Fronteras abiertas

La preocupación sobre la seguridad en las zonas de frontera colombianas durante los últimos 10 años se ha concentrado en el anhelo de contener el desbordamiento del conflicto interno[1] y no en el tradicional concepto de defensa de la soberanía ante el peligro inminente de un conflicto transnacional con alguno de sus vecinos.

Con la inserción del narcotráfico en el conflicto interno colombiano como un elemento clave para la financiación de los grupos armados ilegales, la importancia estratégica de las zonas fronterizas dejó de residir en el abastecimiento de armas, municiones, explosivos y pertrechos para la guerra, constituyéndose más bien en áreas claves para la consolidación de estructuras asociadas con organizaciones criminales transnacionales. En este sentido, las guerrillas aprovecharon la poca atención que el gobierno de Colombia y los gobiernos de los países vecinos han prestado históricamente a las zonas periféricas de sus territorios, para consolidar espacios en los que se desarrollan actividades de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y secuestro, para financiar la confrontación contra el Estado colombiano.

Durante la década de los 90, los grupos guerrilleros consolidaron su poderío sobre las fronteras, especialmente con Ecuador, Panamá y Venezuela, y utilizaron estas zonas como rutas de escape, descanso y reaprovisionamiento, aprovechando esto como ventaja táctica ante cualquier arremetida del gobierno colombiano. Para el final de esta década, el surgimiento de grupos paramilitares, así como el fortalecimiento de las operaciones militares en éstas zonas, se tradujeron en un duro golpe para la guerrilla, para sus redes de apoyo, y sobretodo, para su estructura económica, la cual estaba fundamentada en el narcotráfico. Lo anterior obligó a este grupo a buscar nuevos espacios geográficos, en muchos casos en los países vecinos. Esta dinámica obligó a la guerrilla a la construcción de nuevas redes de apoyo que les permitieran convivir sobre el límite geográfico, aprovechando que los habitantes de estas zonas marginales veían en ésta un dinamizador de la pobre e incipiente economía característica de las zonas periféricas andinas.

El proceso de desbordamiento del conflicto interno sobre las fronteras se da de manera diferente en cada una. En los casos de Brasil y Perú, los factores de inseguridad generados por la situación colombiana siempre han estado asociados mayoritariamente con el tráfico de narcóticos y armas. La amenaza representada por el conflicto armado y el crimen transnacional en estas fronteras, ha sido enfrentada por estos países con el destacamento de unidades militares que prestan vigilancia sobre vías fluviales y zonas pobladas, y recientemente con la implementación de un acuerdo de cooperación tripartita de vigilancia. En este se privilegia la neutralización de las actividades ilegales, por medio de la actuación de las fuerzas militares, principalmente peruanas y brasileras, como barrera contra el desbordamiento del conflicto. El dispositivo militar colombiano en la zona es preocupantemente inferior al brasilero y al peruano, que consideran estratégica su posición sobre la amazonía y no periférica. Dado que estas fronteras tienen características geográficas extremas determinadas por la cuenca del río Amazonas, el impacto de la confrontación armada es baja.

En el caso de la frontera panameña la situación es más complicada debido a la despensa armamentista que significa Centroamérica para los grupos ilegales colombianos y la importancia geoestratégica de esta, consistente en ser el eje de articulación terrestre entre el norte y el sur del continente. En ese sentido, el impacto de la confrontación armada en algunas épocas ha sido considerable, en la medida que con la aparición de los paramilitares se desató una lucha por el control territorial que causó muchos enfrentamientos más allá de la línea fronteriza. Estos combates dejaron en medio del fuego comunidades panameñas, principalmente indígenas, y generaron flujos críticos de refugiados colombianos hacia el departamento panameño de Daríen. La utilización por parte de la guerrilla y los paramilitares del escenario de guerra como una ruta de tráfico de narcóticos, le permitió al gobierno panameño combinar esfuerzos con los EEUU para desplegar una fuerza de tarea que más que entrar en confrontación con los grupos armados ilegales de Colombia, tuvo una función disuasiva que los obligó a replegarse mientras se fortalecían las posiciones fronterizas del vecino país.

Con respecto a las fronteras con Ecuador y Venezuela, la incidencia del conflicto armado colombiano ha sido muy fuerte. Estos dos casos pueden ser considerados como los principales diques del desbordamiento del conflicto interno en la región, debido a que sobre estos limites están los mayores asentamientos humanos de las zonas fronterizas colombianas y los principales centros de abastecimiento y comercio ilegal de los grupos armados. La declarada intención por parte de la guerrilla de no realizar acciones desestabilizadoras en el país vecino, la mantuvo como un factor de bajo riesgo para los gobiernos ecuatorianos. Esta valoración parcial del riesgo no tuvo en cuenta otros aspectos que si se constituían en factores desestabilizadores. Por ejemplo, la proliferación de actividades ilegales desarrolladas por la guerrilla en territorio ecuatoriano, permitió la construcción de una compleja red criminal que opera en toda la frontera replicando algunos comportamientos típicos de la delincuencia colombiana.

A partir del año 2000, la activación del Plan Colombia y el fortalecimiento de las acciones del gobierno colombiano contra los narcotraficantes y los grupos armados ilegales en los departamentos de Putumayo y Nariño, deterioraron significativamente el ambiente de tranquilidad para los grupos guerrilleros sobre la frontera. El aumento de las unidades armadas del Estado y la aparición de grupos paramilitares que asumieron el control de los cascos urbanos en las poblaciones fronterizas, condujo a la guerrilla cada vez más a utilizar el territorio ecuatoriano como un espacio geográfico para librarse de la presión armada. Este objetivo fue cumplido con facilidad, en parte gracias a la pasividad de los organismos de seguridad ecuatorianos. En este sentido algunas afirmaciones inexactas no dudan en señalar al Estado colombiano como el único responsable del desbordamiento del conflicto por esa frontera, desconociendo la responsabilidad del gobierno ecuatoriano en lo concerniente a la evasión de su responsabilidad de luchar contra estos grupos guerrilleros[2] y las estructuras criminales locales que les han servido como protectores.

La situación anterior cambió en alguna medida durante el gobierno del presidente Gutiérrez. Durante este período, el aumento del pie de fuerza fue significativo, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación binacional fronteriza y las actividades contra la presencia de grupos guerrilleros en territorio ecuatoriano fueron evidentes. Esto se tradujo en el desmantelamiento de campamentos, la captura de guerrilleros colombianos que habitaban ilegalmente en el Ecuador y el descubrimiento de más de 20 pasos ilegales a lo largo de la frontera. A partir de la destitución de Gutiérrez como jefe de Estado, el nuevo gobierno liderado por el presidente Palacios, volvió a retomar la tendencia histórica de neutralidad frente a la guerrilla. Esto se ha traducido en el deterioro de las relaciones bilaterales por causa de la violación del territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas militares colombianas cuando persiguen columnas guerrilleras.

La situación en la frontera con Venezuela tiene un nivel similar de deterioro, pero tiene características diferentes. Desde hace por lo menos 20 años el gobierno venezolano ha mostrado una profunda preocupación por la falta de control de Colombia sobre su franja fronteriza, debido a actuaciones esporádicas que la guerrilla del ELN realizaba en los Estados Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y Apure. Como en las demás fronteras, la de Colombia con Venezuela es vigilada por un precario dispositivo de seguridad, dejando grandes espacios geográficos desguarnecidos bajo el control de los grupos armados ilegales. Por su parte el gobierno venezolano ha aumentado sustancialmente su pie de fuerza durante los últimos cinco años y ha mejorado la disposición sobre el área de las tropas y su equipamiento con el fin de vigilar el paso de grupos paramilitares colombianos hacia Venezuela, siendo aún insuficiente. En esta zona fronteriza tienen presencia efectiva frentes de las guerrillas de las FARC y el ELN y algunas organizaciones paramilitares conformadas por desmovilizados del Bloque Catatumbo de las AUC, los cuales son apoyados por ganaderos y comerciantes de la región para protegerse del secuestro y la extorsión de la guerrilla colombiana, así como de algunos grupos guerrilleros venezolanos que han surgido recientemente, como el Frente Bolivariano de Liberación –FBL-. Las autoridades venezolanas consideran que en la zona de frontera habría cerca de 2000 paramilitares y 600 guerrilleros.

El desbordamiento del conflicto interno colombiano en territorio venezolano, fue enfrentado por el gobierno de ese país desde finales de la década de los 80 con la política de persecución en caliente. Esta consiste en la persecución, incluso en territorio fronterizo colombiano, de los responsables de secuestros y extorsiones, y sobre todo de ataques armados contra posiciones militares venezolanas. Esta practica se mantiene y ha significado en muchas oportunidades la incursión de la Fuerza Armada venezolana en territorio colombiano, donde han cometido abusos contra la población civil, dada la inexistencia de autoridades militares o policiales colombianas en la zona. Además de la estrategia y el dispositivo militar, los gobiernos de Colombia y Venezuela desarrollaron por cerca de doce años medidas de confianza para el control de la frontera común y la solución de posibles controversias. Dicho mecanismo, llamado COMBIFRON[3], fue una herramienta muy útil para el control de la seguridad fronteriza hasta el año 2000, cuando el Gobierno de Hugo Chávez congeló el mecanismo, deteriorando sustancialmente la relación binacional de cooperación en términos de seguridad.

El desbordamiento del conflicto armado en esta zona ha sido favorecido por la concentración del esfuerzo militar colombiano en la zona del Catatumbo y en la protección del oleoducto Caño Limón – Coveñas, dejando libres amplias áreas para el libre tránsito de grupos armados ilegales, narcóticos, armas, explosivos y secuestrados. Asimismo, gracias a la existencia de algunos focos de corrupción de miembros de los organismos judiciales y seguridad colombianos destacados en la región con grupos armados ilegales. Del lado venezolano, la existencia de una compleja red de corrupción en la que algunos miembros de los organismos de seguridad han realizado alianzas con organizaciones criminales transnacionales y con los grupos armados ilegales colombianos, ha generado amplios espacios para el posicionamiento de estos en su territorio, el cual utilizan como zonas de escape, descanso y reaprovisionamiento.

Así, la permeabilidad de las fronteras colombianas en relación con factores de inseguridad asociados al conflicto armado, es un fenómeno resultante de la creciente asociación de los grupos armados ilegales con organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, el uso de la guerrilla de las zonas fronterizas de los países vecinos no es solo la responsabilidad del Estado colombiano. Los países vecinos también tienen una inmensa responsabilidad en el grave impacto que sobre su territorio y sus ciudadanos tiene una inexplicable neutralidad frente a grupos armados que no representan la materialización de una aspiración política por la vía armada en dichos países, sino eslabones de una compleja red de crimen organizado local y transnacional.

[1] En el libro “Una fuerza Preventiva de la UNO: Opción para Colombia” escrito por Laura Gil y editado por la Fundación Seguridad y Democracia, puede observarse un completo inventario de los hechos que demuestran el desbordamiento del conflicto armado en las fronteras.

[2] En mayo de 2005 el Gobernador de la Provincia del Carchi, Bolívar Chamorro, señaló que las Fuerzas Militares ecuatorianas fueron testigo de la incursión a través de 20 km de territorio ecuatoriano de una patrulla de cuarenta guerrilleros de las FARC, sin tomar ninguna acción contra los ilegales.

[3] Comisión Binacional Fronteriza Colombia – Venezuela.