Hugo Chávez y RCTV, ¿censura o decisión legítima?

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez decidió no renovar la licencia del grupo audiovisual Radio Caracas Televisión (RCTV) que expirará el 28 de mayo de 2007. Esta decisión, completamente legal, suscitó una viva polémica en el seno de la prensa internacional, que se ha convertido en portavoz de la oposición venezolana y denunció enseguida un caso de “censura” [1].

RCTV es un grupo privado cuya actividad principal consiste en denigrar la política del gobierno bolivariano. Hugo Chávez ha acusado repetidas veces, no sin fundamento, a los cuatro principales canales televisivos del país, Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV –que controlan cerca del 90% del mercado y disponen de un monopolio mediático “de facto”– de llevar a cabo una “guerra psicológica” contra su administración. Por otra parte, estos medios han dado muestra abiertamente de una hostilidad rayana en el fanatismo con respecto al presidente venezolano desde que llegó al poder en 1999. Nunca han dejado de cuestionar la legitimidad del gobierno y de poner en tela de juicio el apoyo popular del que lógicamente disfruta. Los medios privados han invitado constantemente a sus programas a los opositores de la oligarquía y a militares sublevados que preconizan la subversión y el derrocamiento del orden constitucional [2].

Marcel Granier, presidente de grupo 1BC, que controla una cuarentena de canales de radio y televisión en todo el país y es el propietario de RCTV, denunció una violación de los derechos del canal. “Esta posición es ilegal, viola los derechos y atenta contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos”, se quejó. No obstante, la ley venezolana estipula que las señales de emisión pertenecen al Estado, que dispone del derecho de concesión, mientras que las infraestructuras, el material y las sedes de los canales son de propiedad privada [3].

El gobierno venezolano replicó inmediatamente a las acusaciones del presidente de RCTV: “Marcel Granier se ha dedicado a patear los derechos de los usuarios [...] creyéndose por encima del Estado de derecho por lo que no está cualificado para operar con una cadena de televisión de señal abierta”. Según las declaraciones del gobierno el canal dos será, de ahora en adelante, patrimonio de todo el pueblo y no sólo de pequeños grupos de “la oligarquía mediática” [4].

Pero no es la oposición recalcitrante de RCTV lo que llevó las autoridades del país a tomar la decisión de no renovar la concesión del canal más antiguo de la nación. La razón principal es la siguiente: RCTV participó en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. “El papel determinante de RCTV durante [el] golpe de Estado de 2002 debe ser recordado”, subrayó William Lara, Ministro de Comunicación e Información que agregó que “esa actitud irresponsable no ha cambiado en RCTV” [5].

La participación de RCTV en la ruptura constitucional de abril de 2002 fue de tal magnitud que su gerente de producción, Andrés Izarra, que se oponía al golpe de Estado, dimitió inmediatamente para no convertirse en cómplice. Durante un testimonio ante la Asamblea Nacional, Izarra indicó que el día del golpe y los siguientes recibió la orden formal de Granier de “no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él” [6].

Marcel Granier, Presidente de la RCTV.
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William Lara señaló que la decisión que tomó el gobierno se trata “de un hecho irreversible cuyo fundamento constitucional, legal y reglamentario es sólidamente incontrovertible”. El ministro reafirmó que no hay ningún peligro que amenace la libertad de prensa: “El incremento del número de emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas, páginas de Internet y su diversidad de orientaciones políticas, es la mejor garantía de que los venezolanos seguirán contando con información plural” [7].

El presidente Chávez subrayó que RCTV no cumplía con los requisitos para “recibir de nuevo la concesión por parte de un Estado serio, responsable y comprometido con un pueblo”. Según él, “el buen periodismo y la libertad de expresión” estaban amenazados por medios como RCTV. La señal del canal podría concederse a un grupo de medios comunitarios lo que permitirá democratizar el espectro televisual y sobre todo, según Chávez, “darle poder al pueblo, poder de comunicación a los que casi nunca tiene voz” [8].

La población venezolana acogió positivamente la noticia. Nunca ha perdonado realmente a los medios privados su intento de derrocar al presidente que llegó democráticamente al poder y a quien ha renovado su confianza en 12 procesos electorales consecutivos. La mayoría concenó unánimemente la actitud de las televisiones privadas que, en vez de informar del regreso de Chávez el 14 de abril de 2002, emitieron inninterrumpidamente películas y dibujos animados. Según Bárbara Vecci del Comité de Usuarios de Medios de Comunicación (Cumeco), la señal “debe abrirse a cooperativas de periodistas y de productores nacionales independientes”. Para ella, son los medios privados “quienes están amordazando la libertad de expresión”, expresando así un sentimiento ampliamente compartido por los ciudadanos del país [9].

Después de las fuertes presiones por parte de Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) se plegó al conglomerado mediático. Criticó la decisión del gobierno venezolano mediante su Secretario General, José Miguel Insulza, interviniendo así en los asuntos internos de Venezuela y violando de esta forma el artículo 2 de la Carta de la OEA. “La adopción de una medida administrativa para cerrar un canal de información da la impresión de una forma de censura contra la libertad de expresión”, afirmó la declaración oficial [10].

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó las palabras del Secretario General Insulza, acusándolo de ceder a las demandas y presiones de sectores nacionales e internacionales opuestos al presidente Chávez. Exigió que mostrara más respeto hacia las decisiones legítimas del gobierno y reprochó a Insulza que falseara la realidad sobre el caso RCTV:

“El Secretario General critica indebidamente que un país miembro de la Organización de Estados Americanos ejerza plenamente sus atribuciones y se niegue a ceder ante el chantaje de los verdaderos enemigos de la libertad de expresión, del derecho del pueblo a estar verazmente informado y de la propia democracia, entre los cuales se encuentran los propietarios de esa empresa, que han sido promotores de vanos intentos por derrocar a un gobierno legítimo, instigando al odio y a la violencia y promoviendo el sabotaje económico.

Es preocupante que el Secretario General de la OEA, en vez de defender a un gobierno legítimo y democrático como el de Venezuela, se haga eco de infundadas acusaciones provenientes de medios de comunicación, que a todas luces han desvirtuado su función social, quebrantado la ética periodística y han estado atentando permanentemente contra las instituciones democráticas venezolanas” [11].

El presidente Chávez también denunció esa injerencia. “Ahora viene a decir que el gobierno venezolano no debería ejecutar la decisión de no renovar la concesión a RCVT”, notó en referencia a Insulza. Lamentó las amenazas veladas de la OEA que afirmó que la decisión tendría “implicaciones políticas”. “Un Secretario General que llegue a esas cotas, por dignidad, debería salir de ese cargo [...]. Ojalá me lo consiga en Managua [durante la investidura oficial del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega]. Se la canto de frente delante de los presidentes y el mundo”, añadió recordando que Venezuela era una nación libre y soberana [12].

Un sector de la jerarquía eclesiástica ligado a la oposición también criticó la decisión gubernamental. Chávez respondió también a esas críticas: “El Estado respeta a la Iglesia, la Iglesia debe respetar al Estado. Yo no quisiera volver a los tiempos de la confrontación con los obispos venezolanos, pero no es mi elección, es de los obispos venezolanos” [13]. El presidente aprovechó la ocasión para enfatizar las contradicciones de la Iglesia: “¿Cómo entender a esta jerarquía católica que es incapaz de criticar el golpe de Estado de abril de 2002? Nunca lo criticaron ni criticaron lo que estos canales hicieron. Jamás lo criticaron. No vi a un sólo obispo venezolano criticar el golpe de Estado” [14].

La acusación al gobierno bolivariano de atropellar la libertad de prensa haría sonreír a cualquier conocedor de la realidad venezolana y del papel pernicioso de los medios privados del país. Desde la ascensión de Hugo Chávez al poder, sólo un solo canal se ha cerrado temporalmente por razones políticas. Se trata del Canal 8 y fue clausurado por… la junta fascista responsable del famoso golpe de Estado de 47 horas, entre el 11 y el 13 de abril de 2002, cierre que fue aplaudido calurosamente en aquel momento por... RCTV.

Durante la campaña electoral de 2006, Hugo Chávez lanzó la idea de someter la renovación de las concesiones de los canales privados a un referendo popular. En vez de aplaudirla, esta iniciativa democrática parece preocupar a los propietarios de los medios comerciales, a la prensa internacional y a Washington. ¿Acaso temen la voluntad popular? En cualquier democracia digna de este nombre, ¿no es soberano el pueblo?

La verdadera cuestión no es preguntarse si el asunto RCTV constituye o no un caso de censura pues, a la vista de los hechos, semejante acusación carece de fundamento. La pregunta que debería haber aparecido en la primera plana de todos los medios internacionales es la siguiente: ¿Cómo es posible que Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV, que participaron todos en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, estén aún bajo el control de los golpistas? ¿Qué sería de los canales franceses TF1, Canal + y M6, por ejemplo, si apoyaran abiertamente el derrocamiento del presidente Jacques Chirac?