Gobierno de Colombia reprime indígenas del Cauca

Bogotá, Colombia. Feliciano Valencia tiene rango de ministro para el pueblo indígena nasa, que habita el norte del departamento colombiano del Cauca. Fue detenido a fines de abril de 2010 y dejado en libertad condicional.

“Está visto que no se quiere respetar la Jurisdicción Especial Indígena”, consideró el abogado Jorge Triviño, asesor jurídico de los indígenas nasas. Valencia es consejero (ministro) de paz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en el suroeste del país, o, en lengua nasa, cxab wala kiwe (territorio del gran pueblo).

Él goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otros líderes indígenas del Cauca, como Aída Quilcué y Daniel Piñacué.

Los tres son portavoces de la Minga (trabajo colectivo para el bien común) Social y Comunitaria, una movilización que lideran los indígenas para plantear exigencias al gobierno.

Pero se les acusa de “secuestro” y “lesiones personales”, al igual que a dos miembros de la Guardia Indígena, cuerpo de vigilancia comunitaria cuyos integrantes van armados sólo con bastones de mando orlados de cintas de colores.

Las acusaciones se refieren a la detención que la Guardia Indígena efectuó el 16 de octubre de 2008 al cabo del ejército Jairo Danilo Chaparral.

La Minga, realizada a mediados de abril en el norte del Cauca, tomó la Carretera Panamericana. El gobierno ordenó “despejar” esa vía y la policía antimotines disparó contra los comuneros.

El presidente derechista Álvaro Uribe acusó a la Minga de estar infiltrada por la guerrilla –que actúa en este país desde 1964– y el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, señaló que en los enfrentamientos con sus hombres, los indígenas, estaban usando armas “no convencionales”.

Los jóvenes nasas, cámara en mano, grabaron los ataques de la policía antimotines. Esas filmaciones llegaron a la televisión internacional, que mostró a la fuerza pública disparando contra los manifestantes. Entonces, Uribe decidió trasladarse a territorio indígena a dialogar.

El saldo de esa refriega fue de tres indígenas muertos y 35 heridos. El cabo Chaparral, de ascendencia indígena y cuya madre habita en la zona, se infiltró en la Minga vestido de civil. En su mochila le encontraron un uniforme camuflado, varios celulares y manuales sobre manejo de armas y elaboración de explosivos.

El militar, según su madre, le contó que estos elementos debían ser “encontrados” por la policía, con el fin de implicar a la Minga con prácticas terroristas y con la guerrilla izquierdista.

El plan habría sido fraguado por la Dirección de Inteligencia del Batallón de Contraguerrilla número 15 “Libertadores”, donde el suboficial cumplía labores, según un comunicado enviado a IPS por más de una decena de organizaciones civiles, incluidas la ACIN y la propia Minga.

La Constitución de Colombia reconoce que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus usos y costumbres”.

Capturado el cabo Chaparral, el tribunal indígena que lo juzgó fue asistido por chamanes, de acuerdo con la tradición. El “remedio” (condena) para el militar consistió en nueve latigazos y el “refrescamiento”, bañar su cabeza y hombros con agua sagrada.

La comunidad se tranquilizó, pues percibió que se hizo justicia. Pero, incentivado por sus mandos, el cabo Chaparral abrió una demanda penal.

“¿Qué hay detrás? Sin duda, un ataque a la Jurisdicción Especial Indígena”, señaló el abogado Triviño, apoderado de ACIN. El problema, agregó, es que no ha sido expedida “la ley de coordinación entre las dos jurisdicciones”, la ordinaria y la indígena.

Aunque existen fallos de tutela de la Corte Constitucional, que “son orientadores, que nos han dado respiro, nos han favorecido, los jueces los interpretan a su acomodo”, señaló, y no suelen tener “formación en antropología jurídica”.

Instancias de menor rango que la Corte Constitucional, como el Consejo Superior de la Judicatura, definieron que la justicia indígena se aplica dependiendo del delito. También, que quien comete un delito dentro del territorio aborigen debe reconocerse a sí mismo como indígena.

El conflicto se relaciona “con el no respeto de las competencias, que ya fueron claramente delimitadas por la Corte Constitucional”, comentó a IPS Freddy Páez, del Colectivo Fuerza Común, integrado por profesionales, jóvenes y estudiantes, y vinculado a la Minga.

Páez, cuyo Colectivo también hace parte de la no gubernamental Alianza Ciudadana por la Democracia, en defensa de la Constitución de 1991 que reconoció la jurisdicción indígena, ve en la detención de Valencia “un problema político. Los pueblos indígenas vienen luchando hace mucho tiempo por sus derechos, en particular por la tierra de la cual están siendo despojados”, dijo.

De las confrontaciones con el Poder Ejecutivo, “el que salió derrotado fue el gobierno de Uribe, después de que hizo señalamientos abiertos de que la Minga estaba estrechamente vinculada con lo que ellos llaman ‘el grupo terrorista de la guerrilla’”, agregó.

“Lo que se pretendía hacer con la infiltración de este muchacho indígena vinculado al ejército era tratar de dejar una evidencia para vincular directamente a la movilización con el grupo guerrillero. La Minga interpreta que es una retaliación de parte del poder que está detrás de las instituciones, ante la amplia defensa que ha hecho del territorio”, expresó.