El Sistema de Concertación Nacional del Gobierno, encargado al vicepresidente de la República, Alejandro Serrano, se inició con tropiezos. Durante la rueda de prensa convocada ayer martes 31 de mayo, para dar a conocer la propuesta para "refundar el país" del presidente Alfredo Palacio, Serrano no fue capaz de escuchar ni a 20 periodistas, que quisieron plantearle una serie de preguntas para aclarar en algo el cúmulo de tecnisismos previsiblemente poco efectivos que explicó Alexandra Pérez, directora ejecutiva del CONAM, quien en la práctica dirigirá ese proceso. La pregunta: ¿Podrá escuchar el Gobierno, como se lo propone, a todos los ecuatorianos? Somos 12 millones... Decimos esto porque, según Serrano, el propósito del régimen, que se traduciría incluso en un eslogan, es "el Gobierno escucha", y aclaró: "a todos".

Se trata, según explicó Alexandra Pérez, de un sistema inclusivo. "Estamos conscientes de que las mesas de diálogo, las asambleas parroquiales, cantonales, provinciales, ya han venido funcionando, no es que hoy empezamos, la idea es simplemente recoger lo que ya ha venido funcionado en la ciudadanía desde hace algunos meses atrás, escuchar las reformas que quiere, procesarlas al interior del CONAM y volver a difundir esos mensajes hacia el país entero". Y esto se basará en tres reglas: fijar el plazo del 15 de julio para recibir las propuestas, estas propuestas deben tratar temas nacionales; y por último, la ciudadanía debe acompañar a las propuestas una identificación, es decir quién o quiénes están proponiendo un tema determinado.

Se propone darle un papel fundamental en este proceso a los gobiernos seccionales: las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales que, según Alexandra Pérez, han venido desde hace tiempo articulando las asambleas. Aquí el primer problema a aclarar: ¿Van a ser los gobiernos locales quienes encabecen estos procesos de consulta a la población y, por tanto, definan cómo estarán integradas las asambleas? Si es así, habría que esperar que en Guayas, por Ejemplo, se plantee que los miembros de la Asamblea sean los que el Partido Social Cristiano denomina la Junta Cívica, en la que están las Cámaras de la Producción y toda la rancia oligarquía de esa provincia. Y si quieren dar la imagen de mayor amplitud, convocarían tal vez a los mismos representantes ciudadanos que ya han apoyado antes a ese partido en sus acciones políticas como la última marcha blanca. Es decir, por lo menos en Guayas, habría que esperar que las propuestas respondan al interés socialcristiano, así como en todas las provincias en las que ese partido tiene influencia.

Y por su puesto que esas propuestas serán diametralmente opuestas a gobiernos locales como los de la Amazonía, por ejemplo, en donde aún se mantiene, así sea triste aceptarlo, influencia el Partido de Lucio Gutiérrez. Las que a su vez diferirán con las que se presenten en Pichincha o Azuay, de dominio de la Izquierda Democrática, y con las que surjan en provincias como Esmeraldas, donde la influencia de la izquierda revolucionaria es mayor. ¿No se convertirá esto, entonces, en un escenario adelantado de campaña electoral?

De otro lado, el sistema incluye un convenio con el Correo para que cualquier persona, desde cualquier parte del país, pueda enviar una carta, sin costo, con sus propuestas al CONAM. Se ubicarían, dice el gobierno, buzones en las sedes del Banco de Fomento y se harán convenios para que la gente pueda pronunciarse a través de las radios, sobre todo en el sector rural.

Se hará un cruce de los temas entre las provincias para que se validen a nivel nacional. Todo este proceso estará listo en tres meses. Luego se convoca a ejercer presión al Congreso para que los temas que pueden ser sujetos a consulta sean tratados en un plazo no mayor a 30 días, para luego ser enviados al Tribunal Supremo Electoral, para que convoque a la consulta popular. El plazo tope para la consulta sería el 11 de diciembre de este año.

Unos temas serían enviados a consulta popular y otros temas, que el gobierno considere esenciales para reforma política del Estado y que el Ejecutivo pueda enviarlos a través de leyes al Congreso, lo hará máximo hasta el 31 de julio del 2006.

La tercera parte sería la identificación desde la ciudadanía de los temas esenciales que puedan convertirse en políticas de Estado (cinco o seis temas), para legitimarlos como tales en un documento hasta mediados del 2006.

Es decir, la "participación ciudadana" de la que se pretende excluir a los partidos y organizaciones políticas, está reducida a cartas y llamadas telefónicas a las radios, que por cierto, podrían hacer un buen negocio en sus convenios con el Gobierno, puesto que para todo este proceso, según se informó, habría financiamiento internacional ¿de dónde? ¿De quién? No se sabe, pero de que habrá dólares habrá... Suponemos además que por este lado se pretende satisfacer en algo a los forajidos de la radio La Luna, que ya tienen una tradición de participación a través de esta emisora quiteña, y a quienes se adjudica la movilización de los días que precedieron a la caída de Gutiérrez. ¿Habrán "concertado" esto ya con Paco Velasco?

El riesgo que se avizora en horizonte es que al final, el grueso de propuestas que serán temas de la consulta popular, serán los que dirijan los caudillos locales a través de sus gobiernos seccionales, y las cartas y llamadas telefónicas serán solo un saludo a la bandera. Se habrá así anulado a la organización popular, como la de los indígenas, trabajadores, campesinos, estudiantes, que mantienen una tradición de lucha en torno a un real cambio estructural del Estado y que son las únicas que le pueden dar legitimidad y representatividad directa a los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana.