Fracaso en el combate a pandillas trasnacionales

La criminalización de los jóvenes miembros de pandillas es una política permanente en Estados Unidos, México y Centroamérica, asegura Jeanette Aguilar, directora del salvadoreño Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). Agrega que, en contraste a lo que sucede en su país, la delincuencia organizada en México no es reciente y se trata de una estructura muy hábil y poderosa, “con muchos recursos y nexos con el sistema social y político”.

Con el objetivo de coincidir en las estrategias de combate a las pandillas, cuya violencia traspasa las fronteras del continente americano, en febrero de 2007 se celebró en Los Ángeles, California, la primera Cumbre Continental contra las Pandillas, que reunió a fiscales, jefes de policía y agencias federales contra la delincuencia en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Ahí, Augusto del Pino Estrada, fiscal adjunto de Coordinación de Chiapas, anunció que a un año y medio de su creación, el Grupo Operativo Interinstitucional Acero detuvo a 408 personas por diversos ilícitos. De ese universo de arrestados, 120 pertenecían a la pandilla Barrio 18, 163 personas eran de la MS-13; los 125 restantes fueron arrestados por otros delitos.

De acuerdo con la directora del Iudop, en México cobró auge el fenómeno de la violencia pandilleril en 2004 cuando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional constató la mayor presencia de las maras en México en la frontera Sur; “en ese momento comenzaron en México las narrativas de espanto”, dice la investigadora.

A esa percepción que se prolongó por varios años siguió la asociación de las pandillas de centroamericanos con terroristas, con los cárteles mexicanos, el tráfico de personas y hasta con los asesinatos de mujeres en Juárez; enseguida sobrevino el rechazo a esos jóvenes y a la movilidad de los migrantes y se les criminalizó, sostiene la investigadora.

Años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó la atención sobre el caso con su Informe especial sobre las pandillas delictivas transnacionales conocidas como maras del 7 de abril de 2008. El documento advertía que los esfuerzos del Estado mexicano para combatir y erradicar ese fenómeno “han sido insuficientes”.

El informe, dirigido a los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Seguridad Pública; al procurador general de la República, al procurador de Justicia Militar y a sus homólogos de los estados, a sus 31 gobernadores, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los responsables de Seguridad Pública, proponía mayor coordinación entre las fuerzas de aplicación de la leyes federales para combatir la violencia pandilleril, así como medidas preventivas.

No existe, hasta ahora, un registro oficial en ningún país de cuántas personas integran las pandillas que operan en la región de Centroamérica y América del Norte. En su reporte del 7 de abril pasado, la agencia Associated Press estimó que en México y Centroamérica existen más de 60 mil pandilleros y otros 30 mil tienen presencia en distintas ciudades de Estados Unidos.

Ser pandillero

Hace falta desmitificar este fenómeno y verlo en su justa dimensión, pues la violencia pandillera “surgió en un contexto que la favoreció”: una sociedad excluyente, violenta, con corrupción institucional y un escenario de violencia organizada, dice Jeanette Aguilar.

Al examinar la forma en que se expresa la violencia de las pandillas en Centroamérica y en la frontera Sur de México se debe observar que estos grupos son uno de los múltiples actores activos en esa región, “aunque no son los más importantes”, apunta la directora del Iudop.

Considera que el pandillerismo centroamericano, en particular el salvadoreño, “es un problema multicausal y no siempre resultado de las guerras en Centroamérica ni de la migración, ni de la pobreza ni de la deportación de los jóvenes desde Estados Unidos”. Cuando las maras fueron proscritas en su país, se volvieron clandestinas y así se justificó la militarización en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para Rodolfo Casillas, doctor en historia, el peligro de las pandillas centroamericanas para México “es un tema sobredimensionado en algunas esferas gubernamentales y medios de comunicación”. La presencia de algunos miembros de estas organizaciones en la frontera Sur mexicana data de varios años atrás; en 2005 pasó a ser atomizada y algunos de sus elementos fueron absorbidos por estructuras delictivas mayores.

En consecuencia, las escasas pandillas centroamericanas que se ubicaban en territorio mexicano “no son y nunca lo fueron” un problema de seguridad nacional para México, salvo casos específicos como algunos problemas de seguridad pública y que constituye una problemática diferente.

Autor de la investigación Pandillas juveniles, violencia y derechos humanos: impactos en la frontera Sur, el profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales encontró que la mayor parte de las agresiones que sufren los inmigrantes procedentes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador provienen de agentes del Instituto Nacional de Migración.

Refiere el académico que esa instancia en distintos momentos, medios y por distintos voceros ha señalado que esos actos son hechos aislados de empleados con menor jerarquía. Ese pronunciamiento institucional puede constatarse al consultar la prensa nacional, así como el reiterado compromiso de la institución por combatir esos desvíos, señala Casillas.

Indocumentados o delincuentes

Entre 2003 y 2006, el flujo de pandilleros ensamblados en la ruta migratoria hacia Estados Unidos se incrementó y, en su trayecto transfronterizo, algunos pandilleros comenzaron a colaborar coyunturalmente como mano de obra de las bandas del crimen organizado, explica la investigadora.

Esto ocurrió cuando la policía de El Salvador puso en práctica los planes Mano Dura (promovida por el presidente Francisco Flores), por considerar sospechosos a jóvenes por su apariencia o por el lugar donde residen. De ese modo, aumentaron las violaciones y maltratos contra los jóvenes, refiere la especialista. Agrega que “las pandillas centroamericanas no sólo son resultado directo de las guerras civiles en Centroamérica, como tampoco de la deportación de pandilleros de esos países desde Estados Unidos o de la pobreza en esta región”.

Los orígenes de la Mara Salvatrucha y de la pandilla Barrio 18 se remontan a la agrupación de emigrados salvadoreños a las calles del Este de Los Ángeles, cuyas familias emigraron hacia Estados Unidos como refugiados políticos, resultado de las guerras civiles. Al concluir en 1992 el conflicto armado en Centroamérica con la firma de los Acuerdos de Paz, sobrevino el endurecimiento de las políticas antimigrantes en Estados Unidos. Este escenario generó un proceso de deportación masiva.

Todos ellos, durante su estancia en Estados Unidos, trasladaron el modelo cultural de las pandillas centroamericanas principalmente a sus bandas en California para mantener su identidad como el uso de símbolos (tatuajes o grafitis), un modo propio de vestir, un lenguaje común y conductas adoptadas por los jóvenes una vez que retornaron a sus países.

El intento por desmantelar a las agrupaciones pandilleriles tuvo en El Salvador características singulares, aunque las políticas de Mano Dura (de 2003) ya no existen formalmente en El Salvador –país de donde son originarios los integrantes de las maras y que se consolidaron en los barrios de la californiana ciudad de Los Ángeles–, en la práctica persiste su criminalización y persecución a pesar de que en la retórica oficial se habla de prevención, señala Jeanette Aguilar.

La investigadora indica que entre 2002 y 2007, los países centroamericanos pusieron en práctica medidas antipandillas, “fundamentalmente de represión” como: Plan Escoba, en Guatemala; Cero Tolerancia y Libertad Azul, en Honduras; Plan Mano Dura y Plan Súper Mano Dura, en El Salvador, hasta llegar al combate trasnacional de las pandillas con el Centro Trasnacional Antipandillas y la Iniciativa Mérida.

Sus componentes principales fueron: operativos de capturas masivas, arbitrarias y reiteradas de pandilleros sin procesos de investigación, seguidos de reformas a las leyes penales y justicia juvenil; adopción de leyes transitorias (leyes antimaras) y de una campaña mediática que criminaliza a los pandilleros y que construye en el imaginario colectivo la figura de las pandillas como la principal amenaza a la seguridad de la población.

Como saldo de esas políticas antipandillas, aumentó la detención y encarcelamiento de sus miembros en El Salvador, como demuestran datos de la Dirección de Centros Penales de El Salvador (septiembre de 2007), del sistema Penitenciario Nacional de Guatemala (2008) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (2006) consultados por el Iudop.

El sondeo encontró que hay 5 mil 323 miembros de pandillas encarcelados (que constituyen el 32 por ciento de la población carcelaria) en El Salvador, 2 mil 340 pandilleros, en Honduras (el 21.6 por ciento de la población presa), y 397 pandilleros, en Guatemala (el 5.8 por ciento de la población carcelaria).

No todos los pandilleros que actualmente residen en Centroamérica residieron en Estados Unidos o México. La encuesta Pandillas, migración y derechos humanos, que efectuó el Iudop salvadoreño entre 1 mil 25 entrevistados, abarca el periodo 1996 y 2006. Muestra que 83.7 por ciento de integrantes de pandillas no vivió ni en México ni en Estados Unidos durante 1996; mientras que 16.3 por ciento sí vivió en Estados Unidos y reingresó a El Salvador como deportado.

En contraste, la consulta que ese instituto realizó en 2006 entre 316 encuestados reveló que apenas 8.6 por ciento de los salvadoreños había estado en México y entraron a El Salvador como deportados. A la pregunta: ¿Ha habido, en tu clika, homies que hayan estado en Estados Unidos o México? 47.8 por ciento respondió que no; 29.4 por ciento dijo que sí, en Estados Unidos; sí 0.9 por ciento, en México; 21.2 por ciento, en ambos países, y 0.6 por ciento no responde a esa cuestión.

Planes made in USA

La embestida trasnacional contra las pandillas centroamericanas dio un giro sustantivo en febrero de 2006 cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad de la Patria (HSD, por sus siglas en inglés) arrestaron a 103 presuntos pandilleros en su intención de desarticular en seis grandes ciudades de aquel país a las maras: la MS-13 y la Calle 18. Tres meses después, en mayo de 2006, el combate se extendió contra todas las pandillas integradas por extranjeros: centroamericanos, asiáticos, eslavos, jamaiquinos y otras nacionalidades.

Un año después, el 5 de febrero de 2007, el presidente de ese país y el secretario de justicia estadunidense, Alberto R González, reunidos en El Salvador, anunciaron un “agresivo esfuerzo conjunto” para combatir a las pandillas criminales trasnacionales que operan en la región centroamericana, en México y Estados Unidos. Se trata de una iniciativa de varias fases diseñada para ayudar a “identificar y procesar” a los miembros más peligrosos de las pandillas salvadoreñas, aplicando las leyes antipandillas, de captura de fugitivos y coordinación internacional para compartir información y entrenamiento entre los países víctimas de la violencia de esas agrupaciones.

Bajo esa estrategia binacional, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador participa en la Trasnational Anti-Gang Unit (Gangtecc, por su acrónimo en inglés), la nueva unidad de alcance trasnacional contra las pandillas; la FBI le comparte información y capacita a sus detectives para identificar y arrestar a los delincuentes más buscados. Este órgano, creado por el departamento de justicia, está integrado por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Agencia Antidrogas, los US Marshalls, agentes de Inmigración y Aduanas, y la Oficina Federal de Prisiones.

Gangtecc trabaja con el nuevo centro de la inteligencia salvadoreña, la unidad de la fiscalía para el procesamiento de los miembros de esas bandas y la Fuerza de Trabajo Nacional Conjunta de la FBI contra la MS-13, así como con otras agencias federales, estatales y extranjeras. En su momento, el entonces fiscal general estadunidense Gonzales estableció un comité de coordinación que organiza los esfuerzos antipandillas del Departamento de Justicia; adicionalmente, cada abogado federal de Estados Unidos designó coordinadores de lucha que diseñan estrategias contra los problemas que ocasiona la violencia pandilleril en sus distritos en coordinación con las policías locales.

Para lograr el esfuerzo conjunto salvadoreño-estadunidense, en 2007 se anunció que la FBI agilizaría la entrada en vigor de la Iniciativa Centroamericana de Explotación para Huellas Dactilares (Cafe, por su acrónimo en inglés); esta medida dio sus primeros pasos el 12 de diciembre de 2008, cuando Robert Muller, director de esa oficina, entregó a la PNC un equipo de alta tecnología. Hasta entonces, El Salvador carecía de un sistema automatizado de esas huellas para identificar a pandilleros o personas con antecedentes criminales y sólo disponía de un sistema de comparación manual de este elemento identificador.

En esa ocasión, el presidente salvadoreño manifestó: “No es un misterio que las pandillas criminales organizadas representan una amenaza significativa para la estabilidad y el bienestar económico de varios países centroamericanos, incluyendo a El Salvador, Honduras y Guatemala. También son un problema significativo en numerosas ciudades de Estados Unidos, por lo que reconocemos que esta amenaza no puede ser derrotada de forma aislada, sino que requiere un esfuerzo conjunto de los países”.

En la Cafe, el Departamento de Justicia estadunidense también puso en marcha el sistema de Documentos de Viaje Electrónico (ETD, por sus siglas en inglés), creado por el HSD y que los funcionarios salvadoreños emplean para obtener información sobre los miembros de las pandillas y otros criminales deportados por Estados Unidos a El Salvador tras cumplir con su condena. Así, el 3 de agosto de 2008, la FBI anunció el comienzo de un programa centroamericano para identificar y extraditar a pandilleros, usando el sistema de identificación regional de huellas dactilares –que se extenderá por toda Centroamérica y que se coordina desde El Salvador, enlazado con la policía y el departamento del alguacil de Los Ángeles.

Asimismo, funcionan en ese país y con apoyo estadunidense el Centro Trasnacional Anti Pandillas, la Academia Internacional de Aplicación de la Ley que capacita a policías y fiscales contra las pandillas. También, el Centro de Monitoreo, el Sistema de Documento Electrónico de Viaje, el Consejero Regional Anti Pandillas. Con estas instituciones, el país centroamericano dio un vuelco radical a sus programas Mano Dura y Super Mano Dura.

Recientemente, el 30 de abril de este 2009 en el hotel Los Cóbanos de Acajutla, se reunieron en la capital salvadoreña más de 300 expertos, delegados, policías y funcionarios de trece países, entre ellos de Estados Unidos, México y El Salvador, en la Quinta Convención Anual Antipandillas. Ahí se concluyó que la prevención es un eje fundamental en su combate, pues buscan a sus “nuevos soldados” entre los jóvenes de sus comunidades.

A su vez, Martin Escorza, de la Fuerza Nacional Antipandillas de la FBI, manifestó que esos grupos “son trasnacionales y se mantienen en comunicación para cometer ilícitos en Estados Unidos y Centroamérica”, pues tienen una forma de comunicarse muy “fluida y sofisticada”, como muestran sus investigaciones. Escorza expresó que ante esa amenaza, las agencias policiales de la región (México y Estados Unidos) deben fortalecer su relación. Recomendó la creación de una “comunidad de inteligencia antipandillas” integrada por analistas especializados en este fenómeno.

A tres meses de este anuncio, la Oficina Federal de Investigaciones puso en marcha el Programa Centroamericano de Inteligencia (Caip, por su acrónimo en inglés) cuyos miembros son centroamericanos, principalmente, con el objetivo de promover el intercambio de información estratégica entre Estados sobre pandillas trasnacionales.

El 11 de agosto de 2009 L.T.Chu, analista de inteligencia del Equipo de Trabajo de la FBI sobre la MS-13, quien a su vez dirige el Caip, subrayó la importancia del nuevo órgano: “Son organizaciones trasnacionales que cruzan las fronteras cuando lo desean para cometer actos criminales”. Precisamente, una debilidad de los Estados para combatirlas era la falta de comunicación entre ellos.

Estrategia fallida

De acuerdo con la investigadora salvadoreña Aguilar, la colaboración en términos del combate al crimen transnacional aún sigue en declaratorias de buenas intenciones en cumbres de presidentes o reuniones del Sistema de Integración Centroamericana, pues “falta operativizar esa coordinación con un mayor intercambio de información y con acciones conjuntas”, afirma.

El Iudop observa una mayor “institucionalización y formalización” de las pandillas, así como de su mayor participación en hechos delincuenciales, algunos de ellos de gravedad. De acuerdo con la investigadora Aguilar, ahora se detecta más vinculación y participación de de algunos miembros de esas pandillas en actividades del crimen organizado, así como la organización y coordinación de delitos desde los centros penales y nuevos patrones de violencia que se vinculan a ajustes de cuentas, y “misiones asignadas o a situaciones asociadas a las redes de economía criminal”.

El vínculo entre las pandillas y la violencia criminal se detecta porque existe más ferocidad hacia la pandilla rival, hacia los ciudadanos y sus propios miembros. Asimismo, en la mayor participación de esas bandas en delitos como homicidios, distribución de drogas, extorsiones, robo, lesiones y portación ilegal de armas de fuego, así como manejo de elevadas sumas de dinero como producto de las rentas. En este escenario no se descarta la posible infiltración en las pandillas y coordinación con agentes de la policía.

Como resultado de la visibilidad de las pandillas y su asociación con delitos contra la población, sobrevino un nuevo fenómeno: las muertes de pandilleros. En su encuesta, el Iudop encontró que en los últimos años esas muertes se atribuyen en Guatemala: a la policía, 52.3 por ciento; 23.1 por ciento, a la pandilla rival; 7.7 por ciento, a grupos de exterminio; 3.1 por ciento, a la propia pandilla; 6.2 por ciento, a personas particulares; 4.6, a otros, y el 3.1 por ciento no sabe.

En El Salvador, 32 por ciento lo atribuye a la policía; 21.2 por ciento, a la pandilla rival; 11.1 por ciento, al gobierno; 9.2 por ciento, a grupos de exterminio; 3.8 por ciento, a la propia pandilla, 3.5 por ciento, a las bandas; 2.2 por ciento, a personas particulares; 3.5 por ciento, a otros, y 13.6 por ciento no sabe.

En cuanto a los refugiados por razones de seguridad, la investigación señala que hubo un aumento de personas que emigran por la situación de “amenazas de pandillas”; por extorsiones, renta, víctimas de asesinatos cometidos por las maras y “jóvenes a quienes se quiere forzar a que se incorporen a las maras”. Como resultado de estas consultas, ese Instituto realizó en agosto de 2009 la Encuesta de victimización y percepción de inseguridad, en donde se aprecia que 16.9 por ciento de las personas entrevistadas quieren emigrar por cuestiones de inseguridad, contra 83. 1 por ciento que decide quedarse en su país.

En los últimos años hubo un salto cualitativo del fenómeno, cuando pasó de ser pandilla de barrio a ser pandilla trasnacional con manejo de grandes sumas de dinero, producto de la extorsión y las rentas, y más tarde por la comisión de homicidios que les generan más ganancias. Surgieron entonces grupos extrajudiciales para asesinarlos, y frente a esa violencia aumentó el número de solicitantes de refugio salvadoreños por las amenazas provenientes de esos grupos en su contra y, por lo tanto, un mayor flujo de migrantes por razones de seguridad.

Retrato de un pandillero trasnacional

Es un joven de entre 16 y 24 años, victimizado múltiplemente y también penetrado por la dinámica de la violencia y vinculado a hechos delictivos, en muchos casos sufre amenazas de la policía o de grupos de sicarios, describe la directora del Iudop. Es un joven al que las autoridades de su país y del extranjero lo convirtieron a partir de 2003 en el enemigo social al criminalizar el fenómeno de la pandilla.

El pandillero se convirtió en la mano de obra barata de las bandas y del crimen organizado. Se le convirtió realmente en una amenaza a la seguridad y así lo señala el discurso oficial: que las pandillas son el principal agente en la participación de hechos delictivos. Esto generó una actitud de rechazo, de persecución y de eliminación por algunos grupos desde el Estado, incluyendo a los agentes policiales, así como a las personas comunes y corrientes que llegaron a contratar sicarios para asesinarlos.

Sin embargo, existe una doble dimensión del pandillero centroamericano: es víctima y victimario. Ésa es clave para comprender que desde niño ha sido perseguido, victimizado, maltratado, víctima de violencia en su casa, en su comunidad, rechazado de la sociedad y marginado, por lo que él le devuelve esa violencia a la sociedad a la que pertenece.

Dentro de la pandilla, quienes sufren una doble victimización son las mujeres en Honduras, El Salvador o en Guatemala. En la investigación que realizó el Iudop en las prisiones salvadoreñas, encontró que la mujer pasó por un ciclo de violencias diversas a lo largo de su vida. Muchas de ellas vivieron una vida de institucionalización en hogares –porque fueron abandonadas por sus padres– y ahí fueron maltratadas, violadas, abandonadas; luego, ingresan a la pandilla en busca de un sentido de identidad y de pertenencia que no tenían en sus espacios de socialización más inmediatos; pero también en la pandilla son violentadas por su condición de mujer.

Son los miembros más vulnerables en esos grupos y los más rechazados por la sociedad. Se les exige que, por ser mujeres, deben permanecer en sus casas y se omiten los antecedentes de agresiones domésticas que padecen, al afirmar que ellas optaron por irse a la calle. La presencia de mujeres en pandillas transfronterizas no es frecuente, siempre ha sido minoritaria, y lo será más ahora pues sobre la mayoría de las pandilleras presas pesa la consigna luz verde, que significa que la pandilla las asesinará cuando salgan de la cárcel.

“Serán asesinadas por sus propios homies (compañeros), porque se rebelaron contra las decisiones de la pandilla o porque temen que hayan colaborado con las autoridades”, anticipa la especialista.