Intag no negocia la vida con las mineras

Nuevamente el pueblo de Intag se levanta para defender el presente y el futuro de la comunidad. No acepta la contaminación minera; sus pobladores están decididos a defender con la vida su territorio.

Al amanecer del 2 de noviembre, un grupo de paramilitares contratados por la empresa canadiense Ascendant Cooper y sus intermediarias, interesadas en explotar el cobre y molibdeno de la zona, con la colaboración de miembros de las FF AA y de la fuerza pública, utilizando armas de fuego, gases lacrimógenos y perros, ingresaron por la fuerza a las tierras donde se pretende iniciar los trabajos de minería (Goleen 1 y Goleen 2); territorio que era custodiado por los comuneros de Barcelona y Cerro Pelado. En esta acción fueron detenidos cerca de 56 de esas personas, y sus armas incautadas.

Niños, ancianos, mujeres y otros pobladores fueron afectados por la agresión física de paramilitares y militares. Las agresiones sicológicas son aún más fuertes; las autoridades provinciales, el alcalde de Cotacachi, los presidentes de Juntas Parroquiales, los representantes de la Coordinadora Zonal de Intag y personeros de la Radio Intag son constantemente amenazados y agredidos, sin que ninguna autoridad nacional dé las garantías para salvaguardar la vida humana y silvestre del sector.

En Imbabura los conflictos con las transnacionales mineras no son recientes: en 1997 la compañía japonesa Digimetal fue expulsada por la población de Junín, que se cansó de que esta empresa asiática contamine sus aguas y se apropie de terrenos de la comunidad, todo con la complicidad del INDA y del Ministerio de Energía y Minas.

Igual que ocurrió con dicha empresa japonesa, Ascendant Cooper apareció en el 2006 con las escrituras de una concesión de Goleen 1 y 2, sin previo estudio ambiental y con el aval del Ministerio de Energía y Minas.

A todo esto se suma la predisposición de representantes de organismos estatales como ODI, INNFA, Junta Parroquial García Moreno, FF AA, ESPE, ADEPI de Imbabura, para suscribir el acuerdo entre Ascendant Cooper, Falericorp, en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 20 de noviembre de 2006; en el documento consta que Ascendant Cooper entregará un millón de dólares anuales durante los cuatro años de exploración inicial, dinero que será administrado por dichos representantes de las instituciones mencionadas.

Estas acciones están fuera del ámbito legal, pues violan el Art. 88 de la Constitución Política del Estado, al no existir el consentimiento de la comunidad; violan el art. 86 de la misma carta magna, que dice que los ecuatorianos tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Igualmente el estudio ambiental fue negado por el Ministerio del ramo. Otro argumento a favor es que la Ley de Minería, con urgencia, debe ser reformada, ya que por concepto de patente de conservación, por hectárea concesionada, el Estado recibe un dólar, algo irrisorio según el Dr. Patricio León, asesor de la Coordinadora Zonal de Intag.

Esta Ley viciada de errores fue aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa, e impulsada por el Ministro de Energía de ese período, Pablo Terán (accionista de una empresa minera y actual presidente de la Cámara de Minería) y por el ex Subsecretario de Minería, César Espinoza; esto demuestra claramente que la minería solo satisface los intereses de un grupo de empresarios y no el desarrollo de la niñez o de la zona.

El trabajo minero en la zona causaría un daño irreversible no solo en el hábitat y ecosistemas de la cordillera del Toisán, por estar dentro del área de amortiguamiento de la reserva Cotacachi–Cayapas, y por la contaminación que sufrirían las vertientes de los ríos que, por el Norte, riegan parte de Esmeraldas y Carchi, y por el Sur, Imbabura y Pichincha; también se producirían impactos culturales a gran escala, al perder las evidencias de las culturas prehispánicas y preincaicas (caminos de ese período conectaban la Sierra con la Costa).

Vivir sin contaminación a causa de la minería es el objetivo de la comunidad inteña; sus pobladores desean trabajar con los productos propios de la zona y continuar generando un valor agregado a los mismos. No admiten a la minería como forma de vida, peor de desarrollo.

Intag es uno de los pueblos ecuatorianos que viven en el olvido de los planes gubernamentales; el gobierno de Palacio no ha sido la excepción... Esto evidencia la vulnerabilidad y aceptación a las políticas imperialistas que están diseñadas para beneficiar a las transnacionales y oprimir a los países y pueblos pequeños.

Los inteños continuarán en la lucha hasta que se respete su decisión de vivir en paz y libres de contaminación; este es el legado que pretenden dar a sus futuras generaciones.