Infantes, otras víctimas de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua. “Aquí matan, y tengo miedo que me pase lo mismo que a mi mamá”, dice una niña de apenas nueve años de edad. Inquieta, no deja de jugar en el aire con sus delgadas manos; sus enormes ojos negros se fijan en la pared; en su voz no se identifica sentimiento alguno. Hace apenas unos minutos grabó un programa de radio. Nerviosa, habló sobre el derecho al amor.

Con seriedad, dice que cursa el tercer grado de primaria y que, junto con su hermano de siete años, vive con su mamá Norma y su papá Raúl –sus abuelos maternos–. Una playera negra y un short rojo dejan ver su delgado cuerpo que, sentado en un angosto escalón, se mueve intensamente, al tiempo que narra lo peligrosa que es la ciudad por la venta de droga y los asesinatos.

La menor vive en Ciudad Juárez, identificada como la ciudad fronteriza más conflictiva de México. De acuerdo con la Primera encuesta nacional sobre inseguridad, en 2001 la metrópolis registró 66 homicidios por cada 100 mil habitantes (mientras que en el país el promedio fue de 12 asesinatos) y 133 secuestros por cada 100 mil habitantes (en el ámbito nacional la cifra fue de 18 casos).

Ese mismo año, el 14 de febrero, la madre de la niña fue secuestrada. Una semanas después, el cuerpo fue localizado en un lote baldío, frente a la maquiladora donde trabajaba. Lilia Alejandra, de 17 años, sufrió torturas, violación tumultuaria y mutilación de uno de sus senos; murió asfixiada por estrangulamiento.

Lilia Alejandra dejó una niña y un niño, quienes en ese momento contaban con dos años y cinco meses de edad, respectivamente. Desde la muerte de su madre, los pequeños viven con sus abuelos maternos, Norma Andrade y Raúl García.

Todos los sábados a las dos de la tarde la niña y su hermano, junto con otros 18 menores, participan en un taller de radio que la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa ofrece para hijos y hermanos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa se creó en febrero de 2001, tras la muerte de Lilia Alejandra, con el propósito de exigir justicia por el homicidio de ésta y, después, el de todas las demás víctimas. Hoy abriga a 30 familias que integran alrededor de 100 personas, de las cuales 52 son menores de edad.

Una habitación en la parte alta de un restaurante de comida china, ubicado en la avenida principal de la ciudad, es el sitio donde se imparte el taller. A partir de las dos de la tarde se les da de comer a los niños y sus acompañantes; una hora después, todos participan en la terapia grupal.

El taller consiste en realizar una actividad donde, en grupos de cuatro o cinco niños, conversan entre sí, sobre un tema específico y plasman sus ideas en dibujos. La directora fundadora de la asociación, Marisela Ortiz, dice que dicha tarea sirve para que los menores exterioricen sus pensamientos sobre cuestiones que les atañen o afectan, con personas que enfrentan condiciones de vida similares, además de concientizarlos sobre los retos que tienen que enfrentar.

Derecho al amor

La hija de Lilia Alejandra trabaja con otras tres niñas, las más pequeñas del taller; en esta ocasión escogieron como tema el derecho al amor. Dos de ellas son las hermanas menores de Airis Estrella Enríquez, quien en 2005 y a sus siete años de edad fue víctima de secuestro, violación sexual y homicidio.

La tercera niña tiene 10 años, es la hija mayor de Rebeca Contreras, quien en marzo de 2004 fue asesinada –por estrangulamiento– y hallada en las inmediaciones del cerro del Cristo Negro. De 23 años de edad, la víctima dejó tres hijos: una menor de seis años y dos niños; uno de siete años y otro de seis meses. Los menores fueron separados: la mayor vive con su abuela materna, los otros dos con hermanas de Rebeca.

Marisela Ortiz explica que los niños tuvieron que ser separados porque, al igual que las demás familias de las muertas, su situación económica es precaria, y la abuela no podía mantener a los tres infantes sola.

A donde discuten las pequeñas llega una quinta niña, de tres años. Es la hermana más chica de Airis; cuando ésta murió, su madre tenía siete meses de embarazo. Antes de terminar la dinámica, la chiquita habrá trazado un deforme corazón.

Al concluir sus dibujos, las niñas coinciden que el derecho al amor es un derecho fundamental de todos los infantes, quienes deben ser amados y recibir buen trato de sus padres y de toda la sociedad. Los dibujos: corazones, animales, una familia tomada de la mano.

“Tengo tres animalitos: un conejo, un pájaro y una perrita. La favorita es mi perra, la tengo desde que estaba muy chiquita y desde entonces la cuido como si fuera mi hija. Ella es la que más me entiende, es con la que platico de cómo me siento, es como mi mamá”, dice la hija de Lilia Alejandra.

Por eso tengo miedo –dice la menor– de que le pase algo a mi perrita. Casi en secreto, agrega: “También tengo miedo de que me pase algo a mí. No quiero morir tan joven como mi mamá”.

La niña platica sobre la convivencia con los otros menores, quienes al igual que ella perdieron a su madre o hermana. Dice que juegan y platican de la escuela. Misoginia y sumisión

En el documento Feminicidio en Ciudad Juárez: ruptura de la equidad de género, René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que en la localidad convergen procesos sociales, históricos, económicos, demográficos, delincuenciales, sicológicos e institucionales, íntimamente estructurados con creencias patriarcales, misóginas y sumisión femenina. A todo ello se suma la incompetencia y corrupción de los gobiernos estatal y federal.

El investigador agrega que en años recientes se recrudeció el actuar del crimen organizado, narcotráfico y las pandillas, aunado al hecho del establecimiento, a partir de 1990, de más de 500 maquiladoras donde laboran 300 mil personas, 70 por ciento de éstas son mujeres.

Lo que genera, dice Jiménez, un sentimiento de inseguridad en la población, por la existencia creciente de night clubs, bares, cantinas, prostíbulos, antros, hoteles de paso, picaderos (donde se vende y consume droga), corrupción policiaca, brujería, pobreza, ignorancia, segregación y violencia desmedida, desencadenan fenómenos como el de las “muertas de Juárez”.

De acuerdo con cifras oficiales, de 1993 a la fecha fueron asesinadas más de 400 mujeres, 26 por ciento de ellas por móviles sexuales, y otro 20 por ciento víctimas de la violencia intrafamiliar. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 2003, 75 cadáveres no habían sido reconocidos y más de 2 mil mujeres se encontraban desaparecidas.

Proyecto de la esperanza

Marisela Ortiz explica que la organización inició los talleres hace dos años, con el fin de ayudar a los deudos de las muertas de Juárez a sobrellevar su proceso de duelo, en particular a los niños, que coexisten todos los días con la violencia extrema que vive la ciudad.

Ortiz dice que empezaron con un taller de arteterapia; pintaron murales en el museo de San Agustín, además de realizar otras actividades como danza, poesía y baile. Esta primera etapa fue patrocinada por personas de diversas nacionalidades que, además, participaron activamente en lo que llamaron Proyecto de la Esperanza.

Después, agrega, se organizaron campamentos de verano y primavera, y los talleres sabatinos sobre derechos humanos, autoestima, escritura terapéutica, periodismo y radio, que es el que se desarrolla actualmente, donde los niños graban programas que se transmiten en Radiofem.

“Los niños hacen entrevistas, cápsulas, testimoniales y algunos análisis sobre la vida cotidiana en Ciudad Juárez, que reflejan la necesidad de estas generaciones de hacer algo por su comunidad, por eso le llamamos el Proyecto de la Esperanza”, dice.

La directora explica que cuando se creó la organización no se pensó en tener fondos externos, se trabajaba sólo con la voluntad de los miembros. Pero, agrega, un día nos visitó gente de la asociación Semillas, de la Ciudad de México, que nos informó que la Fundación Ford estaba interesada en apoyar nuestra causa.

A partir de 2006, dicha fundación financia el proyecto jurídico, a través de un fondo que otorga cada semestre, para que los abogados de la organización realicen su trabajo en el análisis y recopilación de pruebas para los más de 30 expedientes que tienen; además de pagar la renta del local.

El proyecto de los niños, dice Ortiz, es apoyado por el gobierno de la República Federal de Alemania y otro grupo de personas del País Vasco, que reunieron fondos, tras una visita de dos madres, al realizar una campaña en la región en contra de la violencia a la mujer.

Agrega que el donativo del gobierno germano cubre el transporte y alimentación de los niños; los materiales y el pago de las personas que se encargan de impartir las actividades.

Ortiz dice que de las autoridades estatales sólo recibieron 30 mil pesos, y fue para el programa de arteterapia: “Es lo único, entregamos las cuentas y adiós, nos han ofrecido más pero no estamos convencidas de trabajar con el gobierno. No queremos crear un compromiso con ellos, queremos seguir luchando libremente. Que ellos cumplan con su parte, que es resolver y encarcelar a los culpables de los homicidios, no más”.

Instituto Chihuahuensede la Mujer

Luisa Fernanda Camberos, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, dice que el gobierno del estado, encabezado por José Reyes Baeza, tiene un programa para apoyar a los parientes de mujeres asesinadas en la entidad. Éste consiste en el otorgamiento de becas, uniformes, servicio médico y pies de casa, para 75 familias.

La funcionaria asegura que las autoridades están en contacto permanente con las familias de las víctimas, y que mínimo cada dos meses se acercan a ellos para conocer su situación física, emocional y de educación.

Camberos dice que los recursos para las becas escolares provienen de la Secretaría de Educación. Éstos son para los niveles básico y medio superior. Agrega que hay dos jóvenes que están por entrar a la universidad, quienes mantendrán sus apoyos.

La funcionaria reconoce que el gobierno de Chihuahua no cuenta con un programa específico que atienda a los hijos de las muertas de Juárez. Argumenta que hace algunos años emprendieron un programa que resultó difícil de continuar, porque “cada mamá o abuela tiene diferentes criterios”.

La titular del organismo comenta que se tienen registrados 70 niños, de los cuales el 60 por ciento son mujeres, quienes a decir de la funcionaria “han avanzado mucho en su proceso de duelo”.

Cambero dice que hace algunos años, siquiatras pagados por el estado trabajaron en el proceso de crisis de 13 madres; pero no se incluyeron hijos de las víctimas.