que determinan que el Ejecutivo federal cuenta con facultades plenas para decomisar los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación y operación de las estaciones de radiodifusión. Al referirse al desmantelamiento de radiodifusoras, argumentó que se trata de un decomiso “administrativo” por violaciones a la Ley de Radio y Televisión. Así, la incautación de bienes puede ser a solicitud expresa del Ejecutivo, y la Dirección General de Radio y Televisión de la SCT sería la facultada para actuar. El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina, secretario de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, dice que la participación del Ejército “es clara y va encaminada a reprimir movimientos sociales y, por lo tanto a medios de comunicación que considere detractoras de su régimen”. Y es que, considera, “aún existen lagunas legales que permiten que se violenten y coarten los derechos indígenas. La verdadera preocupación en los tres niveles de gobierno es que se creen movimientos subversivos”. En relación con las investigaciones referentes a las agresiones y desmantelamientos de radios clasificadas como “clandestinas”, el diputado del Partido de la Revolución Democrática comenta que existen inconformidades por parte de emisoras, pero “los afectados prefieren no denunciar”.
En la documentación proporcionada por la Segob –luego de un proceso de solicitud de información iniciado a principios de junio de 2007– la dependencia reconoció haber interpuesto 15 denuncias penales contra radios que operaron sin tener la autorización del Ejecutivo federal de 1980 a 2007. Sin embargo, todas las averiguaciones se integraron en 2002. En el mismo documento, la Segob reconoce que carece de atribuciones para sancionar a estaciones irregulares, y dice que la SCT es la única facultada “para proceder al aseguramiento de construcciones, instalaciones y de todos los demás bienes destinados a la operación o explotación de la estación de que se trate”.
Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 1a quincena Marzo de 2008 | Año 5 | No. 97
Derechos Humanos e Indígenas Pese a la aprobación de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas –que establece como garantías la autodeterminación, el control de sus tierras y de los recursos naturales y la preservación de la cultura y tradiciones de las comunidades– el gobierno mexicano, lejos de ignorarla, “la transgrede”. Lorena Peralta, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice: “De acuerdo con diversas denuncias, los militares han invadido el campo de la esfera civil y realizan tareas de seguridad pública. En el trabajo contra la delincuencia común y en la lucha contra el narcotráfico se efectúan detenciones, investigación, cateos, interrogatorios, retenes y revisiones en carreteras. Estas actividades, en términos de ley, no son tareas para el Ejército”. Víctor Hugo López Rodríguez, colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubica por lo menos ocho “radios libres” en Chiapas; cinco evangélicas, dos “piratas” –que comercializan su tiempo de transmisión– y una comunitaria. “El hostigamiento es a las radios libres que dan a conocer inconformidades y señalan corrupción de sus autoridades”, dice. Para la representante del Centro Nacional de Comunicación Social, Brisa Maya, el argumento del gobierno es que las radios comunitarias “favorecen la creación de guerrillas o el narcotráfico (este señalamiento) por supuesto que no es cierto”.
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
