El sistema electoral cubano es de los temas más tergiversados por los medios de comunicación occidentales, encargados de difundir numerosas interpretaciones erradas, que llegan al extremo de negar la celebración de comicios en la Isla.
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| La Habana (Cuba)
Para desinformar recurren a viejos y acuñados esquemas: la necesidad de que existan varios partidos políticos, sin los cuales la designación de los dirigentes y órganos gobernativos —según tales postulados— no son legítimos.
Todo cuanto se aparte de esos criterios carece de validez, según tales medios. No obstante, la simpleza de tal enfoque ha servido para engañar a incautos y escamotear la voluntad popular.
Las virtudes del sistema cubano radican, precisamente, en aquellos aspectos más criticados por los detractores de la Revolución, y son los que permiten definirlo como expresión de democracia participativa.
El protagonismo popular, más allá de la voluntad y los intereses de partido alguno, está presente en Cuba en todos los pasos organizativos de las elecciones: desde la conformación del registro de electores hasta la toma de posesión de los elegidos y el posterior desempeño de sus deberes públicos.
Todo lo anterior se cumple mediante el ejercicio de cinco características que poseen los comicios municipales: inscripción universal de todos los ciudadanos; nominación de los candidatos por los propios electores, inexistencia de campaña publicitaria a favor de ninguno de los propuestos; total limpieza y transparencia de los comicios celebrados a la vista del pueblo, y la facultad de los ciudadanos de revocar el mandato otorgado.
En estos momentos las comisiones electorales municipales y de circunscripción trabajan en la organización de los comicios convocados para elegir los delegados a las asambleas municipales, cuya primera vuelta será el próximo 25 de abril.
Por estos días están ocupados en la confección y publicación de los registros de votantes, conformados con todos los ciudadanos mayores de 16 años, y en la organización y realización de las asambleas de vecinos para nominar los candidatos a partir del próximo 24 de febrero. En este 2009 acudirán a las urnas 320 mil nuevos electores.
La base del sistema institucional son los delegados de circunscripción, quienes se agrupan en Consejos Populares —instancia que abarca un número de delegados a los fines del trabajo operativo— e integran las asambleas municipales como órganos de gobierno de los territorios.
Los candidatos —dos como mínimo y hasta ocho— resultan propuestos y nominados directamente por los vecinos de las diversas áreas en que se dividen las circunscripciones.
La elección, realizada cada dos años y medio, se efectúa mediante el voto directo y secreto, y para resultar aprobado debe contar con más del 50 por ciento de los votos válidos emitidos.
A diferencia de la práctica universal, en Cuba la propaganda electoral no está permitida. En este caso los pasquines, vallas, menciones de radio y televisión y los mítines a favor de los aspirantes, son sustituidos por la publicación en lugares públicos de sus biografías y fotos, en igualdad de condiciones.
El día previsto para emitir el sufragio los miembros de los colegios, también vecinos de la comunidad, invitan al público a comprobar que las urnas están vacías antes de sellarlas y ponerlas bajo custodia de alumnos de la enseñanza primaria, miembros de la Organización Nacional de Pioneros.
Concluida la votación se emprende inmediatamente el escrutinio de forma pública. A ese acto asisten libremente los electores, periodistas nacionales y extranjeros y visitantes de otros países.
Todos los delegados —incluido el presidente de la Asamblea Municipal— rinden cuenta de su labor ante los electores cada seis meses, quienes pueden revocar su mandato cuando consideren que estos no cumplen con sus obligaciones.
La participación ciudadana, sin distinción de sexo, creencias religiosas, raza, profesión u ocupación laboral, es constante en todas las etapas del proceso.
El Sistema Electoral Cubano, que abarca bajo estos principios hasta la elección del Parlamento y del Consejo de Estado, quedó plasmado en la Constitución de 1976, discutida masivamente y aprobada en referendo por más del 95 por ciento del electorado.
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