Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales).

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.

Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.

“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”.