En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.
Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.
No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.
Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.
De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.
Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.
Sedena, el mayor gasto
La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.
También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.
Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.
De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).
Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.
Los gastos de la Marina
Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.
Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.
Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.
El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.
En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.
Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.
“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”
El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.
“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”
Inteligencia, gasto menor
En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.
De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).
En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).
El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.
El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.
En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.
Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.
El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.
Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.
Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.
También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.
Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años
En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.
Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.
Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.
Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.
El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.
“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”
López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.
Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.
Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.
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(Continuarà…)
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