El reciente informe de la Oficina de Fiscalización General de EE.UU. (GAO), en relación con la utilización del presupuesto asignado por la administración del presidente W. Bush para financiar a grupos mercenarios que conspiran contra la estabilidad del pueblo cubano, es una pieza antológica de cinismo injerencista encubierto con eufemismos.
Socios
A los millones de dólares de contribuyentes norteamericanos empleados anualmente para pagar a mercenarios y terroristas, los llaman “subsidios multimillonarios que destina el gobierno de Estados Unidos para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”.
La gran prensa occidental reproduce el léxico oficial que difunde la agencia AP desde Miami y orquesta la propaganda sin que a sus redactores les tiemble ni un centímetro del alma periodística.
Resulta que el GAO, “brazo auxiliar del Congreso de EE.UU”, tras haber descubierto manejos indebidos de los fondos asignados oficialmente, por conducto de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), volvió a comprobar el grado de honestidad de los destinatarios del dinero, porque “aún existen riesgos de que pueda ser empleado de manera inapropiada”.
La nota recuerda que “este año la USAID suspendió dos de los subsidios (léase dinero para la contrarrevolución) más importantes que otorgaba, uno por 7,2 millones de dólares al Centro para una Cuba Libre, y otro por 10,95 millones de dólares para el Grupo Apoyo a la Democracia, después de descubrir irregularidades con la administración de esos fondos.
Quien se deje llevar por los beatíficos nombres que les han colgado a las citadas entidades, podría imaginar a grupos dedicados al buen decir y hacer, sin imaginar que sus verdaderas encomiendas se refieren a difundir mentiras, comprar conciencias y sufragar gastos de terroristas alquilados, entre otros menesteres de igual corte.
Sucedió que era tanto el descaro en la apropiación personal del dinero por parte de los eternos aprovechados de la industria de la contrarrevolución, que la GAO tuvo que auditar e informar a sus superiores.
Así apareció que Felipe E. Sixto, quien fuera ayudante especial del presidente George W. Bush para asuntos intergubernamentales, se echó en el bolso medio millón de dólares de los fondos asignados, gracias al negocito de vender radios a precios abultados, y acaba de ser acusado penalmente en un tribunal federal.
Sixto fungió hasta el verano pasado como director de personal del llamado Centro para una Cuba Libre. Los radios que comercializó con gran margen de ganancias deben ser los mismos que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana repartió a sus incondicionales asalariados en la Isla para que escucharan directrices enviadas desde Washington.
Otro ex empleado, cuyo nombre también se omite, que supuestamente estaba encargado de “apoyar a la democracia”, usó la tarjeta de crédito de su organización para comprar artículos personales por más de 21 mil dólares.
Aunque el informe afirma que en ambos casos los ladronzuelos devolvieron el dinerito hurtado, los “subsidios” fueron suspendidos, obviamente como medida profiláctica y, aunque no se admite explícitamente, porque se deja entrever que existe mucha más plata entregada que no se sabe en verdad a dónde fue a parar.
Nos recuerda el cable de la AP que entre 1996 y 1998, la USAID aportó graciosamente 83 millones de dólares “para apuntalar los derechos humanos y alentar un cambio democrático en la isla comunista”.
Lástima de dinero botado. Si lo hubieran empleado en mejorar la salud de los más de 45 millones de norteamericanos que no tienen seguro, o en procurar servicios básicos a los más de 30 millones de indocumentados que pagan impuestos en EE.UU., esos fondos hubieran tenido mejor uso.
Hay más. Para el año próximo, afirma el informe de GAO, el gobierno de W. Bush solicitó 20 millones de dólares: más para lo mismo.
Pero los auditores tienen que cuidar sus propios salarios. No se arriesgan demasiado en beneficio de terceros. Por ello, han reiterado que todavía el manejo de los fondos afronta descuidos y debilidades de control, y tras evidenciar la desaparición de cifras millonarias, sin explicarlas, pero también sin ánimo de ganarse enemigos mafiosos, inventan esta deslumbrante frase:
”Aún no es evidente la disminución del riesgo de que los fondos sean utilizados de manera inapropiada”.
He ahí el arte de los burócratas para trastocar verdades y enmascarar la semántica tras la fina línea que separa el eufemismo del cinismo, lo cual da derecho a calificarla con uno de los gustosos epítetos del rico vocabulario de don Quijote.
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