Tres intermediarias de insumos para la salud obtuvieron contratos en el IMSS por más de 14 mil millones de pesos, entre 2004 y 2006. Al triangular las compras, el instituto incurre en precios desmedidos, desabasto, descontrol, concentración y variación en los costos, señala la ASFDe 2004 a 2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pactó con tres intermediarias el 60 por ciento de sus adquisiciones de medicamentos e insumos para la salud. Dos de éstas son del mismo empresario: José Antonio Pérez Pérez. En total, los contratos sumaron 14 mil 479 millones 701 mil pesos.
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Los proveedores beneficiados por esta política de intermediación fueron Fármacos Especializados, que encabeza Pérez Pérez; Selecciones Médicas, propiedad de Francisco Pérez Fayad y de Pérez Pérez, y Laboratorio Pisa, del empresario Carlos Álvarez Bermejillo, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006.
Las empresas de Pérez Pérez obtuvieron el 79.6 por ciento del total, es decir, 11 mil 526 millones 553 mil 400 pesos: Fármacos Especializados, 7 mil 730 millones 946 mil 300, y Selecciones Médicas, 3 mil 795 millones 607 mil 100 pesos. Y Laboratorio Pisa obtuvo contratos por 2 mil 953 millones 147 mil 300 pesos.
Mientras el amplio análisis de la ASF observa anomalías en el abasto de insumos en las instituciones públicas de salud y en las licitaciones para contratar a las empresas farmacéuticas, especialistas consultados exponen que el desabasto sigue vigente y advierten que las medidas tomadas por el gobierno de Felipe Calderón sólo buscan centralizar la compra de medicamentos y favorecer el negocio de la salud de las farmacéuticas.
Y es que, en ese mismo periodo, Becton Dickinson de México, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Degasa y Dentilab ganaron contratos en el IMSS por 1 mil 141 millones 982 mil 300 pesos, para el suministro de materiales de curación.
Descontrol en el IMSS
En la auditoría 06-1-00GYR-07-32, la ASF observa que la provisión de fármacos en el IMSS no fue eficiente, eficaz ni económica, debido a que las unidades médicas determinaron de manera incorrecta sus consumos promedios mensuales, a los desequilibrios que originaron compras innecesarias, sobreexistencias y desabastos, y a las variaciones en precios.
El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 anota que, durante el último año de la administración foxista, el IMSS devengó 22 mil 129 millones 222 mil 400 pesos para las actividades 003 y 004, atención médica preventiva, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación. Para el capítulo 2000, “materiales y suministros”, se orientaron 21 mil 225 millones 614 mil 800 pesos.
Las delegaciones auditadas –Norte, Sur, Guanajuato y sus Unidades Médicas de Atención Especializada (UMAE)– erogaron 4 mil 812 millones 327 mil 900 pesos en las actividades 003 y 004, y en el capítulo 2000, 4 mil 410 millones 54 mil 600 pesos.
El informe señala que, en el periodo de enero a diciembre de 2006, entre las existencias reportadas por las UMAE y las calculadas por el órgano fiscalizador hay diferencias por aclarar de 2 mil 268 piezas, que implican 5 millones 596 mil 100 pesos. Expone que hasta el cierre de la auditoría –en octubre de 2007– no se le había presentado evidencia documental que dilucide esas discrepancias.
Otras diferencias se registran en el consumo de los inventarios de las delegaciones Norte y Sur del IMSS, contra lo previsto en su proforma, documento que sirve de base para adquirir insumos para la salud. Ello, originó excesos y déficit en la distribución de fármacos.
Así la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 7 tuvo escasez del analgésico Paracetamol; de Losartán y Telmisartán, utilizados en el tratamiento de la hipertensión; y de Clopidogel, que previene ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Por el contrario, se registraron sobrantes del anticonceptivo Etonogestrel, de la píldora del día siguiente, Levonorgestrel y de Diazepam, este último para controlar la ansiedad y las crisis convulsivas.
En la UMF 15 también se agotaron fármacos como Paracetamol, Calcio, Insulina, Etonogestrel, Amlodipino –que controla la presión arterial– y Atorvastatina, recetado para pacientes con niveles altos de colesterol. Del antibiótico Rifampicina que trata infecciones de tuberculosis y del anestésico Prilocaina, utilizado comúnmente en intervenciones quirúrgicas dentales, se registraron sobreexistencias.
El Hospital General Regional (HGR) Doctor Carlos McGregor Sánchez Navarro sufrió desabasto de los antirretrovirales Lamivudina y Lopinavirritonavir, para el tratamiento del VIH, y de Bicalutamida, que reduce la progresión del cáncer de próstata. El nosocomio reportó exceso de Rituximab, Imatinib, Tretinoína y Estramustina, para el tratamiento del cáncer, y de Ritonavir, medicado a pacientes con VIH. Así como el HGR, respecto al anticoagulante Tirofiban.
A su vez, el Hospital General de Zona Villa Coapa presentó desabasto en antisépticos y germicidas, bolsas para esterilizar en gas o vapor, catéteres de diálisis peritoneal, equipos para la colocación de catéteres y película radiográfica.
Por otro lado, en 2006 las delegaciones entregaron contratos por 4 mil 272 claves de fármacos; sin embargo, obtuvieron de manera independiente 40 claves de medicinas y materiales de curación. Con motivo de esa adquisición emergente, el órgano de fiscalización observó variaciones en los precios que van de 4.6 a 70.3 por ciento respecto a los fijados por la División de Mercados y Estudios de Farmacoeconomía del IMSS. La razón –explica la ASF– es una falta de actualización de costos en el portal de transparencia del Seguro Social.
El Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI le compró 400 piezas de anestésico Sevoflurano a Pro Inmune, SA de CV, por un costo unitario de 2 mil 448 pesos; las delegaciones Norte y Sur gastaron 3 mil 69 pesos por cada unidad.
Por pieza de Alteplasa –que deshace coágulos en embolias pulmonares y ataques al corazón– Fármacos Especializados cobró 7 mil 749 pesos a las delegaciones Norte, Sur y al Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. La delegación Guanajuato, la UMAE del Hospital General y el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI pagaron 8 mil 679 pesos por el mismo medicamento.
El Hospital de Oncología le compró de manera directa a Fármacos Especializados 56 unidades de Octeotrida –usada en el alivio de la obstrucción intestinal–, a un costo unitario de 13 mil 104 pesos, cuando el precio de referencia en el portal de transparencia se fijó en 12 mil 538 pesos.
El órgano fiscalizador también encontró variaciones entre distintas distribuidoras. Mientras la pieza de Insulina le costó a la Unidad Guanajuato 46 pesos con Farmacéuticos Maypo, la delegación Sur y el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico La Raza la obtuvieron por un costo 70 por ciento mayor, es decir, 155 pesos.
La revisión advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social se hubiera ahorrado 2 millones 413 mil 700 pesos de haber tomado como referencia los precios fijados por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). Mediante licitación pública, la delegación Norte pagó 19 millones 917 mil pesos por cinco claves de medicamentos; el importe disminuye con la Canifarma en 17 millones 503 mil 200 pesos.
Omisión en sanciones en el IMSS
Respecto a las sanciones a proveedores del IMSS, en las delegaciones Norte, Sur, Guanajuato, la UMAE T1 del Bajío y el Hospital de Especialidades de La Raza, se emitieron 1 mil 295 órdenes de reposición por un importe sin aclarar de 4 millones 233 mil 600 pesos.
La Auditoría emitió un pliego de observaciones por un daño probable a la hacienda pública federal por 865 mil 279 pesos, derivado de la omisión del Hospital de Especialidades del CMN La Raza para aplicar penas a proveedores que incumplieron en la entrega de medicamentos y materiales de curación.
No obstante que, en 2005, 12 distribuidores incumplieron sus convenios en las delegaciones Norte y Sur del IMSS, tres volvieron a ser contratados un año después. La falta de políticas que protejan al IMSS de estas prácticas y que los contratos permitan se realice la entrega mientras no haya concluido el ejercicio fiscal impiden que la entidad considere a otras farmacéuticas con un mejor servicio.
Sobre las licitaciones, la ASF observó que sin que se declararan desiertos dos concursos consecutivos, la delegación Sur adjudicó de manera directa contratos por 50 millones 271 mil 900 pesos para 40 claves de medicamentos.
La Auditoría solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el IMSS para que finque responsabilidades administrativas a los funcionarios que, por acto u omisión, incumplieron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El negocio de la salud
Las multimillonarias cifras reportadas por la ASF difieren de los registros del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales (Compranet). De acuerdo con el portal, entre 2002 y 2008 el sector público –Secretaría de Salud, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina– habría erogado sólo 6 mil 198 millones 816 mil 360 pesos, por concepto de medicamentos y materiales de curación.
No obstante que la cifra es menor, los pagos también habrían beneficiado a 12 empresas farmacéuticas, contratadas por adjudicación directa. Según Compranet, las principales distribuidoras de insumos para la salud fueron: Selecciones Médicas, 1 mil 667 millones 898 mil 785 pesos; Farmacéutica Maypo, 995 millones 203 mil 667 pesos; Baxter, 984 millones 866 mil 5 pesos; Química Pasteur, 624 millones 855 mil 532 pesos; Fármacos Especializados, 502 millones 503 mil 168 pesos; Proinmune, 356 millones 635 mil 735 pesos; Servicios Médicos Súper, 324 millones 939 mil 377 pesos; Laboratorios Pisa, 320 millones 664 mil 776 pesos; Equimed, 133 millones 686 mil 637 pesos; Elly Lilly, 121 millones 470 mil 94 pesos, y Comercializadora de Productos Institucionales, 98 millones 614 mil 7 pesos.
El secretario de Salud, José Ángel Córdova, calificó de inaceptables los altos costos de la industria farmacéutica; propuso eliminar requisitos para que haya más competencia, según la nota de Ruth Rodríguez publicada el 24 de julio en El Universal.
Sugirió que los laboratorios extranjeros no estén obligados a tener una planta en territorio nacional. También el rompimiento de patentes, aunque “se trata de un tema delicado, por lo que debe analizarse cuidadosamente, ya que esto impactaría a todo el comercio mexicano y podría haber desabasto de medicina”.
Ya que México está adscrito a la Organización Mundial de Comercio debe atenerse a los precios fijados para países de primer mundo. En su momento, Córdova señalaba que el costo de fármacos para el país estaba muy por encima de otros países de América Latina, como los medicamentos para tratar el VIH y la vacuna para el virus del papiloma humano. En México éstos cuestan cuatro veces más que en Chile, Argentina y Guatemala, y la segunda vale 70 dólares, cuando su precio es de 32 dólares en otros países latinoamericanos.
En su Evaluación del Proceso para la Planeación, Abastecimiento y Distribución de Medicamentos y Materiales de Curación en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Auditoría Superior de la Federación califica como desfavorable que los principales proveedores de medicamentos sean distribuidores.
El órgano de fiscalización menciona que “son un intermediario entre el laboratorio y la entidad fiscalizada, en infracción de los artículos 27, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 59 fracción XI y 61 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 y 31 de su Reglamento”.
El artículo 27 establece que: “Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia (…)”.
Asimismo, el 61 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que: “Los servidores públicos responderán dentro del ámbito de sus competencias correspondientes sobre el funcionamiento adecuado del sistema que controle las operaciones a su cargo”.
Simulación en el abasto de fármacos
El 26 de febrero de este año se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, con el objeto de convenir de manera anual los costos en fármacos contenidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y para el catálogo de bienes para el segundo y tercer nivel, que cuenten con patente vigente y que sean objeto de adjudicación directa.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación se advierte que “las condiciones de adquisición en la compra de medicamentos presentan un alto grado de heterogeneidad, resultado de las diferencias observadas en las procesos de compras, en las cantidades demandadas y las condiciones de pago”.
Además se expone que los insumos para la salud, cuya propiedad industrial está protegida mediante una patente, únicamente pueden ser adquiridos a través de quien posee la titularidad exclusiva de la misma.
Un año antes de instaurarse la comisión, el Ejecutivo Federal, el Legislativo, gobiernos estatales, laboratorios, distribuidores, farmacias y academias firmaron el Compromiso para Garantizar la Suficiencia, Disponibilidad y Precio Justo de Medicamentos, a fin de “instrumentar estrategias que contribuyan la disponibilidad de fármacos en las instituciones públicas de salud”.
No obstante, Gustavo Leal Fernández, del área de Investigación, Salud y Sociedad de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, opina que no hay una política que haga accesible el medicamento al paciente, sino una visión de mercado que busca regresar a la compra consolidada y centralizada.
El académico recuerda que el ahora presidente del Consejo de Salubridad, Enrique Ruelas Barajas, declaró que se habían tomado las riendas del sector y que el desabasto del 50 por ciento en insumos para la salud se había reducido a 20 por ciento.
Sin embargo, dice, el déficit es mucho más alto y lo comprueban las quejas de asegurados interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso, el IMSS tuvo que contratar a la asociación civil Transparencia Mexicana para que avalara el nivel de abasto en las unidades médicas.
Respecto a la comisión, Leal Fernández observa que no está constituida para enfrentar las demandas de la población, sino para la conformación del sistema universal de salud: “Procuran utilizar los recursos públicos para favorecer a la industria farmacéutica y no atienden el problema”.
En opinión de Leal Fernández, el gobierno federal pretende acotar el presupuesto y subrogar el servicio, ya que los tratamientos son costosos.
Para Rosario Ortiz Magallón, secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados: “Una comisión de este tipo va a acotar el listado de medicamentos de acuerdo al comportamiento estadístico de las enfermedades, no de las necesidades de cada tratamiento”.
La diputada perredista indica que, para 2008, el IMSS ha reducido su inversión en gasto de medicinas y materiales de curación en 3 mil 303 millones de pesos. Añade que, por un lado, el IMSS tiene la intención de incorporar a más afiliados y, por otro, el presupuesto se restringe. Advierte que no sólo se reduce así la cantidad de fármacos, sino la calidad de los tratamientos.
Ortiz Magallón refiere el caso de los insumos de baja calidad adquiridos por el Seguro Social para tratar la insuficiencia renal. El 20 de enero de este año, Ángeles Cruz Martínez, reportera del diario La Jornada, informó que los equipos distribuidos por Laboratorios Pisa presentaron deficiencias, pues en algunos casos hay fuga de líquidos. La licitación pública se adjudicó en enero de 2008 y sustituyó a Baxter por ventaja en los precios.
En el caso del ISSSTE, en 2006 se ejercieron 5 mil 895 millones 543 mil 100 peso para el suministro de claves de medicamentos. Ortiz Magallón expone que en 2007 dicha cantidad casi se duplicó como respuesta a los amparos contra la Ley del ISSSTE. Para la diputada, el presupuesto se manejó con fines políticos para justificar que la legislación traería beneficios. En 2008, el presupuesto se redujo a 6 mil 95 millones de pesos.
Los manejos irregulares en la compra de medicamentos y los convenios con subcontratistas reflejan, según la legisladora, la falta de control y programación, que dan pauta a procesos poco transparentes: “No se cumplen los requisitos de las licitaciones y las adjudicaciones directas dependen del acuerdo económico. Estos ahorros encubren un problema de falta de transparencia en las instituciones”.
Fortuna solicitó entrevista con la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos a través del área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud; no obstante, al cierre de edición no hubo respuesta.
Desabasto en el ISSSTE
En el marco de la fiscalización de la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación abrió el expediente 06-1-00GYN-07-282, para evaluar el suministro de medicamentos en el ISSSTE. Éste concluyó que el desabasto de fármacos en las unidades médicas de la entidad fue consecuencia de una planeación deficiente.
Para la actividad R021, Suministro de Claves de Medicamentos, se ejercieron 5 mil 895 millones 534 mil 100 pesos en 2006. El 99.6 por ciento se destinó al capítulo de “materiales y suministros”, es decir, 5 mil 869 millones 429 mil 700 pesos.
Dentro de la partida 2504, “medicinas y productos farmacéuticos”, se pagaron siete contratos por 918 millones 270 mil 100 pesos a Comercializadora de Productos Institucionales, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Selecciones Médicas.
En cinco de los siete contratos se registraron demoras de tres a 28 días en la entrega de fármacos, que merecieron una pena por casi 2 millones 500 mil pesos. “El atraso –señala la Auditoría– implicó un riesgo en el desabasto de los medicamentos requeridos”.
En 2006, las unidades médicas en el país requirieron 135 claves de medicamentos, es decir, 317 mil 529 fármacos por 57 millones 377 mil 900 pesos. El Almacén Central los envío mediante 860 órdenes de despacho, de las que sólo 119 estuvieron debidamente llenadas. Las 741 restantes presentaron deficiencias.
El reporte indica que no se surtieron 313 mil 432 piezas en 14 claves de medicamentos. Entre ellas, la 0472 para Prednisona, indicada para enfermedades reumáticas, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, oftalmológicas, respiratorias y hematológicas, y la 5165 Metformina, para el tratamiento de la diabetes mellitus. Dicho padecimiento representa la primera causa de morbilidad y mortalidad en México, según la Cátedra Nacional de Medicina Ignacio Chávez 2008, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
De acuerdo con el Listado de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal 2006 de la Secretaría de Salud, ambos fármacos se consideran vitales con base en la clasificación VEN, elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco se distribuyeron unidades de Raloxifeno, usado para prevenir y tratar la osteoporosis, ni de Clopidogrel, anticoagulante que reduce el riesgo de ataque o apoplejía para los pacientes de infarto miocardio.
La ASF advierte que el Almacén Central debía tener un stock de medicinas hasta por un mes y medio. No obstante, la Auditoría Superior pidió información respecto a la inexistencia de fármacos; hasta el 14 de diciembre de 2007 (fecha en que se concluyó la revisión) todavía no recibía respuesta de la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE. El órgano fiscalizador requirió la intervención del Órgano Interno de Control en el instituto.
A su vez, una orden por 7 millones 200 mil pesos fue suministrada a la Subdirección General Médica, siendo una unidad administrativa. La Auditoría postuló que se le entregara constancia de salida de los fármacos y se le informara a qué área operativa se entregaron piezas de Metformina, del anestésico Lidocaína y el antibiótico Cefalexina, para enfermedades infecciosas y parasitarias. Según el Listado de Medicamentos, los tres medicamentos están catalogados como vitales.
El 13 de diciembre de 2007, la oficina respondió a la ASF que se desconocía el destino de los productos. Por lo que el órgano fiscalizador emitió una promoción de responsabilidad administrativa a quien requirió la provisión de esos bienes.
Por 254 millones 756 mil 500 pesos, el contrato 2009ME se firmó con Fármacos Especializados para adquirir Imatinib, Valsartan y Granisetron. Del último –que previene el vómito causado por tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia y la radioterapia– ingresaron 468 piezas al Almacén Central en junio de 2006, que no cumplían con la caducidad obligada de 15 meses. Cuatro meses después, el proveedor cambió el medicamento.
El máximo órgano fiscalizador señala que en ese lapso, el fármaco no fue distribuido y ya que se había agotado en el depósito, hubo desabasto, pues las unidades médicas solicitaron 919 piezas. De manera contraria, los almacenes regionales Sureste y Noreste sí entregaron 63 y 171 piezas de Granisetron respectivamente, aun cuando faltaban cinco meses para que caducaran.
Vigilada también la actuación del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, la Auditoría hizo observaciones por 13 millones 472 mil 700 pesos, pues 658 recetas –el 78.2 por ciento del total requerido– no le fueron entregadas por la farmacia del dispensario. Para la ASF no se pudo comprobar que derechohabientes hayan recibido los medicamentos, por lo que se presume un daño a la hacienda pública federal por dicho monto.
De las 183 que sí fueron entregadas, el órgano fiscalizador concluye que ni las tarjetas de control ni el inventario anual de la botica son confiables, pues no registraron 283 piezas y 12 más fueron clasificadas con clave diferente o tres meses después de su despacho. Además la Auditoría verificó que 164 mil 103 recetas – el 70 por ciento del total expedido por el establecimiento en 2006– no contienen la cantidad ni la clave del medicamento, como tampoco la firma de quien la surtió.
Y es que el informe de vigilancia observa que los Lineamientos para la Concertación de Consumos 2006 del ISSSTE, que habrían de ampliar la cobertura, calidad y oportunidad de abasto, no contemplan una metodología para que cada unidad médica determine la cantidad de medicinas que requiere. Del mismo modo, el informe anota que los indicadores que miden el surtido de insumos para la salud se enfocan en la cantidad de claves y piezas de fármacos y no la cobertura de necesidades en las unidades médicas.
El órgano fiscalizador también auditó al CMN 20 de Noviembre. En relación con las prescripciones facturadas por su farmacia, la ASF anota que 786 recetas, de las 11 mil 134 elaboradas, presentaron irregularidades. También encontró que no se registró la salida de 113 claves de medicamentos, es decir, 1 mil 501 piezas por 740 mil 900 pesos.
“Al no registrar la salida del fármaco en la tarjeta de control –sugiere el informe– las existencias y consumos mensuales no son reales, por lo que la cantidad de insumos para la salud no corresponde a la cantidad de medicamentos que necesitan las unidades médicas”.
Además de las insuficiencias encontradas en la distribución de medicinas, el órgano fiscalizador entrevistó a 186 derechohabientes del ISSSTE para conocer su grado de satisfacción con el servicio. Casi el 25 por ciento respondió estar insatisfecho con la entrega de fármacos.
Aunque el Informe Anual de Actividades 2006 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales apunta que se surtieron recetas al 96.7 por ciento de los beneficiarios, sólo el 75 por ciento de los encuestados se dijo satisfecho con la entrega completa de fármacos.
En tanto que 73 afiliados se expresaron inconformes, pues en otras ocasiones no les fueron surtidos de forma total; 37 estaban descontentos con el trato en las farmacias, y 12 expusieron que los medicamentos prescritos resultaron insuficientes para su tratamiento. (PM)
Ampolletas de miles de pesos
Sin definir los conceptos por los que fue contratado Fármacos Especializados, de acuerdo con Compranet, en noviembre de 2007 Petróleos Mexicanos pagó a la farmacéutica 787 mil 989 pesos por “una ampolleta”, mediante el contrato HCN-B-904-2007. En febrero pasado, la entidad la compró de nuevo por casi 300 mil pesos.
En junio de 2007 Pemex pagó también por “una ampolleta” 164 mil 245 pesos a Laboratorios Pisa, y un año después, 145 mil 823 pesos. También con dicha empresa, por una “solución”, la paraestatal erogó en septiembre de 2007 151 mil 740 pesos.
En febrero de 2007, Pemex destinó 148 mil 670 pesos por “la adquisición de medicamentos para el Hospital Regional Minanitlán”, suministrados por Laboratorios Pisa. En el caso del IMSS, en 2002, una unidad de “medicamentos y material de curación” le costó 1 millón 478 mil 98 pesos con Laboratorios Pisa. (PM)
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