La Federalist Society al asalto de la Corte Suprema de Estados Unidos

Con la nominación de Samuel Alito, confirmada por el Senado el 31 de enero de 2006, asciende a cuatro el número de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos provenientes de la Federalist Society [1]. En el curso de varios años, la dinastía Bush remodeló el poder judicial en Estados Unidos, no mediante la introducción de conservadores susceptibles de poner en tela de juicio la evolución del derecho al aborto o los derechos de las minorías sino designando ideólogos que tratan de perturbar el equilibrio institucional.

Y es que, a pesar de su deseo de aparecer como una simple asociación profesional de juristas conservadores –incluso reaccionarios– que se abstiene de todo cabildeo, la Federalist Society promueve una reinterpretación de la Constitución que se dice próxima de la visión original de los padres fundadores aunque recuerda más bien la del fascismo europeo.

Fundada en la universidad de Yale, en 1982, el nombre de la Federalist Society se deriva del Federalist Party de Alexander Hamilton, partidario de un poder fuerte. Al principio no era más que un grupo de profesores y estudiantes que pretendían expresar públicamente sus convicciones republicanas en medio de aquel período de reaganismo triunfante. Rápidamente, la asociación comenzó a reclutar en las universidades mediante la organización de reuniones públicas alrededor de conferencistas del Manhattan Institute [2] o del American Enterprise Institute [3]. Entre estos se encontraban Charles Murray, el célebre autor de The Bell Curve quien afirma que es muy normal que la encarcelación de negros tenga un carácter masivo ya que están genéticamente predestinados al crimen; Abigail Thernstrom, autora de America in Black and White, implicada en la lucha contra la discriminación positiva (Affirmative action), y Dinesh d’Souza, para quien la esclavitud de los negros fue una reacción social necesaria para encauzar la patología de éstos. Con esta base claramente racista, en veinte años 35 000 juristas se unieron a la Federalist Society. En ese contexto, la asociación se abstiene de adoptar posiciones públicamente, o más bien de hacer públicas las posiciones comunes de sus miembros ya que son difíciles de asumir. En el plano profesional, la Federalist Society publica todo tipo de estudios de jurisprudencia, estudios que –claro está– comprometen únicamente la responsabilidad de los autores, para ir minando una a una las conquistas antisegregacionistas de los años 50 y 60.

Esta asociación estudia también todos los medios tendientes a impedir que el Estado federal pueda intervenir en el plano económico y falsear las leyes del mercado. De manera enteramente natural, la Federalist Society se dedicó así a la defensa –altamente remunerada– de Exxon ante la campaña por la reducción del calentamiento global, de Philip Morris contra los impuestos sobre el tabaco y de Microsoft contra las leyes antimonopolistas.

En 1998 la Federalist Society se convierte en una herramienta directamente política. Al estallar el escándalo Lewinsky, se nombra un fiscal especial, Kenneth Starr

Richard Mellon Scaife

, encargado de investigar las «aventuras» del presidente Clinton. Kenneth Starr es precisamente miembro de la asociación y, al igual que ésta, goza de la generosidad del millonario de extrema derecha Richard Mellon Scaife. El fiscal especial se rodea entonces de juristas de la asociación, desestabiliza la presidencia demócrata y trata de provocar la destitución de Bill Clinton.

La Federalist Society da rápidamente un nuevo paso. Aconseja la Non-Delegation Doctrine. Ya no se trata de cambiar de presidente sino de cambiar de régimen.
El abogado C. Boyden Gray, ya conocido como promotor de una asociación de defensa de la libre empresa y contraria al cobro de impuestos a las empresas, gana un proceso entablado por la Federación de la Industria Automovilística (American Trucking) contra la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente (USEPA, siglas en inglés). Boyden Gray logra que los tribunales reconozcan que si bien el Congreso puede votar leyes que limiten los gases tóxicos que producen los automóviles, no puede en cambio delegar en una agencia estatal la capacidad de reglamentar las modalidades de esa limitación. La decisión de los tribunales invalidó la reglamentación lo cual permite a la industria automovilística contaminar cuanto le venga en ganas.
En aquel momento, la prensa interpreta este principio de Non-Delegation como una argucia jurídica ligada a una visión arcaica de una estricta separación de poderes. Tienen lugar entonces los atentados del 11 de septiembre de 2001. De pronto, todo cambia de sentido: en lo adelante, si el poder legislativo no puede delegar no es tanto porque el poder ejecutivo tenga que mantenerse en su lugar como porque no se debe obstaculizar la acción de este último en la lucha contra el terrorismo. Si el Congreso no puede dejar nada en manos del gobierno, tampoco puede interferir su acción. A partir de entonces, el contrapoder del Congreso se limita a la votación del presupuesto.

Lo que es aplicable al Congreso, lo es también al poder judicial. Para unos después de los atentados, para otros después, el presidente Bush se libera de las reglas normales y autoriza a la NSA a espiar a los ciudadanos estadounidenses sin esperar por el mandato de los magistrados de la Corte Especial de la FISA.

Las ruinas del World Trade Center están humeantes aún cuando el secretario de Justicia, John Ashcroft [4], presenta al Congreso un abultado código anterrorista denominado USA Patriot Act. Esta ley de excepción, preparada en secreto durante largo tiempo por la Federalist Society en los años anteriores a los atentados, incluía la suspensión de las libertades inscritas en la Bill of Rights, o sea el regreso al texto inicial de la Constitución según la redacción que propuso Alexander Hamilton antes de que el primer Congreso de Estados Unidos le incluyera las Diez Enmiendas en el momento de adoptarla. En pocas palabras: la USA Patriot Act pone en tela de juicio el pacto político que dio origen a Estados Unidos.

Días más tarde, un consejero de la presidencia, Alberto Gonzáles [5] (futuro sucesor de Ashcroft), redactaba un decreto presidencial que creó comisiones militares. Estas no tienen nada que ver con tribunales militares. No dependen del sistema judicial sino que son órganos del poder ejecutivo para la guerra contra el terrorismo. Por consiguiente, no tienen código de procedimiento ni reconocen garantías para la defensa. El propio Gonzáles autoriza rápidamente la tortura afirmando que la Convenciones de Ginebra no se aplican a la guerra contra el terrorismo.

En pocos meses, los miembros de la Federalist Society destruyen todo límite ante los poderes presidenciales en tiempo de guerra. En lo adelante, George W. Bush puede ordenar el secuestro de un sospechoso, sea extranjero o estadounidenses, en cualquier lugar del mundo, mantenerlo incomunicado por tiempo ilimitado y someterlo a tortura [6]

En noviembre de 2003, la Federalist Society organiza una gran convención sobre el Derecho Internacional y la Soberanía Estadounidense (International Law and American Sovereignty). Los oradores afirman allí que ningún tratado, ninguna instancia internacional puede oponerse a la voluntad del presidente de Estados Unidos. Codo con codo en la tribuna: John Bolton denostando contra la ONU [7], John Negroponte sin sus escuadrones de la muerte [8] y Paula Dobriansky entre dos golpes de Estado.

En noviembre de 2005, el New Yorker [9] revela que esta última maniobra se debe a un verdadero teórico, investigador del American Enterprise Institute y profesor en Berkeley, John Yoo. Este acaba de publicar un libro de sugestivo título: Los poderes de guerra y de paz: la constitución y las relaciones exteriores después del 11 de septiembre [10]. Un profesor de Columbia, Scott Horton, descubre en ella un inquietante parecido con las teorías del constitucionalista nazi Carl Schmitt [11]. El señalamiento de Scott Horton habría podido pasar inadvertido si no lo hubiese retomado la corriente demócrata de Lyndo LaRouche, quien le dedicó un panfleto [12].
Gran figura intelectual, Carl Schmitt publicó en 1921 De la Dictadura (Die Diktatur), y, al año siguiente Teología política (Politische Theologie). En ambas obras enunciaba los principios que permitirían desmantelar la República de Weimar e instaurar el Reich, cuya constitución él mismo redactaría más tarde.

John Yoo

La gran obra de John Yoo es la teoría del ejecutivo unificado (Unitary Executive Theory) que, aún sin ser realmente una variante del Führerprinzip de Schmitt, proviene de la misma reflexión y se alimenta de ella. La idea principal es que en tiempo de guerra es imposible tener que estar negociando con un parlamento o esperar por las elucubraciones de los tribunales. El jefe de las fuerzas armadas tiene que decidir solo. La separación de poderes se desvía entonces de su sentido inicial: ya no se trata de establecer un equilibrio entre las instituciones para que estas se controlen entre sí, sino de prohibir a parlamentarios y jueces que se metan donde no los llaman. Además, el poder ejecutivo se sintetiza en la persona del presidente de Estados Unidos, no en su administración. El presidente es el único autorizado a resolver los litigios entre agencias gubernamentales. Lo cual equivale a la supresión del derecho administrativo.

En definitiva, para la Federalist Society, es razonable pensar que el despliegue en la Corte Suprema constituye el último acto del desmantelamiento de la democracia estadounidense. A medida que tengan que resolver los casos que se vayan presentando, los altos magistrados que la componen irán consolidando las bases legales de la dictadura racista que pretenden establecer.