La CIA tiene prisiones secretas en Europa

Un posible ajuste de cuentas entre los servicios de espionaje estadounidenses y la administración Bush debido al escándalo sobre la agente de la CIA cuya identidad reveló la Casa Blanca sacude a la prensa y la opinión pública en Estados Unidos. Según la edición del 1ro de noviembre del Washington Post, la administración Bush ordenó la organización de una red de prisiones creadas después de los atentados del 11 de septiembre con el fin de interrogar en ellas a miembros importantes de la organización terrorista Al-Qaeda. Centros de detención, designados en los informes oficiales estadounidenses como «sitios negros», fueron instalados en ocho países, como Tailandia, Afganistán y una serie de democracias de Europa Oriental, con el acuerdo tácito de las autoridades de esos Estados.

La base estadounidense de Guantánamo (en Cuba) representa otra ramificación de estas prisiones controladas por la CIA, con un centro secreto de detención, según declaraciones de ex prisioneros y de representantes en ejercicio de los servicios de espionaje estadounidenses.

Por razones de seguridad, solamente unos pocos responsables de alto rango tienen conocimiento en Estados Unidos de la existencia de dichas instalaciones mientras que en los países donde se encuentran la información ha llegado sólo a oídos de los jefes de Estado y de un restringido número de miembros de los servicios secretos locales… La mayoría de esos centros de detención fueron construidos y son financiados con fondos asignados por el Congreso estadounidense, precisa el Washington Post, y, aunque guarda silencio sobre el tema, la Casa Blanca permitió que la CIA proporcionara informaciones generales sobre el programa de centros de detención desarrollado fuera de Estados Unidos a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de inteligencia del cuerpo legislativo estadounidense.

Estados Unidos corteja a la República Checa

Ciertas personalidades oficiales europeas parecen confirmar las revelaciones del Washington Post. El ministro checo del Interior, Frantisek Bublan, declaró ayer en Praga que la República Checa rechazó recientemente un pedido de Estados Unidos tendiente a instalar en territorio checo un centro de detención con vistas al traslado de los sospechosos actualmente detenidos en Guantánamo. «Las negociaciones tuvieron lugar hace un mes más o menos. Estados Unidos se esforzó por instalar aquí algo de ese tipo, pero no lo logró», declaró el ministro checo al diario electrónico Aktualne.cz, declaraciones retomadas por Mediafax. «Se trata de un asunto bastante complicado y no quiero dar detalles», agregó el ministro checo Bublan. El vocero del ministerio del Interior no ha podido comentar esta información. En el pedido estadounidense no se hacía referencia a los detenidos directamente ligados a Al-Qaeda para evitar que los prisioneros que fuesen trasladados estuviesen sometidos a algún tipo de inculpación, según señala Aktuane.cz. Según «una fuente cercana a los servicios checos de inteligencia», citada por esa publicación electrónica, Estados Unidos hizo la misma petición a otros Estados de Europa oriental. Y, «según nuestras informaciones, agrega esa fuente, en parte lo lograron»

Totalmente aislado y a oscuras

Las condiciones de detención y los métodos aplicados durante los interrogatorios en las prisiones de la CIA se mantienen en el secreto más absoluto. En los «sitios negros» se encuentran alrededor de un centenar de sospechosos de terrorismo, también según las revelaciones del Washington Post. Los detenidos se dividen en dos categorías. Debido a su alta importancia dentro de la jerarquía de Al-Qaeda, unos treinta son sometidos a un «trato excepcional», en centros financiados y administrados directamente por la CIA. Ese grupo «goza» de un aislamiento total, mantenido en la oscuridad, a veces en celdas subterráneas, y, según los detalles publicados en el Washington Post, los interrogadores son exclusivamente agentes de la CIA que operan en dos centros, en Tailandia y Guantánamo, supuestamente cerrados en 2003 y 2004. La segunda categoría de detenidos, unas 70 personas consideradas menos importantes, se encuentra bajo «los cuidados» de agentes de los servicios secretos locales que han sido objeto de una «verificación» previa por parte de la CIA. Si la CIA reconociera oficialmente la existencia de estas prisiones secretas, el gobierno de Estados Unidos podría verse acusado por otros Estados, lo cual aumentaría el riesgo de una condena política tanto dentro [de Estados Unidos] como en el extranjero, precisa el Washington Post.

La Casa Blanca amenazada

Creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la red de prisiones de la CIA fuera de Estados Unidos se desarrolló a partir del momento en que la existencia de prisiones secretas en territorio estadounidense fue declarada ilegal, según las declaraciones de personalidades oficiales que recoge el Washington Post. Es por ello que los métodos utilizados en los «sitios negros» se aplican al margen de toda legalidad, los investigadores aplican «métodos avanzados de interrogatorio» aprobados por la CIA, algunos de los cuales contradicen no sólo las convenciones de la ONU sino la propia legislación estadounidense sobre la tortura y los tratos inhumanos o abusivos. Por otro lado, el Senado estadounidense prohibió recientemente, y de forma explícita, la aplicación de tratos inhumanos por parte de cuadros militares de los cuerpos armados de Estados Unidos.

Según la agencia rumana de prensa (Rompres), la enmienda del Senado prohíbe los «tratos crueles, inhumanos o degradantes» aplicados a los detenidos que se encuentren en manos de las autoridades estadounidenses, independientemente de su ciudadanía y del sitio en que se encuentren detenidos. En respuesta a esas acusaciones, la Casa Blanca amenazó incluso con bloquear la aprobación del presupuesto de defensa con el argumento, utilizado por el vocero de Scott McClellan, de que esa medida limita la «capacidad del presidente, como jefe de las fuerzas armadas, de dirigir con eficacia la guerra contra el terrorismo.» Más aún, después de la adopción de esa enmienda, el vicepresidente Dick Cheney y el director de la CIA, Porter Goss, solicitaron al Congreso que hiciera una excepción en el caso de los cuadros de la CIA, subraya el Washington Post.

Precedentes en la CIA

Las revelaciones del Washington Post se producen en un contexto en que las autoridades de Roma pidieron explicaciones a Washington este verano sobre el secuestro de un imán egipcio sospechoso de terrorismo, secuestro cometido en Milán, en febrero de 2003, por agentes de la CIA, información ofrecida por la BBC. Este imán, Osama Mustafá Hassan, conocido también como Abu Omar, fue secuestrado en una calle de Milán, embarcado en un avión militar y enviado a Alemania de donde fue trasladado a una prisión egipcia en la que probablemente fue torturado. Después de emprender una investigación, las autoridades italianas emitieron una orden de arresto contra trece personas ligadas a la CIA e implicadas en el secuestro. Entre los sujetos buscados por las autoridades italianas se encuentra el director de la oficina de la CIA en Milán.

Debido al escándalo, el ministro italiano de Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, declaró ante el Senado que las autoridades de Roma nunca fueron puestas al tanto de la intención de secuestrar al imán Osama Mustafá Hassan. «No se puede afirmar que las autoridades italianas hayan autorizado una operación de ese tipo o que se hayan visto implicadas en ella.» Mientras se producía ese desmentido, el Washington Post afirmaba que antes de poner en marcha la operación el director de la oficina de la CIA en Roma pidió la autorización de sus colegas italianos. Peor aún, parece que la CIA y los servicios italianos se pusieron de acuerdo para negar toda implicación en el desarrollo de la operación en caso de que algo saliera a la luz. De la misma forma, las autoridades estadounidenses han sido acusadas de dirigir centros secretos de detención a bordo de un navío operacional que se desplaza por el Océano Índico. Existen «acusaciones muy serias» en ese sentido en el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la tortura, según Manfred Nowak, citado por Rompres.

Estados Unidos se niega rotundamente a rendir cuentas a las Naciones Unidas

Las autoridades estadounidenses se han negado a proporcionar a proporcionar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cualquier tipo de información sobre la situación de las personas retenidas en Afganistán, en Irak y en la base de Guantánamo (Cuba), señala Rompres. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a Washington, en julio de 2004, que le proporcionara información sobre el estatuto jurídico y el trato a los prisioneros que Washington retiene fuera de las fronteras estadounidenses. El «estatuto jurídico y el trato de esas personas se rigen por las leyes de guerra» respondió Estados Unidos en octubre de 2004. Simultáneamente, las autoridades estadounidenses precisaron que tales asuntos no entran en las atribuciones de la Comisión de la ONU, que debe limitarse a vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles por los Estados que han firmado ese documento. Los 154 países firmantes tienen que presentar periódicamente un informe a la Comisión, de modo que Washington estima que el Pacto se refiere únicamente a la situación del respeto de los derechos humanos dentro de las fronteras de cada Estado y no en el extranjero.

La comisión de vigilancia de medidas antiterroristas

La Comisión Internacional de Juristas anunció recientemente la creación de un organismo destinado a evaluar el impacto de las medidas antiterroristas sobre los derechos humanos en los distintos Estados del mundo. En un contexto en que los «gobiernos tratan de redefinir y esquivar los principios sólidamente establecidos de los derechos humanos y del Estado de derecho con el fin de detener el terrorismo», la Comisión Internacional de Juristas tiene la intención de determinar de qué manera las autoridades políticas pueden luchar contra el terrorismo sin transgredir esas normas. La Comisión se compone de ocho expertos en derecho internacional entre los que se encuentra la ex comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson. El organismo dispone de un mandato de 18 meses para determinar si las medidas antiterroristas pueden afectar los derechos humanos, así como estimular debates nacionales sobre el tema y proponer recomendaciones a los gobiernos para favorecer el respeto de los principios del derecho internacional en el propio campo de la lucha contra el terrorismo.

La Comisión se reunirá en 14 Estados y cuatro regiones (África Oriental, África del norte, Medio Oriente y América Latina) donde se han establecido medidas contra el terrorismo. Fuera de las discusiones públicas, los miembros de la Comisión se reunirán con las autoridades de los distintos gobiernos de esas regiones.

(D.E)