Hace diez o quince años, una masiva manifestación callejera para rechazar la violencia contra las mujeres hubiera sido impensable en Chile. Entonces recién se comenzaba a dimensionar social y públicamente este problema que cruza a todos los sectores sociales.
De ahí la importancia de la marcha nocturna del pasado 24 de noviembre en Santiago. Participaron más de mil personas -mayoritariamente mujeres, pero también hombres-; además se realizaron otras acciones simultáneas en Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia.
Al convocar a esta movilización, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, junto con los movimientos feministas y de mujeres, llamó a abordar la violencia “como un problema de poder, en y fuera de la familia, que requiere cambios en las relaciones prácticas y simbólicas entre hombres y mujeres”. Para Soledad Rojas, coordinadora de la Red Chilena, estos cambios suponen “paridad en la participación política, mejora de los salarios de las mujeres y abrir espacios para la capacitación y educación, para que ellas puedan optar a mejores condiciones de vida e independencia, previniendo así el maltrato en el hogar”.
A la convocatoria nacional adhirieron cerca de 200 organizaciones, redes y colectivos de jóvenes, trabajadores y empleados fiscales, centros de estudios, sindicatos, colegios profesionales, agrupaciones de derechos humanos, movimientos homosexuales, artistas, partidos de Izquierda y medios de comunicación independientes de los grandes poderes, como Punto Final, Le Monde Diplomatique y Radio Tierra. En su llamado las convocantes señalaban: “Nada justifica la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, día a día centenares son maltratadas y muchas asesinadas por sus parejas o ex parejas, tras largas historias de amenazas y castigos que no fueron sancionados a tiempo. Dentro y fuera de la familia, las mujeres somos violentadas de múltiples formas: acosadas sexualmente en el trabajo y en las calles, en las escuelas y universidades, estereotipadas y objetualizadas en la publicidad, violentadas sexual, psicológica y económicamente, y como expresión última de este continuo de violencia, asesinadas. Esto es el femicidio”.
En Santiago una heterogénea columna de manifestantes vestidas de blanco y con antorchas, en homenaje a las cerca de setenta mujeres asesinadas cada año en Chile, recorrió la Alameda -desde Plaza Baquedano-, el Paseo Ahumada y enfiló hasta la Plaza de la Constitución, donde se efectuó un acto político. Hablaron Rosa Ferrada, presidenta del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) y Soledad Rojas, coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Fue la más masiva conmemoración ciudadana del Día Internacional de la No Violencia contra Mujeres y Niñas, instituido en memoria de Teresa, Patria y Minerva Mirabal, tres dominicanas que combatieron a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y que murieron víctimas de garrotazos de los secuaces del dictador el 25 de noviembre de 1960. La leyenda cuenta que en una fiesta, Minerva abofeteó a Trujillo, quien intentaba propasarse en sus atenciones. Años más tarde, la misma chica tomó el nombre de “Mariposa” para articular clandestinamente el movimiento de resistencia interno. Sus hermanas la siguieron y las tres tuvieron idéntica suerte. Desde 1981 se homenajea a estas valientes mujeres en todo el mundo, especialmente en los países de América Latina y el Caribe.
Aunque en nuestro país las denuncias por violencia han aumentado en los últimos años -son más de setenta mil en lo que va de 2005-, sigue siendo un problema difícil de cuantificar. Según la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, la mitad de las mujeres casadas o en unión de hecho ha vivido alguna vez violencia por parte de su esposo o compañero, ya sea física, sicológica o sexual.
Esta afirmación es ratificada con la más reciente investigación efectuada por el Servicio sobre Violencia Intrafamiliar del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), cuyos resultados se dieron a conocer el 25 de noviembre. Se trata de una encuesta aplicada a 1.358 mujeres de 15 a 49 años, casadas o convivientes, de la Región Metropolitana, y a una cantidad similar en distintas regiones del país considerando áreas urbanas y rurales. El 50 por ciento de las chilenas consultadas confesó haber sido golpeada por su pareja. Pero además, cuatro de cada diez mujeres admitieron sufrir violencia sicológica, y entre el 25 y el 32 por ciento -dependiendo de la región- ha sido pateada, arrastrada o ha recibido una golpiza. La violencia física grave (golpes de puño, con objetos o intento de asesinato) es más frecuente que la leve en las regiones Metropolitana y IV.
La Región Metropolitana, la II, IV y IX regiones, tienen también los récords en violencia sicológica. Asimismo en estas cuatro regiones la violencia física leve (abofeteo, lanzamiento de objetos, empujones y tirones de pelo) afecta a un promedio de 75 por ciento de las encuestadas. En cuanto a la violencia física grave, entre 7,7 y 15,4 por ciento de las mujeres reconoció que sus parejas han intentado estrangularlas, mientras entre 2,1 y 7 por ciento ha sido quemada o pasó por un intento de ese tipo. Peor aún, casi la cuarta parte de las encuestadas dijo haber sido amenazada o agredida con un arma: 22,7 por ciento en la Región Metropolitana; 21,1 por ciento en la IX; 19,7 por ciento en la II y 12,1 por ciento en la IV Región.
Las manifestaciones de violencia sexual son también abundantes, pues siete a ocho mujeres de cada diez fue en algún momento forzada a tener relaciones sexuales, lo que constituye una violación dentro de la relación de pareja.
Otra observación importante es que las mujeres demoran entre cinco y siete años en tomar la decisión de denunciar al agresor. Sin duda que el lapso sería menor si la sociedad en su conjunto tomara conciencia que éste no es un problema que forzosamente se deba mantener y solucionar dentro de cuatro paredes y, sobre todo, si la mujer violentada supiera que puede contar con apoyo para enfrentar y cambiar sus condiciones de vida.
La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual sostiene que actualmente en Chile sólo existen seis alternativas -todas surgidas de la sociedad civil y ninguna de origen estatal- para la mujer que desea escapar de las agresiones de su pareja: la Casa de la Mujer Yela (Talca), el Centro Mirabal (Coronel) y cuatro centros del Hogar de Cristo. El Sernam tiene 23 centros para la atención de mujeres, hombres y niños -se crearán otros seis en enero de 2006-, pero no contemplan la acogida de mujeres violentadas que buscan protección y, por tanto, no disponen de infraestructura para eso. Tampoco hay programas integrales de reparación que incluyan atención de salud, completar estudios, capacitación laboral y ayuda para acceder a un trabajo remunerado.
En el acto de la Plaza de la Constitución, Soledad Rojas leyó un documento que expresa con nitidez el planteamiento político de las mujeres organizadas que luchan por poner fin a las desigualdades de género. Respecto a la violencia, el pronunciamiento, que también se difundió en los demás actos realizados en el país, destaca que es hoy más visible gracias a la acción desplegada en América Latina por los movimientos feminista y de mujeres durante los años 80. “En Chile la consigna ‘democracia en el país y en la casa’‚ levantada a finales de la dictadura, expresó con claridad nuestra demanda: el deber del Estado democrático era enfrentar con decisión la discriminación contra las mujeres y en especial la violencia como una de sus formas más extremas”, recordó la coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Entre los logros, mencionó la creación del Sernam, algunas políticas públicas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades a las mujeres, la promulgación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en 1994, y la inclusión en el programa de salud mental del Ministerio respectivo de la atención a personas afectadas por trastornos asociados a la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil.
“Sin embargo, luego de dos décadas, el abordaje y atención de la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes y fragmentados -advierte el documento-. La legislación, la política pública y el lenguaje cotidiano perpetúan en la sociedad la invisibilización del fenómeno y sus reales causas. Violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres no son sinónimos. La primera no da cuenta de las relaciones de poder entre hombres y mujeres presentes en la familia. Por el contrario, hablar de violencia contra las mujeres deja en claro que el factor de riesgo es el solo hecho de ser mujer. Si bien en el espacio doméstico ocurren graves agresiones a las mujeres, no es éste el único lugar en que se producen. En cualquier parte hay hombres que creen que pueden disponer de las mujeres, de sus cuerpos y de sus vidas, y concepciones culturales que los legitiman”.
Según este planteamiento, ni la legislación ni las políticas públicas han cambiado sustancialmente la experiencia de violencia que viven las chilenas. “La transición democrática postergó los derechos de las mujeres”, reclaman. La ley promulgada en 1994 definió la violencia como una falta y no como un delito violatorio de los derechos humanos que, en muchos casos, es el preámbulo de un femicidio. Luego de una década de demanda de las mujeres para que la violencia sea debidamente sancionada, recién este año los legisladores modificaron la ley y tipificaron el delito de “maltrato habitual” tanto en relación a la violencia física como sicológica. Sin embargo, no se han destinado los recursos financieros y humanos necesarios para que esta ley se aplique a cabalidad. Hoy, una mujer agredida debe esperar hasta tres meses para que su denuncia sea tramitada por un juzgado de familia.
Las mujeres reclaman al Estado una eficaz política de prevención. Esto implica campañas permanentes de información sobre la magnitud del fenómeno, que reproduce la desigualdad de poder y viola los derechos humanos, y la asignación de recursos humanos y financieros para los programas destinados a prevenirlo y a enfrentar sus dolorosas secuelas. “Las políticas institucionales que debieran otorgar condiciones efectivas de protección, apoyo, atención y reparación a las agredidas -como la acción oportuna de Carabineros, casas de acogida para mujeres en situación de alto riesgo, atención en salud para prevenir el embarazo no deseado y el contagio de VIH/sida, facilidades de empleo y vivienda que fortalezcan su autonomía, entre otras- son precarias, cuentan con pocos recursos para su implementación o simplemente no existen. Al menos cuarenta mujeres han sido asesinadas este año producto de esta realidad. El Estado falló en defender su derecho a la vida”.
El documento señala, además, que “en el actual contexto neoliberal, con un modelo económico altamente concentrador de la riqueza y un sistema político restrictivo y excluyente, se generan nuevas formas de violencia contra las mujeres heterosexuales y lesbianas, de diferentes edades y condiciones económicas, sociales y étnicas”.
Las mujeres resaltan la falta de compromiso de los partidos políticos, lo que se demostró con la ausencia de este tema en el debate electoral sobre delincuencia y seguridad ciudadana. Y agregan: “Erradicar la violencia contra las mujeres requiere de compromisos y voluntades políticas transformadoras de la cultura para avanzar hacia formas de relación igualitarias, libres y no discriminadoras entre los géneros. Sobre estos valores hay que pronunciarse. Lo contrario es ser cómplice de los conservadurismos y fundamentalismos que legitiman y reproducen formas de subordinación y de violencia en contra de mujeres: obligar a una mujer a llevar un embarazo a término, aunque le cueste la vida, es femicidio. Es violencia en una de sus expresiones extremas”.
La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, junto con diversas organizaciones feministas y de mujeres, están conscientes que para avanzar a soluciones de fondo será necesario fortalecer sus organizaciones, unir a otros sectores tras el mismo objetivo y exigir políticas claras y acciones decididas de parte del Estado.
Plantean que la atención y reparación a las agredidas debe ser complementada con políticas que permitan “afirmar la decisión de las propias mujeres de no tolerar ninguna forma de abuso y agresión en sus relaciones públicas y privadas”. También proponen que instituciones públicas y privadas inviertan recursos en campañas y acciones educativas que identifiquen la violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de los derechos humanos, y como un serio atentado a la democracia.
Además, consideran esencial que el Estado garantice redes de apoyo institucional que protejan a las mujeres en riesgo y atiendan sus necesidades de asistencia médica, jurídica y económica. Eso significa casas de acogida en todas las regiones del país, personal calificado y prioridad en las políticas sociales, especialmente de trabajo y vivienda. Como sanción social, sostienen que se debe impedir ejercer funciones públicas a quienes han sido condenados por actos de violencia contra las mujeres y niñas
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