La ideología de la «Guerra global contra al terrorismo», que reemplazó a la de la «Guerra Fría» con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, viene acompañada de un despliegue de los servicios secretos estadounidenses en los Estados aliados que podría compararse con el que se produjo en su momento para combatir el comunismo.
En estas columnas explicamos lo que fue la red stay-behind de la Alianza Atlántica (OTAN), conocida en Italia con el nombre genérico de Gladio y en Francia con los de Misión 48, Arco Iris y Rosa de los Vientos. Se trataba no solo de unidades de combate secretas capaces de organizar la resistencia interna en caso de una invasión soviética sino también de agentes adquiridos o infiltrados en la esfera política en condiciones de impedir o de neutralizar el acceso de comunistas al gobierno (ver nuestra investigación «Stay behind: como controlar las democracias, las redes estadounidenses de desestabilización y de injerencia»).
Como las relaciones entre Francia y Estados Unidos eran en ocasiones conflictivas, el stay-behind organizó en 1962 un intento de golpe de Estado que fue seguido por cerca de treinta intentos de asesinato del presidente Charles de Gaulle hasta que se produjo la ruptura con el estado mayor de la OTAN en 1966 (ver nuestra investigación «Quand le stay-behind voulait remplacer de Gaulle»).
El stay-behind, desmantelado oficialmente en 1990 luego de un escándalo que estalló en Italia y que estremeció a toda Europa Occidental, es reconstituido en estos momentos con una nueva forma y anda en busca de una base jurídica.
El stay-behind había visto la luz en Estados Unidos a través de la Orden Secreta del Consejo de Seguridad Nacional NSC 10/2 del 18 de junio de 1948. Sus actividades en Europa habían sido objeto de acuerdos de defensa bilaterales, el primero de los cuales fue subscrito con Francia.
En aquella época, los generales Pierre Billote y George Marshall, bajo los gobiernos de Paul Ramadier y de Robert Schuman, dirigieron las negociaciones secretas. Este acuerdo, cuyo texto jamás fue publicado, pasó a formar parte en 1949 de un pacto secreto de la Unión de Europa Occidental, transferido ulteriormente al seno de la OTAN.
Si bien la Guerra Fría era librada contra un Estado rival, la URSS, la Guerra Global contra el terrorismo tiene como objetivo reprimir cualquier forma de resistencia armada al Imperio. Según los casos, el «terrorismo» puede ser comprendido desde un punto de vista militar o criminal. Por consiguiente, el Departamento de Justicia está tan implicado como el de Defensa.
Por otra parte, los neoconservadores quieren evitar que el stay?behind sea reconstituido dentro de la CIA, aunque esta lo haya absorbido en 1952. La Agencia se halla bajo una especie de tutela del Departamento de Estado y escapa por lo tanto en la actualidad al control de los «halcones».
Además, teniendo en cuenta el estado actual de las opiniones públicas y de las relaciones internacionales, parece imposible seguir imponiendo acuerdos de defensa como podía hacerse al concluir la Segunda Guerra Mundial o situarlos en el marco de la OTAN. De ahí se desprende que el marco jurídico más adecuado en estos momentos es el de acuerdos judiciales bilaterales o con la Unión Europea.
El 16 de octubre de 2001, el presidente George W. Bush se puso en contacto por correo con el Consejo Europeo para hacerle propuestas en materia de cooperación judicial. El 19 de octubre, en la ciudad de Gante, el Consejo decidió dar seguimiento positivo a la solicitud. Luego de un prolongado proceso de consulta de los órganos europeos y de los Parlamentos nacionales, la Unión Europea firmó un acuerdo de ayuda mutua judicial el 25 de junio de 2003.
Con ese motivo, muchos comisarios y ministros europeos, junto con Romano Prodi [1] y Constantine Simitis, viajaron a Washington donde fueron recibidos por el presidente Bush rodeado de una impresionante delegación que incluía, entre otros, a John Ashcroft y Tom Ridge, Dick Cheney y Condolezza Rice.
El estatuto jurídico de este acuerdo no podría ser más misterioso. Fue suscrito sobre la base del artículo 24 del Tratado sobre la Unión Europea, en nombre de la propia Unión y no en el de sus Estados miembros.
Sin embargo, la Unión no tiene personalidad jurídica propia y carece de competencia externa para firmar acuerdos internacionales en nombre de los Estados miembros. Como quiera que sea, este acuerdo no fue presentado a los Parlamentos nacionales con vistas a su ratificación.
Estamos ante el primer caso de acción supranacional externa a la Unión Europea. El acuerdo es ilegal y jamás ha sido debatido.
La originalidad de este acuerdo radica en el hecho de que su interpretación puede evolucionar en función de las modificaciones de la definición del terrorismo y de los procedimientos penales que realicen las partes contratantes. Se ha previsto por consiguiente un sistema de consulta para llevar a cabo estas adaptaciones (art. 11).
El proceso es mucho más dudoso porque el acuerdo modifica el significado de la Convención Interna de la Unión Europea del 29 de mayo de 2000, relativa igualmente a la ayuda mutua en materia judicial.
En lo que respecta a Francia, la ley Perben II, publicada hoy en el Journal officiel, introduce en el derecho francés disposiciones de procedimiento penal estadounidenses (como el declararse culpable o la infiltración), transcribe las disposiciones de la Convención Europea de Ayuda Mutua en materia judicial y legaliza, en una frase sibilina (art. 6), el acuerdo firmado entre Europa y Estados Unidos.
Este último aspecto fue aprobado por la Asamblea Nacional durante una primera deliberación sin que los diputados sean conscientes de ello. El informe de Jean Luc Warsmann señala sin razón, que se trata de una ayuda mutua con Noruega, Islandia, y Suiza [2].
El senador François Zocchetto descubre el secreto cuando se realiza la votación durante la primera deliberación en el Senado, pero no llega a captar todas las consecuencias [3]. Como el artículo fue aprobado en los mismos términos por ambas asambleas jamás será discutido.
Esta asombrosa manipulación conduce a legalizar la intervención del FBI, incluido el caso de las misiones de infiltración, en el territorio francés en cualquier asunto de lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas. El secretario estadounidense de Justicia está simplemente obligado a informar a su homólogo francés.
Ahora bien, por su parte, el secretario estadounidense de Justicia acaba de introducir innovaciones con la creación del concepto de «servicios de inteligencia de justicia» y del Consejo de Coordinación de los Servicios de Inteligencia de Justicia que permitirá a la CIA y a otros servicios secretos actuales aprovechar ese resquicio para introducirse.
De esta forma, de irregularidades jurídicas en manipulaciones parlamentarias, Francia ha legalizado las actividades de infiltración de los servicios secretos estadounidenses en su territorio que incluyen la irresponsabilidad penal de los agentes, la autorización de transportar productos ilícitos, la sanción de los periodistas que revelaran la identidad de los agentes infiltrados, etc.
En 2003, en el marco de la lucha contra el terrorismo, el secretario estadounidense de Justicia autorizó acciones de inteligencia y de infiltración en las mezquitas (con fichaje nominal de todos los ciudadanos estadounidenses que practican la religión musulmana), en las asociaciones que luchan contra la globalización y en los grupos políticos que se oponen a la guerra contra Irak (incluida la coalición Not in Our Name, No es nuestro nombre). Ahora tiene luz verde para proseguir estas misiones en Francia.
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