Fuera Ejército de zonas indígenas

La ocupación militar de la sierra de Zongolica, Veracruz, trajo consigo, una vez más, la devastación. “Queremos reglas claras e influir en la relación del Ejército en las zonas indígenas, porque en esa relación siempre hemos salido perdedores. De este lado están las violadas, las víctimas de despojo. No queremos más eso”, advierten Javier Pérez Pascuaza, alcalde de Soledad Atzompa, y varios miembros de la comunidad.

“¡Que salgan de todas las zonas indígenas del país! Si el Ejército y sus altos mandos tienen vocación nacionalista, la solución pasa por su salida de todas las tierras indígenas!”, explica el líder indígena y puntualiza: “no queremos la vía armada ni mucho menos, pues aquí existe un temor a pensar que en las sociedades indígenas hay proclividad a la lucha armada, básicamente eso han sustentado los militares para justificar su presencia aquí”.

En el fondo, preguntamos, ¿la presencia del Ejército está vinculada a la defensa de la seguridad nacional y con ese argumento permanecen en todo el territorio? “No es correcto –ataja-, la seguridad nacional se defiende combatiendo al narco, y en Zongolica las zonas indígenas en general no son objetivo de ese combate. Aunque existe algo, no es una zona en la que se detecte gran tráfico de drogas.

“La seguridad nacional del Ejército ha consistido en atemorizar a las poblaciones, en perseguir a sus dirigentes y las organizaciones. Si ese es su objetivo, que lo digan directamente”.

Insistimos: ¿no es opción para ustedes la resistencia armada? No, es la respuesta contundente, “no hay condiciones técnicas, aquí trabajamos con organizaciones y partidos políticos, que no nos arrinconen”, asegura Carlos Mezhua, dirigente indígena y campesino.

Después del agravio

Marzo comienza con mucho frío en Tetlazingo, aunque el coraje enardece a los habitantes cuando exigen: “¡Justicia para la víctima y medidas de fondo!”

Los indígenas de Zongolica saben que esa exigencia significaría el retiro de miles de militares en varios estados de la República y la suspensión de los operativos que ahí realizan, dice Juan Carlos Mezhua Campos, vecino de la localidad y secretario de Asuntos Campesinos y pueblos Indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No nos interesa atacar al Ejército, no nos ayuda como comunidades indígenas, pero sí como país”, sentencia el líder indígena, quien agrega que por la forma en que se conciben y realizan los operativos militares en el país, es cierto que “las comunidades no están preparadas para recibir a los soldados”.

Los miembros del destacamento al que pertenecen los agresores arribaron a esa zona de la Sierra Oriental del país desde enero. Su misión, afirma Mezhua Campos, tenía doble intención: la de “beneficio social”, por la que los soldados se transforman temporalmente en peluqueros, dentistas y hasta para que desarrollaran labores de alfabetización.

El otro objetivo del despliegue, el no oficial, es el de la inteligencia. A través de un registro minucioso se busca controlar los movimientos de los líderes comunitarios, pasar revista de las acciones que, en su opinión, verifique que se cumple el “estado de derecho”. “¡Estado de miedo! Eso es parte de los abusos cotidianos que cometen los soldados,” exclama el líder indígena.

Y como ocurre en todos los operativos militares a lo largo del país, a comienzos de año sus elementos irrumpieron en Tetlazingo y se instalaron en un predio del que nunca preguntaron a quién pertenecía. No lo arrendaron, sólo se desplegaron y pidieron comida, leña e información.

La leña es un material estratégico en la sierra húmeda veracruzana. Para que un individuo sobreviva ahí, su carga de madera es sustantiva, pues a cambio recibirá al día apenas 12 pesos. Con los soldados en la región, al campesino se le priva de ese recurso y toda su familia es condenada a la inopia.

Es toda una invasión militar a las comunidades indígenas de la sierra, porque tiene una expresión depredadora, por ejemplo los frutos silvestres ya no pueden consumirlos las familias. A la comunidad la tomaron, tomaron la leña, tomaron cosas del pueblo para poder abastecerse.

“No estamos en tiempos de guerra, aquí hay paz y creemos que por nuestros derechos constitucionales que no estamos obligados a darles alimentos, vestuario o lo que ellos requieran. ¡Jodida está la cosa!”, sentencia el alcalde de Soledad Atzompa.

Los abusos no por ser menores dejan de ser abusos. Eso reclaman los indígenas, ahora enardecidos por lo ocurrido contra la mujer que amordazaron los soldados, en su choza de palitos y cartón. Transcurrieron ya varios días tras el asalto sexual perpetrado por militares contra la anciana de 73 años y las circunstancias que rodean el hecho se mantienen como neblina en la vida cotidiana del poblado.

Su primera reacción fue cercar a los soldados para evitar que quisieran huir. Las mujeres y hombres del poblado cerraron todos los accesos y fue una medida exitosa que obligó a los oficiales a asumir los hechos.

En un principio trataron de ocultar a los responsables y hacer oposición para que la gente no sospechara la verdad. “No fueron mis soldados”, reclamó un oficial unas horas después de conocerse el asalto contra la anciana. “Tenemos pruebas de donde fue”, dijo el sobrino de la anciana, “ella dijo que fueron los soldados”, encaró al militar.

Otros más secundaron al pariente: “tenemos testigos que vieron a unos soldados borrachos”; “otras mujeres de acá escaparon de ellos, las andaban buscando”, corearon.

Otra organización –la Coordinadora Regional de la Sierra de Zongolica (Croiz)– presente en la zona, se ha manifestado por la salida de los efectivos de la 26 zona militar, también conocida como la zona del Lencero. René Huerta Rodríguez, dirigente de la Croiz, advirtió del riesgo de violencia que pudiera traducirse en linchamientos y enfrentamientos”.

Esta organización fue la que gestionó el traslado de la víctima de violación al Hospital Regional de Río Blanco. Tras el diagnóstico del deceso, siguió el desfile de funcionarios por la sierra: el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Mora Domínguez, junto con el subprocurador regional de Justicia, Miguel Mina Rodríguez.

Tras el desfile de personalidades, el Ejército decidió sufragar los costos de la hospitalización de la víctima. Ahora, los indígenas de la Sierra de Zongolica esperan reunirse con el secretario de la Defensa para pactar los nuevos términos de la presencia militar en Tetlazingo.

Publicado: Abril 1a quincena de 2007