Pocos días después de la «Guerra del gas» en Bolivia, las comunidades indígenas del Ecuador han dado otro paso histórico en la lucha contra los abusos de las transnacionales en el mundo entero, al sentar en el banquillo de los acusados a la compañía norteamericana Texaco, que por más de dos décadas ha explotado petróleo en la amazonía ecuatoriana, causando un desastre ecológico que incluye la extinción de dos etnias.
El 21 de octubre en Ecuador, los indígenas de la amazonía iniciaron el denominado «Juicio Ambiental del Siglo» en contra de la transnacional del petróleo Texaco, que trabajó en la amazonía ecuatoriana durante algo más de dos décadas y donde causó un desastre ecológico sin precedentes. De momento el juicio está en marcha y podría durar meses e incluso años. Si el movimiento indígena consigue ganar el juicio, Texaco deberá pagar 1.000 millones de dólares a las comunidades por daños y perjuicios, entre tanto tiene la victoria de haber logrado sentar en el banquillo de los acusados a una de las transnacionales más poderosas del mundo, de cuyo consejo directivo fue miembro nada menos que la actual consejera del régimen George W. Bush, Condoleeza Rice.
En 1967 la Texaco Petroleum Company (Texpet), filial de Texaco Inc, comenzó con la explotación petrolera en Ecuador, en consorcio con la empresa estatal Petroecuador. Hasta 1990, año en que terminó su contrato, Texaco construyó un gigantesco oleoducto que atraviesa la selva amazónica, contruyó 22 estaciones, perforó 339 pozos en un área que actualmente alcanza unas 442.965 hectáreas y extrajo al rededor de 1.500 millones de barriles de crudo. De ese modo, en poco más de dos décadas, explotó el 80 porciento de la producción nacional de pretróleo, dejando al Estado sólo las regalías por derecho a explotación, sin compartir las ganancias.
Paralelamente, ha vertido en la Amazonía, toneladas de material tóxico, desechos de mantenimiento y más de 19 mil millones de galones de agua de producción (de salinidad seis veces superior a la del mar y con restos de hidrocarburos y metales pesados). Eso sin contar que, a través de sus mecheros, quemó diariamente 2 millones de metros cúbicos de gas sin ningún control ambiental.
Según vienen denunciando desde hace una década las comunidades indígenas ecuatorianas, las operaciones de Texaco causaron la destrucción y contaminación de grandes extensiones de selva en la región amazónica, el exterminio de pueblos indígenas y el empobrecimiento no sólo de la región, sino también del país.
Entre 1967 y 1990, Texaco acabó con recursos naturales (biodiversidad) que empleaban las comunidades para usos medicinales, nutricionales, domésticos y recreacionales. En la selva húmeda amazónica, zona conocida por ser una gran reserva natural de agua dulce, los habitantes ya no tienen agua para beber dado el alto grado de contaminación. Los peces de los ríos han sido envenedados así como la vegetación de la zona, lo que causó una grave deforestación.
Además del desastre ambiental, acusan a Texaco de haber atentado contra la vida de los indígenas Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Huaorani, a quienes obligaron a desplazarse de sus territorios alterando su modo de vida y sus costumbres ancestrales al tiempo que se los expuso al contagio de diversas enfermedades: cáncer, abortos, infecciones intestinales, respiratorias y a la piel, trastornos nerviosos como pérdida de la memoria, mareos y dolores de cabeza permanentes. También acusan a Texaco de genocidio, al señalarlo como responsable del proceso de extinción de pueblos como los Tetetes y Sansahuaris.
La responsabilidad de Texaco, según los habitantes de la amazonía, radica en que utilizó métodos que habían sido ya abandonados e incluso prohibidos, dada su peligrosidad, en otros países. También ignoró prácticas habituales de la industria, como la reinyección de los residuos líquidos al yacimiento, y en cambio los vertió en pozos excavados en el suelo, cuyo contenido se filtró luego a ríos y arroyos.
Luego de diez años de litigios, las comunidades indígenas del Ecuador consiguieron por fin sentar en el banquillo de los acusados a Chevron-Texaco (en octubre de 2001 se hizo oficial la fusión de Texaco con Chevron, conformando la actual Chevron-Texaco). La demanda fue presentada en Estados Unidos en 1993 y fue demorada todos estos años debido a que la petrolera se negó a aceptar la jurisdicción de una corte norteamericana. El 7 de mayo del presente año, la justicia estadounidense derivó el caso a la justicia ecuatoriana y fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Septentrional Ciudad de Nueva Loja (frontera con Colombia) y ordenó a Chevron-Texaco aceptar la jurisdicción de Ecuador y así fue que comenzó el llamado «Juicio Ambiental del Siglo», el pasado 21 de octubre. Se trata de un acontecimiento histórico ya que es la primera vez que una transnacional del petróleo es obligada a comparecer ante la justicia.
Los abogados litigantes, que representan a 30 mil indígenas ecuatorianos, reclaman una compensación de 1.000 millones de dólares. Alberto Wray, uno de los abogados de los demandantes, declaró a la prensa internacional [1] que, para resolver este conflicto, la compañía Chevron-Texaco debe limpiar los pozos llenos de toxinas y petróleo, limpiar los ríos e instalar agua potable en todas las aldeas de la región. Además, dar atención médica a los habitantes que sufren enfermedades y ayudar a que cinco comunidades indígenas recuperen el modo de vida que tenían antes de los derrames de petróleo.
Según un informe proporcionado por la empresa Global Evironmental Operations, contratada por las comunides indígenas para evaluar el desastre, la limpieza de la contaminación ocasionada por la petrolera, llegaría a costar 6.114 millones de dólares. Este monto, sin embargo, es apenas un piso de referencia, según declaró a CNN otro de los abogados de los demandantes, Steven Donziger [2]: «Las cifras que tiene (el informe) son un piso, pero puede aumentar mucho más. Depende realmente de lo que quieren limpiar (Chevron-Texaco), si quieren limpiar todo va a costar mucho más». De todas maneras, este informe, así como la cifra que presenta, no pueden ser presentados en el juicio toda vez que la justicia ecuatoriana no reconoce ese tipo de pruebas.
La transnacional petrolera, en su defensa al inicio del juicio, alegó que Chevron-Texaco no podía ser juzgada por algo que no cometió. Su abogado defensor, Adolfo Callejas, alegó que la empresa tiene una nueva figura jurídica y no puede ser imputada por hechos que se le atribuyen a Texaco Inc. «Chevron-Texaco no es sucesora de Texaco, por lo que no puede ser responsabilizada por nada» [3]. Por su parte, Ricardo Reis Viega, vicepresidente del Consejo General de Chevron-Texaco para Productos de América Latina, ha pedido que se desestimen las acusaciones por carecer de fundamento [4]. Afirmó también que en 1988 llevaron adelante una operación de limpieza que costó 40 millones de dólares y que por ello, el gobierno ecuatoriano liberó a la entonces compañía Texaco y sus subsidiarias de toda responsabilidad. «Puesto que el gobierno liberó a la compañía de obligación o responsabilidad, cualquier demanda debería ser presentada en contra del gobierno y no en contra de la compañía», añadió Reis Viega en una rueda de prensa ante la prensa internacional. La parte demandante no niega que Texaco haya realizado trabajos de reparación ambiental, pero afirman que estos fueron insuficientes, además que fueron realizados de manera inadecuada e ineficiente.
Pese a los intentos de Chevron-Texaco por inviabilizar el juicio éste sigue su marcha, por ello la empresa petrolera ha decidido pasar a la ofensiva y ha solicitado al juez Alberto Guerra (quien lleva la causa), que determine fecha y hora para que tres ministros de energía y minas se presenten a declarar, junto a ellos los ex gerentes de Petroecuador Carlos Romo y Jorge Pareja.
Las comunidades indígenas también se encuentran decididas a seguir adelante con el juicio y cuentan con el apoyo de medioambientalistas y activistas de derechos humanos como la celebre Bianca Jagger, ex esposa de Mick Jagger (líder de los Rolling Stones) quien además de luchar porque siga adelante el juicio a Texaco, también trabaja alertando sobre los posibles riesgos de que el desastre se repita, ya que si bien la empresa norteamericana dejó la explotación, Petroecuador sigue trabajando con la misma infraestructura que envenenó la Amazonía.
En los últimos días se han sumado a las denuncias contra Chevron-Texaco, la de los empresarios gasolineros ecuatorianos, quienes acusan a la petrolera de haber llevado a la quiebra a varios distribuidores de gasolina y de haberse apropiado del 40 por ciento de ese mercado.
Ha comenzado el juicio del siglo y, por lo pronto, ya se ha sentado un gran precedente desde el mismo momento que un gigante del petróleo haya sido conminado a presentarse a juicio. Este logro viene a ser un paso más en las luchas de los movimientos sociales e indígenas en contra de los abusos de las transnacionales, que en Bolivia ha tenido dos victorias, la primera el año 2000, durante la guerra del agua y la segunda el pasado mes de octubre, cuando a causa de una movilización aymara en defensa del gas el entonces presidente tuvo que salir huyendo hacia EEUU.
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