Está denunciado por calumnia y existen sospechas de que en su institución se habrían pagado sueldos a palos blancos y de una presunta suplantación de documentación para favorecer a una empresa privada. Estas son algunas de las irregularidades que habrían ocurrido en la Superintendente.
El 23 de agosto, la jueza Susana Leytón del 4to Juzgado de Sentencia en lo penal declaró rebelde al superintendente agrario, Carlos Agreda Lema y dictó medidas cautelares porque no se presentó ante su despacho en el proceso por calumnia que le sigue un ex funcionario de la Superintendencia Agraria (SIA), el ingeniero Ramiro Iriarte Ardaya.
Este hecho -que fue reflejado en su momento por la Red Bolivisión- nos dio pie a revisar una serie de documentos que desde hace un par de años nos han venido llegando a nuestra redacción, en los que se denuncian supuestos actos irregulares que habrían sido cometidos por el Superintendente y otras autoridades de esa institución. Pero veamos primero el caso por el cual Carlos Agreda está denunciado por calumnia.
La curiosa historia entre el superintendente Carlos Ágreda y el ingeniero Ramiro Iriarte se remonta al mismo momento en que se presentaron las ternas para elegir al Superintendente. Iriarte figuraba en la terna, aunque ni siquiera estaba enterado, "alguien lo puso en la terna sin que él sepa porque en ese momento se encontraba en el exterior... creo que ahí ya estaban manipuladas las cosas porque el Superintendente fue elegido por cuoteo, con fuerte influencia del MNR", explica su abogado, el doctor Marcelo Ugarte.
Cuando Ágreda es elegido, invita a Iriarte para que trabaje como intendente técnico, cargo en el que debía permanecer como mínimo tres años, eso es lo que mandan las normas.
Según Ramiro Iriarte, luego de un tiempo de cumplir regularmente con sus funciones, el superintendente Ágreda le habría exigido que dé su conformidad a la contratación de consultores de manera irregular -específicamente la empresa Pionera Agro SRL-. Al negarse, refiere Iriarte, fue obligado a tomar vacaciones el 1 de octubre de 1999 y cuatro días después fue despedido con el argumento de que no estaba inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Además, Ágreda ordenó que Iriarte sea denunciado en la PTJ por ejercicio indebido de la profesión.
Posteriormente, Ágreda lleva el caso contra Iriarte hasta los tribunales, pero el juez del 7mo Juzgado de Instrucción en lo penal, Constancio Alcón Paco, rechazó la apertura de proceso. Ágreda apela y nuevamente el juez del 8vo de Partido en lo Penal, Armando Pinilla, confirma el no ha lugar a la causa bajo el argumento de que Iriarte no habría hecho uso indebido de la profesión.
Lo que ocurrió realmente, según el abogado de Iriarte, es que el Superintendente Ágreda, "para deshacerse de un funcionario que no le permitía obrar discrecionalmente, contratando consultorías lesivas a la institución, orquestó un proceso administrativo y pidió una certificación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en la que el ingeniero Carlos Iriarte, efectivamente no estaba inscrito. Con ese documento en la mano lo despidió, lo difamó y pretendió abrir un juicio que dos juzgados se negaron a iniciar proceso porque no encontraron materia justiciable, pues Ramiro Iriarte estaba inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, del cual es miembro del Tribunal de Honor".
El doctor Marcelo Ugarte explica: "con estas movidas, Ágreda quería encontrar una causal de despido, para entablarle un proceso administrativo a mi representado y no pagarle los beneficios sociales al ingeniero Iriarte. Esto no se debe dejar de tomar en cuenta, pues si Ágreda hubiese despedido sin causa alguna a Iriarte, la Superintendencia tendría que haber pagado una fuerte suma como indemnización, y esto podría haber sido observado por la Contraloría".
En realidad, dice Ramiro Iriarte "fue un abuso, yo estaba inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y tenía mi título en provisión nacional. Eso era suficiente, pues con esos dos requisitos la misma Constitución me faculta la posibilidad de ejercer mi profesión en el país. Por esta razón los dos jueces fallaron a mi favor y por ello yo le he entablado un proceso penal por calumnia al Superintendete".
El caso es complejo. El asesor jurídico de la Superintendencia, Ramiro Vidaurre -que se apersonó a nuestra redacción acompañado del Secretario General de la SIA, Federico Martínez-conversó con nosotros y nos explicó que Carlos Ágreda, en su rol de Superintendente, al tomar conocimiento de que Iriarte no estaba inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) tuvo que separarlo de la institución y luego entablar un proceso administrativo y también en el ministerio público.
Efectivamente, la Ley 1449, promulgada en febrero de 1993, establece que el Estado reconoce a la SIB como la institución de derecho que agrupa a los ingenieros y dice además, en su art. 4to, que quien no este inscrito en el Registro Nacional de Ingenieros no podrá prestar servicios profesionales, y si lo hiciere sus actos seran nulos y será sujeto de sanciones de acuerdo a ley.
¿Por qué entonces dos juzgados fallaron a favor de Ramiro Iriarte? La explicación la da el abogado de la Superintendencia: "porque interpretaron de una manera sesgada la ley". En todo caso, y como ya vimos, Ágreda actúo siguiendo un mandato de la ley, y "no puede hacerse responsable de la interpretacieon de la ley. El hizo lo que la ley manda", dijo el asesor legal de la SIA.
Después de ser declarado rebelde por la jueza Susana Leytón, la defensa del Superintendente presentó un recurso de habeas corpus, que fue aceptado. En ese documento, además, se llama a la jueza a actuar siguiendo las normas procedimentales del debido proceso.
Según otra denuncia que llegó a El Juguete Rabioso, en la Superintendencia se habrían pagado sueldos a personas que nunca trabajaron allí. Este sería el caso de David Portugal, Daría Villagra de Mercado (suegra de Lilian Peñarrieta de Mercado, la contadora de la SIA) y Luz Rodríguez Andrani, para quien Lilian Peñarrieta, la tesorera de la SIA, trabajaba privadamente.
Consultamos a la ex directora administrativa de la Superintendencia, Elizabeth Peñaranda y ella nos refirió lo siguiente. "Yo tenía indicios de que había ’palos blancos’. En el tiempo que trabajé allí no me consta que ni David Portugal ni Daría Villagra ni Luz Rodríguez Andrani hayan trabajado en la institución".
Las actuales autoridades de la Superintendencia no niegan que estas personas hayan trabajado allí. Es más, nos presentaron las tarjetas de entrada que marcaban diariamente y algunos documentos donde, por ejemplo, Luz Rodríguez pedía permiso para salir. Precisamente esta señora tuvo el item de directora de comunicaciones y cobraba un sueldo de 12.332 Bolivianos.
Por otra parte, como desmintiendo las acusaciones, el viernes último David Portugal nos manifestó que cumplió funciones por un breve tiempo en la SIA y que cuenta con los documentos que lo respaldan.
Sobre esto, la ex directora administrativa Elizabeth Peñaranda comentó: "seguramente hay documentos porque parece que esas personas cobraban por planilla, pero yo en mi calidad de directora administrativa, que era la que daba las altas y las bajas, no tuve conocimiento de estas personas. Creo que una investigación más a fondo dejaría en claro muchas de estas cosas oscuras. Cuando hay un acuerdo entre los jefes máximos y los ’palos blancos’, hablo en general, todo se puede documentar y probar, pero hay que ver cómo fueron contratados, si hubo nepotismo, si hubo convocatoria pública, etc. En todo caso me reafirmo, yo era la directora administrativa y me consta que no trabajaron allí ni un solo día".
Otro de los casos a los que tuvimos acceso fue la suplantación de documentos que habría ocurrido en la SIA.
La Superintendencia habría contratado por excepción al ing. Rider Andrade para realizar una consultoría en los Planes de Ordenamiento Predial (Pop’s) del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz y del departamento del Beni. La consultoría fue contratada para 200.000 has, por un monto de 123.640 Bs.
Una vez realizado el trabajo, Rider Andrade no alcanzó a cubrir el departamento del Beni, es decir que no concluyó su trabajo, y para que se le pagara el íntegro del dinero convenido en el contrato se habría suplantado documentos, excluyendo al departamento del Beni.
Como prueba de esto, llegaron a nuestra redacción documentos originales, sellados, foliados y contabilizados por la propia Superintendencia Agraria donde se registran tachaduras sobre las especificaciones que incluían el trabajo en el Beni, e incluso copias de otros documentos que llevan el sello y el folio del notario público José Antonio Calderón López. Consultado el notario por qué existe esta doble documentación, dijo que no podía explicarlo, que él tenía en su poder documentos originales en regla.
¿Quién fue el responsable de esta presunta suplantación? ¿Por qué circulan documentos originales con sellos y folios de la SIA por las redacciones de los medios? Las autoridades de la SIA nos dijeron que ellos no entendían cómo es que existían estos documentos, pues ellos tenían todos sus originales en regla, debidamente notariados y auditados.
En todo caso, la presunta suplantación de documentos habría favorecido a Rider Andrade -que emitía facturas a nombre de Pioneros Agro SRL, la misma mencionada en el caso Iriarte-, que, hasta donde se sabe, obtuvo dos veces consultorías por excepción en la SIA.
En julio del 2000 fue retirada la directora administrativa de la Superintendencia, Elizabeth Peñaranda. Ella explica que fue "despedida por observar las contrataciones irregulares de personas y de consultorías que ocasionaron daños a la Superintendencia. Y no fui la única sino también fueron retirados el superintendente técnico y el auditor interno, Rosendo Irusta".
Precisamente la señora Peñaranda denunció en su momento ante la Contraloría las presiones y calumnias que había recibido de sus jefes para lograr su renuncia, al no conseguirlo la despidieron.
Como prueba de esto, otra funcionaria de la Superintendencia, María del Pilar Salazar, en agosto del 2000, remitió una carta que pone en evidencia el trato y el clima de presiones que habrían impuesto las autoridades de la Superintendencia. El documento dice lo siguiente: "firmé como ex secretaria de la dirección de Administración y Finanzas, a presión de la contadora Lilian Peñarrieta, al parecer con conocimiento del Dr. Martínez (Federico Martínez de Bujo Elías N.E.) Secretario general de la Superintendencia Agraria, que además fue redactada por ella sobre abusos supuestamente cometidos por Sra. Peñaranda, y que por otra parte en esa época la contadora en varias oportunidades me envió a entrevistas con el Lic. Carlos Balderrama, asesor general del Superintendente Agrario, con instrucciones de perjudicar a la Lic. Peñaranda mediante intrigas".
¿Cómo hacían los jefes de la Superintendencia para que unos funcionarios calumniaran a sus compañeros? La respuesta la da la misma secretaria en la mencionada carta: "lamento reconocer que permití ese manipuleo por no perder mi trabajo, ya que en ese tiempo se estaba definiendo quiénes serían parte de una reestructuración administrativa que según la contadora Peñarrieta mi nombre figuraba en listas".
Las actuales autoridades de la SIA argumentan que conocían desde hace tiempo una campaña orquestada por ex funcionarios de esa institución para desprestigiarlos, pues muchos de ellos fueron retirados después de que se detectaron irregularidades en su proceso de contratación o en sus funciones. Ese sería el caso de Ramiro Iriarte y de la señora Peñaranda, quien contaba con memorandums de amonestación y además en el momento de su contratación sólo era egresada de la carrera de Economía.
Sin embargo, esto no despeja íntegramente las dudas que se ciernen sobre el desempeño de las autoridades de una institución tan importante como la SIA. Queda por aclarar la existencia de doble documentación que favorecería a un consultor privado; así como los chantajes denunciados, las presiones y los supuestos palos blancos.
Para la elaboración de esta nota, el autor y otro periodista de El Juguete Rabioso pidieron una entrevista con el Lic. Carlos Agreda, el día miércoles 11. Sin embargo el jefe de personal de la Superintendencia nos dijo que el Superintendente estaba ocupado y nos pidió que hablemos con la intendente jurídica. Le respondimos que necesitábamos la opinión de contraparte de Carlos Ágreda, pues él era quien estaba denunciado penalmente por calumnia y sobre su persona recaían otras acusaciones. El día viernes nos envió una carta, donde reafirmaba que no concedía entrevistas sobre estos temas, que quienes lo acusaban carecen de pruebas y derivó al Secretario General de esa institución para que hablara con nosotros.
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