En la más estricta reserva, el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, declaró en el proceso que investiga el asesinato del ciudadano argentino Bernardo Lejderman Konujowska y de su esposa mexicana, María del Rosario Avalos Castañeda, ocurrido el 8 de diciembre de 1973 en la localidad de Guallihuayca, al interior de Vicuña (IV Región).
En esa época, Cheyre era teniente y ayudante del teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, de La Serena, reconocido en el Informe Rettig como el principal centro de detención y tortura de la zona durante la dictadura militar. A esa unidad pertenecía la patrulla que dio muerte al matrimonio Lejderman-Avalos en dramáticas circunstancias.
El profesor de educación básica Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos habían llegado a Chile en 1971, atraídos por el proceso político que se vivía en el país. Se establecieron en la ciudad de Vicuña, donde tomaron contacto con dirigentes socialistas y del Mapu. Lejderman mantenía una actividad muy intensa asesorando al gobernador de Vicuña. Por lo mismo, cuando ocurrió el golpe militar vieron que sus vidas estaban en peligro y decidieron ocultarse con su hijo de sólo dos años en una mina abandonada, en los cerros de Guallihuayca, esperando un momento propicio para cruzar la cordillera a Argentina. En esas condiciones, fueron víctimas del horror más espeluznante.
En la mañana del 8 de diciembre, una patrulla militar del Regimiento Arica irrumpió en el lugar y disparó contra ellos, cercenando sus vidas delante de su pequeño hijo. El escondite parecía ser el más seguro, pero la información entregada a un taxista de la zona fue el detonante de la matanza. La delación del taxista permitió a los militares detener al campesino Luis Horacio Ramírez, quien protegía al matrimonio y conocía su escondite. Luego de torturarlo y de amenazar a su familia lograron que guiara a una patrulla militar hasta el lugar. Posteriormente, se informó que, al verse acorralada, la pareja optó por dinamitarse con explosivos que supuestamente mantenían escondidos. El destino de su hijo, Ernesto, quedó en manos de los militares. Por orden de Lapostol, quien también ejercía como jefe de plaza e intendente de la provincia, el niño fue entregado a un hogar de religiosas de La Serena. Allí permaneció hasta el 8 de enero de 1974, fecha en que sus abuelos paternos lo rescataron para regresar con él a Argentina. Los restos de Rosario Avalos fueron exhumados y vueltos a enterrar en 1974. Entonces no se encontró el cuerpo de su marido.
El silencio y la mordaza de una justicia complaciente con el régimen dictatorial condujo al sobreseimiento de la causa, que pasó a manos de un tribunal militar. Sin embargo, la posterior y tenaz intervención de un grupo de abogados de derechos humanos consiguió reabrir el caso en un tribunal de Vicuña. El juez a cargo de la investigación, David Salazar, logró hallar los restos de Bernardo Lejderman en agosto de 1990. Su cuerpo presentaba huellas de múltiples balas. Cuando todo parecía indicar que se haría justicia, un fallo de la Corte Suprema, de 1991, terminó con las esperanzas de dar con el paradero de los responsables. En una arbitraria resolución, el máximo tribunal ordenó que la causa pasara a manos de la Fiscalía Militar, donde se intentó que el caso prescribiera. Pero la insistencia de Ernesto, el hijo de la pareja asesinada -hoy de 34 años-, llevó a reanudar la investigación. Representado por el abogado Héctor Salazar, del equipo jurídico del Fasic, presentó una querella en diciembre de 2000 contra Pinochet y otros militares, la cual fue investigada en primera instancia por el juez Juan Guzmán. Los antecedentes del caso pasaron más tarde al entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo.
Las pericias efectuadas por profesionales del Servicio Médico Legal llevaron a descartar que la muerte de Bernardo Lejderman fuera un suicidio con explosivos. Con estos antecedentes, el juez Daniel Calvo inició una acuciosa investigación que le permitió determinar el número de participantes directos en el doble homicidio y ordenó una serie de diligencias. Una de éstas fue el llamado a declarar al comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien compareció ante el ministro Calvo en mayo de 2003, un hecho del cual muy pocos militares tuvieron conocimiento. Si bien el uniformado no negó lo ocurrido, reafirmó la versión del suicidio. A juicio del abogado querellante, Héctor Salazar, su declaración fue inconsistente y no aportó mayores antecedentes. Sin embargo, Cheyre reconoció que, como ayudante del ex teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, fue el encargado de entregar al hijo de la pareja asesinada al hogar de religiosas de La Serena.
El juez Daniel Calvo también inquirió al general Juan Emilio Cheyre sobre el coronel Lapostol Orrego. Su defensa anexó un documento que, además de demostrar el apoyo irrestricto de Cheyre hacia quien fuera su comandante en el Regimiento Arica, buscaba demostrar que en la zona donde ocurrieron los hechos nunca se violaron los derechos humanos. En una carta redactada de su puño y letra, fechada el 10 de septiembre de 2003, el general Cheyre afirmó categórico que “(...) para las estadísticas se cumplió la misión, y es la única región sin detenidos desaparecidos”. Más adelante agregó: “Hoy, como comandante en jefe del ejército, valoro todo lo que significó poder desarrollar mi carrera militar sin fantasmas del pasado gracias a que nunca se me dio una orden alejada de la recta doctrina. He visto tantos camaradas de armas, igualmente jóvenes, que sufren al no haber tenido verdaderos comandantes (...)”. Cheyre no escatimó esfuerzos por engrandecer la imagen de Lapostol: “(...) mi sentimiento se resume en el respeto que le debo a quien fuera mi comandante en tan difíciles momentos. Eso se fundamenta en que lo vi actuar con eficiencia, prudencia no carente de energía o decisión, justicia y apego a los valores que se nos inculcaron a los soldados, lealtad al ejército, sentido de apoyo a nuestros conciudadanos, ausencia de odio”.
Al comandante en jefe del ejército se le olvidó que su ex superior está implicado en la ejecución de quince presos políticos durante el paso por La Serena de la Caravana de la Muerte, al mando del general Sergio Arellano Stark, como también en otros hechos de sangre en cuyas investigaciones ha salido a relucir su propia vinculación. La pesquisa desarrollada por el juez Daniel Calvo pasó más tarde a manos del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, y derivó en una resolución del 1º de septiembre de 2004, que sometió a proceso al ex comandante del Regimiento Arica, Ariosto Lapostol Orrego; al capitán Fernando Polanco Gallardo, jefe de inteligencia de esa unidad, y a los suboficiales Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, en su calidad de autores de los delitos de homicidio calificado de Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos. La querella que dio lugar a esa resolución también mencionaba como autores, cómplices o encubridores a oficiales del regimiento Arica: Carlos Verdugo Gómez, Jorge Cruz Adaro, Rubén Fiedler Alvarado y Mario Larenas Carmona.
Este último, hombre cercano al general Cheyre, fue ascendido en 2001 a general de brigada y se le asignó la comandancia en jefe de la I División del ejército. Pero no duró mucho en el cargo, debido a la controversia pública que se generó.
Previo al dictamen judicial, en diciembre de 1999, el ministro Juan Guzmán interrogó en el marco de la investigación de la Caravana de la Muerte al ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, quien proporcionó contundentes pruebas sobre la participación de militares del Regimiento Arica en las ejecuciones de La Serena. La declaración del ex ayudante de Alvaro Corbalán en la CNI sólo fue conocida a fines de 2001, cuando se reveló el contenido de algunos cuadernos secretos del juez Guzmán. Rodríguez Bustos entregó, además, valiosos antecedentes que confirman la participación de los oficiales procesados en la muerte del matrimonio Lejderman-Avalos. Declaró que “los encargados de la operación fueron los miembros de la unidad de inteligencia, compuesta por militares de las especialidades de comando y montaña, pertenecientes a distintas unidades del país, comandados por el capitán Fernando Polanco Rojas (...). Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado”.
En este contexto, Ernesto Lejderman Avalos, dirigió una carta al comandante en jefe del ejército, donde le recuerda el homicidio de sus padres y “que usted en persona me llevó a un casa de providencia en donde me cuidaron las hermanas del lugar”. Y añade: “General Juan Emilio Cheyre: Mi petición es que declare a la justicia todo lo que sabe del caso referente al asesinato de mis padres, y transmita a la justicia los nombres de todos los militares que formaron ese día dicha patrulla, ya que de los diez militares que conformaban dicho piquete sólo hay cuatro procesados. Estoy seguro que usted conoce exactamente lo que pasó aquel 8 de diciembre con mis padres y conmigo...”
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