En virtud del enorme peso estratégico y diplomático de Estados Unidos, los países de la OTAN y parte importante de los Estados de América Latina y el Caribe asumieron como doctrina militar variantes de la adoptada por el Pentágono.
En esencia, ésta expresa las confrontaciones del tiempo de la Guerra Fría, y se la podría resumir en los postulados siguientes:
La versión latinoamericana de esta doctrina se tradujo en una reestructuración de los ejércitos de la región para la lucha contrainsurgente. Ello situó los objetivos militares dentro de las fronteras del propio país, y los definió mediante rasgos clasistas o ideológicos (Beltrán, Rafael Virgilio: El papel político y social de las Fuerzas Armadas en América Latina; Monte Ávila Editores, Caracas, 1970, p.47). En sus planes hemisféricos Estados Unidos reserva para los ejércitos latinoamericanos una función poco honrosa. El Documento de Santa Fe I -Biblia de la política exterior estadounidense redactada en 1980- les asigna el papel de carne de cañón en el conflicto Este-Oeste: “Combinando nuestro arsenal de armamentos con el poderío humano de las Américas, podremos crear el hemisferio libre de las Américas, capaz de resistir a la agresión soviético-cubana” (Santa Fe I).
Reconquista económica, política, militar y ecológica La doctrina militar de Estados Unidos es reajustada periódicamente por medio de planes estratégicos que precisan sus metas. Uno de estos reajustes fue formulado por Bill Clinton en su plan de guerra, puesto en marcha en la Primera Cumbre de las Américas en Miami en 1994. Dicho plan presenta cuatro objetivos estratégicos en cuatro frentes conexos a ser logrados antes del año 2006: 1) la reconquista económica, mediante el ALCA 2) la reconquista política, 3) la reconquista propiamente militar y 4)la apropiación de la Amazonia, añadida posteriormente (Dieterich, Heinz: La integración militar del Bloque Regional de Poder Latinoamericano; Alcaldía de Caracas, Caracas 2004, p.49).
El ALCA es un plan para extender la apertura irrestricta de mercados y el libre comercio según definición estadounidense a toda América y el Caribe. Pero incorporaba explícitamente objetivos políticos y estratégicos. Estados Unidos trató de imponerlo mediante fuerte ofensiva diplomática, a la postre contrarrestada por las movilizaciones de la Alianza Social Continental, por la contrapropuesta venezolana de una integración verdaderamente regional a través del ALBA, y por la negativa del Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones y de otros países a integrarse al plan estadounidense. Hasta 2005, éste sólo pudo integrar a los pequeños países centroamericanos a su área de libre comercio, en medio de fuertes protestas populares. En Venezuela, el único triunfo del ALCA consistió en un proyecto de ley para privatizar ríos, lagos y lagunas promovido por el diputado Rodrigo Cabeza, proyecto que afortunadamente fue vetado por el presidente Chávez.
La reconquista política se implementó mediante la propuesta de una Carta Democrática Interamericana, formulada por George W.Bush en la Cumbre de Quebec de 2001, y acogida por aclamación en reunión extraordinaria de la OEA en Lima el 11 de septiembre del mismo año. Según Dieterich, el instrumento estaba diseñado como arma contra el gobierno venezolano, el cubano, y cualquiera que se atreviera a reclamar el respeto a su soberanía (Dieterich: 2004, 52).
Y en efecto, el 11 de abril de 2002, el día del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Hugo Chávez Frías, el embajador estadounidense Charles Shapiro aparece en la prensa venezolana entregando un documento al alcalde opositor Alfredo Peña, en el cual enumera como elementos que son indicios de respeto a la democracia, “la autonomía del movimiento sindical del país y su derecho a elegir sus autoridades sin la interferencia de los poderes públicos; la libertad de prensa y el derecho a informar libremente y sin restricciones; y el respeto a la Carta Interamericana de Derechos Humanos firmada por el Gobierno”. Y a continuación el diplomático sentencia que “no se están cumpliendo en esta Nación” (“Charles Shapiro: La situación venezolana es un poco complicada”; El Nacional, 11-4-02, D-2). Mayor aval no podía darse para el derrocamiento de un gobierno legítimo. Durante la efímera dictadura de Carmona, Shapiro se presenta en dos oportunidades en Miraflores, quizá para detectar indicios de respeto a la democracia (Britto: 2004).
La reconquista militar de América Latina y el Caribe se prepara institucionalmente mediante el organismo de intervención hemisférica militar creado por Bill Clinton en 1995, la Conferencia de Ministros de Defensa de América, que acogió la doctrina de la Carta Democrática de la OEA el año 2002 en su quinta reunión en Santiago de Chile, y con la creación del Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa.
La apropiación de la Amazonia se adelanta mediante presiones políticas y económicas del gobierno estadounidense en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico.
Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos A veces la doctrina militar estadounidense es replanteada o mejor explicitada como respuesta a algún acontecimiento de resonancia. El atentado contra las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001 sirvió de pretexto para que George W. Bush presentara una nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América en Washington el 17 de noviembre de 2002. En ella, proclama que en el mundo ha ocurrido una victoria decisiva de las fuerzas de la libertad que es “la de un solo modelo sostenible de éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa”.
Un triunfo decisivo debería conducir al desmantelamiento de la “posición de fuerza militar sin paralelo” que mantiene Estados Unidos. Para justificar que ello no suceda, hay que definir un nuevo enemigo, por lo cual se declara que “defenderemos la paz al luchar contra los terroristas y tiranos”. Se declara el carácter perpetuo y el alcance planetario de la confrontación al afirmar que “la guerra contra el terrorismo de alcance global es una empresa mundial de duración incierta”. Y se amenaza, no sólo con que dicho país “ayudará a aquellos países que necesitan nuestra ayuda para combatir el terrorismo” sino que “hará responsables a aquellos países comprometidos con el terrorismo –incluso aquellos que dan refugio a terroristas-, porque los aliados del terrorismo son enemigos de la civilización”.
De nuevo, todos los países de la tierra quedan involucrados en la confrontación que interesa a Estados Unidos; una vez más, sólo les queda el recurso de alinearse con la gran potencia o ser agredidos. Por ello, “las naciones que disfrutan de libertad deben combatir activamente al terrorismo. Las naciones que dependen de la estabilidad internacional deben ayudar a impedir la propagación de las armas de destrucción en masa. Las naciones que procuran obtener ayuda internacional se deben gobernar a sí mismas sabiamente, para que la ayuda se gaste apropiadamente. Para que la libertad prospere, se debe esperar y exigir la rendición de cuentas”.
Se espera reclutar sin más a las organizaciones internacionales para que libren este conflicto planetario, ya que “Estados Unidos está comprometido con instituciones perdurables como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de los Estados Americanos, la OTAN, así como con otras alianzas de larga data. Las coaliciones de naciones dispuestas a participar pueden aumentar estas instituciones permanentes. En todos los casos deben tomarse en serio las obligaciones internacionales. No se las puede asumir simbólicamente con el fin de obtener apoyo para un ideal, sin promover su realización” ”(Bush, George W.: “The National Security Strategy of the United States of America”, Washington, 17 de septiembre 2002, http://www.whitehouse.gov/nsc//nss.html).
Cinco puntos resultan de particular interés en esta suerte de declaratoria de guerra al mundo.
En primer lugar, la indefinición total del enemigo, que coincide con la atribución implícita conferida a Estados Unidos para definirlo. El citado documento afirma que dicho país lucha “contra terroristas esparcidos por todo el mundo”; añade que “el enemigo no es un régimen político, persona, religión o ideología aislados”; precisa que “El enemigo es el terrorismo premeditado, la violencia por motivos políticos perpetrada contra seres inocentes”. Aparte de que nada define mejor la política permanente de Estados Unidos que esta frase, ella puede ser esgrimida –la violencia y la frase- contra cualquier régimen, persona, religión o ideología. Por ejemplo, a comienzos de siglo el Documento Santa Fe IV detecta que “ha surgido en escena una nueva amenaza al hemisferio de singular fuerza: los comunistas chinos” (Santa Fe IV). Mal empieza el milenio, con una Santa Cruzada contra el Peligro Amarillo.
En segundo lugar, la definición del enemigo no requiere que éste haya perpetrado violencia, sino que Estados Unidos sospeche que podría cometerla. Y así, se afirma que “si bien Estados Unidos tratará constantemente de obtener el apoyo de la comunidad internacional, no dudaremos en actuar solos, en caso necesario, para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa propia, con medidas preventivas contra esos terroristas, a fin de impedirles causar daños a nuestro pueblo y a nuestro país; y privar a los terroristas de nuevo patrocinio, apoyo y refugio seguro, convenciendo u obligando a los Estados a aceptar sus responsabilidades soberanas”.
El propio documento revela el tenor de tales medidas preventivas, al mentir que “durante la Guerra del Golfo obtuvimos pruebas irrefutables de que los designios de Irak no se limitan a las armas químicas que había utilizado contra Irán y su propio pueblo, sino que abarcan la adquisición de armas nucleares y agentes biológicos”. No obstante que armas y pruebas se revelaron inexistentes, la ocupación de Irak se eterniza. Pero la guerra preventiva se justifica contra otra agresión infinitamente más sutil: la “penetración económica”. La misma razón de ser de la globalización se vuelve así declaratoria de guerra. Conjuntamente, el Documento Santa Fe IV multiplica al infinito los rostros de la amenaza:
Pero la amenaza no se da solo en el frente militar, como en Colombia. Es mucho más complicado. La penetración económica es especialmente preocupante. Ante todo, lo más evidente es la situación del Canal de Panamá, donde Estados Unidos ha pagado para deshacerse del premio estratégico más importante del hemisferio, sino del mundo. Al hacerlo, Estados Unidos ha puesto su futuro económico a merced de una situación política muy inestable e incierta. Los hechos son preocupantes. Los dos puertos, en el extremo Atlántico y Pacífico del Canal, están en manos de la Compañía Hutchinson Whampoa, una empresa que tiene vínculos muy estrechos con Beijing.
Al mismo tiempo, las compañías de China continental están entrando en profundidad en los diversos puertos de la Cuenca del Caribe, que son fundamentales para la economía de Estados Unidos, como Freeport en Bahamas (Documento Santa Fe IV).
Buscando indicios de “penetración económica” fuera de sus fronteras, el citado documento olvida mencionar que China posee cerca de la tercera parte de la deuda externa estadounidense.
En tercer lugar, la Estrategia de Seguridad vindica el derecho de “actuar solos, en caso necesario”, vale decir, sin el consenso e incluso en contra de las organizaciones y de las leyes internacionales, a las cuales sólo se menciona como instrumentos incondicionales o estorbos prescindibles.
En cuarto lugar, para esta cruzada posiblemente preventiva y al margen del orden internacional contra un enemigo indefinido a ser precisado en cada caso, Estados Unidos asume por propia cuenta y sin que nadie lo solicite tareas que presuponen una reestructuración total del planeta:
“-se erigirá en paladín de los anhelos de dignidad humana;
fortalecerá las alianzas para derrotar el terrorismo mundial y actuará para prevenir los ataques contra nosotros y nuestros amigos;
colaborará con otros para resolver conflictos regionales;
impedirá que nuestros enemigos nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados y a nuestros amigos con armas de destrucción en masa;
suscitará una nueva era de crecimiento económico mundial por medio de los mercados libres y el libre comercio;
expandirá el círculo del desarrollo al abrir las sociedades y crear la infraestructura de la democracia;
desarrollará programas para una acción cooperativa con otros centros principales de poder mundial, y
transformará las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos para enfrentar y aprovechar las oportunidades del siglo XXI”.
Notemos que el “policía del mundo” travestido como “paladín”, considera metas de su seguridad estratégica “resolver conflictos regionales”, imponer “los mercados libres y el libre comercio” y “abrir las sociedades y crear la infraestructura de la democracia”, cuestiones que sólo atañen al soberano orden interno de las demás naciones, y que no podrían ser impuestas sin quebrantarlo.
En quinto lugar, la Doctrina de Seguridad Estratégica planifica para América Latina y el Caribe “nuestra integración”, vale decir, la impuesta por la potencia hegemónica: En el Hemisferio Occidental hemos establecido coaliciones flexibles con países que comparten nuestros intereses prioritarios, en particular México, Brasil, Canadá, Chile y Colombia. Juntos forjaremos un hemisferio genuinamente democrático, donde nuestra integración dé impulso a la seguridad, la prosperidad, las oportunidades y la esperanza. Trabajaremos con instituciones regionales como el proceso de la Cumbre de las Américas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Reuniones Ministeriales de Defensa de las Américas, en beneficio de todo el hemisferio.
Por lo pronto, se ejerce la atribución unilateral para definir al enemigo, afirmando que “en cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas que desafían la seguridad del Estado, y el tráfico de drogas, que ayuda a financiar las operaciones de tales grupos”. La intervención regional anunciada se explicita y amplía al afirmar que “hemos formulado una estrategia activa para ayudar a los países andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organizaciones terroristas y cortar el suministro de las drogas”, asuntos que, una vez más, sólo conciernen al soberano orden interno y que Estados Unidos haría bien en corregir dentro de sus fronteras.
La integración subordinada del mundo y de América Latina y el Caribe forma parte de la nueva doctrina estratégica de Estados Unidos. A sus víctimas nos corresponde formular la propia.
Como hemos visto, Estados Unidos se reserva el derecho a “actuar solo, en caso necesario” con abierto desprecio hacia organismos y tratados internacionales. Sin embargo, no desdeña utilizar unos y otros como instrumento. Con motivo de la Cumbre de Mandatarios de la ONU entre el 14 y el 16 de septiembre de 2005, la gran potencia plantea una reforma de los estatutos de dicha organización. En entrevista concedida para Panorama Digital el 11 de septiembre, el embajador venezolano ante la ONU, Fermín Toro Jiménez, se manifestó convencido que de prosperar la propuesta de Estados Unidos se dará paso a la "doctrina Bush" o la de la guerra preventiva, que permitiría actuar contra países como Venezuela. De ser así, "Se posibilitaría que la ONU actué contra un Estado, aun cuando no haya incurrido en agresiones, pero sea calificado de peligroso", aseguró.
Afirmó asimismo que “La reforma de la ONU está dirija a transformar a la organización en un órgano más represivo de lo que actualmente es, a través del fortalecimiento de los poderes del Consejo de Seguridad, único órgano autorizado por la Carta del organismo multilateral para usar la fuerza contra los Estados que sean señalados como actuando en contra de la paz y la seguridad internacional. Ese fortalecimiento de los poderes del Consejo de Seguridad implica el debilitamiento de la Asamblea General y de sus poderes, que es el único órgano democrático de la organización en el que los 191 países tienen igualdad y su derecho al veto”.
Fermín Toro Jiménez y yo demandamos ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la nulidad del Tratado contra la Doble Tributación con Estados Unidos. En virtud de dicho Tratado, los impuestos que deben al Fisco de Venezuela personas y empresas estadounidenses por ganancias obtenidas en este país, son pagados al Tesoro de Estados Unidos. Con esos fondos financia la gran potencia mediante el National Endowment for Democracy a las organizaciones que desestabilizan a Venezuela, la guerra mediática contra Telesur, y costeará la agresión anunciada.
El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías denuncia el intento de reformar la Carta de la ONU en su intervención del 15 de septiembre en dicho organismo, en los términos siguientes: “Ahora aquí se aprueban documentos que yo denuncio en nombre de Venezuela como nulo e ilegal. Se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas. No es válido este documento, habrá que discutir este documento. El gobierno de Venezuela lo va a hacer en todo el mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en las Naciones Unidas. Y para eso yo hago un llamado muy respetuoso a mis colegas, los jefes de Estados y Gobiernos. Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno le mostraba el documento. Este documento fue entregado cinco minutos, sólo en inglés, a nuestro delegados, y se aprobó con un martillazo dictatorial que denuncio ante el mundo como ilegal, írrito, nulo e ilegítimo. Dígame una cosa, señor presidente. Si nosotros vamos a aceptar esto es que estamos perdidos. Apaguemos la luz, y cerremos las puertas y cerremos las ventanas. Sería lo último, que aceptemos la dictadura aquí en este salón”.
Dos centenares de países no pueden aceptar el absolutismo de uno.
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