Febres Cordero quiere rehabilitar a sus empresarios

Es demasiado sospechoso, por decir lo menos, que León Febres Cordero, de quien no se ha conocido que haya presentado algún proyecto de ley de importancia para el país en lo que va de su diputación (ni siquiera asiste a las sesiones del Parlamento), de pronto aparezca poniendo en discusión un proyecto de ley tan polémico como el que pomposamente se titula: “Ley para la rehabilitación de la producción nacional”. Polémico por las graves implicaciones que podría traer su aprobación para la economía del Ecuador; por ejemplo, se ha llegado a decir que podría producir una crisis bancaria peor que la de 1999. Y es mucho más sospechoso el hecho de que la discusión de esta propuesta se dé a pocos días de que concluyan las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Partiendo de esto último, una primera explicación que puede surgir respecto de los reales propósitos de Febres Cordero con este proyecto es que busque defender los intereses de los sectores empresariales del país vinculados al PSC, de cara a la inminencia de un TLC al que no pocos empresarios le temen. Sería una especie de boya que les permita acceder a recursos frescos y seguros, frente a la incapacidad de competir que estas empresas tendrían en un mercado abierto con las transnacionales de EE.UU., Colombia y Perú, cuyos costos de producción son menores y cuyo grado de incorporación de tecnología es mucho mayor que la de Ecuador. Para los empresarios sería una oportunidad de contar con recursos para reinvertir en sus empresas, que no les obligue a traer los más de 12 000 millones de dólares que se dice tienen depositados en el exterior.

También podría tratarse, como lo sostiene el analista económico Carlos Alvarado, de que “Febres Cordero pretende chantajear y presionar a un sector de la banca para que le conceda créditos a empresas que tienen deudas con el sistema financiero, en unos casos con pagos programados y en otros no”. Esto se desprende de que el proyecto no establece restricciones de ningún tipo para empresarios que han tenido problemas o aún constan con deudas en la Agencia de Garantía de Depósitos.

En todo caso, las palabras clave en el proyecto son: “sectores productivos”; porque es a ellos a los que se dirigiría el 75% de los depósitos de la banca, en forma de créditos para mejorar la producción. El problema está en identificar quiénes serían esos sectores productivos a reactivar.

Según publicaciones especializadas, como la revista Gestión (que es de propiedad de uno de los grupos económicos más importantes del país, el grupo de Fidel Egas), en el Ecuador “un número reducido de empresas controla la parte principal de la producción de sectores clave de la economía nacional; llegando incluso a constituir mercados de estructura oligopólica como en el azúcar, la sal, la avena, el tabaco, las bebidas no alchólicas y gaseosas, las cervezas, la harina, el cemento y el hierro. Un reciente estudio del Banco Central sobre el tema, con alcance hasta 1998, analizó 73 ramas industriales, detectando que en un 56,2% existiría una concentración muy elevada, lo cual significa que las cuatro mayores empresas de esas ramas acaparan más del 75% de las ventas totales del sector”.

Es decir, a lo que Febres Cordero se refiere como “sectores productivos” no serían más que tres grandes grupos económicos conocidos en el país por sus vínculos con el poder político: grupo El Juri, grupo Noboa y grupo Wright (Super Mercados La Favorita), cuya característica, según la publicación mencionada, es que su acumulación no se hace a partir del trabajo productivo, sino a través de la intermediación comercial. “La prominencia del grupo Noboa viene de la exportación de banano, y no necesariamente de su producción, el grupo El Juri acumula su capital gracias al comercio de importación, y el grupo Wright también logra constituirse entre los más poderosos gracias a las actividades de comercio al por menor”. Evidentemente son estos grupos quienes se verían seriamente afectados en un TLC que inundaría el mercado con productos de mayor valor agregado y menores precios.

Así lo deja ver Mauricio Morillo, presidente del Consejo Editorial de la revista Ekos Economía y Negocios, en el editorial del ejemplar de julio de este año: “...en un extremo contamos con empresas multinacionales, regionales y nacionales que han invertido para implantar las mejores prácticas empresariales, obteniendo excelencia en sus procesos y resultados financieros, que son envidiables para el Ecuador o cualquier otro país, pero lo lamentable es que empresas de estas características son muy pocas, y tienen una participación del PIB que no llega al 15%. Esto quiere decir que más del 85% del PIB está siendo manejada de manera poco estructurada y profesional, por empresas ineficientes, de baja rentabilidad, que no crean nuevas plazas de trabajo, y cuya supervivencia está siendo amenazada por la competencia internacional”.

¿Son esos los “sectores productivos” a los que quiere reactivar Febres Cordero? Todo indica que sí, puesto que según el proyecto de ley, los préstamos que el Banco Central otorgaría se basan en su distribución de cuentas nacionales y, según explica Wilfrido Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Microempresarios, en esas cuentas nacionales no se incluyen muchos sectores, como los más de 1 millón 200 000 microempresarios que generan más de 1 millón 600 000 puestos de trabajo, y que están en actividades como producción y venta de alimentos, de cerámica, cuero y calzado, electrónico, etc; es decir, el sector realmente productivo y más importante del país. Es más, una gran franja de la microempresa ni siquiera labora como persona jurídica, sino como persona natural, algo que el proyecto no toma en cuenta para el otorgamiento de los créditos productivos.

Según Ruiz, si el proyecto quiere ser realmente útil para incentivar la producción, debe contemplar créditos de hasta 20 000 dólares para los negocios por cuenta propia (es decir microempresas), a los cuales se los identifica porque son aquellos que tienen hasta 10 trabajadores contratados; créditos de hasta 100 000 dólares para la pequeña empresa, que es aquella que tiene de 11 a 50 trabajadores; y de más de 100 000 dólares para la mediana y la gran empresa, que son aquellas que tienen más de 50 trabajadores.

Por otro lado, los créditos, según el proyecto de Febres Cordero, serían asignados de acuerdo a la decisión política de un Banco Central del Ecuador constituido en un superorganismo. Hay que tomar en cuenta que en estos días el Ejecutivo decidió retirar la terna que había enviado para conformación del directorio del Banco Central, puesto que no lograba respaldo en el Parlamento, principalmente del PSC, que según parece quiere un organismo a su medida, sobre todo en la perspectiva de la aprobación de esta ley.

¿Y los bancos? ¿Hablan en serio cuando dicen que podría producirse una crisis financiera por el retiro masivo de los ahorros que vendría fruto del miedo a que los destinatarios de esos créditos quiebren? Lo cierto, según explica Carlos Alvarado, es que los bancos han recurrido a uno de los fantasmas más temidos de los ecuatorianos, el del feriado bancario, con el propósito de seguir utilizando los recursos de los ahorristas en el área especulativa; “esa área en la que no se genera producción, no se monta empresas, no se genera trabajo, simplemente lo que se hace es sustraer los recursos, es decir, en la esfera de la circulación de la capitales ellos tienen asegurado un gran beneficio sin dirigir los recursos al área productiva”.

Pero si hablamos de que en los así llamados “sectores productivos” existen no más de tres o cuatro grupos dominantes, en el sistema financiero la situación no es diferente. Según palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solá, en el país existe un oligopolio financiero; son solo cuatro bancos en el país (que aunque él no los nombra, es obvio que son el Banco del Pichincha, Guayaquil, Produbanco y Pacífico) los que monopolizan los depósitos (65%) y el crédito (55%).

En medio de este debate, los bancos buscan mostrarse como víctimas pues, según dicen, se les critica injustamente el hecho de que tengan en el exterior “más seguros que lo que pueden estar en el Banco Central”, alrededor de 900 millones de dólares, que los utilizan, dicen ellos, en casos de problemas que puedan enfrentar los bancos por las situaciones de inestabilidad que son normales en Ecuador.

Sostienen que sí han destinado créditos al sector productivo, aunque argumentan que esa no es su función fundamental, sino que debería ser del Estado. Pero los datos hablan de que un mayor porcentaje de sus créditos han sido destinados al comercio (63,81%), que generalmente son actividades de importación; y a créditos para el consumo (22,93%), que son rápidamente recuperables y rentables. Para sectores que generan producción real, como la construcción de viviendas (8,99%) y para las actividades de microempresa (4,27%), el crédito ha sido marginal.

El proyecto de Febres Cordero ha actualizado un debate que se ha venido haciendo desde los sectores populares, que plantean alternativas de desarrollo reales del sistema productivo del país. OPCIÓN presentará algunas de estas propuestas en las próximas ediciones.

Las usureras tasas de interés

Las grandes utilidades que reciben los bancos se deben a que utilizan el dinero de los depositantes para realizar sus operaciones especulativas en el exterior y así tener rentabilidad inmediata. En cambio, cuando una persona deposita su dinero en los bancos del Ecuador, lo único que obtiene es seguridad, porque lo que un banco paga por depositar nuestro dinero es insignificante: no supera el 4%. Si accedemos al servicio de créditos en ese banco, lo que nos cobran (hasta el 20%) es el triple de lo que nos pagan cuando les entregamos nuestro dinero para que lo utilicen en su beneficio, A ese vil negociado es al que se refiere el problema de las tasas de interés.

La tasa activa es aquella que se establece como el porcentaje referencial que los bancos tienen para el cobro de intereses sobre el dinero que prestan a sus clientes. Ese porcentaje referencial en este momento está en el 8,4%, y se establece de acuerdo a lo que las 1 000 empresas más grandes, que facturan por sobre los 5 millones de dólares al año, puedan pagar como interés. A esa tasa referencial los bancos pueden agregarle una máxima convencional, que es el 50% adicional. Es decir que un banco puede cobrar el doble de lo que es la tasa referencial por un préstamo que le haga a un cliente; es decir la tasa se habrá incrementado al 13,4%. Pero no solo eso, el banco puede cobrarle además a su cliente, 5% por concepto de servicios adicionales (gastos operativos y administrativos). En total, un cliente puede llegar a pagar hasta el 20% de tasa de interés por un crédito.

Desde ese punto de vista, nadie con sentido de desarrollo nacional puede oponerse a que existan regulaciones específicas para evitar la especulación financiera de los bancos, y para evitar que los capitales fuguen del país y no se inviertan en actividades productivas, así como fijar por ley un tope máximo de tasas de interés para los créditos.