Histórica condena al represor Etchecolatz por genocidio

Por primera vez, la justicia reconoció jurídicamente el genocidio implementado por la última dictadura en Argentina, al condenar por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".

Tal como habían solicitado las querellas, el Tribunal Oral Nº 1 reconoció que los secuestros, torturas y homicidios perpetrados por Etchecolatz fueron cometidos como parte de un plan sistemático de exterminio implementado por el Terrorismo de Estado. Este fallo sienta un precedente que podría cambiar el rumbo de todas las causas sobre los crímenes de la dictadura.

Con una sala colmada de público y cientos de personas que quedaron fuera del recinto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, dio lectura al veredicto del juicio oral contra el ex Director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Por unanimidad, los jueces condenaron al represor a prisión perpetua, por su responsabilidad en privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, pero enmarcándolos expresamente bajo la figura del genocidio, tal como habían solicitado ayer los querellantes en sus alegatos. Además, el Tribunal resolvió que Etchecolatz cumpla su condena en una cárcel común: el penal de Marcos Paz, en donde está detenido desde que perdió el beneficio del arresto domiciliario a comienzos de este juicio, en junio pasado.

Se trata de una condena histórica: es la primera vez que un Tribunal incluye la figura del genocidio en la parte resolutiva de una sentencia. Es decir, que es el primer reconocimiento jurídico concreto de que en Argentina se perpetró un genocidio durante la última dictadura cívico-militar. Esto sienta un precedente que seguramente afectará la instrucción de todas las causas abiertas —y por abrir— sobre los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

A partir de ahora, existe un antecedente que podría permitir que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Es el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.

La larga espera

Desde la mañana de hoy, la sala de audiencias —en el Palacio Municipal, en 12 entre 51 y 53— estuvo repleta. Poco antes de las 12, la defensa del genocida Etchecolatz formuló su alegato, en una extensa exposición que duró hasta cerca de las 4. Fuera del edificio, comenzaban a llegar organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales y políticas que mantuvieron una vigilia de varias horas a la espera del veredicto, que finalmente fue anunciado para las 19.30.

A esa hora, las puertas de la Municipalidad todavía permanecían cerradas, y el público se impacientó. Finalmente, se dio prioridad para entrar a las víctimas, testigos y familiares —la prensa terminó ingresando por otro sector—, y el resto de las personas que contaban con acreditación fue entrando con cuentagotas. Gran parte de los presentes quedó fuera del edificio, y tuvo que seguir el desenlace del juicio desde la explanada del Palacio Municipal.

Dentro de la sala, la expectativa crecía. Cerca de las 20.30, el juez Rozanski comenzó con la lectura del veredicto: "Este Tribunal resuelve condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua…". En ese momento, estalló un aplauso cerrado, y para muchos fue imposible contener la emoción.

Bajo el sonido del público cantando "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar ", volaron algunas bombas de pintura que tiñieron una columna, un parlante, parte del piso e incluso la cabeza de uno de los policías federales responsables del impresionante operativo de seguridad que durante todo el día rodeó al represor.

A esa altura, Rozanski ya había interrumpido la lectura del fallo. Etchecolatz y sus abogados defensores se escudaron detrás de los policías y salieron de la sala, y hubo que esperar un momento para calmar los ánimos, incontenibles después de 30 años de espera.

Luego, tras el regreso del represor, el presidente del Tribunal reanudó la lectura del veredicto, y una segunda ola de aplausos se desató cuando, después de enumerar los secuestros, torturas y homicidios cometidos por Etchecolatz, se reconoció que estos fueron "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983".

El veredicto se coronó con la respuesta a otro de los principales pedidos de la querella: "Que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, el Complejo Penitenciario Nº 2 de Marcos Paz".

Al grito de "30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: Presentes", las víctimas, los familiares, los organismos y todos los presentes festejaron este fallo histórico y se entregaron a los abrazos, las lágrimas y las felicitaciones. Afuera, el resto del público cantaba: "Olé, olé, olé, olá, vas a la cárcel, Etchecolatz; no es el Estado, es la lucha popular".

El veredicto

Vale la pena transcribir el breve veredicto, que constituye la parte resolutiva de la sentencia (la lectura de los fundamentos, por una cuestión de tiempo, se postergó hasta el próximo martes 26 de septiembre, a las 13 hs, en el Palacio Municipal).

El Tribunal, por unanimidad, resolvió: "Condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas, por consideralo coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Diana Esmeralda Teruggi; autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Patricia Graciela Dell’Orto, Ambrosio Francisco De Marco, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado; autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Nilda Emma Eloy; autor mediato penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge Julio López; en todos los casos en concurso real; todos estos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.

Y dispone que el nombrado quede alojado en su actual lugar de detención, Complejo Penitenciario Nº 2 de Marcos Paz".

Defender lo indefendible

Más temprano, los abogados del represor Etchecolatz —Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía— habían formulado sus alegatos, que tuvieron más de provocación política que de contenido jurídico concreto.

El primero en alegar —y el que más se explayó, con una exposición que duró cerca de tres horas— fue Boffi Carri Pérez. Como era previsible, el defensor del represor esgrimió una vez más los ya anacrónicos argumentos según los cuales la dictadura actuó "en un estado de guerra". Para el letrado, Etchecolatz operó "en legítima defensa de la patria, y en legítimo cumplimiento de su obligación y cargo en la lucha contra el terrorismo subversivo".

Sostuvo que el ex comisario debía ser juzgado "por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", y trató de amparar los delitos cometidos por su defendido bajo los decretos de "aniquilamiento de la subversión" dictados en octubre de 1975 y las ya anuladas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a las que definió como "normas de pacificación, para poder mirar hacia delante" y a las que reivindicó fervientemente —"reclamo la nulidad de la nulidad", llegó a decir—.

Después, su alegato consistió en una serie de provocativas proclamas: "Es muy triste todo lo que han contado, pero más horroroso es haberlo provocado", espetó, en referencia a los crímenes de los que fueron víctimas los que él calificó como "activistas", "subversivos" y "delincuentes ideológicos".

Boffi Carri Pérez —autodenominado "experto" en derecho internacional— la emprendió luego contra los tratados internacionales que contemplan los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio: afirmó que esas convenciones "vulneran el principio de igualdad, independencia y soberanía de los pueblos" e incluso reclamó "la inconstitucionalidad de la Reforma Constitucional de 1994", mediante la cual se incorporó esas normas internacionales al derecho interno argentino.

No obstante, su pedido más insólito fue respecto de la prueba reunida durante esta investigación: "Voy a solicitar la nulidad de toda la prueba", lanzó, y lució todo su cinismo cuando se refirió a los testimonios brindados por familiares y sobrevivientes: "Todos los testigos que tuvieron relación con los hechos ocurridos en la década del ’70 tienen un interés en esta causa. Además, si estaban vendados ¿cómo pudieron ver?".

Insistió en que las víctimas "eran activistas", y que "las fuerzas armadas estaban frente a personas que eran del bando enemigo". Y finalmente solicitó la absolución de Etchecolatz, porque "no tuvo nada que ver con ninguno de los hechos que se le adjudican".

A su turno, Adolfo Casabal Elía adhirió a los dichos de su colega, y no incorporó ningún argumento jurídico. Se limitó a remarcar que "aquí hay un gran resentimiento de los testigos, porque son guerreros que pelearon contra los que defendieron las instituciones", y que tanto las víctimas como los familiares y los organismos querellantes "han armado todo esto para lograr la condena de un luchador, que sólo quería defender a la patria".

El abogado —que inició su alegato aclarando que "no soy optimista" respecto del resultado del juicio— argumentó en favor de la prisión domiciliaria: dijo que Etchecolatz "llegó hasta aquí por ayuda divina", lo describió como "anciano y enfermo" y remató con un blumbergiano "queremos derechos humanos para todos".

"Conciliemos. Han pasado 30 años de la guerra contra la subversión marxista, y nadie quiere seguir hurgando, salvo un pequeño grupo", concluyó.

Quien redondeó el planteo de la defensa fue el mismo Etchecolatz, cuando fue su turno de decir sus últimas palabras antes de la sentencia: se definió como "un prisionero de guerra", calificó al juicio en su contra como "un rompecabezas para niños bobos", indicó que "el único juez es el juez supremo, que nos juzga después de muertos" y terminó: "No es este Tribunal el que me condena; son ustedes los que se condenan".

Horas después, el genocida, camuflado bajo un uniforme policial y tras insultar al juez Rozanski en la sala de testigos, fue conducido nuevamente al penal de Marcos Paz, de donde ya no podrá salir.