Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón

En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).

De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

”A pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado mexicano le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el programa lo está admitiendo”: Sierra

Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.

La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.

El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.

El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.

Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.

Territorios controlados

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra.

Al respecto, el documento detalla: “En la vertiente de seguridad nacional, el factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social. De este modo, la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.

Información de la Procuraduría General de la República indica que al menos siete grandes organizaciones que trafican drogas se mantienen vigentes en México (Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Guzmán Loera-Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, Díaz Parada, Valencia Valencia, Amezcua Contreras). A éstas, la administración federal les atribuye la violencia que padece el país, y que ha cobrado la vida de más de 16 mil 500 personas en lo que va del sexenio calderonista.

Según el programa, “las acciones emprendidas por este gobierno para combatir al narcotráfico marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida entre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.

El mismo documento revela que el gobierno no sólo tendría por objeto la “anulación” de los narcotraficantes, sino también de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional. Además, plantearía la “recuperación” de los territorios controlados por los rebeldes.

Las labores contrainsurgentes han sido confirmadas ya por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en dos entrevistas con Contralínea (publicadas el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2009). El grupo armado reconoció haberse enfrentado con el Ejército Mexicano en una zona cercana a la comunidad Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero.

“La defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”, expresa el programa gubernamental.

En la actualidad, en el país podrían existir más de 40 grupos rebeldes, refieren datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos, el Ejército Popular Revolucionario que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar “los ductos de gas (…) mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema” de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz (Contralínea 120).

Los actos de sabotaje, que afectaron a más de 2 mil 500 empresas, fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón” para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.

Para la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Nacional, esos actos tuvieron el carácter de “atentados” e implicaron “la comisión de delitos” que, “dada su naturaleza”, pusieron en “peligro la seguridad del Estado”, dice la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0210000152207.

Contrainsurgencia militar

En sus líneas de acción, el programa indica que para “acotar la actuación de grupos armados” se tomarán como medidas, “entre otras”: “Mantener abiertas las vías del diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el estado de derecho en la totalidad del territorio nacional; (y) mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales”.

Advierte que el gobierno “efectuará las gestiones para que tenga lugar el fincamiento de las responsabilidades penales que en cada caso correspondan, conforme a derecho”, contra los mexicanos que se mantienen en rebelión.

La estrategia gubernamental privilegiará, sobre todo, el uso de la fuerza. Jorge Luis Sierra indica que, al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas: “Lo único que veo que no sea el uso de la fuerza es el desarrollo de los programas de inversión en las comunidades donde hay movimientos armados. Pero nada más. Eso es lo único que dice el documento de cómo afrontar a los movimientos armados que no sea el uso de la inteligencia y la fuerza: hay un consenso clásico que está pensado más en términos de fuerza y no de desarrollo integral de las zonas, con el fin de evitar que la población simpatice con grupos insurgentes y pase a apoyarlos. No hay esa perspectiva de manera clara. En el documento está de manera tangencial”.

En su página 49, el programa hace la única y magra referencia: “Invertir en infraestructura para dotar de servicios básicos y promover actividades productivas en comunidades ubicadas en el área de influencia de grupos armados”.

Para Sierra, a pesar de que la guerrilla es la tercera amenaza en importancia de la agenda nacional de riesgos, “no hay un desarrollo integral de cómo afrontar el problema con otras vías que no sean la contrainsurgencia clásica”.

Lo que sí hay, en la práctica, son las acciones contrainsurgentes. Tan sólo la Secretaría de Marina cuenta con “fuerzas elites de infantería de marina orientadas a realizar operaciones de contraguerrilla”, reconoce la institución encabezada por el almirante Francisco Saynez Mendoza.

Datos publicados por la dependencia federal indican que dichas fuerzas son capaces de “incursionar y efectuar reconocimientos en áreas bajo control del enemigo (sic), desorientar sus actividades mediante operaciones de combate y sicológicas, estableciendo un perímetro de seguridad del área objetivo, negando la entrada y salida de los transgresores de la ley, así como dar cobertura y seguridad al ingreso del equipo de intervención”. Esas capacidades son desarrolladas en el Curso de Contraguerrilla, que imparte la propia institución.

Sierra indica que al apostar a la fuerza, las autoridades federales “estarán fallando, como fallaron hace 30 años y también hace 80 años. El país no ha logrado desarrollar el sur, que sigue estancado en la miseria, en la violencia de los caciques, en la injusticia, en el asesinato de los líderes y ahora con la presencia de la delincuencia organizada. Eso trae nuevos periodos: pasan 10 o 20 años y la violencia vuelve a surgir. Nuevas células, nuevos movimientos armados, nuevos enfrentamientos, en una espiral que se va desarrollando. La violencia no va retrocediendo: las zonas afectadas son cada vez mayores, los sabotajes que se hacen son cada vez más dañinos, más extensos, afectan más a la economía, y todo eso no ha terminado de resolverse”.

Agrega que “se ha pensado que por la vía de la fuerza, con la desaparición de los militantes de los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 se había eliminado el problema, pero no fue así. Las condiciones para el desarrollo de grupos armados ahí están todavía, el potencial ahí está. El hecho de que el Ejército y el gobierno estén tratando de combatir al ERPI en Guerrero demuestra que ahí sigue habiendo movimientos armados”.

Sin política de defensa

La destacada participación del sector castrense en la preservación de la seguridad nacional y sobre todo en la seguridad pública, se da a pesar de que México carece de una política de defensa que regule la actuación del Ejército y la Marina en labores concretas, como por ejemplo los operativos y los retenes.

Jorge Luis Sierra explica que “esto nos deja a los mexicanos en una debilidad de grandes dimensiones. Si México no tiene una política de defensa, ¿cómo va a ser pensada la actividad y la estrategia de las fuerzas armadas? y ¿cómo va a encajar la estrategia de las fuerzas armadas en el resto de las necesidades nacionales?”

Carecer de esa política significa, “simplemente, (que) no hay una guía para las fuerzas armadas y no hay una guía para el Estado mexicano para saber adecuar el trabajo de las fuerzas armadas en las necesidades del desarrollo político, económico y social. Esta parte es completamente deficiente”.

Sierra puntualiza que no puede haber un programa de seguridad nacional que no esté acompañado por uno de defensa; este último, dice, depende de la política de defensa nacional. De esos programas complementarios se debería derivar el presupuesto para la defensa nacional, “pero acorde con una visión más global, mucho más nacional de la seguridad y la defensa”.

En su página 48, el programa introduce la siguiente frase: “Establecer los postulados generales de una política de defensa nacional”. Identificada como la “línea estratégica 2.2.8”, ésta se desprende de la “línea de acción 2.2 Incidir, a través de políticas públicas sobre factores que desempeñan un papel crítico en la génesis de amenazas y de riesgos”, perteneciente al “objetivo específico 2 Atender integralmente las amenazas que ponen en peligro a la seguridad nacional, así como aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran llegar a vulnerarla”.

El doctor Javier Oliva, experto en seguridad nacional, explica que, a juzgar por las decisiones que ha tomado, el equipo del presidente Felipe Calderón “ha confundido notable, estructural y conceptualmente” la seguridad nacional con la seguridad pública.

El académico juzga que “hay una impericia y un desconocimiento de la materia. Mi hipótesis central es que el gobierno anterior y éste han dado respuestas de manera táctica pero no estratégica. Es decir, hay respuestas a modo pero no hay una línea a largo plazo: nombran y quitan funcionarios, mandan la iniciativa, firman decretos, le cambian de nombre a la PFP (Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal). Eso demuestra una imprecisión en el objetivo”.

Oliva explica que la función, la misión y el instrumento de un soldado es la violencia. “Y la violencia fundamentalmente para aniquilar al enemigo, y aniquilar significa matarlo. No es que sean buenos o malos, sino que ésa es la filosofía de la guerra”.

Indica que “el tomador de decisiones está confundido, porque no sabe, no le han explicado, cuáles son las funciones de un soldado sea mexicano, colombiano, o el que sea”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México añade: “Cuando se echa mano de las fuerzas armadas debe ser de manera provisional, porque ésta no es su función y no debe ser permanente. Si el tema de la seguridad pública se convierte en un tema estructural, quiere decir que el Estado, no el gobierno en turno, está fallando. Ningún país puede decir, sin que esté en guerra o en un conflicto intenso como Colombia, que el tema de la seguridad pública es de seguridad nacional, porque entonces denota que está quebrada la impartición de justicia. En México, pareciera que el tomador de decisiones, al suponer que esto va a ser permanente, está aceptando el fracaso rotundo en la impartición de justicia y en la certeza jurídica. Entonces, ¿de qué sirve tener elecciones?”

Más “espionaje” y control social

Para Javier Oliva, “la seguridad nacional empieza por las carreteras, por el buen empleo, la certeza de un sistema educativo; no por políticas correctivas como las que hacen (Álvaro) Uribe, (Silvio) Berlusconi, gobiernos de derecha como el de Calderón en México. Si leemos la agenda de riesgos, la pobreza y la marginación aparecen en los últimos lugares, y deberían estar en los primeros”.

Además de las cinco amenazas, el programa apunta seis riesgos a la seguridad nacional. El último, o sexto riesgo, se conforma por los “desequilibrios en el desarrollo nacional” y abarca indistintamente los ámbitos de los “desarrollos social, económico y político”.

El académico señala que la agenda nacional de riesgos “indudablemente” se debe replantear. “Con qué criterios está hecha, ¿con criterios de control o de promoción de la justicia social?”

—De no atenderse la pobreza, la marginación, la impunidad, ¿qué le espera a los mexicanos?

—Intentos de control sobre el ciudadano. Toda esta idea de poner cámaras.

—¿La nueva cédula de identidad?

—Todos son controles. Es el miedo al ciudadano por parte de la autoridad. Una autoridad que carece de legitimidad, y no me refiero sólo al proceso electoral, sino que carece de legitimidad en el ejercicio de gobierno: una autoridad se legitima también gobernando. Cómo se legitiman los gobiernos en México, a través de programas como Oportunidades, de crear condiciones para la movilidad social. Pero qué pasa cuando el número de pobres va aumentando, pues es un gobierno que se está deslegitimando. Sí veo que éste puede ser un problema en el corto plazo. Apenas estamos a la mitad de la administración y ahí están los datos, los resultados de los programas sociales.

Al finalizar 2009, los mexicanos en extrema pobreza alcanzarán los 37 millones y los indigentes, los 12 millones, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al presentar el documento Panorama social de la pobreza 2009, el pasado 19 de noviembre, la comisión resaltó que México presentará la mayor caída del Producto Interno Bruto en toda la región, calculado en aproximadamente 7 por ciento.

“No hay segundas oportunidades”

La desatención a las problemáticas sociales conlleva la pérdida de espacios. Jorge Luis Sierra reflexiona que los territorios que ahora busca “recuperar” el gobierno se perdieron incluso desde antes de que llegara la delincuencia organizada.

“No había inversión estatal, construcción de hospitales, de carreteras, inyección para el fortalecimiento de los municipios, un reforzamiento para el sistema educativo, dinero para el pago de maestros, construcción de escuelas, etcétera. Ese territorio estaba abandonado por el Estado, estaba perdido. La suerte de esos mexicanos estaba prácticamente a la deriva. En esas condiciones, donde no hay políticas de Estado, donde el Estado prácticamente ha abandonado ese territorio, llega el narcotráfico y lo aprovecha para sus actividades.”

El experto en seguridad nacional indica que el problema viene de muchas décadas atrás e implica negligencia histórica respecto de esas regiones. “Para recuperar los espacios que ha perdido el Estado mexicano se necesita algo más que el uso de la fuerza, se necesita de todos los elementos del poder nacional. Todos los mexicanos estaríamos en la necesidad de contribuir con algo; pero si el gobierno está confiando solamente en las fuerzas armadas y en las fuerzas de la Policía Federal y no está contando realmente con el apoyo de los ciudadanos, entonces es una política que difícilmente puede tener éxito”.

—Sería éste el momento de hacer algo más y no sólo dejarlo en manos de los militares y en el elemento de represión. ¿O podrá postergarse dos o tres años?

—No hay segundas oportunidades, lamentablemente. Hemos estado, como país, desperdiciando muchas oportunidades y estamos dando pasos hacia atrás. En Honduras hubo realmente una posición muy crítica con el golpe militar porque ahí había problemas desde muchos años atrás.

Ése es el riesgo para el país, observa Sierra. “A eso es a lo que se refiere Estados Unidos cuando dice que hay un Estado fallido: a que haya una alianza en México de narcotraficantes con funcionarios y una parte de las fuerzas armadas, una parte de los partidos políticos que intenten dar un golpe de Estado. Ése sería el escenario más grave del país, ahí es donde estaríamos alcanzando un estado de ingobernabilidad y ahí desgraciadamente no tendríamos tiempo para poder resolverlo con herramientas teóricas”.

Respecto del Programa para la seguridad nacional (2009-2012), opina que, “desde un punto de vista objetivo, fue un trabajo enorme de la comunidad de seguridad nacional. Muchos de los conceptos que están ahí vertidos son resultado de reflexiones y del trabajo intenso. Pero en la realidad, el país no tiene las herramientas indispensables como para poder traducir el plan a resultados concretos”.