Explotación y acoso laboral en plataformas petroleras

Ciudad del Carmen, Campeche. Manuel es sobreviviente del colapso de la plataforma Usumacinta –propiedad de Perforadora Central– en la Sonda de Campeche, ocurrido el 23 de octubre de 2007. El saldo fue de 23 trabajadores muertos. “Salvo que algunos fuimos transferidos a otras plataformas de la misma empresa y otros despedidos, nada cambió: Perforadora sigue sin dar mantenimiento a las plataformas; algunas ya están muy deterioradas, oxidadas. No se ha cambiado el equipo de seguridad y tampoco nos dan capacitación; pero, además, bajaron los sueldos, según, por las pérdidas de la compañía”, explica.

Aunque es un nadador experto y ha laborado en plataformas petroleras por dos décadas, desde aquel funesto día, dice Manuel, “ya nada es lo mismo”. Apenas el fragor de las olas choca con las patas de la plataforma o el aire corre en vendaval, se azuza y desespera por bajar a tierra. “Es el síndrome del náufrago”, explica el marinero Juan Carlos Ramírez, quien sobrevivió al naufragio de un petrolero en las costas de Vietnam.

Aquel día, Manuel –empleado de Perforadora Central desde hace ocho años– perdió tres amigos con quienes trabajó codo a codo en plataformas de distintas compañías. El 23 de octubre lo rozó la muerte, sintió su aliento: “Un tufo ácido, rancio”, describe. Gritos, llanto, angustia, miedo, desolación, rememora, “pero la virgen del Carmen, nuestra santa patrona, quiso que no me tocara”, se consuela.

Al cabo de los meses ni Perforadora Central ni el resto de las arrendadoras disciplinaron sus sistemas de seguridad; peor aún, menguaron abruptamente las condiciones laborales.

Codicia trasnacional México Drilling, Pride, Nabors, Mexdrill Offshore, Noble, Goimar y Perforadora Central –arrendadoras de las plataformas petroleras– fueron ubicadas desde 2003, por el Centro de Acción y Reflexión Laboral, entre las compañías de mayor incidencia en “injusticias y violaciones a las leyes laborales”.

El asunto se ventiló en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), definido por el organismo internacional como uno de los más denigrantes del mundo en materia laboral. De forma paralela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación para que las trasnacionales cambiaran sus prácticas.

En la administración de Raúl Muñoz Leos, periodo en el que las trasnacionales incrementaron su participación en el arrendamiento de plataformas, se hicieron frecuentes los reclamos de sus empleados, quienes denunciaban “verdaderas formas de esclavitud moderna”.

Rompiendo el miedo a la represión y pérdida del empleo, alentados por la esperanza de que el Legislativo salvaguardara sus garantías individuales, en mayo de 2004 algunos de estos trabajadores llegaron al Senado de la República para revelar que las trasnacionales los sometían a modelos de trabajo como el de los peones acasillados en tiempos del porfiriato, amparados en el aislamiento que permiten 80 kilómetros mar adentro y escudados en la omisión de los funcionarios de Pemex y los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La Comisión de Energía del Senado solicitó al entonces secretario del Trabajo, Carlos María Abascal Carranza, que supervisara las compañías denunciadas. El pleno del Legislativo pidió a Raúl Muñoz Leos y al director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Luis Ramírez Corzo, un informe de los contratos signados con las firmas. Nada ocurrió. Se hablaba entonces de 5 mil trabajadores afectados.

Hoy día, el Frente Unidos de Marinos Mercantes (FUMMAC) estima que por lo menos el doble padece esta misma situación. “La mayoría de las contratistas nacionales y extranjeras adoptó el modelo de las trasnacionales”, explica Enrique Pacheco Georges, integrante del Frente.

“Hemos detectado que las compañías estadunidenses que laboran en el offshore (en el mar alejado de la costa) de México incurren en malas prácticas que no tienen en ninguno de los otros países donde hacen negocios; pero lo hacen porque el gobierno se los permite y porque nadie los supervisa. Y esas prácticas son imitadas por el resto de las compañías”, explica Ake Selander, presidente de la Unión Internacional de Ingenieros Marinos e inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores (ITF, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

Contratistas, “insaciables” Contralínea visitó la Sonda de Campeche a cinco años de que la explotación laboral en las plataformas del Golfo de México se ventiló en la ONU, y a casi un año de la catástrofe en la plataforma Usumacinta. Los trabajadores denuncian que su situación no ha mejorado.

Las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Trabajo y convenios internacionales que el Estado ha suscrito en materia laboral se dan desde el momento de la contratación: las arrendatarias de las plataformas obligan a los trabajadores a firmar contratos individuales de trabajo y, al mismo tiempo, su renuncia anticipada en documentos en blanco que, posteriormente, son llenados por la compañía. Se les retrasa el pago hasta por dos meses. No se les permite tener antigüedad con el argumento de que las empresas trabajan con Pemex por contrato temporal (aunque en el caso de las arrendatarias de plataformas, éstos son de carácter multianual e incluso transexenal).

No se les da aguinaldo ni vacaciones. Cuando se les registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se declara un sueldo mucho menor al que reciben, y el que recibirán en caso de accidente. Frecuentemente, las empresas suspenden el pago de sus cuotas al IMSS y al Infonavit, aunque siempre se descuentan a los trabajadores.

Un caso ilustrativo es el de Martín Esperanza Barahona, trabajador de la plataforma Borgny Dolphin, de la empresa Perforadora Dolphin Mexicana –subsidiaria del consorcio texano Dolphin Drilling Limited–, quien ganaba 26 mil 600 pesos mensuales. La medianoche del 20 de febrero de 2007, cuando recibía materiales que la grúa de la Dolphin bajaba a la plataforma, un rack de botellas de acetileno se enganchó golpeándole la espalda y cayendo sobre su pierna.

Martín fue bajado de la plataforma y trasladado en helicóptero hasta una clínica privada de Ciudad del Carmen. A sus 43 años de edad, quedó imposibilitado para caminar. El IMSS determinó su pensión en 49 pesos con 75 centavos diarios, que correspondía al ciento por ciento del salario registrado ante el Instituto por la compañía. Este padre de familia regresó a Agua Dulce, Veracruz, aniquilado por la perenne pesadilla en que se convirtió su breve sueño del oro negro.

Una de las prácticas más objetadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la prohibición a que los trabajadores ejerzan su derecho a la libre asociación sindical. En la Sonda de Campeche, las arrendadoras de plataformas obligan a sus empleados a afiliarse a sindicatos blancos o a firmar los llamados yellow dog, contratos que especifican que una de las condiciones para poder trabajar es que renuncie a unirse a un sindicato. La usanza de éstos se dio en las primeras décadas del siglo pasado en Estados Unidos; los peores años de la represión sindical.

Este esquema contractual es actualmente promovido por un grupo de economistas de la Loyola University de Estados Unidos, encabezados por Walter Block, doctor en Economía por la Universidad de Columbia, quien define al yellow dog como “un tipo de contrato muy honorable” para proteger a los empresarios de “asociarse con un sindicalista en potencia”. Según su argumentación, “al forzar al empresario a que se asocie contra su voluntad estamos coaccionando a un hombre inocente”, cita en un artículo publicado en LewRockwell.com con el título “The yellow dog contract: bring it back”. Empero, es incompatible con los derechos de los trabajadores –ganados tras las masacres de Cananea y Río Blanco–, las leyes mexicanas y acuerdos internacionales que comprometen al Estado a salvaguardar dichos derechos. Para Benito Bahena, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores, las trasnacionales que incurren en estas prácticas transgreden la soberanía nacional.

En la Sonda de Campeche, región medular de la industria petrolera, el empleo es cada vez más incierto. Las trasnacionales contratistas de Pemex sacan ventaja de la excesiva oferta de mano de obra (nacional y extranjera) y alta rotación, recortando los salarios. Cada año, a medida que se acerca el mes de diciembre, despiden a cientos de trabajadores para ahorrarse el pago de aguinaldos. Los trabajadores no saben ni para cuál empresa trabajan, porque una es la que los contrata y otra la que les paga.

Al incrementarse la mano de obra extranjera, la participación de los mexicanos en los trabajos costa afuera decreció. De acuerdo con datos del FUMMAC, actualmente el 78 por ciento de los trabajadores son nacionales y el 22 por ciento hondureños, filipinos, vietnamitas, estadunidenses, noruegos, suecos, croatas, venezolanos, en ese orden.

El salario depende de la nacionalidad. Por ejemplo, los originarios de países como Honduras, Vietnam y Filipinas reciben salarios menores a los mexicanos; el de estadunidenses y venezolanos avecindados en Miami (que forman parte del equipo de las trasnacionales) es, por lo menos, dos veces superior al de los mexicanos.

“Ahora hay tanta gente en Ciudad del Carmen buscando trabajo en las plataformas, mexicanos y extranjeros, que a veces tenemos que esperar hasta dos meses en tierra para poder subir a alguna plataforma ¡claro, sin recibir salario!, porque todo es por contrato. Y es que nadie quiere perder el empleo, por mucho que te maltrate el capataz o por mucho que los gringos te griten y hasta te peguen cuando no hablas inglés, como pasa con la gente de Noble”, explica Luis Sandoval, trabajador de la plataforma Noble Contracting.

Si un trabajador enferma mientras está a bordo de la plataforma, el gerente de la compañía le advierte que si baja a tierra perderá el empleo. Si pide incapacidad, la advertencia es la misma. Si sufre un accidente que le cause incapacidad parcial o total, de igual manera perderá el empleo. La “plaza laboral” es señuelo para que no se quejen, reclamen, denuncien, demanden sus derechos constitucionales.

“Siempre está el chantaje de quitarles el trabajo si no se someten a lo que mandan las compañías; por eso, los trabajadores soportan toda clase de abusos y humillaciones”, dice Francisco Montes Granillo, presidente de la Unión Nacional de Marineros, que tiene 15 mil agremiados, varios cientos de ellos, empleados en plataformas.

Montes Granillo denuncia la protección patronal por parte de la STPS. Cita el caso del consorcio Noble. Durante algunos años esa trasnacional mantuvo un contrato laboral con la Unión Nacional de Marineros, empresa y sindicato entraron en conflicto por los reclamos de los agremiados por el retraso de su salario hasta por 60 días, la reducción de sus prestaciones, casos de despidos, maltrato, abusos verbales y físicos por parte de los gerentes de plataforma.

En un momento álgido, el sindicato emplazó a huelga. Francisco Granillo, secretario general, explica que empleados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje alertaron a la compañía y, un día antes de que se avalara la huelga, Noble desmanteló sus oficinas. “A la mañana siguiente la oficina ya no estaba, la desaparecieron. Esto nos da una idea del nivel de corrupción que hay en la Secretaría del Trabajo, donde siempre se protege a estas empresas”.

Actualmente Noble opera con otro contrato que, asegura este dirigente, “no representa los intereses de los trabajadores”. La condición para que Noble los recontratara era que cada trabajador firmara un contrato yellow dog. Los trabajadores del consorcio Nabors denuncian que también son objeto de prácticas racistas, maltrato verbal y agresiones de los managers, sobre todo quienes no hablan inglés.

Enrique Lozano, inspector en México de la ITF, coincide en que las quejas en contra de esta firma se han incrementado. La falta de capacitación “ha traído consecuencias graves”. El 21 de mayo de 2007 murieron los trabajadores de Nabors Leonardo Rincón y Eduardo Galicia Pérez durante un simulacro en el equipo de perforación MASE 803, instalado en la plataforma Maloob A. El personal entró a la embarcación para el arranque de motor e inspección del mismo y se produjo el desprendimiento del bote salvavidas que lanzó a altamar a los trabajadores.

Aún después del accidente de la plataforma Usumacinta, ni Pemex ni la STPS, supervisan a las plataformas. No se verifica que las contratistas acaten lo que exigen las normas internacionales de seguridad industrial SOLAS y MARPOL, estipulados también en los contratos suscritos con PEP.

Corrupción, el problema Durante cuatro días, en septiembre pasado, delegados de 45 países del Grupo Internacional de ITF Fuerza de Trabajo Costa Afuera, (OTFG, por sus siglas en inglés) se reunieron en la Sonda de Campeche para documentar las condiciones de los trabajadores de plataformas. Norrie Mc Vicar, presidente del comité –con sede en Inglaterra–, explica que tras documentar “las circunstancias en las cuales los trabajadores realizan las actividades petroleras para Pemex”, concluyeron que éstas “se ubican como las peores del mundo, sólo similares a las de Nigeria”, considerado como el país con el nivel más bajo de la industria.

Contralínea fue el único medio de comunicación que acompañó a los delegados ITF en su visita a la Sonda de Campeche. En entrevista, Norrie Mc Vicar asegura que “la corrupción es el principal problema que enfrenta Petróleos Mexicanos; de allí se deriva que la corrupción impere en toda la industria petrolera, afectando a todos los actores involucrados en ella. En esta espiral, el punto más vulnerable es el de los trabajadores”.

Agrega que “hay muchas historias de desastres en el mundo petrolero, pero el accidente de la plataforma Usumacinta nos dio indicios de que algo muy grave ocurría en México, por eso decidimos verlo con nuestros propios ojos”. Considera que “el mayor número de desastres a nivel mundial ocurre en el Golfo de México. La seguridad y la salud de los trabajadores no se respetan en la Sonda de Campeche, la vida de todos ellos está en riesgo”.

Con 20 años de experiencia como trabajador de la industria petrolera, Norrie Mc Vicar explica que, en otros países, las mismas compañías que trabajan para Pemex laboran conforme a las leyes, “pero en México no lo hacen. Aquí dejan a un lado los estándares de trabajo costa afuera, ¿por qué? Ellos mismos se quejan de que no se les deja otra opción, que en México todas las cosas se manejan de esa manera”.

Para el abogado brasileño Edson Martins Areias, consultor jurídico de la ITF, las violaciones a las leyes nacionales e internacionales por parte de las trasnacionales son producto de la permisividad gubernamental. Explica que muchas de las firmas que trabajan con Pemex tienen también contratos con Petróleos de Brasil, pero la conducta “es completamente diferente: el gobierno los obliga a respetar la ley”.

Por su parte, el presidente del OTFG asegura que, inclusive, algunas trasnacionales que operan en México se han acercado a la ITF para denunciar que “están cansados de lidiar con la corrupción de la petrolera mexicana; pero que para hacer negocios en México no les queda otra alternativa que ser parte de la misma corrupción: dar sobornos para recibir contratos y sacrificar la parte laboral, porque así se manejan los negocios en Petróleos Mexicanos”.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 1 de octubre de 2008 | Año 7 | No. 111