Exceso de concesiones provoca crisis del agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) incumplió las normas para preservar la cantidad y la calidad de las aguas nacionales, pues otorgó 5 mil 29 títulos de concesión de aguas subterráneas sin asegurarse de que existe la disponibilidad efectiva del recurso.

Además, sobreexplotó 125 acuíferos de los 653 existentes, un hecho que se tradujo en un déficit de 5 mil 515 millones 500 mil metros cúbicos y en la escasez de 5 mil 385 millones 800 mil metros cúbicos en aguas superficiales de 53 de las 722 cuencas del país. Por otra parte, omitió publicar los estudios de disponibilidad del recurso en 371 acuíferos y no actualizó estudios en 202 más.

Este panorama contribuye al deterioro en el acceso al recurso, estiman especialistas, así como el dictamen al desempeño de Conagua en 2007, reali zado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esa progresiva falta de disponibilidad del recurso fue confirmada por José Luis Luege Tamargo, titular de la Conagua, quien dijo que 2009 será un “año crítico” para el acceso del agua. El origen de esa problemática es la desigual distribución del líquido a lo largo del país, pues 70 por ciento se concentra en el sureste y 30 por ciento en las entidades restantes, aprecia el investigador Gian Carlo Delgado.

Además, el incontenible traspaso de ese bien público al control privado, auspiciado por esa dependencia, fue motivo del informe que el Instituto Mexicano para el Desarrollo Humano (Imdec) puso en manos de Anad Grover, relator de Salud de Naciones Unidas, en 2008.

La Ley de Aguas Nacionales contempla al agua como un bien de dominio público federal, vital y finito, con valor social, económico y ambiental, así como prioritario y asunto de seguridad nacional. Para preservarlo, la Conagua debe elaborar estudios, publicarlos y actualizarlos para que sirvan de base en el otorgamiento de las concesiones; debe promover el equilibrio en la sobreexplotación de los recursos a través de planes para el manejo de acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, esa entidad reportó un subejercicio de 64 millones 466 mil 600 pesos en la aplicación de los recursos de actividad prioritaria R011, correspondiente al “Manejo Integral del Sistema Hidrológico”.

Esos recursos dejaron de ejercerse a pesar de que la Conagua debía realizar estudios que faltaban para hacer pública la disponibilidad de las aguas subterráneas en los acuíferos del país.

A juicio de la ASF, esa omisión significó que la Conagua no cumplió a cabalidad el artículo 45 párrafo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Permisos sin aval

Para atender el problema de escasez de agua en el país se creó el 16 de enero de 1989 la Conagua, cuyas actividades se centraron en la creación de infraestructura que garantizara el suministro del líquido para consumo humano, el riego y la generación de energía eléctrica.

A pesar de que en la década de 1990 persistió la sobreexplotación del recurso, debido a la creciente industrialización y al crecimiento demográfico, la comisión se concentró en construir infraestructura hidráulica, lo que derivó en rezagos, la creciente contaminación y la salinización de las aguas subterráneas, concluyen el Imdec y la ASF.

Con el cambio climático, la sequía y la escasez de agua atrajeron la atención de una creciente disputa por el agua: destinarla al consumo humano o utilizarla para generar energía. Al mismo tiempo, las fuentes subterráneas comenzaron a mostrar síntomas de sobreexplotación.

El artículo 14 bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales de 2004 previó la realización de evaluaciones previas al otorgamiento de los títulos de explotación del recurso a particulares. Asimismo, el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 traza como uno de sus objetivos que Conagua se asegure de que las concesiones de agua se fundamenten en la disponibilidad efectiva del recurso.

Para administrar las aguas subterráneas y superficiales se clasifican en acuíferos –la formación geológica que almacena aguas del subsuelo y que en México son 653–, y en cuencas –la unidad territorial que establece los límites de las aguas superficiales que almacenan ríos, lagos, esteros, cauces y presas, que suman 722.

Pese a esas disposiciones legales, en 2007 Conagua otorgó 5 mil 416 títulos de concesión para explotar aguas subterráneas; de ese total, sólo 387 (el 7.1 por ciento) se emitieron con base en esos estudios, mientras que 5 mil 29 concesiones (el 92.9 por ciento) se otorgaron sin que existieran los estudios correspondientes.

Esto significa que las concesiones se otorgaron sin la certeza de que había disponibilidad del recurso y corresponden a las regiones: Península de Baja California, Balsas, Río Bravo, Golfo Norte, Frontera Sur, Península de Yucatán y Aguas del Valle de México.

En el caso del Pacífico Norte se otorgaron 67 de 68 títulos, en la región Noreste se concesionaron 218 de 226 acuíferos; en las Cuencas Centrales del Norte se otorgaron 483 concesiones de 511; en la región Golfo Centro fueron 213 de 228; en Pacífico Sur, 737 de 816 y en Lerma-Santiago-Pacífico, 1 mil 172 de 1 mil 428. En resumen, de 5 mil 416 títulos de concesión para explotar aguas subterráneas, sólo 387 contaron con estudios de disponibilidad de agua, el 7.1 por ciento del total, mientras que 5 mil 29 concesiones, el 92.9 del total, se otorgaron sin los estudios correspondientes, un hecho que contraviene el artículo 14 bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales.

Explotada e impura

La política hídrica nacional manifiesta que su principio es la preservación del agua en cantidad y calidad por ser un asunto de seguridad nacional. La normatividad vigente sobre el agua y la Conagua sostienen que debe evitarse el aprovechamiento no sustentable del hídrico para no comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; no obstante, datos de la comisión revelan que 101 acuíferos están en riesgo de sobreexplotación. La ASF determinó que el total de acuíferos con déficit al cierre de 2007 fue de 125.

La sobreexplotación de esos 125 acuíferos (el 44.3 por ciento) se manifiesta en la Península de Baja California, que reportó 18 de 22 acuíferos en ese riesgo; Cuencas Centrales del Norte, 18 de 27, el 66.7 por ciento; y Río Bravo, 26 de 36, el 63.9 por ciento.

Por otra parte, la Conagua no logró desarrollar tres de los 18 planes previstos para manejar los acuíferos sobreexplotados en el periodo 2007-2012 y cuya fase inicial correspondía a los de Guadalupe en Baja California; el Valle de Puebla; y el de Alto Atoyac, Tlaxcala.

Como explicación de su falta de acciones, Conagua argumentó que no se concretaron debido a limitaciones presupuestales y falta de personal técnico; para sustentar ese argumento, indica el dictamen de la ASF, la comisión no acreditó evidencia documental.

Si se vulnera el derecho al acceso suficiente al agua, tampoco se logra el objetivo de preservarla con calidad. En los acuíferos, la preservación de la calidad se realiza a través de análisis del indicador Sólidos Disueltos Totales, que mide el grado de salinización y en las cuencas, a partir de tres indicadores: Demanda Bioquímica de Oxígeno, que mide la presencia de materia biodegradable que se origina por descargas municipales, industriales o agroindustriales; la Demanda Química de Oxígeno, que mide el nivel de contaminación por materia inorgánica en un cuerpo de agua (aceite, plástico o pesticidas), y Sólidos Suspendidos Totales, que determina la concentración de partículas orgánicas e inorgánicas no disueltas en aguas superficiales como metales oxidados, entre otros.

La Conagua monitorea acuíferos y cuencas para analizar su calidad a través de la toma de muestras en un proceso que realiza a lo largo de las 13 regiones hidrológico- administrativas, u organismos de cuenca, distribuidas a lo largo del país: Península de Baja California, Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, Pacífico Sur, Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Lerma- Santiago-Pacífico, Golfo Norte, Golfo Centro, Frontera Sur, Península de Yucatán y Aguas del Valle de México.

Tan sólo en lo que corresponde a los acuíferos, cuando se analizaron los resultados de esas evaluaciones se observó que el 7.3 por ciento de las aguas superficiales del país (equivalentes a 27 mil 583 millones de metros cúbicos) reportó niveles de contaminación fuera del rango aceptable con base en el indicador de Demanda Química de Oxígeno.

Además, el órgano fiscalizador federal constató que la Conagua carece de instrumentos para medir los niveles de agua en 401 acuíferos, es decir, el 61.4 por ciento de los 653 existentes en el país, y en 82 cuencas (que equivalen al 11.4 por ciento de las 722 existentes). Tampoco instaló sitios de monitoreo para evaluar la calidad del agua en 562 acuíferos ni en 596 cuencas.

Bajo el indicador Demanda Bioquímica de Oxígeno, en 2007 las aguas fuertemente contaminadas correspondieron al sistema Lerma-Santiago-Pacífico –con una población de 20.63 millones de habitantes–: se reportó contaminación en un volumen de 4 mil 85 millones de metros cúbicos. En una situación similar se encontró la región XIII Aguas del Valle de México, que concentra el mayor número de habitantes del país (21.03 millones), pues en 2007 registró un volumen de contaminación acumulado de 700 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, la dependencia dejó de realizar estudios de disponibilidad en 371 acuíferos, es decir, en 56.8 por ciento comparados con los 653 existentes. El organismo indicó que para elaborar estudios de los acuíferos faltantes “sería necesario un presupuesto aproximado de 250 mi llones de pesos durante seis años”, aunque no sustentó su información con ningún análisis documental, por lo que su omisión incumplió el artículo 52 fracción IV del Reglamento Interior de Conagua.

Conagua debió realizar estudios para determinar la disponibilidad de agua en las 722 cuencas existentes a 2007 y aportar los balances hidrológicos de las aguas superficiales para precisar si existe o no déficit. La Conagua no publicó la disponibilidad de 242 cuencas, el 33.5 por ciento de las 722 que existían entonces, por lo que ASF promovió responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos que comitieron realizar esa función.

De igual manera, a pesar de que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Aguas Nacionales establece que la comisión publicará los estudios de disponibilidad de aguas nacionales en un plazo que no exceda los dos años a partir de la vigencia de esa ley, la dependencia no hizo pública la disponibilidad de 371 acuíferos, el 56.8 por ciento de los 653 existentes, con lo que incumplió la normatividad vigente.

En 2007, Conagua sólo tenía 206 sitios de monitoreo para evaluar las aguas subterráneas. Tales instalaciones son necesarias para medir los diferentes componentes del ciclo hidrológico y se ubican junto a los ríos para medir los niveles de las aguas superficiales y elaborar estudios de disponibilidad de agua en cuencas.La auditoría de ese año determinó que no operaron esas instalaciones en 82 cuencas de 722, como fue el caso de la Península de Yucatán, Frontera Sur y Golfo Norte, a pesar de que en 2007 Conagua puso en operación 3 mil 696 estaciones. También ese año la comisión instaló sitios de monitoreo en 91 acuíferos, lo que significó una cobertura de 13.9 por ciento en comparación con los 653 existentes, lo que significa que dejó de establecer 562 sitios de monitoreo, como ocurrió en la región Río Bravo, donde 98 de 100 acuíferos no fueron monitoreados: Baja California, Golfo Norte, Lerma Santiago-Pacífico y Balsas. Un caso significativo fue la región Pacífico Sur donde no se instalaron monitores en sus 34 acuíferos.

Al resultado de la ASF se suma la alerta que lanza el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Gian Carlo Delgado: “En 2030, la población mexicana alcanzará los 125 mil millones de habitantes y la necesidad de agua será superior en 25 por ciento a la actual”. La administración, que desde los tres niveles de gobierno se hace de este recurso, no garantiza el abasto ni siquiera para toda la población en el momento actual.

Desde la problemática regional, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario observa la creciente tendencia a privatizar el líquido por la concesión de todas las fases del servicio, como privilegia la Comisión Estatal de Agua de Jalisco; a este proceso se suma la problemática en esa entidad por la construcción de la presa El Zapotillo, que despoja de sus tierras a los habitantes de la región para privilegiar la producción de energía eléctrica contra el acceso al agua para los campesinos.

México, entre los últimos del mundo en agua per cápita

De acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, el documento Estadísticas del agua en México 2007 de Conagua se realizó con base en un estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Esa investigación compara los resultados del indicador de disponibilidad de agua per cápita para cada nación y en donde México ocupó el lugar 90 de los 176 países, al registrar una disponibilidad natural media per cápita de agua de 4 mil 312 metros cúbicos. Esta cifra representa una cantidad inferior en 95 por ciento con respecto del promedio internacional.

Al contrastar la disponibilidad per cápita de agua en Canadá con la de México, este país aparece por debajo en 95.3; con respecto de Estados Unidos, en 37.5 por ciento. Al comparar la disponibilidad de agua per cápita de otros países de América Latina, México registra un valor por debajo de 16 países: Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá, Paraguay, Uruguay y Nicaragua. En esos países, la disponibilidad de agua por habitante osciló en un rango de 69 mil 756 metros cúbicos y 8 mil 572 metros cúbicos.

En cuanto a calidad de agua en el mundo, Finlandia gana el primer lugar con un índice de 1.85; mientras que México tiene un índice negativo de 0.69 y por ello se ubicó en la posición 106 de un total de 122 países.

A nivel nacional, la disponibilidad natural media per cápita de agua en México, en 2007, registró una media inferior respecto del total. Destaca la región Aguas del Valle de México con disponibilidad 30 veces menor a la media nacional. En tanto que Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo Norte, Golfo Centro, Frontera Sur y Península de Yucatán reportaron una disponibilidad promedio por persona de 10 mil 238 metros cúbicos.

Basta observar que en el periodo 1950-2007 disminuyó la disponibilidad natural media per cápita de agua a una tasa anual de 2.4 por ciento y pasó de 17 mil 742 metros cúbicos por habitante en 1950 a 4 mil 312 metros cúbicos en 2007, lo que significó la reducción de disposición de agua por persona en más de cuatro veces.