Inglaterra: ¡Tony go home!

Once diputados británicos decidieron el jueves 26 de agosto de 2004 entablar un procedimiento con vistas a la destitución del primer ministro Tony Blair. La iniciativa tiene elementos que pueden sorprendernos: tal procedimiento no está previsto en el funcionamiento normal de las instituciones.

En realidad, forma parte de la costumbre y ya ha sido empleado en el pasado aunque la última vez fue... hace más de 150 años contra Lord Palmerston. Pero Gran Bretaña tiene una larga tradición de resistencia a la arbitrariedad y al autoritarismo del Estado.

Las recientes manipulaciones a las que se ha dedicado Tony Blair ante la Cámara de los Comunes también fueron objeto de un informe de un centenar de páginas redactado por Glen Rangwala, profesor de ciencias políticas en el Newnham College de Cambridge, y Dan Plesch, miembro honorario del Birbeck College de Londres. [1]

La base constitucional es recordada en el preámbulo del documento por uno de los fervientes defensores de la moción, el diputado nacionalista escocés Adam Price. Afirma apoyarse en una de las más antiguas doctrinas parlamentarias: el principio de la responsabilidad ministerial, según el cual aquellos que nos dirigen no pueden engañarnos y permanecer en su puesto.

Es completamente inédito que un ministro se niegue a dimitir ante pruebas tan abrumadoras. El objetivo de la primera parte del informe es justamente inventariar las pruebas materiales de las mentiras proferidas por Tony Blair a los parlamentarios británicos, mentiras que tuvieron como consecuencia poner en peligro la seguridad nacional.

Adam Price

Cuando el presidente estadounidense William Jefferson Clinton se vio amenazado por un procedimiento similar de destitución en 1999, se le reprochaba igualmente haber mentido a la opinión pública estadounidense. Al igual que a Tony Blair, la mentira le costó verse sometido a un intento de impeachment. Pero, contrariamente al Primer Ministro británico, su mentira no tenía como propósito engañar al Congreso, garante de la representación nacional y federal.

El presidente Clinton deseaba solamente salir de la situación comprometida en la que lo habían colocado algunos líderes neoconservadores con relación a las relaciones íntimas que mantenía con una de sus jóvenes pasantes.

A Tony Blair se le reprocha algo diferente por su naturaleza y gravedad. Según Adam Price, la conducta del Primer Ministro ha arruinado la reputación de integridad del Reino Unido en el mundo entero; desatado una guerra cuyo fin nadie es capaz de prever; perjudicado y desacreditado a los servicios secretos, esenciales para la seguridad del Estado; debilitado la Constitución al debilitar al Gobierno hasta el punto de ruptura y transformado en farsa la autoridad del Parlamento como representante del pueblo.

Sería fastidioso retomar punto por punto las mentiras probadas de Tony Blair con relación al «arsenal iraquí». Además, el método empleado resulta más interesante que la naturaleza de los argumentos. La campaña de desinformación masiva comenzó en realidad a inicios de 2002 y se aceleró en el otoño.

El 24 de septiembre, ante los Comunes, el líder laborista pidió a los parlamentarios que aceptaran con toda confianza los argumentos que ofrecería sobre la amenaza iraquí: Soy consciente, claro está, de que las personas deberán aceptar los elementos sobre [este asunto] basados en la buena fe de nuestros servicios secretos. Pero eso es lo que me dicen a mí, el Primer Ministro, y a mis colegas. El cuadro que han bosquejado ha sido elaborado en el transcurso de los últimos cuatro años. Es exhaustivo, detallado y categórico.

Con esta declaración, Tony Blair se lava las manos por adelantado: si las informaciones que presenta a la Cámara son falsas, la culpa recaerá sobre los servicios secretos. La misma estrategia de defensa fue adoptada a posteriori por el equipo de George W. Bush, que también se lavó las manos con relación a las informaciones suministradas por la CIA y olvidó simplemente precisar que ese mismo equipo le había pedido a los servicios secretos que cargaran bien el asunto iraquí.

El informe redactado por Rangwala y Plesch no se propone determinar quién engañó a quién, si los servicios secretos o el ejecutivo británico. Simplemente demuestra que en varias ocasiones Tony Blair exageró informaciones recopiladas por sus servicios, que incluso las contradijo y que de manera sistemática eliminó todos los elementos de información que no estuvieran acordes con la idea de una «inminente amenaza iraquí».

Los autores ofrecen varios ejemplos: a partir de un enfoque en amalgama, el Primer Ministro británico confundió las armas no encontradas por los inspectores de la ONU con el armamento existente y escondido por Sadam Husein.

Sin embargo, tanto los inspectores de la ONU como los propios servicios británicos han repetido varias veces que existían diferentes explicaciones para esta ausencia. Solo una pequeña parte, como máximo, podía haber sido escondida por Bagdad.

Tony Blair también repitió, sobre la base de las supuestas informaciones provenientes de los servicios secretos, que el régimen iraquí se proponía utilizar esas armas de destrucción masiva «tanto para la represión interna como para la agresión externa».

Estos elementos fueron desmentidos por todos los datos recopilados por el Joint Intelligence Committee (Comité de Inteligencia Conjunto) según el cual «Sadam no logró amenazar seriamente a sus vecinos [...] Sadam utilizó armas de destrucción masiva en el pasado y podría hacerlo una vez más si su régimen se viera amenazado.»

Tony Blair en el Congreso de los Estados Unidos.

Julio 2003

Esta afirmación refuerza la idea de que Tony Blair puso deliberadamente en peligro la vida de sus soldados: en nombre de una amenaza inexistente, decidió enviar sus tropas junto al ejército de los Estados Unidos corriendo el riesgo de ver cómo Bagdad se defendía por todos los medios posibles.

En el September Dossier presentado por Tony Blair a la Cámara de los Comunes para apoyar sus afirmaciones, esta frase fue reformulada a solicitud de Jonathan Powell, director del gabinete de Downing Street: Las informaciones recopiladas señalan que en el marco de la planificación militar, Sadam está dispuesto a emplear armas químicas y bacteriológicas [2].

Finalmente, hasta esta posibilidad tuvo que ser desechada ante los hechos: durante la invasión de las fuerzas británicas, australianas y estadounidenses, Sadam Husein no recurrió en ningún momento a armas químicas o bacteriológicas. Sin embargo, el 8 de abril de 2003 Tony Blair seguía confiado y afirmaba en un comunicado: Con relación al tema de las armas de destrucción masiva, sabemos que el régimen las posee, sabemos que cuando caiga el régimen seremos llevados hasta ellas.

Esto lo llevó a posteriori a encerrarse en su mentira ante los parlamentarios a los que había engañado deliberadamente. Tony Blair sostuvo así durante un tiempo la fábula de las instalaciones biológicas móviles identificadas por sus servicios antes de que el experto en armamentos David Kelly invalidara esta nebulosa teoría.

El informe Rangwala & Plesch menciona asimismo toda una serie de manipulaciones operadas a partir de informaciones recopiladas por los servicios secretos, ya señaladas por la Comisión Hutton. Pero los relatores van mucho más lejos. Según ellos, los elementos disponibles públicamente hacen pensar fuertemente que el Primer Ministro comprendió que los Estados Unidos planeaban la invasión de Irak desde finales de 2001.

La realidad de la amenaza iraquí habría estado por lo tanto subordinada a la voluntad de Tony Blair de alinearse con la posición estadounidense, lo que se produjo hacia mediados de 2002. Esto pone de relieve de forma particularmente aguda la legitimidad de una decisión semejante.

Durante todo este período, el líder laborista no informó de su compromiso con los Estados Unidos ni a los Comunes ni a su propio gobierno y mucho menos a los electores. Las informaciones recopiladas por Bob Woodward en su libro Plan of Attack [3] y contenidas asimismo en el informe Butler [4] señalan que Tony Blair y George W. Bush aceptaron favorecer el regreso de los inspectores de desarme de la ONU a Irak para legitimar mejor la futura intervención militar.

Todos estos elementos justifican plenamente, en opinión de los autores, entablar un proceso de destitución del Primer Ministro, quien desde entonces se ha negado a reconocer las manipulaciones a las que se entregó. Como reacción a la publicación del informe Butler, Tony Blair explicó: Nadie mintió, nadie inventó informaciones, nadie incluyó elementos en ese expediente contra la opinión de los servicios secretos (...). Todo el mundo hizo lo que estaba a su alcance a favor del país, de buena fe, en circunstancias extremadamente difíciles. Y añadió: Acepto la plena responsabilidad personal sobre la forma en que el problema fue presentado y, por lo tanto, sobre los posibles errores cometidos. Como señala el informe, no hay dudas de que en aquellos momentos todo el mundo creía verdaderamente que Sadam Husein albergaba intenciones estratégicas con relación a las armas de destrucción masiva y a las armas reales. (...) Este informe no logrará poner punto final a las disensiones con respecto a la guerra. Pero por su equilibrio y buen sentido contribuirá al menos a situarlas en una perspectiva más racional. [5]

Por consiguiente, para los relatores, el procedimiento de destitución es visto como el último recurso del que disponen los parlamentarios para alejar a Tony Blair del poder y lamentan que Tony Blair no haya dimitido por sí mismo y que las comisiones Butler y Hutton, al igual que la Cámara de los Comunes, no hayan decidido estudiar las manipulaciones orquestadas con toda deliberación por Downing Street. La lista de cargos contra el Primer Ministro es impresionante: Tony Blair es acusado de haber mentido al Parlamento y al pueblo y de haber desinformado a sabiendas para legitimar su apoyo a Washington en la invasión a Irak.

Además de esta campaña de propaganda, es también acusado de no haber pedido a sus servicios secretos evaluar la situación los iraquíes en cuanto a las resoluciones de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. Al no tratar de verificar que Irak se encontraba en situación de ruptura con relación a la organización internacional, Tony Blair impidió por consiguiente que el Attorney General (fiscal de la Corona) estuviera correctamente informado sobre la legalidad de la guerra que debía supuestamente autorizar.

Las consecuencias de estos actos son graves: el Reino Unido se involucró en un conflicto violando el derecho internacional, desacreditó a sus servicios secretos y mostró a plena luz su desprecio por el Parlamento.

Es muy difícil que el Primer Ministro pueda ser eventualmente destituido. Sin embargo, sería conveniente reconocer la gestión de los parlamentarios británicos. En las actuales democracias occidentales, los mecanismos que permiten poner en tela de juicio la responsabilidad del ejecutivo han ido desapareciendo de forma progresiva y con ellos ha desaparecido lo esencial de los poderes de los Parlamentos, el poder de legislar, pero sobre todo el de controlar.

Durante la Guerra Fría, los atlantistas (ideología de la OTAN) desnaturalizaron en toda Europa Occidental las instituciones que querían defender: no era concebible que las elecciones fueran sinceras porque había que evitar que los comunistas pudieran acceder al poder y las opciones en materia de política exterior no podían ser en realidad debatidas por los Parlamentos ya que estos no debían adoptar decisiones contrarias a las de Washington.

A manera de ejemplo podemos recordar que en Francia el gobierno de Jospin envió tropas a Kosovo sin la autorización del Parlamento violando así el artículo 35 de la Constitución. La caída del muro de Berlín mostró la crisis de la democracia occidental al privar estas manipulaciones de legitimidad.

No es anodino que la primera fronda parlamentaria se produzca en Inglaterra, el país donde nació el principio de la resistencia a la arbitrariedad del Leviatán estatal. Y las consecuencias ya se hacen sentir: desde hace cerca de un año Tony Blair se niega a visitar los Estados Unidos para recibir la Medalla del Congreso, alta distinción otorgada por su apoyo indefectible a la política estadounidense de colonización de Irak.

Antes, esta medalla era un honor perseguido por los dirigentes europeos, hoy estigmatiza involuntariamente la corrupción de la democracia.