Juan Manuel Santos, de halcón a paloma

El Secretario de Defensa, Robert M. Gates, a la derecha, camina con el entonces Ministro Colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República de Colombia, en la Base de Tolemaida, Bogotá.
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Desde el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia. Pertenece a la oligarquía tradicional. Su familia construyó poder gracias al diario de Bogotá El Tiempo, «hasta manejar los medios de comunicación a su antojo, siempre al servicio del poder», según Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de derechos humanos.

Graduado como suboficial en la Academia naval, y economista formado en universidades de Estados Unidos y Reino Unido, llegó a ocupar los ministerios de Comercio exterior y de Hacienda. En 2004, abandona el Partido Liberal, y pasa a respaldar el gobierno de extrema derecha del Presidente Álvaro Uribe.
Al año siguiente, es nombrado jefe de la campaña reeleccionista de Uribe y del vicepresidente, su primo Francisco Santos. En julio de 2006, es nombrado ministro de Defensa, cargo que ocupará hasta mayo de 2009, cuando decide lanzarse como candidato a la presidencia de Colombia.

Ser presidente se convirtió, para Santos, en una obsesión desde el momento en que la Corte Constitucional se opuso a que Uribe compitiese por un tercer mandato. Además de sus ansias de poder, debía blindarse contra eventuales demandas penales por crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas y de seguridad bajo su mando.
Para conseguir su fin, no tuvo escrúpulos -al decir del abogado Alirio Uribe Muñoz- en utilizar la influencia de las «huestes uribistas», principalmente paramilitares, jefes narcotraficantes y los 130 parlamentarios procesados por diversos delitos.

El abogado nos hace este cuadro: «El ex presidente Uribe representa el mundo agrario y terrateniente enriquecido en el despojo, rudo y violento, mezclado a las clases emergentes del narcotráfico y crímenes del paramilitarismo. En cambio, Santos es el hombre urbano, culto y cosmopolita por excelencia.
Aunque, junto con su familia, se ha aprovechado del Estado para favorecer sus negocios y su enriquecimiento personal. Como exponentes de la oligarquía, no han dudado en propiciar y utilizar los métodos violentos para mantener sus privilegios.»

En noviembre de 2005, el ministerio de defensa aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por «rebeldes caídos en combate» que llamaron «falsos positivos». La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogadictos... Cuando Santos llegó al ministerio, en julio de 2006, se registraron 274 casos de «falsos positivos».
Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Ante el escándalo mediático y los informes del Alto Comisionado de la ONU, la práctica se detuvo: en 2009, siete casos... 27 oficiales fueron pasados a retiro, incluidos tres generales, pero… sin atribuirles los asesinatos. La ONU expresó, en julio de 2009, que «la impunidad en relación con ejecuciones extrajudiciales llega hasta el 98,5%.»

Los paramilitares han sido los encargados de la estrategia de «tierra arrasada» que busca vaciar el campo de población no proclive al gobierno. Existen más de 4 millones de campesinos desplazados, o sea más del 10% de la población. Unos 10 millones de hectáreas de alto interés económico han sido así robadas a las víctimas, y ofertadas a multinacionales, nuevos gamonales paramilitares, caciques políticos y mandos militares [1].

Ahora, el presidente Juan Manuel Santos ha presentado una «Ley de Tierras» como la panacea, con la cual se pretende devolver los campos a los desplazados. Al cumplir cien días de mandato expresó: «Nos propusimos un plan de choque para titular, hasta abril de 2011, 378.000 hectáreas, y ya hemos cumplido tres cuartas partes de la meta». Pero son 10 millones de hectáreas… Aunque poco se menciona, se estima que 250.000 personas han sido “desaparecidas” por las fuerzas de seguridad y sus paramilitares. Tan sólo en los últimos cuatro años lo fueron casi 40.000 personas [2].
Algunas de ellas fueron enterradas en la mayor fosa común de Latinoamérica, hallada detrás de un cuartel del Ejército a 200 kilómetros al sur de Bogotá: más de 2.000 cadáveres... [3].

Ahora, a los paramilitares se les llama «bandas criminales», Bacrim. Cifras oficiales señalan que éstas operan en 21 de los 32 departamentos colombianos, o sea en el 75% del territorio, y son dirigidas, en su mayoría, por asesinos amnistiados de sus crímenes durante el mandato del presidente Uribe.

«En las primeras semanas del gobierno del presidente Santos, el accionar de las bandas criminales se ha recrudecido (…) avanzan en el control territorial y político al mejor estilo de las viejas estructuras paramilitares» [4].
El nuevo gobierno insiste en que esos crímenes están relacionados con el negocio de las drogas, pero «la realidad muestra que atentan contra líderes sociales» [5].

El partido opositor Polo Democrático Alternativo, denunció el 9 de noviembre de 2010, que en los primeros 90 días del mandato del nuevo presidente, unos cincuenta líderes políticos y sociales habían sido asesinados... Ante esta violencia estatal, cuatro Relatores Especiales de la ONU examinaron la situación de los derechos humanos. En sus informes, el ministerio de Defensa estuvo siempre en primera línea de responsabilidad...

Hay que subrayar también la estrecha relacion de Santos con las autoridades de Israel y sus servicios de seguridad. El ex general Israel Ziv [notorio criminal de guerra ndlr] fue llevado a Colombia por Santos (ver video en link a la izquierda) –que viajó en repetidas ocasiones a ese país de Oriente Próximo– por la suma de diez millones de dólares para asesorar a los servicios de inteligencia. «Israel Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza, es el de más alto rango entre los oficiales israelíes que ocupan tareas relacionadas con el entrenamiento de personal en el gobierno colombiano. Los nexos militares entre Israel y Colombia datan del primer lustro de 1980, cuando un contingente de soldados del “Batallón Colombia … uno los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio occidental, recibieron entrenamiento en el desierto del Sinaí por algunos de los peores violadores de los derechos humanos en Medio Oriente”, según el investigador estadunidense Jeremy Bigwood» [6].

En octubre de 1997, Manuel Santos ya había demostrado su falta de escrúpulos. Se reunió con los tres principales cabecillas paramilitares, para proponerles de participar en un golpe de Estado contra el presidente liberal Ernesto Samper (propuesta que también hizo a las guerrillas FARC y ELN).

Uno de ellos, Salvatore Mancuso, lo ratificó hace poco ante jueces estadounidenses y colombianos, desde una prisión en Estados Unidos [7] adonde fue extraditado, en mayo de 2008, junto con otros 14 líderes, por tráfico de drogas, actividad que financia el paramilitarismo [8]. Allá fueron enviados aunque sus crímenes eran de lesa humanidad, y esto prima por sobre otros delitos. De ese modo, se evitó que los colombianos supieran de primera mano la responsabilidad del Estado con el paramilitarismo.
En septiembre de 2008, el periodista venezolano José Vicente Rangel dijo de Santos: «Es el hombre del Pentágono en la política colombiana. Ha venido cobrando fuerza a la sombra de Uribe, y hoy es posible decir que rebasa al propio Uribe» [9].

Fue un seguidor de la línea dura del ex presidente estadounidense George W. Bush sobre la «guerra preventiva» contra otras naciones, alegando legítima defensa. Esto le llevó a realizar la incursión militar contra Ecuador, donde murió un ciudadano ecuatoriano, por lo cual un juez de Quito dictó orden de captura internacional contra Juan Manuel Santos con fines de extradición. Decisión revocada el 30 de agosto del 2010.

En abril del 2010, siendo candidato a la presidencia, declaró que estaba «orgulloso» de esa incursión. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa replicó:
Santos «no ha entendido que, en América Latina, ya no hay lugar para aspirantes a emperadorcitos.»
Hugo Chávez alertó: cualquier agresión contra Ecuador, Bolivia, Cuba o Nicaragua, «será un ataque contra Venezuela».
Por su parte el presidente boliviano, Evo Morales, tildó a Bogotá de «sirviente y obediente al gobierno de Estados Unidos».

Lo que puso en tensión a la región fue el acuerdo con Washington, firmado en octubre del 2009, donde Colombia le permitía la utilización de siete bases militares. Pero a diez días de iniciado el mandato de Santos, la Corte Constitucional lo declaró «inexequible» (que no se puede llevar a efecto).
Duro golpe para el presidente. Consuelo Ahumada, profesora universitaria en Bogotá, basándose en los documentos divulgados en WiliLeaks, escribió:
«Resulta muy comprometedor el papel del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien mantuvo siempre la posición más dura, en respaldo a Uribe, frente a una más conciliadora y diplomática, planteada por el canciller. Santos y Uribe, apoyados por Washington, estaban dispuesto a incursionar de nuevo en los países vecinos para actuar en contra de las FARC (…) No eran infundados los temores de los gobernantes suramericanos sobre el alcance regional del acuerdo con Estados Unidos» [10].

Pero, sorpresivamente, con la presidencia en la mano, Santos pasó de halcón a paloma. Su acto más inaudito fue tratar de «mi mejor amigo» al presidente Chávez, y reactivar en tiempo record las relaciones con Venezuela y Ecuador.
Según Sergio Rodríguez, catedrático venezolano: «La ruptura con Ecuador y Venezuela le había significado a Colombia la pérdida de unos 7 mil millones de dólares en 2009. Y Santos hace parte de esa oligarquía reaccionaria pero pragmática, con poderosos intereses corporativos a defender».

Paralelamente, Santos sigue robusteciendo los lazos con Washington.
El 30 enero pasado, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, viajó a Washington con el objetivo de «profundizar la relación en materia de defensa y seguridad con Estados Unidos». Fue recibido por su homólogo Robert Gates, así como por el jefe del Comando Sur, el subsecretario para Asuntos de Seguridad de las Américas y el director adjunto de la CIA. Fuerzas de contrainsurgencia colombianas participarán en la guerra de Afganistán.
Los gastos serán asumidos por Estados Unidos y España. Los comandos estarán alojados en batallones españoles, y, sin que Colombia sea un miembro de esa coalición, estarán bajo bandera de la OTAN.

El mismo día que el ministro Rivera llegaba a Estados Unidos, Colombia ingresaba en el Consejo de Seguridad de la ONU por dos años. La candidatura de Bogotá había sido impulsada por Washington y París. Por eso no fue casual que, el 24 de enero, el presidente colombiano llegara a Francia, invitado por el presidente Nicolas Sarkozy. Juan Manuel Santos aprovechó para dedicarse a vender los recursos naturales de su país y también los de América Latina, porque «tiene lo que, en este momento, el mundo está pidiendo»: petróleo, por ejemplo. Su periódico El Tiempo, tituló para la ocasión: «Santos dio esta semana un nuevo paso para convertirse en el líder latinoamericano que quiere ser».