Estado mexicano, inexistente en región triqui

El bloqueo es encabezado por los hermanos Rufino y Anastasio Juárez, líder de la Ubisort y “agente municipal” de San Juan Copala, respectivamente, y por Antonio Cruz García, Toño Pájaro, y Julio César Martínez, agente municipal de esta comunidad de La Sabana, único bastión de la organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Son las 16:40 horas del martes 8 de junio. La Caravana Humanitaria por la Paz Bety Cariño y Jyri Jaakkola (nombrada en honor a los activistas defensores de los derechos humanos asesinados el 27 de abril pasado en las inmediaciones de La Sabana, cuando encabezaban la primera expedición que buscó romper el cerco paramilitar) se ha retirado de la zona desde hace media hora. Los 400 activistas y los 20 diputados federales iniciaron el camino de regreso a la ciudad de Huajuapan de León. Fueron detenidos y “persuadidos” de volver por la propia Policía Estatal 1 kilómetro atrás, en la comunidad El Diamante.

Una intempestiva lluvia riega los montes de la región triqui baja. Rufino Juárez tampoco está satisfecho: la llovizna no es lo que le obliga arrugar la frente mientras camina de un extremo al otro en la entrada a su comunidad. Sabe que, aunque frustró la visita de observadores de derechos humanos a San Juan Copala, perdió –de nueva cuenta– en la disputa política que libra su organización contra el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y el Municipio Autónomo.

Una docena de policías, ostensiblemente pertrechados, lo observan impávidos. Aunque se encuentran a escasos 3 metros, no cruzan la línea que el líder de la Ubisort les ha marcado: la carretera federal que corre de Juxtlahuaca a Tlaxiaco. Hasta ahí llega el estado de Oaxaca y el Estado mexicano. En el camino que baja a San Juan Copala domina la Ubisort. Ni un elemento policiaco, federal o estatal, cuenta con el “permiso” de Rufino Juárez para aventurarse por esa vía de tránsito federal. Nadie intenta cruzar ese umbral.

Coordinación Ubisort-gobierno de Oaxaca

—Sí, Rufino, a tus órdenes… Está bien, pero qué te parece si puede ser ya… Media hora es mucho, ya están llegando los camiones aquí a Juxtlahuaca… Dime en qué punto se puede realizar la reunión… Pero media hora es mucho: que sean 10 minutos; qué te parece…

Son las palabras del comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, quien encabeza el operativo de “seguridad” para la Caravana Humanitaria. Habla por teléfono celular con el líder de la Ubisort, Rufino Juárez. Más tarde hablaría con Anastasio para hacer las mismas “solicitudes”.

El mando operativo policiaco con mayor jerarquía en el gobierno de Ulises Ruiz se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Juxtlahuaca –la última, antes de ingresar a los pueblos mixtecos y triquis del poniente del estado– al frente de 150 efectivos de la Policía Estatal. Espera el arribo de la caravana procedente de la ciudad de Huajuapan de León. Otros 250 elementos de la corporación se despliegan ya en la región triqui.

Son las 13:00 horas del martes 8 de junio. Policías estatales y federales detienen la Caravana Humanitaria que pretende llegar a San Juan Copala, comunidad bajo fuego permanente desde el 28 de noviembre de 2009. A la cabeza del convoy de seguridad se encuentra el propio Quezadas y la procuradora general de Justicia de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas.

La procuradora se dirige al autobús que encabeza la caravana y, por la ventanilla del conductor, solicita hablar con el diputado Alejandro Encinas. Los observadores de derechos humanos y activistas la increpan: exigen que la policía los deje avanzar. Le dicen que en ese autobús no viajan los legisladores federales y que de nada le servirá hablar con el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, pues la coordinación de la caravana está a cargo de una comisión integrada por representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, un representante de las organizaciones sociales y otro de los diputados.

La procuradora se traslada al segundo autobús y da la “bienvenida” al diputado Alejandro Encinas. El legislador agradece las “atenciones” del gobierno del estado y reitera que la caravana es pacífica y humanitaria. Regresa a su autobús. Será la única vez que el perredista baje del vehículo.

La hilera de 21 automotores se detiene completamente a 5 kilómetros del centro de Juxtlahuaca. La caravana, que salió del Zócalo de la ciudad de México el lunes 7 a las 21:45 horas, se engrosó en Huajuapan de León con contingentes de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los más de 400 activistas y 20 diputados federales (quienes viajan con 33 secretarios, ayudantes y “asistentes personales”) marchan en ocho autobuses, un camión de pasajeros, seis camionetas y cuatro automóviles. La caravana se completa con un tráiler y un camión de carga que transportan alimentos y medicamentos.

La procuradora dice que el gobierno del Estado garantizará la seguridad y demostrará que “hay libre tránsito en Oaxaca”. Luego ataja: “Hay algunos inconvenientes que pudieran ocurrir, cosas de la etnia, de usos y costumbres”.

La comisión triqui interpela: lo único que queremos es que nos garantice la llegada a Copala. Pero la procuradora los ignora. Finge no escucharlos y se vuelve con “los importantes”, los diputados, y les dice que el gobierno del estado está “trabajando” para que tengan seguridad en su visita. Y que, para ello, les propone dejar la ayuda humanitaria en una comunidad cercana a San Juan Copala.

Los activistas y defensores de derechos humanos, encabezados por los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, bajan de los autobuses y automóviles e inician la entrada a Juxtlahuaca a pie. Algunos diputados los acompañan. La mayoría de los legisladores decide permanecer al interior de su autobús.

—Si no dejan pasar los carros, llegamos caminando –dice el profesor Gregorio Chávez, responsable de la escuela albergue de San Juan Copala.

“¡Esta marcha va a llegar, va a llegar, a Copala va a llegar!”, es la consigna de los manifestantes. A pie, rebasan el convoy policiaco integrado por seis camionetas de la Policía Estatal, una de la PIM y seis automóviles de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Cuando los integrantes de la Caravana Humanitaria han caminado poco menos de 1 kilómetro, las patrullas comienzan a avanzar. La procuradora solicita hablar con los coordinadores de nuevo y promete que la expedición llegará “hasta donde quieran llegar”, pero necesitan “acordar” el ingreso. Los activistas suben a sus autobuses y, a vuelta de rueda, cruzan la ciudad de Juxtlahuaca, residencia del líder de la Ubisort, Rufino Juárez.

Mientras que la caravana se encontraba detenida a la entrada de Juxtlahuaca, en esa misma ciudad se desarrollaba un mitin político electoral del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña. El priismo del estado había decidido realizar la gira de su candidato por la región triqui el mismo día en que la caravana solidaria con el pueblo de San Juan Copala intentaría dejar alimentos y medicinas en la comunidad declarada autónoma.

Al salir de Juxtlahuaca, el avance se vuelve más lento aún. La marcha se detiene totalmente en la comunidad mixteca de Santa Rosa Caxtlahuaca. Ahí, la procuradora insiste en “comunicar” a Alejandro Encinas los “inconvenientes” que “se podrían generar” en caso de que la caravana siguiera avanzando. Desde la puerta del autobús, Encinas le señala que él no puede decidir sobre si continúan el trayecto o no, que existe una comisión y que a ella se debe dirigir.

En el diálogo participan dos representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, un representante de los diputados, el activista David Cilia Olmos y el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, por parte de quienes llevan la ayuda humanitaria. Por las autoridades, interviene la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas y el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Jorge Alberto Quezadas.

La procuradora dice que en Oaxaca sí está garantizado el libre tránsito. Pero “no podemos garantizar al ciento por ciento que no ocurra algo”, ataja. La procuradora pide a la caravana que dialogue con la Ubisort, en la comunidad de La Sabana, y que “si lo que les importa es la gente, dejen la ayuda que traen a la entrada de la carretera y que ya la gente la vaya a recoger en otro momento”.

Región triqui, el miedo

Los organizadores deciden continuar. La fila de 21 vehículos de activistas y ayuda humanitaria se duplica con el convoy de seguridad, integrado por la Policía Estatal, la PGJE y la PIM. Pertrechados como para iniciar una batalla en cualquier momento, los efectivos policiacos marcan el paso a los automóviles. Se ha ingresado a la región triqui y se advierte que por ningún motivo se debe descender de los vehículos.

El despliegue policiaco se observa en toda su magnitud: numeroso y teatral. Apostados en los cerros, las laderas, los caminos terregosos y a la orilla de la carretera, decenas de efectivos armados con fusiles de asalto vigilan, con el rostro adusto, el lento paso de la caravana.

El comisionado Jorge Quezadas vuelve a advertir de los inconvenientes de continuar el camino. La mayoría de los integrantes de la caravana y los propios representantes del Municipio Autónomo ya no se muestran tan resueltos en llegar hasta San Juan Copala.

En la comunidad triqui Agua Fría, simpatizante del Municipio Autónomo, se realiza una nueva evaluación. Se comienza a imponer la idea de no avanzar más sino hasta conseguir garantías del gobierno del estado. Con todo, reanudan la marcha. Acuerdan llegar hasta la entrada de La Sabana y ahí evaluar si hay condiciones para seguir o no.

Siempre a vuelta de rueda, la caravana reanuda su paso. Mujeres triquis cruzan apresuradamente la carretera. Imposible saber el motivo de su llanto como la organización a la que pertenecen.

Al llegar a la comunidad El Diamante, la caravana señala que, toda vez que las autoridades del Estado no pueden garantizar la seguridad al ciento por ciento, continuarán sólo si la Ubisort no ha bloqueado la carretera a San Juan Copala.

La policía ofrece llevar a un representante de los diputados federales a observar que el camino sí ha sido cerrado por la Ubisort. Una camioneta se traslada con “un asesor” del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Regresa con el testimonio del bloqueo. Con él, la mayoría de la caravana, incluyendo a los representantes del Municipio Autónomo, vuelven a Huajuapan de León.

La Policía sólo había “resguardado” la carretera que corre de Juxtlahuaca a Tlaxiaco. Ningún efectivo ingresó al camino que lleva a San Juan Copala y que atraviesa la comunidad de La Sabana, lugar donde fue emboscada la primera caravana, el 27 de abril. Ni Oaxaca ni el Estado mexicano consiguieron el “permiso” de la Ubisort para apostarse en esa carretera federal.

“Constatamos una coordinación del gobierno estatal y del gobierno federal con la gente de la Ubisort para no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a San Juan Copala; por eso no pudo entrar la caravana”, diría por la noche Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC, en conferencia de prensa en la ciudad de Huajuapan.

En el diálogo con medios de comunicación, también participaron Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo; Omar Esparza, de la organización Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el diputado Alejandro Encinas.

Coincidieron en que la caravana no fracasó, porque “se le dio visibilidad” a lo que padecen las familias de San Juan Copala.

El malestar entre los propios integrantes de la caravana fue evidente. La Otra Campaña reprochó la intervención del PRD en un proyecto autonomista indígena.

Luego de un duelo de consignas, un simpatizante del PRD llamó “hipócritas” a los activistas vinculados al zapatismo. “Cínicos”, les respondió, presto, un adherente a La Otra Campaña.