Tortura física y psicológica, amenazas de muerte, encierro e incomunicación, son algunos de los agravios que más de una centena de personas sufrieron desde la entrada de los efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la capital oaxaqueña.
Oaxaca, Oax. El 2 de noviembre decenas de hombres y mujeres fueron presa de elementos del Grupo de Operaciones Especiales, cuando los policías pretendían remover una barricada puesta por los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en Ciudad Universitaria y el crucero de Cinco Señores.
Era la primera vez que subían a un helicóptero, pero éste no sería un viaje de placer. La aeronave los trasladaba a la Base Aérea Militar 22, de El Tequio, amontonados como bultos más de 15 personas de diferentes edades aprehendidas el Día de Muertos por agentes de la PFP.
En esa jornada, los uniformados de gris y negro se enfrentaron durante siete horas a miles de estudiantes, colonos y padres de familia. En el combate que replegó a los efectivos se lanzaron granadas de gas lacrimógeno y agua disparada a presión desde las tanquetas que el gobierno federal mandó a Oaxaca para “imponer la paz y el orden”. Los que defendían su trinchera se armaban con piedras, petardos y bombas molotov. Ahí comenzaron las historias de tortura, injusticia y represión.
Luego de que los agentes federales ejecutaran las órdenes de sus mandos superiores para iniciar la que fuera una batalla campal, comenzaron las aprehensiones. No se discriminó edad, sexo, ni afiliación política para empezar con los golpes, las ofensas e intimidaciones.
Desde ese sitio los detenidos fueron llevados a la base aérea a bordo de una camioneta blanca. En el trayecto un uniformado preguntaba a cada una de sus presas “quieres caer de día o de noche”, las risas del resto de los policías que habían abordado el vehículo estremecía a los demás prisioneros que eran trasladados atados de pies y manos con cinta canela. La sangre corría.
Abordo del helicóptero que llevaría a José Flores y a otros 15 más al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cuicatlán, otro oficial amenazaba: “ahora sí vas a aprender a volar”: El hombre de 48 años que ocupaba un lugar en el helicóptero sólo temblaba.
Comerciante, oriundo de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, uno de los municipios más pobres de la entidad, José Flores recuerda los momentos de temor que pasó desde su captura.
Cuando se intentaba el desalojo de la barricada “vi que venían los policías de frente, me quedé parado y esperé a unos 20 metros de mi casa. De pronto ya estaba rodeado por elementos de la PFP. Ellos me agarraron, me torcieron la mano y me agacharon para que ya no volviera a levantar la cara, prácticamente me secuestraron. Me subieron a una camioneta blanca y adentro estuve custodiado por más policías”.
En el vehículo que lo trasladaría a la Base Aérea Militar 22 había aproximadamente 20 detenidos, mientras los policías seguían con el operativo en la trinchera. “¡Te va a llevar la chingada por andar de chismoso, pinche viejo!” espetaban con furia los uniformados.
A base de golpes le exigían que revelara “cuántos más son los líderes”. Sin cesar en el amedrente decían al comerciante: “Ya estás grande para andar con tus chingaderas. Esto es apenas el comienzo. Ahorita los vamos a llevar a la sierra a tirarlos”.
De origen campesino, José recuerda que pasó aproximadamente 24 horas en la base aérea, tirado a campo abierto. Luego los elementos de la PFP le dieron un rondín para seguir con los golpes.
“Me regresaron a la base aérea, iban como seis policías. Nos tuvieron tirados en un campo. Cuando me di cuenta ya éramos como 40 personas. Nos subieron a un helicóptero para trasladarnos al penal de Cuicatlán y al subirnos nos tiraron uno sobre otro. Íbamos como 16 en cada aparato.
“Si queríamos levantar la cabeza nos pisaban. Nos amenazaban con que ya iban a tirar al primero. Se oía como si jalaran a uno. Yo venía más abajo. Tenía miedo. Pensaba: a qué hora nos toca. Había gente que se iba quejando de dolor. Unos más lastimados que otros de la nariz, boca, costillas”, relata a pocos días de haber sido liberado.
Victoria Ortiz Medrano espera diariamente desde hace más de una semana la liberación de su hijo Samuel. Como muchos otros, ella asiste diariamente a las reuniones que sostienen a las afueras de la Iglesia de Santo Domingo, donde permanece el plantón de la APPO, para conocer la situación jurídica de los detenidos.
La mujer indígena zapoteca vivió momentos de angustia cuando supo que su hijo había sido detenido. Samuel es un albañil que llegó a la capital en compañía de sus padres y hermanos en busca de trabajo. Él participó en las obras de remodelación del Centro Histórico que por mandato del gobernador Ulises Ruiz se realizaron.
Victoria no acaba de sufrir. La detención de Samuel y la presencia de los elementos de la PFP son la zozobra cotidiana.
La mujer de más de 60 años de edad, que apenas puede hablar el español cuenta cómo un menor de sus hijos fue sometido. “Samuel salió a apoyar a la APPO cuando se dio la entrada de la PFP. Él tiene 26 años. Lo detuvieron y llevaron, yo no sé que pasa con él, cómo está, si le dan de comer”, dice con angustia.
Cuando se entera de que algunos de los que ya fueron liberados tuvieron que pagar una fianza de 4 mil pesos, la mujer dice: “yo no tengo dinero para pagar eso, lo único que pido es ayuda para que lo dejen libre”.
Martín Vargas, de 24 años de edad, fue otro de los detenidos el Día de Muertos. Permanecer cerca de la encrucijada fue el motivo para que los elementos de la fuerza pública lo privaran de su libertad.
Su hermano Fernando relata cómo Martín fue sometido a distintos actos de intimidación y tortura. Mientras, espera que los integrantes de la Limeddh informen sobre la situación jurídica de su familiar después de ocho días de haber ocurrido los hechos.
“Él no tenía nada que ver con el movimiento de la APPO y ya es culpado por los delitos de ataque a las vías de comunicación, sedición y resistencia. Si se encontraba cerca del lugar es porque iba camino al trabajo, pero no por tener la intención de participar en la gresca”, dice.
Trasladado al reclusorio fenemil de Tlacolula, Martín Vargas, quien buscó trabajo como mesero luego de que las actividades escolares fueran suspendidas, no tuvo oportunidad de mantener contacto con sus familiares durante las primeras 16 horas de su aprehensión. Él también fue sometido a golpes, “interrogatorios absurdos” y amenazas.
“Los de la PFP no tenían porqué hacer esto con mi hermano. No tenían pruebas para apresarlo. Cuando me enteré del maltrato que había recibido me indigné mucho porque no es posible que los traten de esa manera.
“Para toda la familia estos días han sido muy angustiantes. No tenemos ninguna certeza de que lo liberen pronto, va pasando el tiempo y la humillación crece. Los policías no tienen elementos que lo incriminen”, se indigna Fernando.
Al darse cuenta de que pasan las horas y que todavía no hay noticias respecto a la liberación de Martín, su hermano se desespera y con lágrimas en los ojos dice: “esto no es justo. Le están quitando uno de los más preciosos derechos, la libertad. Él entiende que esta es una situación inusitada en el país y que llegan a ocurrir este tipo de situaciones, de injusticias pero definitivamente esto es un secuestro”.
Fotografías de frente, perfil, en el pecho un número de serie y la impresión de las huellas dactilares son más elementos que se agregan a los sometimientos a los que han sido expuestos los de detenidos.
Carlos, de 32 años, que asegura no tener nada que ver con el movimiento recuerda que “de repente se dejó venir la PFP y nos empezó a agarrar a todo el mundo, yo iba a hacer una llamada”.
Compañero de viaje de José Flores para que ambos fueran recluidos en el Cereso de Cuicatlán, revive los momentos de humillación que vivió. “Dormimos en la base aérea. Los de la PFP no querían que levantáramos la vista para nada. Nos decían que nos iban a llevar a Almoloya o que nos iban a desaparecer”.
Golpeado brutalmente, todavía tiene rastros visibles de su tortura. Moretones en la costilla del lado izquierdo y piernas. “Nos amarraron de pies y manos y nos gritaban que si éramos mucha madre y muy buenos para aventar piedras. Rogábamos por el agua y nos decían que ni a eso teníamos derecho”.
Carlos, quien es chofer de particulares, tuvo que pagar una fianza de 4 mil pesos para obtener su libertad. Los delitos que se le imputaron fueron: sedición, asociación delictuosa, atentar contra las vías de comunicación y conspiración al gobierno del estado. Al ser cuestionado sobre la posición que tiene respecto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca puntualiza: “ellos están haciendo su lucha, yo lucho con la vida, hay que seguir trabajando.
Ante los hechos de represión y tortura que han registrado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la procuradora general de Justicia del estado, Lizbeth Caña Cadeza niega a Contralínea que hayan existido. Sin embargo, acepta que por el "énfasis que han puesto las organizaciones al respecto, podríamos iniciar averiguaciones para que no queden impunes".
Erika Ramírez / David Cilia, fotos / enviados.
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