El interés de la Secretaría de Hacienda por desvirtuar la información acerca de las anomalías relacionadas con ISOSA no es casual: documentos oficiales revelan que su titular, Francisco Gil Díaz, armó el andamiaje previo al establecimiento del esquema recaudatorio del DTA, que según la Auditoría Superior de la Federación ha causado daños al erario por más de 10 mil millones de pesos.
Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretenda frenar la información periodística que documenta el fraude aduanero, en el que están involucrados la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II, oficios de esa dependencia descubren la participación directa de Francisco Gil Díaz.
Luego del asesinato del director operativo de ISOSA, Francisco Villarreal Antelo -calificado por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, como un claro ajusticiamiento relacionado con su actividad laboral-, salen a la luz pública más evidencias documentales sobre la intervención del secretario de Hacienda, quien a principios de la década de los 90 no escatimó la firma de convenios para instrumentar el esquema de recaudación del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al operar dicho mecanismo, la SHCP ha omitido pagar el DTA a la Tesorería de la Federación, por lo que se calculan daños al patrimonio de la nación de al menos 10 mil 182 millones de pesos, observados en los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.
Desde mayo de 1993, con la creación del Fideicomiso Aduanas I, la recaudación de este derecho ha quedado en manos de supuestos particulares; pero, aunque el secretario de Hacienda y la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo han hecho creer, esta figura fiduciaria está en manos de funcionarios y dependencias públicas.
Y es que el Servicio de Administración Tributaria es fideicomitente, es decir que este órgano desconcentrado de la SHCP aporta los recursos; Nacional Financiera (Nafin) es la fiduciaria o institución que resguarda el patrimonio, y Hacienda es fideicomisaria o beneficiaria final de ese patrimonio fideicomitido.
El pasado 4 de septiembre la Secretaría de Hacienda señaló por medio de un comunicado -pues no darán entrevistas periodísticas sobre el caso ISOSA, advierte la Coordinación de Comunicación Social- que, “dada la completa transparencia en la operación de los fideicomisos aduaneros y en la operación de las empresas relacionadas, como ISOSA, resulta lamentable que se hayan difundido suspicacias descabelladas en torno a un nuevo y alarmante episodio de inseguridad pública en la Ciudad de México”.
Pero la transparencia a la que alude la dependencia omite dar a conocer los documentos que detallan cómo, a inicios de la década de los 90, el entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda se agenció el rentable negocio aduanero.
Documentos oficiales en poder de Contralínea, signados en 1993 por puño y letra de Gil Díaz, atestiguan la operación emprendida por este funcionario público para rescindir el contrato a la única empresa que concursó y ganó la licitación pública para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero.
Tras esta cancelación contractual, Hacienda autorizó al Fideicomiso Aduanas I y a la empresa ISOSA para brindar dichos servicios en las 48 aduanas del país, esto en contravención de la normatividad aplicable, pues omitió licitar nuevamente el contrato.
El oficio de rescisión revela que el mismo día en que el subsecretario de Ingresos creó, de manera unilateral y a nombre de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Aduanas I, el 28 de mayo de 1993 se notificó la cancelación del convenio a la empresa Integradora de Servicios S.A. de C. V. (ISSA), propiedad de Ángel Rolando Gervassi Santiago.
Según consta en documentos oficiales, el 31 de julio de 1992 Francisco Gil Díaz, en representación de la SHCP, y Ángel Rolando Gervassi Santiago, en su calidad de propietario de la empresa privada ISSA, firmaron el contrato para realizar la operación y procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados.
Este convenio tuvo por objetivo extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en 350 centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas especificaciones de calidades y en términos del mercado.
Pero el mismo 28 de mayo de 1993, el ingeniero Gervassi Santiago giró al subsecretario de Ingresos un acta de conformidad con respecto a la rescisión del contrato. En ésta manifiesta que ni la empresa ISSA ni sus filiales se reservan acción o derecho alguno que ejercitar en contra de la Secretaría de Hacienda. Además, señala el documento, “renunciamos expresamente a cualquier contraprestación a que se tuviere derecho”.
Fuentes cercanas al caso dicen que el acta de conformidad se firmó un año después de la revocación, cuando Gil Díaz ya ocupaba el cargo de vicegobernador del Banco de México. Para ese entonces, indican las fuentes de primer nivel, Ángel Gervassi se encontraba bajo la amenaza de ir a la cárcel por supuestos delitos fiscales.
En octubre de 1993, Francisco Gil Díaz se reunió con el dueño de ISSA para que éste aceptara por escrito la rescisión del contrato. Con ello, el actual secretario de Hacienda buscaba cerrar el expediente que antecedía al Aduanas I.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en dicha reunión Gil Díaz acusó a Gervassi Santiago de retener indebidamente los impuestos correspondientes al personal de ISSA. Entonces el empresario le reprochó al subsecretario de Ingresos haber ordenado la transferencia de 3 mil empleados de la Dirección General de Informática de la SHCP a la nómina de ISSA.
“Nunca me entregaste la información completa del personal, así que cualquier error es responsabilidad tuya y no de la administración de mi empresa”, dijo Gervassi Santiago. Contundente, Francisco Gil respondió: “Es tu empresa, está intervenida y no estás cumpliendo con el pago de impuestos. Afuera te esperan agentes de inteligencia fiscal para consignarte penalmente por evadir el pago de impuestos”.
Las fuentes señalan que tras esta acusación, Gil Díaz solicitó a Gervassi Santiago formalizar “voluntariamente” la rescisión del contrato con la Secretaría de Hacienda. El empresario aceptó, no sin antes reclamar al subsecretario que le reintegrara el dinero del fideicomiso SHCP-ISSA -que antecede al Aduanas I- porque, al ser fideicomitente, le pertenecía a su empresa.
Gil Díaz respondió: “No. Ese dinero no es tuyo, y para evitar problemas te vamos a meter a la cárcel por defraudación fiscal. Ya te dije que aquí afuera te están esperando de la Procuraduría Fiscal para llevarte preso”.
Impresionado por la amenaza, Gervassi Santiago sufrió un infarto. Este episodio ya ha sido confirmado por el Instituto Federal de Acceso a la Información: al discutir los recursos de revisión 685/05, interpuesto por Contralínea en contra del Servicio de Administración Tributaria, los comisionados del IFAI se refirieron al “accidente” del empresario.
A causa del infarto que sufrió en las oficinas de la Subsecretaría de Ingresos, Gervassi Santiago permaneció varias semanas hospitalizado. Durante su recuperación recibió el exhorto de Gil Díaz para que, recién fuera dado de alta por los médicos, acudiera de nueva cuenta a su oficina para finiquitar el asunto de la empresa ISSA.
Días después del incidente con Gervassi Santiago, Francisco Gil relataba la anécdota como un chiste: “para ahora que regrese, ya le tengo preparada una ambulancia en los sótanos. Así, si le da otro infarto, rápido lo saquen de aquí y se lo lleven al hospital”.
A finales de marzo de 1994, seis meses después del incidente que casi le cuesta la vida, el empresario se presentó en las oficinas de la Vicegubernatura del Banco de México para discutir con Francisco Gil Díaz la situación entre su empresa ISSA y la Secretaría de Hacienda.
Cuatro días antes de esa reunión, Gil Díaz había renunciado formalmente a la Subsecretaría de Ingresos. En el acto, el secretario de Hacienda durante la administración de Vicente Fox reiteró su exigencia de concluir “por las buenas” el asunto.
El interés del llamado “fiscal de hierro” por la formalización del acto se debía a que sólo con la aceptación por escrito de ISSA se podía justificar la revocación de este contrato, ocurrida a finales de mayo de 1993.
Las fuentes informativas detallan que por temor de ir a la cárcel acusado por evasión fiscal, el empresario signó el documento con fecha retroactiva, pues para esta época el rentable negocio aduanero ya estaba coordinado por el Fideicomiso Aduanas I, vigente desde hacía 10 meses por órdenes directas de Francisco Gil Díaz.
Al segundo semestre de 2006, la figura fiduciaria mantiene un patrimonio superior a los 2 mil millones de pesos. Para desvirtuar la información difundida en la prensa nacional sobre las anomalías del Aduanas I y de ISOSA, en el comunicado 070/2006 la Secretaría de Hacienda aclara que “el fideicomiso fue privado desde un principio y así se le consideró desde su inicio. Nunca, antes de los recientes cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación -ya desvirtuados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se había dudado de su naturaleza”.
Añade que “los cinco titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir de 1997 y los cuatro subsecretarios de Ingresos desde 1995 nunca cuestionaron la naturaleza del fideicomiso”; pero omite decir cuál es la opinión del autor principal, que es el propio Francisco Gil Díaz, y la de su sucesor, Ismael Gómez Gordillo, quienes ejercieron el cargo entre 1993 y 1994.
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