IESS: otro capítulo de ataque privatizador

Sobre la polémica elevación de pensiones que decidió el Consejo Directivo del IESS se ha tomado únicamente la versión de los dirigentes de los jubilados, que con justa razón quisieran que las pensiones sean más dignas, pero no se toma en cuenta el otro lado del problema: el Consejo Directivo acaba de aprobar -bajo su responsabilidad directala elevación más alta de la historia del IESS.

OPCIÓN, por responsabilidad con sus lectores, ha creído necesario develar qué hay detrás de todo este escándalo creado alrededor del IESS, y contribuir a que los ecuatorianos tomen conciencia de que son momentos en que es necesario unirse alrededor de la defensa de la institución, que está en la mira del FMI, el gobierno y los grupos oligárquicos que buscan llevarse sus recursos.

La lucha que mantienen los jubilados es justa, y es un ejemplo que muchos sectores deben seguir, pero el problema está en que existen quienes tratan de orientar esa lucha contra los vocales del IESS, para buscar su destitución por intereses particulares, y no ubican como blanco a quien tiene la responsabilidad directa en este problema: el Gobierno.

Es el Gobierno quien tiene que financiar el 40% de cualquier elevación, y según se conoce, el representante del Presidente de la República en el Consejo Directivo del IESS, Fausto Solórzano, planteó que la elevación no sea mayor al 3%, bajo el argumento de que ese es el porcentaje de la inflación anual. Son los otros dos vocales quienes asumieron la responsabilidad de elevar las pensiones en una proporción de 153% a quien menos pensión recibe. Es decir, si un jubilado recibía a diciembre del 2003 19,35 dólares (con las elevaciones del año anterior), hoy recibirá 42 dólares.

Es muy cierto, con 42 dólares nadie puede sobrevivir en este país, pero ese ya es un problema estructural; no es justo hacer simplificaciones interesadas sobre este tema. Lo que ocurre es que el IESS establece los montos de pensiones de acuerdo al porcentaje de aportación, que a su vez se establece en relación a cuánto gana un trabajador durante 30 años de trabajo, entonces el problema de inicio está en cuánto ganan los trabajadores ecuatorianos y cuánto pueden aportar al IESS para su futura jubilación. La lucha por salarios dignos es entonces una necesidad para las actuales generaciones de afiliados.

Luego, las pensiones solo podrán elevarse en un mayor porcentaje cuando el Estado pague su deuda al IESS. Son más de 2 300 millones de dólares que el Estado le debe a esta institución, de los cuales, el 52% corresponde al 40% que el gobierno de turno debe destinar cada año para la elevación de las pensiones.

Si el Estado hubiese pagado las cuotas correspondientes a esa deuda -ya son cinco años que no se ha pagado nada- el fondo de pensiones sería más grande, las inversiones serían más grandes y por tanto los rendimientos mayores, porque el incremento de la pensión jubilar se hace, por ley, tomando de los rendimientos de la inversión del año inmediatamente anterior.

Sin embargo, es saludable la actitud de Ricardo Ramírez, representante de los afiliados ante el Consejo Directivo, de que se conforme, a través del Defensor del Pueblo, una comisión especial en la que estén los jubilados y los técnicos del IESS para que analicen los estudios actuariales, conozcan todas las cifras, de todos los recursos que existen en el Fondo de Pensiones, tanto para inversiones como para operaciones. Y que si de esa constatación surgiera que hay posibilidad de cambiar la cifra del aumento el Consejo la asumiría.

Hay que tomar en cuanta el proceso histórico que han vivido las pensiones: en el año 1999, las pensiones jubilares tenían un tope de 100 000 sucres y un máximo de un millón de sucres. Es decir, de un salario mínimo vital a 10 salarios mínimos vitales. Cuando vino la dolarización, todos los recursos del IESS se licuaron.

A junio del 99 el IESS tenía 2 billones 250 000 millones de sucres en reservas, y todas las cuentas que tenía en sucres fueron divididas para 25 000 y el IESS se quedó con 100 millones de dólares.

Entonces, las pensiones jubilares se convirtieron en 4 dólares la mínima, y en 40 dólares la máxima.

Ahora las pensiones jubilares, con el último incremento, se ubican en 75 dólares la mínima y 920 dólares la máxima. Es decir, la pensión jubilar promedio actualmente es de 125 dólares, aproximadamente.

Los montos para el pago de pensiones se han ido incrementando considerablemente en el IESS, pese a que el Estado ha dejado de aportar para ello. En el año 2000, pagó 35 millones de dólares en pensión jubilar en todo el año. El 2001 pagó 104 millones; el 2002 pagó 184 millones.

Luego el IESS incrementó (lo que piden los jubilados que hoy se aplique) el 53% de incremento para el año 2003, con lo cual se buscaba equiparar la devaluación que sufrieron las pensiones por la dolarización.

Además, en ese año se aumentó el décimo cuarto sueldo: antes se les pagaba 8 dólares por este concepto, y el año pasado se les pagó 121 dólares. Entonces, de 184 millones que se pagaron por pensiones en el 2002, En el 2003 se pagaron 424 millones de dólares. Y este año, con el último incremento, el IESS va a pagar más de 527 millones de dólares.

Estas cosas son las que no se dicen en torno al problema del IESS. El ministro de Economía, Mauricio Yépez, ha reiterado que el gobierno no consiente esa elevación, por lo que, se colige, actuará a través de la Superintendencia de Bancos para que la resolución sea derogada. Hay que decir que con la nueva Ley de Seguridad Social, la Superintendencia es el único organismo habilitado para destituir a los miembros del Consejo Directivo, por causales específicas como corrupción o incapacidad, lo cual puede abrir un escenario a la interpretación politiquera de la ley, que las élites estilan en este país.