Ferronales, saqueado por funcionarios y empresarios

El funcionario responsable de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), Enrique Rivas Zivy, aceptó que concesionarias privadas dejaran de cubrir adeudos al organismo. Asimismo, suscribió convenios que favorecen a las empresas. El manejo irregular y posible daño al erario público es de aproximadamente 40 millones de dólares. Copias de denuncias presentadas ante las comisiones de la Cámara de Diputados, documentación oficial, correos electrónicos y copias de convenios en poder de Fortuna revelan que se dejaron de cobrar 40 millones de dólares a las empresas Transporte Ferroviario de Carga (TFM), Ferrocarril de México (Ferromex), Ferrocarril del Sur (Ferrosur), Remetsa, Cicloaceros y Ferrovalle, que resultaron beneficiadas por servidores públicos encargados de la administración y liquidación de FNML.

Conforme a la documentación, fundamentan contubernio y actos de corrupción entre funcionarios que administran la liquidación de FNML, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) y la Secretaría de la Función Pública. A partir de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en julio de 1995, el gobierno federal permitió la apertura a la inversión privada y la concesión a algunas empresas para prestación de servicios. Así pues, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación aprobó la reestructuración del organismo público.

El esquema de reestructuración al sistema ferroviario consistió en segmentar en tres vías troncales y por regiones el servicio que el gobierno federal otorgó en concesión a empresas privadas: pacífico-norte, noreste y sureste, así como una terminal de servicios de interconexión y maniobras del área metropolitana de México.

Pero, en agosto de 2001, la federación decretó la extinción del órgano descentralizado. Para tal propósito, la SCT designó a Banobras y a la Sociedad Nacional de Crédito. Enrique Rivas Zivy fue nombrado titular de la Delegación Fiduciaria Especial para “planear, dirigir y ejecutar acciones que conduzcan de manera eficiente, oportuna y transparente a la consolidación del patrimonio”; objetivo que no se cumplió. El órgano desconcentrado continúo administrando y operando el resto del sistema nacional. Pero, desde hace 13 años, mantiene relaciones contractuales y extracontractuales que permiten a las empresas cobrar “el finiquito más amplio” y los adeudos generados por las cuentas pendientes relacionadas con la prestación de servicios técnicos, operativos, comerciales y de cualquier otro, incluyendo la guarda y custodia de unidades de arrastre: las locomotoras.

IP demanda a FNML

En 2004 la empresa Arrendadora Internacional (AISA) levantó la demanda 3/2004-B contra Ferrocarriles Mexicanos por incumplimiento al arrendamiento financiero. Y es que las cuentas pendientes por los servicios prestados por las concesionarias privadas y que incluían la guarda, custodia, y uso de unidades de arrastre, ascendían entonces a 40 millones de dólares.

Los convenios entre FNML y las concesionarias pretendían responder al juicio para evitar complicaciones legales y evidenciar los malos manejos de recursos públicos.

El 2 de diciembre de 1996, el gobierno federal, por conducto de la SCT otorgó la concesión de la vía general de comunicación ferroviaria del noreste a TFM. Pero, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado –el 24 de agosto de 2005– por Rivas Zivy y Efrén del Pozo Castro, de FNML, Marcoflavio Regada y Francisco Cuevas, representantes de TFM, benefició a la concesionaria con 30 millones de dólares.

En el documento, las partes reconocen que AISA interpuso una demanda mercantil en contra de FNML reclamando, entre otras prestaciones, la devolución y entrega de 113 locomotoras o el pago de rentas generadas por su uso, y que “en ningún caso” excedería la suma de 500 mil dólares.

Ante este supuesto, las partes también convinieron que el importe de las rentas que se generarían a cargo de TFM serían compensadas por la prestación de los servicios y la utilización de 69 locomotoras hasta que se lograra la venta de las mismas y su enajenación.

Asimismo, el 29 de junio de 1998 las vías ferroviarias del sureste fueron concesionadas a Ferrosur. Pero en el acuerdo firmado por Enrique Rivas y Efrén del Pozo con los representantes de la empresa, Guillermo Muñoz Lara y Francisco Jurado Martínez, las condiciones de pago fueron las mismas.

FMNL tenía derecho a compensar el importe de las rentas derivadas por el uso de dos locomotoras que formaban parte del contrato de subarrendamiento entre las partes hasta la fecha en las que Ferrosur las adquiriera o perdiera su posesión. En su caso, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago entre las partes fue de 5 millones 379 mil 299 dólares en favor de la concesionaria.

Del mismo modo, a través de dos acuerdos firmados el 22 de junio de 1997 y el 27 de agosto de 1999, respectivamente, las vías generales de comunicación ferroviaria del pacífico norte, Ojinaga-Topolobampo y Nacozari fueron concesionadas a Ferrocarril Pacífico-Norte, ahora Ferromex.

De igual modo, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado entre Enrique Rivas Zivy y Efrén del Pozo, y Lorenzo Reyes Retana Márquez y Arturo García Santaella, ambos por Ferromex, estableció las mismas condiciones y la empresa resultó beneficiada con 5 millones de dólares.

Además, en el documento se convino que los pagos de FNML podían compensar adeudos de Ferromex con rentas y uso de bienes públicos; entre éstos, unidades de arrastre. De tal manera que la renta y uso de ocho locomotoras, que formaron parte del contrato de subarrendamiento entre las partes, pagaron el adeudo a la concesionaria.

Fraude en la entrega de la línea QA

Ubicada en Chihuahua, la línea ferroviaria QA que consta de 571 kilómetros de vía tendida y sus accesorios estaba bajo el resguardo de la SCT, toda vez que no podía incautarse o emplear en ningún otro fin hasta no definirse. Pero, mediante acta de depósito suscrito por el delegado especial, la vía y sus accesorios fueron entregados por supuestos adeudos a la empresa Remetsa.

Poco más de 16 millones de kilos de diversos materiales se recogieron en 488 tráileres de abril a junio de 2006. En contradicción, mientras estos trabajos eran realizados, el servidor público comisionado del lugar suscribió 18 actas circunstanciadas en las que se denunciaba el robo del mismo tramo ferroviario.

Fechadas entre el 30 y 31 de marzo de 2006, las copias de correos electrónicos y conversaciones entre funcionarios de FNML, a los que Fortuna tuvo acceso, revelan el plan de entregar material ferroviario de la vía de la estación San Isidro a la empresa privada Remetsa por concepto de pago de adeudos.

A principios de 2006 y “a fin de estar en condiciones de realizar estimado” José Acosta, gerente de ventas del organismo, solicitó informe con la consideración de otorgar material en depósito a la empresa privada. La entrega de los segmentos férreos se realizó pese a que se le confirmó la entrega y posesión del gobierno federal y que únicamente estaba en resguardo del organismo descentralizado asignado a la región norte.

En diciembre de 2006, Antonio Hernández, subgerente de Servicios Espaciales de FNML, remitió oficios con los resultados de la investigación respecto al supuesto robo de diversos tramos de la vía QA, y copias de 18 actas circunstanciadas firmadas por funcionarios adscritos a la región norte (de la SSE-AC-055-06 al SSE-AC-073-06) para los efectos a los que procedieran la gerencias penal y de recursos y servicios.

Sin embargo, los oficios ALJ-T-100-R-1-98 y ALJ-T-R-1-100 suscritos en mayo del mismo año desmienten la versión del funcionario. En la documentación, Dolores Muñoz Quiñonez, encargada de almacén de la junta Chihuahua, describió detalladamente todas las actividades realizadas en la línea QA y que derivaron en daños al patrimonio de FNML.

Asimismo, en 2007 servidores públicos de FNML y ajustadores de la empresa aseguradora de las vías obtuvieron evidencia de que, en el momento de suscribir las actas circunstanciadas, los tramos de vía reclamada todavía estaban en su lugar y fueron retiradas hasta marzo de 2007. Lo que implicaba fraude y daño al patrimonio de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

Finalmente, en septiembre del año pasado, la empresa aseguradora Royal & SunAlliance manifestó la improcedencia de la reclamación de la póliza 827-0, porque las denuncias se hicieron de manera extemporánea, seis meses después, y por no comprobar las circunstancias del siniestro. Ello porque se evidenciaban claras contradicciones en las declaraciones de pobladores y documentación referentes a los hechos.

Cumplir con la entrega de la línea VC

Ubicada principalmente en el estado de Puebla, la línea VC consta de 118 kilómetros de vía y sus accesorios. Su destino final aún está en resguardo de la FNML y con la conformidad de la SCT. Pero en diciembre de 2006 funcionarios de la paraestatal en liquidación suscribieron una acta de depósito para hacer entrega de toda la línea VC a la empresa Cicloaceros.

Según informes del personal de recorrido de la FNML, la SCT delegación Puebla y del auditor de la Órgano Interno de Control de la SCT, personal de la empresa privada se encontraba retirando material de esa línea bajo el amparo del acta 021/2006 suscrita por servidores públicos del órgano descentralizado del gobierno federal.

También a través de comunicación por correo electrónico, funcionarios de FNML consideraban la situación de la línea y la posibilidad de entregarla a la concesionaria: el tramo comprendido entre los primeros 157 kilómetros habían sido entregados al gobierno federal para su concesión. Los kilómetros 114 al 157 se dieron a Ferrosur. Los primeros 114 permanecían optativos para la misma concesionaria.

En los mismos reportes se evaluaban los constantes actos de vandalismo y robo ocasionados por los asentamientos humanos irregulares ubicados en diversos tramos y en las poblaciones de Atlixco, Cholula, Los Frailes e Izúcar de Matamoros.

Personal de la subdirección general jurídica y de la subgerencia de servicios especiales de FNML detectó, después de recorridos realizados a las zonas, no sólo daños, sino tramos de vía “ahogada” bajo construcciones urbanas.

La preocupación entonces era cumplir con las obligaciones derivadas de las licitaciones efectuadas para entregar la totalidad de los bienes a la concesionaria Cicloaceros y no incurrir en consecuencias legales.

Las acusaciones se incrementan

A los expedientes obtenidos por Fortuna se suman un sinnúmero de acusaciones por escrito de representantes populares. Entre éstas, los posibles engaños a órganos involucrados en la supervisión del proceso de liquidación por parte de los funcionarios públicos encargados: Enrique Rivas Zivy, Efrén Pozo Castro, Mauricio Cuevas Pizaña, Roberto Mendoza Mirassou y Armando Pérez Eguiarte.

Asimismo, la entrega de la vía Pantaco mediante actas de depósito con el propósito de otorgar la concesión del tren suburbano a la concesionaria CAF. La SCT había instruido para que ese material fuera entregado a la empresa Ferrovalle por no ser de utilidad. La gerencia de Venta de Bienes Muebles de FNML inspeccionó el material referido y determinó que el riel entregado tenía un peso aproximado a las 1200 toneladas.

Así, en enero de 2007, entregaron a Remetsa el total de los materiales que debían ser entregados a otro concesionario mediante acta de depósito suscrita por servidores públicos del organismo. Retiro que se realizó en casi dos meses.

Al liquidador también se le responsabiliza de la manipulación en la venta de inmuebles; Rivas Zivy seleccionaría a los probables compradores de terrenos y edificios para promover su venta; del embargo a almacenes de los municipios Matías Romero, Oaxaca, y Empalme, Sonora, por supuestas negligencias en el manejo de demandas laborales que condujeron a perder los juicios y decretar el incaute de las plazas y el saqueo de los productos.

Las denuncias por escrito también versan sobre el mal manejo de recursos públicos y para beneficio personal del titular de FNML; pagos indebidos a servidores públicos; personal en nómina de Ferrocarriles que realiza actividades particulares a favor de Rivas Zivy; gastos en medicamentos por más de 200 mil pesos y de alimentación. Las copias de facturas asignadas al Fondo de Reembolso Revolvente que confirmarían dichos gastos también se encuentran en poder de Fortuna.

Julio 15, 2008