Sin el menor complejo, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron con sólo un voto en contra -en ambos casos- la ley de financiamiento de la educación superior, que crea un nuevo sistema de créditos privados con aval del Estado. La aprobación se dio en medio de intensas protestas estudiantiles sostenidas durante varias semanas en distintas ciudades del país, y a pesar de la oposición de gran parte del Consejo de Rectores.
Para los estudiantes no ha habido más respuesta que la represión policial y, más indirectamente, las palabras tranquilizadoras del ministro de Educación, Sergio Bitar, en el sentido que esta ley no es un avance hacia la privatización de las universidades tradicionales, sino todo lo contrario. Según la nueva ley, podrán optar a este tipo de créditos estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, que hasta ahora no contaban con otra posibilidad que los créditos Corfo, con altos intereses. Pero también podrán hacerlo los estudiantes de las universidades tradicionales que no logran acceder al crédito fiscal, cada vez más insuficiente para cubrir la demanda de miles de jóvenes cuyas familias no pueden hacerse cargo del alto costo de los aranceles. Esa es la “trampita” de esta ley gestada en el seno de la Concertación y que con tanto calor defiende el ministro Bitar.
Felipe Melo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), expone las razones de fondo de las movilizaciones estudiantiles, que continúan con nuevas tomas y paros. Este joven alumno de ingeniería civil industrial, políticamente independiente y miembro de la Asamblea de Estudiantes de Izquierda, señala que ahora solicitan el veto presidencial a esta iniciativa...
¿Para que no haya ley de crédito privado con garantía estatal?
“No, para que se establezca que esta ley sólo se aplique en la educación superior privada. Y también, para que se hagan algunas mejoras porque, tal como está, incluso para el sector privado puede ser insuficiente. Hay ciertas garantías de incentivo a la calidad académica que no están resguardadas. Nosotros estamos de acuerdo en que se genere una alternativa de financiamiento para los más de 350 mil estudiantes que hoy no tienen ningún tipo de ayuda. Pero no por eso hay que ahorcar tanto a los estudiantes del sector privado como a los del sector público. Más allá de esta ley, hemos querido ampliar la mirada hacia lo que significa el endeudamiento.
¿Esta va a ser la manera en que el Estado y el gobierno de la Concertación garantizarán la igualdad de acceso a los derechos más básicos de los ciudadanos? Actualmente, para tener vivienda y salud hay que endeudarse. Todos sabemos cómo funcionan las Isapres respecto de la igualdad en el acceso: ni siquiera aceptan a las personas de más bajos recursos. En la educación está pasando más o menos lo mismo, y será peor si son los bancos los que ponen la plata del crédito universitario. ‘El que pone la plata, pone la música’, dice un académico que conozco. A los bancos y financieras no les interesa garantizar igualdad en el acceso a la educación, sino solamente hacer su negocio. Eso es legítimo bajo las actuales reglas de juego, ¡pero que hagan su negocio con otras cosas y no con la educación de los jóvenes chilenos! Se estima que las tasas de interés serán del siete u ocho por ciento, lo que implica que un estudiante que pasa seis o siete años en la educación superior egresará con un costo un 70 por ciento superior al del que pagó un alumno que tenía recursos para cancelar al contado”.
¿Por qué sostienen que esta forma de financiamiento es un paso hacia la privatización de las universidades tradicionales?
“Desde el momento que abarca al sector público, como ‘solución’ a una de las deficiencias que tiene el sistema de financiamiento de las 25 universidades del Consejo de Rectores, es un avance hacia la privatización. Esto se intentó hacer en 2001 con una propuesta de la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, para reformular el Fondo Solidario. Pero fue rechazada por mucha gente. No estábamos de acuerdo que fueran las AFP, los bancos o las financieras las que prestaran los recursos para que los estudiantes del sector público se educaran. Parece que después el gobierno encontró el pretexto perfecto: crear un sistema de crédito para los estudiantes del sector privado -que lo necesitan- y de pasada echar en el mismo saco a las universidades públicas”.
Pero el ministro Sergio Bitar dijo que el Fondo Solidario no sólo no se va a acabar, sino que será fortalecido.
“Si creemos las palabras del ministro, celebro esa disposición. El año pasado no decía lo mismo. Señaló durante una entrevista en un canal de televisión que en el mediano plazo se debía tender a un sistema único de financiamiento estudiantil. También el ‘prócer’ de la Concertación en materia de educación superior, José Joaquín Brunner, dijo en un informe -que está en Internet- que los bancos y las financieras deben financiar a quienes no tienen recursos para pagar sus estudios, que en el futuro tendrán que entenderse directamente entre ellos y que el Estado solamente se encargará de casos extremos. Es decir, el Estado se desvincula del rol de garante de la educación y pasa a ser garante del lucro de los privados. Por eso, celebramos si el Ministerio de Educación cambió de postura, aunque nos genera desconfianza, porque en los hechos vemos que se avanza hacia el otro lado.
Hace diez años que está funcionando el Fondo Solidario, concebido como un sistema de subsidio estatal -el crédito tiene dos por ciento de interés, fijo-, pero en la mayoría de los años ha sido deficitario. Este año, el fondo de la Universidad de Chile tiene un déficit de 2.250 millones de pesos. O sea, los recursos son insuficientes para todos los que necesitan ayuda financiera para costear sus estudios. Y si al Estado le interesa fortalecer la educación pública, ¿por qué no pone los recursos?”.
¿Esa insuficiencia mantiene las desigualdades en la sociedad chilena?
“Exactamente. La cobertura del sistema de educación superior está creciendo al siete por ciento. En los quintiles más ricos estudian prácticamente todos los que quieren hacerlo. Pero mientras el quintil más rico cuenta con 76 por ciento de cobertura, el quintil más pobre tiene sólo siete por ciento. Si se mantiene la tasa de crecimiento, es obvio que los nuevos estudiantes provendrán de los quintiles más pobres, ¿y quién los va a financiar? El Estado tendría que poner cientos de miles de millones de pesos en el Fondo Solidario. Esos son los desafíos del desarrollo del país”.
¿De dónde se puede sacar esa plata?
“Las federaciones estudiantiles hemos propuesto una reforma tributaria y, sobre todo, terminar con la Ley Reservada del Cobre. En lo que va de este año se han traspasado cerca de 200 millones de dólares a los militares por concepto de esa ley, lo que nos parece inaceptable. Hay también otras propuestas... Lo importante es que podamos discutir este tema en vez de seguir avanzando en las mismas definiciones que se hicieron en 1980 sobre la base que la educación superior debe regirse por las leyes del mercado. Me parece que el ministro de Educación padece enorme ceguera política, al no ver en el movimiento estudiantil un aliado para conseguir una solución de fondo a este problema.
En síntesis, en el sector público proponemos que se entreguen recursos a todos los estudiantes que los necesitan y ampliar la cobertura del crédito a estudiantes de sectores medios. En la actualidad sólo consigue el ciento por ciento de crédito el alumno que tiene un ingreso per cápita inferior a 60 mil pesos. ¿Qué pasa con aquel que tiene un ingreso per cápita de 70 mil y hasta de 100 mil pesos? ¿Qué familia chilena puede pagar 300 mil pesos mensuales por concepto de arancel universitario? El Ministerio de Educación, muy solapadamente, está planteando que creó el crédito privado para ese segmento, que hoy no recibe ayuda alguna”.
¿Las movilizaciones van a seguir?
“Sí, históricamente la única forma de que avancen los sectores sociales es con buenas ideas y propuestas, pero también con movilizaciones masivas que respalden esas propuestas. Además de las 25 federaciones universitarias agrupadas en la Confech, estamos haciendo esfuerzos para sumar a la lucha por la defensa de la educación pública a los compañeros de las universidades del sector privado, a los estudiantes secundarios -para que sus protestas no se queden sólo en el pase escolar- y a otros sectores de la sociedad”
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